Por Salim Lamrani | Opera Mundi
Mientras las violencias mortíferas que golpean el país desde
febrero de 2014 son actuaciones de la oposición, los medios informativos
occidentales persisten en acusar al Gobierno democrático de Nicolás
Maduro.
Desde 1998, la oposición venezolana siempre ha
rechazado los resultados de las elecciones democráticas, con una
excepción: reconoció la legitimidad de su victoria en el
referendo constitucional del 2 de diciembre de 2007, que ganó con un
margen inferior al 1%.
Así, la derecha se ha opuesto resueltamente a los
gobiernos de Hugo Chávez de 1999 a 2013 y de Nicolás Maduro desde abril
de 2013. Ha utilizado todos los métodos para derrocarlos: golpe de
Estado, asesinatos políticos, sabotaje petrolero, guerra económica,
llamados a la sublevación y campañas mediáticas de desprestigio.
Desde febrero de 2014, Venezuela es víctima de violencias mortíferas
que costaron la vida a más de 40 personas, entre ellas 5 miembros de la
guardia nacional y un fiscal de la República. Más de 600 personas
resultaron heridas entre ellas 150 policías y los daños materiales
superan los 10.000 millones de dólares: autobuses quemados, estaciones
de metro saqueadas, una universidad –la UNEFA– completamente destrozada
por las llamas, decenas de toneladas de productos alimenticios
destinados a los supermercados públicos reducidos a cenizas, edificios
públicos y sedes ministeriales saqueados, instalaciones eléctricas
saboteadas, centros médicos devastados, instituciones electorales
destruidas, etc. [1]
Frente a este intento de
desestabilización destinado a provocar una ruptura del orden
constitucional, las autoridades venezolanas han dado una respuesta
enérgica y procedieron a arrestar a varios líderes de la oposición que
lanzaron llamados a la insurrección o promovieron actos de vandalismo, y
a casi de mil personas implicadas en las violencias. [2] Como
todo Estado de Derecho y en el estricto respeto de las garantías
constitucionales, la justicia venezolana enjuició a los acusados y
aplicó las sanciones previstas en el Código Penal para semejantes actos.
[3]
Los medios informativos occidentales, que se han
alineado con la oposición golpista y antidemocrática, han denunciado
atentados contra los derechos humanos. Al mismo tiempo omiten
cuidadosamente señalar los asesinatos que cometieron los manifestantes,
los allanamientos de armas y explosivos por parte de la policía entre
esos grupos presentados como pacíficos y las destrucciones de
propiedades públicas y privadas. [4]
De hecho, la
indignación mediática es de doble rasero y no se aplica de modo
universal. En efecto, la prensa observa un sorprendente silencio cuando
los países occidentales toman medidas mucho más draconianas por
disturbios mucho menos graves que los que golpean Venezuela.
El
caso de Francia es revelador. El 27 de octubre de 2005 estallaron
revueltas urbanas en los barrios populares de París y de las grandes
ciudades del país, tras la muerte accidental de dos adolescentes
perseguidos por la policía. La importancia de las violencias –que no
causaron ninguna muerte – era menor que las que han golpeado a Venezuela
en las últimas semanas.
No obstante, a partir del 8 de
noviembre de 2005, el Presidente Jacques Chirac decidió declarar el
estado de excepción en todo el país e instaurar un toque de queda
mediante el decreto 2005-1386, durante varios meses, aplicando así la
ley de 3 de abril de 1955 adoptada durante… la guerra de Argelia. Esta
legislación, que no se utilizaba desde 1961, suspende las garantías
constitucionales y atenta gravemente contra las libertades públicas pues
permite “prohibir el tránsito de personas”, “instituir zonas de
protección o de seguridad donde se reglamenta la estancia de personas” y
declarar “arresto domiciliario en una circunscripción territorial o una
localidad territorial para toda persona que resida en la zona fijada
por el decreto”. [5]
Del mismo modo, “el Ministro de
Interior, para todo el territorio donde está instaurado el estado de
excepción, y el prefecto en la provincia, pueden ordenar el cierre
provisional de las salas de espectáculos, bares, restaurantes y lugares
de reunión de todo tipo en las zonas determinadas por el decreto
previsto en el artículo 2. Pueden también prohibirse, a título general o
particular, las reuniones cuya naturaleza pueda provocar o alimentar el
desorden”. [6]
La ley de 3 de abril de 1955 confiere
“a las autoridades administrativas señaladas en el artículo 8 el poder
de ordenar registros de domicilio día y noche” y habilita “a las mismas
autoridades a tomar todas las medidas para asegurar el control de la
prensa, de las publicaciones de toda índole así como de los programas de
radio, de las proyecciones cinematográficas y de las representaciones
teatrales”. [7]
Esta legislación da el poder a la
justicia militar de sustituir a la justicia civil. Así, “puede autorizar
a la jurisdicción militar a encargarse de crímenes, así como de los
delitos que les son conexos, que incumben [normalmente] al tribunal
provincial”, en detrimento de la jurisdicción de derecho común. [8]
Para justificar semejantes medidas que contravienen la Convención
Europea de los Derechos Humanos (CEDH), París evocó el artículo 15 de la
CEDH que autoriza “en caso de guerra o de peligro público que amenace
la vida de la nación” a derogar a las obligaciones a las cuales se había
suscrito Francia. [9]
En ningún momento Venezuela
–golpeada por violencias más severas que las de 2005 en Francia– ha
instaurado el estado de excepción, ni ha suspendido las garantías
constitucionales, ni ha atentado contra las libertades públicas, ni ha
impuesto la justicia militar en detrimento de la justicia civil.
Un ejemplo más reciente es también ilustrativo. Tras los disturbios que
ocurrieron en la ciudad de Amiens el 14 de agosto de 2012, que causaron
daños materiales (una escuela y varios edificios públicos incendiados) e
hirieron a 17 policías, la justicia francesa sancionó severamente a los
autores de esos delitos. Seis personas fueron condenadas a penas de uno
a cinco años de prisión. [10] El tribunal de menores de Amiens incluso condenó a cinco adolescentes de 14 a 17 años a penas de hasta 30 meses de prisión. [11]
Sería fácil multiplicar los ejemplos. Cuando la policía de Nueva York
arrestó arbitrariamente a más de 700 manifestantes pacíficos, los cuales
fueron víctimas de brutalidades por parte de las fuerzas del orden, los
medios informativos occidentales no acusaron al gobierno de Barack
Obama de violar los derechos humanos. [12]
Del mismo
modo, cuando la policía brasileña reprimió violentamente a los
manifestantes pacíficos en Sao Paulo y procedió al arresto de 262
personas en un solo día, agrediendo al mismo tiempo a varios
periodistas, los medios informativos, con razón, no pusieron en tela de
juicio, la legitimidad democrática de la Presidenta Dilma Roussef. [13]
Los medios informativos occidentales son incapaces de mostrar
imparcialidad cuando se trata de abordar la compleja realidad
venezolana. La prensa se niega a cumplir su deber que consiste en
difundir todos los hechos y se mofa de Carta de Deontología
Periodística. Prefiere defender una agenda política bien precisa, la
cual va contra los principios elementales de la democracia y de la
voluntad del pueblo venezolano expresada múltiples veces en las urnas.
Notas:
[1] Agencia Venezolana de Noticias , «Violencia derechista en Venezuela destruye 12 centros de atención médica y electoral”, 27 de marzo de 2014.
[2] Salim Lamrani, «Se a oposiçao venezuelana fosse francesa... », Opera Mundi, 11 de abril de 2014. http://operamundi.uol.com.br/conteudo/opiniao/34786/se+a+oposicao+venezuelana+fosse+francesa%85.shtml (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[3] EFE , « Lilian Tintori expone el caso de Leopoldo López ante autoridades españolas”, 18 de mayo de 2014.
[4] Paulo A. Paranagua, « Leopoldo Lopez, prisonnier politique numéro un du président vénézuélien Maduro », Le Monde, 22 de abril de 2014.
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/04/22/leopoldo-lopez-prisonnier-politique-numero-un-du-president-venezuelien-maduro_4405213_3222.html?xtmc=venezuela&xtcr=5
(sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[5] Loi n°55-385 du 3 avril 1955 relatif à l’état d’urgence. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000695350 (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Convention européenne des droits de l’homme, article 15. http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[10] Le Monde, « Emeutes d’Amiens : jusqu’à cinq ans de prison ferme pour les violences », 16 de mayo de 2014.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/05/16/emeutes-d-amiens-jusqu-a-cinq-ans-de-prison-ferme-pour-les-violences_4420337_3224.html
(sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[11] Le Monde, « Emeutes d’Amiens : jusqu’à 2 ans de prison ferme des mineurs », 13 de mayo de 2014.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/05/13/emeutes-d-amiens-jusqu-a-deux-ans-de-prison-ferme-pour-des-mineurs_4416169_3224.html
(sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
[12] Sandro Pozzi, « La policía detiene a 700 indignados por ocupar el puente de Brooklyn”, El País, 2 de octubre de 2011.
[13] María Martin, « Ativistas denunciam brutalidade policial durante o ato contra a Copa de São Paulo”, El País, 14 de febrero de 2014. http://brasil.elpais.com/brasil/2014/02/23/politica/1393194512_885141.html (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
No hay comentarios:
Publicar un comentario