Por MUCA
El pasado 8 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a 123 líderes y lideresas de los movimientos campesinos que luchan por la tierra del Bajo Aguán. Por considerárseles amenazados, perseguidos y en una situación de urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían en riesgo.
En los últimos cuatro años el Bajo Aguán ha sido escenario de las constantes violaciones a los derechos humanos en contra las familias campesinas que habitan en diferentes comunidades, Miguel Facussé gerente Ejecutivo de Corporación Dinant y René Morales gerente de la Empresa Oleopalma han sido los principales actores en materia de violación a derechos humanos y el derecho inherente a la vida en contra de campesinas y campesinos que luchamos por la tierra.
En octubre del 2013 las organizaciones campesinas representadas por Rights Action enviamos una solicitud de medidas cautelares a favor de 123 campesinos y campesinas ante la CIDH, para que requiriera al Estado de Honduras la protección de la vida y la integridad de líderes y lideresas pertenecientes al Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez (MCRGC), Movimiento Campesino Recuperación del Aguan (MOCRA), Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguàn (MARCA) y el Movimiento Unificado Campesino del Aguàn (MUCA), quienes hemos sido objetos de una serie de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el marco del conflicto agrario en sector del Aguán ubicada en el departamento de Colón.
La CIDH consideró que la información presentada por las organizaciones campesinas y su representante Rights Action demuestra prima facie que los miembros de las organizaciones señaladas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia al Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la comisión requiere al Estado de Honduras que:
A). Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de las organizaciones campesinas MOCRA, MCRGC, MUCA y MARCA;
B). Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes;
C). Informe sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición.
El 3 de marzo del 2014, la CIDH solicitó información al Estado de Honduras sobre los hechos ocurridos en el Bajo Aguán en el marco del conflicto Agrario. A la fecha el Estado no ha contestado a su solicitud, nunca respondió sobre resultados o acciones realizadas para evitar el derramamiento de sangre y las constantes violaciones a los Derechos Humanos realizadas por la guardia de seguridad de las empresas terratenientes y las fuerzas de seguridad del Estado en contra de líderes y lideresas campesinas del Aguán.
Los beneficiarios de estas medidas otorgadas por la CIDH están, tres personas pertenecientes a MOCRA, cinco personas a MCRGC, 83 personas a MUCA y 32 personas a MARCA, todas líderes y lideresas de los movimientos campesinos. Sabemos el otorgamiento de estas medidas no garantiza de la vida de 123 campesinas y campesinos. Pero si evidenciamos la situación de vulnerabilidad en que se encuentran sus vidas.
Las organizaciones campesinas exigimos castigo a los actores materiales e intelectuales de los asesinatos de campesinos y campesinas en el Bajo Aguán, quienes gozan de total impunidad.
En octubre del 2013 las organizaciones campesinas representadas por Rights Action enviamos una solicitud de medidas cautelares a favor de 123 campesinos y campesinas ante la CIDH, para que requiriera al Estado de Honduras la protección de la vida y la integridad de líderes y lideresas pertenecientes al Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez (MCRGC), Movimiento Campesino Recuperación del Aguan (MOCRA), Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguàn (MARCA) y el Movimiento Unificado Campesino del Aguàn (MUCA), quienes hemos sido objetos de una serie de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el marco del conflicto agrario en sector del Aguán ubicada en el departamento de Colón.
La CIDH consideró que la información presentada por las organizaciones campesinas y su representante Rights Action demuestra prima facie que los miembros de las organizaciones señaladas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia al Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la comisión requiere al Estado de Honduras que:
A). Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de las organizaciones campesinas MOCRA, MCRGC, MUCA y MARCA;
B). Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes;
C). Informe sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición.
El 3 de marzo del 2014, la CIDH solicitó información al Estado de Honduras sobre los hechos ocurridos en el Bajo Aguán en el marco del conflicto Agrario. A la fecha el Estado no ha contestado a su solicitud, nunca respondió sobre resultados o acciones realizadas para evitar el derramamiento de sangre y las constantes violaciones a los Derechos Humanos realizadas por la guardia de seguridad de las empresas terratenientes y las fuerzas de seguridad del Estado en contra de líderes y lideresas campesinas del Aguán.
Los beneficiarios de estas medidas otorgadas por la CIDH están, tres personas pertenecientes a MOCRA, cinco personas a MCRGC, 83 personas a MUCA y 32 personas a MARCA, todas líderes y lideresas de los movimientos campesinos. Sabemos el otorgamiento de estas medidas no garantiza de la vida de 123 campesinas y campesinos. Pero si evidenciamos la situación de vulnerabilidad en que se encuentran sus vidas.
Las organizaciones campesinas exigimos castigo a los actores materiales e intelectuales de los asesinatos de campesinos y campesinas en el Bajo Aguán, quienes gozan de total impunidad.
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