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| Foto G. Trucchi | LINyM |
Por Giorgio Trucchi | LINyM
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) presentó este miércoles (21/5) el informe Libertad de Expresión 2013 denominado "Despacho Urgente ¡Hagan Justicia! Ni perseguidos, ni vigilados". Durante el año recién pasado, en Honduras se registraron 191 agresiones contra la libertad de expresión y 11 asesinatos, 3 de los cuales en contra de periodistas y los 8 restantes también relacionados con el ejercicio de este derecho fundamental.
"Está cambiando el tipo de agresión. Si bien hubo una disminución de los asesinatos de periodistas en comparación con el 2012, es preocupante el aumento de agresiones y atentados contra la vida de defensores, educadores, activistas sociales y populares, así como de miembros de organizaciones indígenas, que tienen el objetivo de cercenar la libertad de expresión", dijo Héctor Becerra, director ejecutivo de C-Libre.
En total, en 2013 se registró un total de 173 víctimas de agresión, incluidos periodistas, comunicadores, fiscales, jueces, defensores, educadores, políticos. Sin embargo, de las 191 agresiones, 93 se relacionan a gente de medios.
"Estos últimos gobiernos se enojan porque informamos sobre la violación de los derechos humanos. Quieren que uniformemos nuestro pensamiento crítico a su estrategia equivocada de comunicación, que pretende controlar la libertad del periodismo y silenciar a los medios comunitarios", agregó Becerra.
El informe evidencia que el Estado es el mayor agresor. En efecto, 35 actores estatales, entre otros, policías, militares, miembros del gobierno y demás poderes estatales, ministerio público y fuerzas especiales del ejército, cometieron más del 50% de las agresiones.
También revela que en Honduras podría operar un centro para la vigilancia internacional. "El secreto, las operaciones especiales, el espionaje y los drones arriesgan la libertad de expresión y demás derechos humanos", cita el informe.
Además, C-Libre señala que existe un vínculo directo entre el creciente estado de indefensión en Honduras y el modelo económico impuesto en el país y respaldado por los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos.
"Las violaciones son el resultado de un modelo económico basado en el despojo. Y no se puede avanzar profundizando este modelo, que precariza la vida de la mayoría y enriquece más a una minoría, sin silenciar a la oposición crítica", dijo Ana Ortega, presidenta de C-Libre.
La especialista en Ciencias Políticas explicó, en su intervención, que el Estado sigue manipulando conceptos y situaciones, tratando de cooptar y manipular a comunicadores y luchadores sociales que se oponen a las políticas gubernamentales, llegando al extremo de atacarlos y humillarlos públicamente, hostigarlos, reprimirlos y hasta asesinarlos.
"Hay un irrespeto a la vida que afecta a todas las personas. Ante esta situación de permanente violación, el silencio ya no es una opción", concluyó Ortega instando a la población a levantar su voz en contra de las agresiones contra la libertad de expresión y los derechos humanos en general.
Impunidad
Paralelamente, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) presentó el informe final de la Misión Parlamentaria de observación de derechos humanos de España, que estuvo en Honduras del 31 de marzo al 4 de abril del año en curso, y que fue integrada por legisladores del Partido Popular (PP), Izquierda Unida (IU), Partido Nacionalista Vasco (PNV), así como por miembros del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA) y expertos en derechos humanos.
La Misión realizó una serie de reuniones con familiares de las víctimas, organizaciones sociales y populares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, instituciones públicas relacionadas con seguridad pública, justicia, derechos humanos y las Fuerzas Armadas.
Según el informe, que fue presentado por Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh, en presencia del embajador de España acreditado en Honduras, Miguel Albero, "si una palabra tuviese que resumir lo escuchado durante los 4 días que duró la misión, esa sería, sin lugar a dudas, impunidad".
En efecto, los integrantes de la misión revelaron que, durante todos los encuentros realizados, "se ha reconocido el elevado grado de impunidad respecto a la violación de los derechos humanos existente en Honduras, habiendo sido informados por la Corte Suprema de Justicia que la impunidad alcanza hasta un 98% de las violaciones denunciadas", señala el informe.
La debilidad de la separación de los poderes del Estado, la constante asunción de competencias propias de instituciones civiles por parte de las Fuerzas Armadas "que facilita la militarización de la sociedad y favorece el desarrollo de una cultura de violencia", así como el incremento de la criminalidad organizada, son factores importantes que determinan la grave situación de violaciones y facilitan la pervivencia de situaciones de impunidad.
El informe de la Misión de parlamentarios españoles coincide con C-Libre en cuanto a las principales víctimas de las violaciones de derechos humanos, que se concentran en colectivos como periodistas, campesinos, sindicalistas, abogados, oposición política, mujeres y colectivos de la diversidad sexual, entre otros.
"El alto nivel de impunidad provoca que los responsables de estas violaciones no sean sancionados por la justicia, lo que, a su vez, facilita que continúen efectuándose todo tipo de violaciones de los derechos fundamentales", concluyen los legisladores y expertos.
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