Por Mauricio Álvarez | FECON
Dentro
de la rendición de cuentas de la presidenta Chinchilla del pasado 1
mayo destacó cinco ejes estratégicos, donde más que resultados hiló
justificaciones y presentó una imagen de país que contrasta con lo que
vivimos en el día a día la mayor parte de la población. En el tema
ambiental hizo énfasis en logros altamente cuestionables como lo hacemos
en el siguiente punteo.
“Liderazgo a nivel internacional”. El
liderazgo podría ser en todo caso el uno de los países más
contradictorio entre discurso y práctica, es difícil que se lidere
cuando según el Estado de la Nación el Gobierno de Laura solo invirtió
un 0,37% del PIB en el sector ambiental. En índices como el de
sostenibilidad, que realiza regularmente la Universidad de Yale, bajamos
casi 50 lugares, pasamos del número 5 en 2012 al puesto número 54 en
2014. Cuando Costa Rica llegó al puesto 5 desde el gobierno “se
cacareó” pero sobraron las excusas sobre la baja en el último informe.
Si bien hemos criticado desde el sector ambientalista estos índices por
la disociación con la realidad que denunciamos cotidianamente y el
doble discurso del llamado liderazgo ambiental del país, en este caso se
evidencia esta contradicción.
“El ordenamiento territorial”.
Si bien exiten nuevos planes reguladores aprobados, no ha sido por la
diligencia de SETENA si no por la insistencia de las municipalidades.
Incluso los grupos ecologistas denunciamos a SETENA por la deficiencia
absoluta en el proceso de trámite ambiental de planes reguladores.
Después del otorgamiento de la viabilidad ambiental al PRUGAM en 2009 y
algunos de sus planes reguladores, el Departamento de Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE) de la SETENA, fue reestructurado. Esto ha
tenido serias consecuencias para el país, no solo por el gasto económico
que ha implicado, sino en particular por el enorme atraso, ya de varios
años, en temas en los que de por sí el país ya está muy atrasado, tal
es el caso del ordenamiento y la planificación territorial.
Por
otro lado, tampoco se procedió con la reglamentación de la Evaluación
Ambiental Estratégica de políticas, planes y programas, a pesar de que
este tema está incluido en el Reglamento General de EIA desde 2004 y que
se han dado innumerables llamados para que se proceda a normar el
procedimiento. La mejor prueba de la falta de gestión en este campo es
que ni el 3 % del territorio nacional cuenta con algún grado de
planificación territorial.
El Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana (POTGAM) fue denunciado por la urbanización de las montañas del valle central y la expansión urbana zonas de alta y muy alta fragilidad. El Estado de la Nación de 2011 aseguró que : “el Potgam no se sustenta en estudios realizados ex profeso.”[1] Tampoco respeta
la zonificación ambiental de la GAM propuesta por el plan PRUGAM para
adaptar el concepto de anillo contencioso a una propuesta más técnica.
Sobre
la propuesta para el ordenamiento territorial del Gran Área
Metropolitana mencionado por Chichilla desconocemos el decreto final.
Entre el anuncio de la firma del decreto y la publicación final los
gremios de la construcción y empresas inmobiliarias presionaron para que
el MINAE recortara decreto a conveniencia de sus intereses.
Para la realización del Plan GAM, se contrató al ITCR, con el objetivo de que conciliara los dos intentos anteriores[2].
Por lo tanto, se puede afirmar que este plan está fundamentado en gran
medida, sus dos predecesores PRUGAM y POTGAM, ambos fallidos. De esta
manera, es claro que en los últimos cuatro años se agotó una gran
cantidad de recursos en la discusión de planes de ordenamiento que
carecía de fundamentos técnicos suficientes y adecuados, incluso con
pretensiones inconstitucionales de ampliar el anillo de contención de la
GAM, en detrimento de la salud ambiental. Los proyectos, por sus claras
irregularidades fueron desechados, para que viniera a reemplazarlos una
tercera versión que los expertos han calificado como “fundamentado, en gran medida, sobre las ideas, datos y propuestas del 2008.” [3]
“Manejo del recurso hídrico”. Fue
gracias a la sociedad civil y la presión de vencimiento del plazo la
que hizo realidad la nueva Ley de aguas por iniciativa popular
respaldada por más de 150 mil firmas. Y este logro se alcanzó a pesar de
las trabas del gobiernos, intentando desnaturalizar el proyecto
original para beneficio de las cámaras empresariales y grupos
económicos, dejando para último minuto las negociaciones del texto final
y sin promover mayor avance en la reforma constitucional que protege el
agua como un derecho humano. El ejecutivo trató de imponer un proyecto
de ley que centraliza la gestión del agua y debilita acueductos
comunales. Este proyecto de ley gubernamental, que amenaza la soberanía
comunitaria del agua, sustituye un texto que ley que las ASADAS y sus
aliados elaboraron y que buscaba fortalecer los acueductos con
herramientas, un marco legal y competencias claras y equilibradas para
las ASADAS, generando una alianza público-comunitaria. El texto original
vendría a cerrar las puertas a formas de privatización disfrazadas, que
en el pasado quisieron imponerse, como proyectos de urbanizaciones,
turismo y desarrollo inmobiliario. Este intento de dar mayores
potestades al AyA, abriendo las posibilidades de que dicha institución
atropelle la soberanía comunitaria se da en un contexto donde hay una
serie conflictos por la administración y defensa del agua como
Guanacaste: en Playa Potrero, en Inés Amador o por el arsénico también en Guacimal, o por la defensa de la ASADA en Guácimo . Igualmente en el tema de la expansión incontrolada de piña y su impacto por contaminación de agua se sigue denunciando a nivel internacional y la manera de maquillar las soluciones.
“La protección de nuestros mares”. Durante
la administración Chinchilla la tónica fue la falta de diálogo y
participación tanto de las comunidades como de ecologistas en todos los
temas y no escapó el tema marino-costero de esta forma de liderar. Según
lo denunciaron las organizaciones que atienden estos temas no existe
aún una visión integral o holística que incluya las cuencas como parte
de los sistemas marino-costeros y que articule y organice sus
principales actividades.
La
política del Política Nacional del Mar del gobierno llegó tarde, no es
una ley por lo tanto no es vinculante para el próximo gobierno, si bien
es un buen documento, que une las numerosas consultorías pagadas por el
Estado para este tema, al final son sólo recomendaciones que están bajo
la ley y en función de la voluntad política de una institucionalidad
sin recursos y personal para darle seguimiento.
La
falta de respuesta y la irresponsabilidad gubernamental en este campo
hizo que las organizaciones ecologistas plantearan la campaña “Sí a la pesca sostenible”
que busca poner un alto a la muerte anual de más 10 mil tortugas
marinas y muchas otras especies quedan atrapadas en artes pesqueras como
el palangre y otras técnicas como el arrastre. Esta iniciativa se dio
al calor de la lucha electoral buscando en Gobierno entrante- a falta
de voluntad del actual- un verdadero compromiso con nuestros mares. Y
es que no hace falta más que voluntad política para hacerlo.
Finalmente,
doña Laura señala importantes avances en el tema marítimo, sobre este
tema, también el Estado de la Nación hace referencia indicando que: “En
los últimos dos años Costa Rica ha vuelto con más firmeza su mirada
hacia el mar (…). Queda pendiente, sin embargo, resolver las serias
dificultades que impiden una adecuada protección de humedales,
manglares, y cuerpos de agua en general, ante la presión de actividades
productivas y la descarga de aguas residuales. [4]
“El avance hacia la meta carbono neutral”. Laura
Chinchilla ha señalado que otro logro de importancia en materia
ambiental, es el camino recorrido hacia la Carbono Neutralidad, sobre
este aspecto, se debe señalar que en el Informe del Estado de la Nación de 2013
se indica todo lo contrario. Allí se explica que la huella ecológica ha
aumentado en relación con los años anteriores; comprometiendo la
sostenibilidad de nuestros recursos naturales.
Los
datos del Estado de la Nación resultan alarmantes y no deben ser
invisibilizados. Ellos indican que: “en el último año, cada
costarricense consumió un 11 % más de lo que puede proveerle el
territorio.” [5]
Estas cifras son las que debemos exponer para lograr un conocimiento más real de nuestro estado ambiental y será posible tomar decisiones en correspondencia con estas condiciones.
Estas cifras son las que debemos exponer para lograr un conocimiento más real de nuestro estado ambiental y será posible tomar decisiones en correspondencia con estas condiciones.
El
aumento de la cobertura forestal no es suficiente para lograr el
equilibrio ambiental y ser carbono neutrales, a pesar de que el terreno
cubierto por árboles ha aumentado, también lo han hecho las malas
prácticas de consumo, que nos llevan al desequilibrio del medio en el
que vivimos. En pocos años nos hemos convertido en uno de los países más
desiguales de la región.
Las
organizaciones ecologistas dudamos de esos datos, en especial la
organización COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica quienes
señalaron la falta de acciones concretas en el tema de transporte
–principal emisor – y que el tema de la cobertura forestal viene en
recuperación desde hace muchos años, y es gratuito ver esto como un
logro de la administración Chinchilla.
Para
COECOCEIBA el carbono neutralidad no es más que una estrategia de
atracción de inversiones y no representa una lucha contra las causas que
provocan el cambio climático. Lo que en realidad necesitamos es atacar
las causas que provocan el cambio climático: como el sistema de
atracción de inversiones, de producción de mercaderías, de importación
de nuestros alimentos desde países tan lejanos como China, entre otros.
Estos mecanismos hay que cambiarlos radicalmente y fortalecer propuestas
de producción campesinas con impacto real, de manejo comunitario del
bosque y de discusión pública sobre cómo reaccionar ante el cambio
climático.
“Avance en energías renovables”. Por otra parte, la actual mandataria también señala importantes logros en cuanto a las energías renovables, los cuales, de igual manera, entran en contradicción con el Estado de la Nación, donde se señala que: “(…) entre 2011 y 2012 se dio un incremento del 5.2 % en las emisiones de GEI (…). El 56.5 % de ellas es atribuible a los hidrocarburos, con un aumento de 3.1 %. Le sigue la generación eléctrica, con una participación de 11.7 % y un alza del 37.2 %, provocada sobre todo por el crecimiento reciente de la generación térmica. (…) Esto significa que hay una alta dependencia de fuentes contaminantes (…). Y lo mismo sucede en el ámbito de los biocombustibles, donde no hay mayores cambios con respecto a lo reportado en ediciones anteriores [6]
Este gobierno desató una gran conflictividad por los 60
proyectos hidroeléctricos que evalúa el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) para generación privada (32 con elegibilidad vigente y
28 en trámite al 02-5-2013), de los cuales ya 23 presentaron su Estudio de Impacto Ambiental a la SETENA.
Esta gran cantidad de proyectos evidencia que se están adelantando a la
una eventual apertura del mercado eléctrico. Lo que provoca una enorme
movilización social como la marcha nacional del 13 marzo , en Pérez Zeledón o los casos de moratorias locales. En Coto Brus o Buenos Aires o la lucha
del cantón de Upala también evaluará si declara la moratoria a
proyectos hidroeléctricos después de que una gran manifestación (21 de
marzo) , también en Zona Norte o en Guácimo solicitaron una moratoria a las represas en Zonas de recarga acuífera y lo mismo un encuentro de las comunidades y organizaciones indígenas .
A manera de conclusión a partir del discurso presidencial, es posible afirmar que los grandes retrocesos durante el período 2010-2014
en materia ambiental, y los retrocesos fueron particularmente
significativos. Para mayor detalle de los principales cuestionamientos y
desaciertos la siguiente lista de omisiones y criticas ver detalles en
dos distintos artículos: Análisis del primer año de gobierno en materia ambiental, 2011 y El 2013: entre conflictos y movilización ambiental.
Notas:
[1]
Programa Estado de la Nación, 2011. Decimoséptimo Informe Estado de la
Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la
Nación.
[2]
Ver en este sentido: Fernández Evelyn. (21 de enero de 2014). El
Gobierno oficializa Plan GAM 2013que define políticas de urbanización
hasta el 2013. El Financiero. Además, Salazar, Carlos. (27 de enero de 2014). Chinchilla a punto de sacar nuevo decretazo sobre GAM antes de las elecciones. Elpais.cr
[4]
Programa Estado de la Nación, 2013. Decimonoveno Informe Estado de la
Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la
Nación.
[5]
Programa Estado de la Nación, 2013. Decimonoveno Informe Estado de la
Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la
Nación.
[6]
Programa Estado de la Nación, 2013. Decimonoveno Informe Estado de la
Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la
Nación.
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