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| Prensa Comunitaria |
Por Andrés Cabanas | Rebelión
El desalojo violento del campamento antiminero en San José del Golfo (23 de mayo) y las intensas amenazas de encarcelamiento de líderes comunitarios en el área norte de Huehuetenango (inicio de mayo) configuran una nueva fase de la ofensiva contra actores en resistencia.
La ofensiva agudizada parece partir de una premisa: la correlación de fuerzas, que convoca opinión pública y sentir de la comunidad internacional, estaría relegitimando la persecución abierta a personas y organizaciones, los estados de excepción y, sin duda, la militarización masiva, que incluye la actuación de la Policía Nacional Civil con lógica militar. Por tanto, se amenaza con profundizar la restricción de libertades y con impulsar agresiones en otros territorios, para llevar a la práctica el discurso oficial: Guatemala es una de las economías que más facilidades otorga a la inversión extranjera, a nivel mundial.
El marco contextual, jurídico y político de las recientes agresiones
El lujo de fuerza (física y/o verbal) exhibido en los territorios señalados, y la voluntad expresada de llegar hasta el final, se enmarcan en la necesidad de asegurar proyectos económicos estratégicos. La violencia es proporcional a las necesidades de las empresas transnacionales, empresarios locales y actores institucionales, quienes juegan contra el tiempo o con los tiempos, porque conciben 2014 como el año de la reconfiguración autoritaria del poder, para la profundización del modelo de acumulación.
Así, los recientes ataques se apoyan en medidas de corte político y jurídico que institucionalizan la agresión. Entre otras:
-la elaboración de una batería de leyes penalizadoras de la resistencia (ley de túmulos, ley de celulares, ley de servidumbres en discusión);
-la defensa de los derechos de las empresas frente a los derechos colectivos y las finanzas del Estado (ley de inversión y empleo);
-la apertura de un nuevo ciclo en el Ministerio Público y el sistema de justicia, ¿más proclive a la criminalización?;
-la discusión sobre nuevas figuras para penalizar la resistencia (derecho penal del enemigo, según análisis de Gustavo Illescas, de Centro de Medios Independientes, que mitigaría la dificultad de conducir procesos por terrorismo);
-la apuesta política por la confrontación: en San José del Golfo se ataca a la resistencia pacífica, inmersa en un proceso de negociación. En Huehuetenango se señala con nombres y apellidos a los dirigentes que interlocutan con el gobierno. Se cierran peligrosamente espacios democráticos. ¿Se buscan respuestas violentas de las comunidades?;
-la consolidación del gobierno (o la figura de Pérez Molina) a partir de la concentración de poder;
-el llamado (efectuado por la Vicepresidenta del Gobierno y empresarios privados en Huehuetenango) a reactivar órdenes de captura no ejecutadas, a concluir –con condenas- procesos judiciales abiertos contra líderes comunitarios, y a abrir cuando y donde sea necesarios nuevos procesos;
-el (re) empoderamiento del Ejército y la progresiva construcción militarizada de la Policía Nacional Civil (fuerzas élite de combate).
La ampliación del periodo presidencial (o la reelección vía reforma constitucional u otras) forma parte de esta reconfiguración autoritaria. Por parte de sectores económicos poderosos crece el convencimiento de que el actual gobierno y un modelo personalista, centralista, de limitación de derechos, es el único adecuado para garantizar la gobernabilidad empresarial y los negocios. En este marco se produce un debate o se genera un acuerdo tácito: la reelección del Partido Patriota o directamente del equipo gobernante (vía ampliación de mandato u otras) a cambio del apoyo irrestricto (cuando sea necesario, violento) del aparato del Estado y las fuerzas de seguridad a la expansión de las empresas.
El pacto de la impunidad (para el fin del juicio por genocidio y la elección de nueva fiscal), que incluye a actores de la oligarquía, economía criminal, economía emergente, militares y gubernamentales, es la sombrilla protectora de esta nueva amenaza.
La agresión estructural
Inserta en una coyuntura inmediata, la agresión contra las resistencias es, sin embargo, estructural, de carácter raizal y permanente. En su ensayo Los golpes de espectro completo, la socióloga mexicana Ana Esther Ceceña identifica tres características de las guerras hoy, aplicables a la disputa por la territorialidad: el avasallamiento, la simultaneidad y la impunidad.
El avasallamiento opta “por una purga general, relacionada con las tareas de prevención y disuasión pero con propósitos de más larga duración”. La simultaneidad implica “atacar sin tregua por todos lados al mismo tiempo, como un ataque de un enjambre de avispas, en todos los ámbitos de la vida social” (no se refiere solamente a persecución directa sino a ataques desde lo legal, institucional, campañas mediáticas). La impunidad refiere la “invalidación de los referentes formales de justicia y moralidad social, a partir de comportamientos ilegales. Se pierden referentes sociales garantizadores, es decir, el Estado de Derecho, y aparecen como dupla indisoluble el estado de excepción y una tierra de nadie”. Esto sucede en un contexto donde la guerra no es un medio sino el fin para el despojo permanente (guerras infinitas) y donde el enemigo es la otredad en todas sus formas, sobre todo aquello que “no se conoce y que siempre ha estado invisible”.
Así, la agresión contra organizaciones y luchas sociales y de los pueblos en Guatemala es permanente. Se ejerce con carácter simultáneo y planificado. Se desarrolla en fases que no implican sosiego sino reacomodos y reconfiguraciones. Se renueva, avanza, genera nuevos métodos y desecha otros. Persigue judicial y políticamente. Combina el garrote y el diálogo (no los sustituye sino los articula, ver al respecto El Observador). Ahoga de forma financiera. Confronta y divide en el nivel comunitario. Busca el aislamiento de organizaciones a través de la deslegitimación. Atemoriza. Se infiltra y socava confianzas. Involucra actores privados, fuerzas de seguridad, paramilitares, actores gubernamentales, actores internacionales. Se impulsa desde el gobierno, el Congreso, las empresas, los operadores de justicia incluso en niveles micro (jueces de paz, agentes fiscales), columnistas, programas de radio y televisión. Ubica como enemigos a quienes no encajan en la visión dominante. Se multiplica en la indiferencia, la pasividad y el desinterés. Se extiende focalizada o generalizadamente. Tiene, siempre, una voluntad política desmovilizadora, un efecto ejemplificador.
Defensa del optimismo
El carácter estructural y permanente, de espectro completo, de la agresión, no la convierte en indetenible. La agresión se acelera porque la consolidación de resistencias pone el peligro el modelo de acumulación y el proyecto político de dominación. El otro, el enemigo desconocido que menciona Ana Esther Ceceña, es en Guatemala la organización de pueblos y comunidades por la defensa del territorio y la vida, con capacidad de paralizar proyectos extractivos, que opta por la condena y la cárcel antes que por la sumisión. No es casual la fuerza empleada para desmantelar el campamento de San José del Golfo, convertido en símbolo de lucha.
Los análisis de actores y riesgos realizados por el gobierno y empresas transnacionales mencionan intereses criminales, población manipulada, organizaciones de la capital o extranjeras como actores principales de la resistencia, en cualquier cosa unas pocas personas en cada lugar. Pero la resistencia se fortalece y crece en sus dinámicas propias: la defensa del territorio, el actor montaña, la dinámica tiempo-memoria-historia, el pueblo como sujeto activo, la libertad y la identidad como motor, los derechos como referente. Es una lucha que va más allá de la resistencia contra empresas transnacionales, de la defensa del agua y los recursos. Es la lucha y la razón de la dignidad: frente a la violencia, la división, la explotación, la imposición y la mercantilización de la vida. Es una lucha en ascenso, progresivamente consciente, argumentada, integral: abarca la cosmovisión, la comprensión de la naturaleza, la comprensión de la actuación del poder, pero también la comprensión de un sentido filosófico e integral de vida. Rebasa viejos esquemas y actores comunismo-insurgencia-izquierdas.
Es irreal pensar que el sistema por sí mismo va a moderar sus impulsos económico-destructivos (la generación de riqueza a partir de la destrucción ambiental y social). Pero no es incorrecto creer que es posible enfrentarlo, a condición de… La condicionalidad implica, parafraseando a Ana Esther Ceceña, concebir resistencias de espectro completo. Es decir, la posibilidad de enfrentar el modelo a partir de la generación de condiciones adecuadas, traducidas en condiciones organizativas. Entre otras, este condicionalidad puede convertirse en realidad:
Si utilizamos todos los instrumentos de lucha, de forma simultánea y complementaria: jurídica, comunicación, movilización, electoral, campamentos de resistencia, y otras (lo que implica articular actores y sectores). La lucha electoral, disociada de las movilizaciones y demandas comunitarias y de los pueblos, y desarticulada de los sujetos comunitarios, se convierte así en un ejercicio inútil, costoso, funcional a la reproducción del sistema.
Si entendemos y analizamos mejor el poder corporativo, desde sus estrategias y lógicas de acumulación y reproducción, más allá de la propiedad formal de las empresas (cómo se articula la economía criminal con la formal; cómo funcionan los fondos de inversión; cómo se construyen las cadenas de propiedad y mando en un marco de opacidad societaria; cómo se integran empresas y sectores de acumulación; cuáles son las estrategias permanentes y las cambiantes...)
Si promovemos formación y análisis político y estratégico constante, autocrítico, no complaciente, en cualquier momento: en la tranquilidad y durante la emergencia.
Si no caemos en la provocación de la guerra y la violencia como mal necesario, como continuación de la política por otros medios, como la única forma de detener la ofensiva armada del capital.
Si acumulamos, y por tanto concebimos la articulación como vocación política, permanente y sistemática, irrenunciable, sin la cual no hay emancipación.
Si no existe una sola estrategia, una sola forma de entendernos, una sola organización, aunque es imprescindible la unidad, la coincidencia en planteamientos estratégicos, la conducción política unificada (Domingo Hernández Ixcoy).
Si politizamos la indignación y los estallidos sociales previsibles. Si le disputamos el terreno a la indiferencia.
Si no imaginamos o exacerbamos diferencias entre expresiones de resistencia a través de pueblos, comunidades y organizaciones. O si, de existir estas diferencias como insuperables, las debatimos y solucionamos.
Si combinamos acciones de emergencia inmediata con medidas a medio y largo plazo.
Si ubicamos las diferentes acciones de defensa y resistencia en un nuevo proyecto de vida. Es decir, si nos preguntamos en cada momento en qué contribuyen nuestras diferentes acciones, coyunturales, de emergencia o a largo plazo, a la construcción de un mundo nuevo.
El proyecto de acumulación y dominación de territorios y pueblos no va adelante "pase lo que pase”, como afirman prominentes empresarios transnacionales (Luis Castro Valdivia en Barillas). El futuro no está escrito, se construye en la interrelación y disputa de actores y proyectos.
Se trata de revertir la historia y su interpretación, construida desde el poder, frecuentemente derrotista. San José del Golfo, 23 de mayo: dice la prensa que ya está liberada la entrada a la empresa minera, el campamento de la Puya, símbolo de la resistencia, cae.
Lo que sucede en realidad es el triunfo de la idea de resistencia pacífica comunitaria frente a un modelo construido sobre la violencia y sustentado por la fuerza.
Lo que sucede es la constatación de la fortaleza acumulada durante dos años de campamento en el lugar conocido como La Puya: construcción de organización, comunidad y solidaridad, en la mayor escuela de formación política de la comunidad
Lo que sucede es que después del 23 de mayo se rearticulan la indignación y las solidaridades.
Se cierra un campamento y se abre la necesidad de encontrar nuevas vías y formas para continuar la resistencia, necesariamente estructurales, integrales y articuladas.
La agresión permanente, en apariencia fortaleza, es en realidad signo de debilidad de un modelo concebido desde la exclusión y para la exclusión, al que se debe enfrentar con las armas contrarias: la participación masiva, que construya un país y un mundo de todxs y para todxs.
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