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El gobierno boliviano decretó el lunes la nacionalización de la empresa Servicios de Aeropuertos de Bolivia Sociedad Anónima (Sabsa), filial de Abertis y Aena, que gestionaba los aeropuertos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
El gobierno de Bolivia justifica la expropiación porque las empresas españolas han incumplido el contrato en términos de ausencia de inversión para el correcto mantenimiento de las instalaciones.
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Las acusaciones a la filial de la transnacional española Abertis vienen de lejos. Ya en 2008 el gobierno de Bolivia investigó a esta multinacional para comprobar si cumplía con las inversiones contempladas en el contrato. Además, en 2009 los trabajadores de la empresa se movilizaron y denunciaron el incumplimiento de la ley del trabajo vigente en el país andino. Las quejas continuaron, tanto por aspectos laborales como por irregularidades cometidas por la empresa. Así, en 2011, tres trabajadores iniciaron una huelga de hambre para exigir un aumento salarial equiparable al aumento de las nóminas de la gerencia y solicitaron que la Contraloría General del Estado boliviana investigara cobros irregulares de la filial de Abertis y Aena.
Una vez más, vemos cómo una transnacional española es nacionalizada en Bolivia tras haber recibido denuncias por sus impactos sociales, laborales o ambientales, consecuencia de una gestión orientada exclusivamente al lucro. Es lo que ocurrió en 2006 con la nacionalización de los hidrocarburos que afectaba a Repsol, en 2011 con las pensiones que gestionaba el BBVA en oligopolio, en 2012 con el transporte de electricidad que operaba la transnacional REE y, ese mismo año, con las filiales de Iberdrola en el país andino.
Y a pesar de que el gobierno español y los grandes medios de comunicación plantean el cronograma de expropiaciones de las empresas como una sucesión de agresiones a España, estas decisiones son, en realidad, la mera materialización de la soberanía de un país como Bolivia. Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación sobre esta nacionalización, calificándola como un “acto inamistoso” que obliga a “replantear las relaciones bilaterales”, hay que interpretarlas desde la determinación del gobierno español —tanto del actual como los anteriores— de anteponer los intereses privados de una pequeña élite sobre los derechos fundamentales de la mayoría de la población.
En este sentido, las alusiones del gobierno español y de las corporaciones transnacionales a la seguridad jurídica no tienen ninguna justificación. En primer lugar, porque la nacionalización de los sectores estratégicos para la economía del país está contemplada en la Constitución de Bolivia. El avance de las políticas que garantizan la gestión estatal de sectores como el eléctrico, las pensiones y el transporte, por tanto, constituye un primer paso fundamental para que estos servicios dejen de tener como prioridad el máximo beneficio para sus propietarios y pasen a funcionar con otra lógica, la del servicio público.
Pero es que, además, las empresas españolas que han tenido actividad en Bolivia, en su afán de obtener grandes ganancias, han vulnerado sistemáticamente los derechos fundamentales de gran parte de la población y han deteriorado el medio ambiente. Es decir, que no sólo no han sido “agentes de desarrollo”, sino que puede afirmarse que han contribuido a deteriorar la calidad de vida de muchos bolivianos y bolivianas. De ahí que el fortalecimiento del Estado, tanto en su actividad económica como en las labores de supervisión, rendición de cuentas y evaluación, resulte imprescindible para poder avanzar hacia la verdadera seguridad jurídica, la que sitúa los derechos de las mayorías sociales por encima de los intereses privados de una minoría.
Estas políticas, vistas desde un contexto como el que tenemos en el Estado español, donde se está dando el proceso exactamente a la inversa —se nacionalizan los bancos y cajas con pérdidas para luego sanearlos con dinero público y, finalmente, venderlos a un precio muy bajo a las grandes entidades financieras—, representan una buena referencia del camino a seguir. De hecho, son reivindicaciones básicas que deberían servir como modelo a seguir por los movimientos sociales para construir, entre todos y todas, otros modelos de economía y sociedad que no estén subordinados a la lógica del capital transnacional.
Una vez más, vemos cómo una transnacional española es nacionalizada en Bolivia tras haber recibido denuncias por sus impactos sociales, laborales o ambientales, consecuencia de una gestión orientada exclusivamente al lucro. Es lo que ocurrió en 2006 con la nacionalización de los hidrocarburos que afectaba a Repsol, en 2011 con las pensiones que gestionaba el BBVA en oligopolio, en 2012 con el transporte de electricidad que operaba la transnacional REE y, ese mismo año, con las filiales de Iberdrola en el país andino.
Y a pesar de que el gobierno español y los grandes medios de comunicación plantean el cronograma de expropiaciones de las empresas como una sucesión de agresiones a España, estas decisiones son, en realidad, la mera materialización de la soberanía de un país como Bolivia. Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación sobre esta nacionalización, calificándola como un “acto inamistoso” que obliga a “replantear las relaciones bilaterales”, hay que interpretarlas desde la determinación del gobierno español —tanto del actual como los anteriores— de anteponer los intereses privados de una pequeña élite sobre los derechos fundamentales de la mayoría de la población.
En este sentido, las alusiones del gobierno español y de las corporaciones transnacionales a la seguridad jurídica no tienen ninguna justificación. En primer lugar, porque la nacionalización de los sectores estratégicos para la economía del país está contemplada en la Constitución de Bolivia. El avance de las políticas que garantizan la gestión estatal de sectores como el eléctrico, las pensiones y el transporte, por tanto, constituye un primer paso fundamental para que estos servicios dejen de tener como prioridad el máximo beneficio para sus propietarios y pasen a funcionar con otra lógica, la del servicio público.
Pero es que, además, las empresas españolas que han tenido actividad en Bolivia, en su afán de obtener grandes ganancias, han vulnerado sistemáticamente los derechos fundamentales de gran parte de la población y han deteriorado el medio ambiente. Es decir, que no sólo no han sido “agentes de desarrollo”, sino que puede afirmarse que han contribuido a deteriorar la calidad de vida de muchos bolivianos y bolivianas. De ahí que el fortalecimiento del Estado, tanto en su actividad económica como en las labores de supervisión, rendición de cuentas y evaluación, resulte imprescindible para poder avanzar hacia la verdadera seguridad jurídica, la que sitúa los derechos de las mayorías sociales por encima de los intereses privados de una minoría.
Estas políticas, vistas desde un contexto como el que tenemos en el Estado español, donde se está dando el proceso exactamente a la inversa —se nacionalizan los bancos y cajas con pérdidas para luego sanearlos con dinero público y, finalmente, venderlos a un precio muy bajo a las grandes entidades financieras—, representan una buena referencia del camino a seguir. De hecho, son reivindicaciones básicas que deberían servir como modelo a seguir por los movimientos sociales para construir, entre todos y todas, otros modelos de economía y sociedad que no estén subordinados a la lógica del capital transnacional.
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