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El Juez de la Sala de Sentencia , Mario Díaz dejó libres de toda culpa a 17 ambientalistas del Valle de Siria quienes habían sido acusados por la Fiscalía Especial del Medio Ambiente y la familia Urrutia Raudales de “obstaculizar” el desarrollo de un plan de manejo para cortar durante 40 años unas 1,800 hectáreas de bosque en la zona.
El caso se manejó en el Juzgado de Talanga hace dos años, tiempo durante el cual los ecologistas fueron acusados y sentenciados a medidas cautelares como no salir del país, presentarse todos los viernes a firmar el libro de registros, entre otras.
Luego de cuatro audiencias en la capital, este lunes once de febrero, después de unas ocho horas de participación de dos acusadores privados, el fiscal Ismael Ordóñez quien también pareció acusador privado, las abogadas defensoras y los acusados, el togado resolvió dejar en plena libertad y sin valor todas las acusaciones a ellos formuladas.
Díaz basó su resolución en aspectos como que en el plan de manejo no se contemplaba la apertura de una carretera, trabajos que ya habían hecho en unos 400 metros. También que ocultaron la existencia de por lo menos cuatro fuentes de agua en la región por lo que él consideró que los protestantes actuaron en legítima defensa del vital líquido.
En junio del año 2009, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) aprobó a la familia Urrutia-Raudales un plan de manejo para el corte de bosque en los sitios conocidos como El Terrero y Tapalito. En el año 2010, vecinos del sector observaron la presencia de maquinaria pesada para el inicio de la tala de la flora. Inmediatamente en número de unos 60 hombres se trasladaron al lugar e impidieron que los tractores avanzaran en su objetivo y obligaron al personal que trabajaba a que se retiraran. Días después fueron querellados.
Otra situación que aún no está clara, es la posesión del terreno, ya que los habitantes del Valle de Siria argumentan que les pertenece desde el año 1836 y la familia Urrutia-Raudales alega ser los legítimos dueños.
La defensa de los amantes de la naturaleza estuvo a cargo de las profesionales del derecho, Kenia Oliva y Carol Cárdenas, miembros del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH )
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