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Si algún fenómeno ilustra con mayor claridad la naturaleza de la crisis que se vive en España es el de los desahucios de miles de familias que no han podido cumplir con los pagos de sus hipotecas.
Lejos de ser un “problema social”, como recordó en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas
(PAH), el pasado 5 de febrero de 2013, los desahucios son parte de una
estafa generalizada, la que han cometido los bancos contra la mayoría de
la población.
Y de esto va fundamentalmente esta crisis:
del fraude que están cometiendo unos pocos, en su mayoría vinculados al
poder financiero y a la gran patronal, contra la gente, ese 99 por
ciento que se corea en las manifestaciones en decenas de ciudades de
toda España.
La gestación de una estafa
Entre 1998 y 2007, cuando estalló la crisis financiera, en España cada año se negociaron más de 800.000 hipotecas. En solo 9 años fueron cerca de 8 millones.
La construcción de viviendas fue desmesurada, y llegaron a hacerse a más viviendas que en Francia, Alemania e Inglaterra juntas. Pero las familias no se hipotecaron porque quisieran, si no porque no tuvieron alternativa, tal como explicó Ada Colau ante la citada Comisión.
Durante años las políticas públicas hicieron
que la única vía para acceder a una vivienda fuera el
sobreendeudamiento. Las viviendas de alquiler, cuyo mercado fue
desregulado, eran caras, inestables y estaban en mal estado.
Asimismo la política fiscal desgravaba la
compra pero no el alquiler. Las autoridades públicas insistieron que no
había una burbuja inmobiliaria – incluso cuando todos los indicadores
eran más que evidentes [1] –, que la adquisición de una
vivienda era la mejor inversión que uno podía hacer, y además había que
hacerla rápido, antes de que su precio subiera.
De este modo, la compra se convirtió
prácticamente en la única vía para resolver esta necesidad vital, porque
la vivienda en alquiler no era una alternativa real.
Muchas personas, siguiendo las
recomendaciones de las distintas administraciones públicas, lo que
hicieron fue comprarse una vivienda. Y para ello accedieron a los
préstamos hipotecarios que ofrecían las entidades financieras en
condiciones muy dudosas.
Por una parte, recordó Colau
ante los diputados, los créditos se ofrecieron mediante contratos que
las mismas entidades financieras elaboraban sin posibilidad de cambio,
incluían cláusulas abusivas y nunca se informó en dichos contratos que
la hipoteca, en caso de impago, no quedaba saldada con la devolución de
la casa, si no que la deuda podía perseguir al deudor de por vida, hasta
su completa cancelación.
Por otra parte, las tasaciones fueron
hinchadas con precios sobrevalorados por empresas tasadoras impuestas
por los mismos bancos. Además se concedieron préstamos a personas cuyos
ingresos eran demasiado bajos y que claramente iban a estar en una
situación de riesgo.
Cuando estalló la crisis
El resultado fue que entidades financieras,
empresas inmobiliarias, constructoras y algunas administraciones
públicas se lucraron enormemente con lo que constituyó un fraude
hipotecario generalizado, tal como denunció la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca en su Manifiesto de presentación.
Pero cuando la crisis estalló ninguno de
estos actores asumió responsabilidad alguna, y ésta, contrariamente, se
trasladó en su totalidad a quienes contrajeron las deudas.
De este modo, mientras miles de viviendas
están vacías, sin venderse o alquilarse, y se concentran cada vez más en
manos de las entidades financieras, que se han quedado con los
inmuebles de las constructoras y empresas inmobiliarias endeudadas y
quebradas, a quienes sí se han perdonado sus deudas a cambio de los
inmuebles, miles y miles de familias son sacadas de sus casas por no
poder hacer frente a las hipotecas que asumieron.
Según datos de la PAH actualmente están
siendo desalojadas de sus casas más de 500 familias al día, lo que
supone que desde que estalló la crisis en 2007 se hayan producido más de
400.000 desahucios. El mismo presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial reconoció que las ejecuciones hipotecarias o desahucios habían aumentado más de un 134 por ciento durante el año 2012.
El incremento de los desahucios ha provocado
una situación de desamparo y empobrecimiento de una gran cantidad de
personas. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística
(INE) en 2012, el 12 por ciento de las personas sin hogar habría sufrido un desahucio.
También se han incrementado
dramáticamente el número de suicidios asociados a esta causa, aunque los
datos estadísticos oficiales tienen serias limitaciones en este
aspecto. En los últimos días, se han producido al menos cinco suicidios
directamente asociados a desahucios.
El pasado viernes 8 de febrero un hombre de
36 años, activista de Stop Desahucios, con esposa e hija, con una orden
de desahucio por impago de alquiler se suicidaba en Córdoba; el lunes 11
lo hacía un hombre de 56 años en Basauri, País Vasco; el martes 12 una
pareja de jubilados en Calvià, Mallorca, después de recibir el aviso de
desalojo; y el miércoles 13, en Alicante, lo hacía un hombre de 55 años
momentos antes de llegar la comisión encargada de su desahucio.
Se trata de los casos más recientes, pero la lista es muchísimo mayor. En esta situación, resulta revelador que el periodista Antonio Maestre haya elaborado por medio de googlemaps un mapa de suicidios relacionados con los desahucios y las dificultades económicas provocadas por la crisis en España.
El conocimiento de las consecuencias directas de la política vigente en materia de vivienda y préstamos hipotecarios, hizo que Ada Colau acusara de criminal al secretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Javier Rodríguez Pelliter, durante la comentada comparecencia.
Momentos antes que ella interviniera el
representante de la banca había ninguneado el problema de los
desahucios, considerando que “la legislación española era estupenda”, en
un acto más de la evidencia del poder del sistema financiero sobre los
estados [2].
También desde fuera de España
han arreciado las críticas y denuncias a esta política de vivienda e
hipotecaria. La población inmigrante que llegó del extranjero para
trabajar y acabó contrayendo hipotecas para poder acceder a una
vivienda, se encuentra ahora que, además de perder su vivienda por
impago de la deuda contraída, y todo el dinero que invirtieron en ellas,
tienen que seguir pagándola aunque retornen a sus lugares de origen y
con la amenaza de embargo de sus ingresos por las entidades financieras
en esos mismos países.
Esta situación llevó el pasado 21 de enero de 2013 a Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo de Ecuador, a interponer una demanda contra España en el registro del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la política de desahucios.
Lucha social y alternativas, el protagonismo de la sociedad civil
Frente a la inacción de los poderes públicos
españoles, la sociedad civil ha tenido que organizarse para analizar y
denunciar el problema, pero también para defender los derechos y
necesidades de la gente ante los desahucios y, finalmente para proponer
cambios en las políticas públicas.
Buena parte del liderazgo público en la lucha social frente al problema de la vivienda ha estado a cargo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Constituida en febrero de 2009 en Barcelona, hoy tiene núcleos organizados en más de cien municipios de toda España.
Por medio de estas estructuras la gente se
ha auto-organizado para defenderse y apoyar a sus vecinos ante los
desahucios, e incluso se ha logrado involucrar a colectivos como los
cerrajeros que se han comprometido en muchas ciudades a no participar en
más desalojos.
También se ha presionado a las entidades
financieras o se ha acompañado a la gente en las negociaciones para
lograr gran cantidad de daciones en pago (saldo de la deuda con la
entrega del inmueble), condonaciones de deuda, o que algunas familias
fueran realojadas en viviendas públicas.
E incluso en algunos municipios han
desarrollado cierta obra social, ofreciendo estructuras de protección y
acompañamiento a las personas más desamparadas. Pero sobre todo, lo más
importante es que organizándose la gente ha logrado darse esperanza.
Rodrigo Fernández Miranda, investigador de Alba Sud,
destacaba que en respuesta al “paulatino deterioro del vínculo entre
ciudadanía e instituciones públicas y al aumento de la injusticia
social, emerge una ciudadanía más activa que está ensayando una
democracia participativa y real” [3].
En esta perspectiva cabe entender el trabajo
desarrollado por la PAH con la presentación en el Congreso de los
Diputados de 1.402.854 firmas a favor de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para cambiar la legislación hipotecaria en España.
Entre las principales medidas propuestas
incluyen la dación en pago con carácter retroactivo, moratoria universal
para los desahucios y un alquiler de carácter social.
El 12 de febrero de 2013 el Congreso de los
Diputados ha tenido que aceptar, con el voto favorable de todos los
grupos políticos, pese al rechazo hasta último momento del Partido
Popular, que se debata esta ILP.
La presión ciudadana fuera y dentro del
Congreso es cada vez más fuerte y previsiblemente continuará en ascenso
si no se aceptan las propuestas “de mínimos” planteados por la voz de la
calle.
La lucha contra los desahucios es
parte esencial de este relato sobre la crisis. Es parte de la lucha de
los de abajo contra los de arriba, la necesaria respuesta social a una
crisis que, en realidad, no es más que una gran estafa.
Notas:
[1] Sobre las características del sector de la vivienda en España véase: José Manuel Naredo y Antonio Montiel Márquez, El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano, Icaria Editorial, Barcelona, 2011.
[2] José Antonio Estévez, El poder del sistema financiero sobre los estados, Alba Sud, 25 de diciembre de 2011.
[3] Rodrigo Fernández Miranda,Desahucios: cuando el Estado también entregó las llaves de su casa, Alba Sud, 27 de enero de 2013.
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