miércoles, 28 de mayo de 2014

¡Basta ya con la violencia y los desalojos en el Bajo Aguán!

Foto G. Trucchi | Rel-UITA
Organizaciones internacionales expresan profunda preocupación por ataques contra familias campesinas

Rel-UITA

Ante los nuevos actos de represión en el Bajo Aguán, Honduras, 17 organizaciones y redes internacionales, entre ellas la Rel-UITA, demandan poner fin a los desalojos y la violencia contra las comunidades campesinas.

El pronunciamiento internacional declara: "El denominador común que conecta los desalojos violentos del 21 de mayo de 2014 con los hechos documentados anteriormente sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, sigue siendo el mismo: en vez de buscar una solución sostenible y justa a la problemática de la tenencia de la tierra, en coherencia con el derecho a la alimentación y demás derechos humanos, se intenta detener la lucha campesina mediante la violencia y represión. Y por la falta de investigación, los crímenes quedan en impunidad".

Una vez más se demuestra como la imposición de un modelo productivo explotador, basado en la expansión de los monocultivos a gran escala, en este caso de la palma africana, la concentración de la tierra y la expulsión de las familias campesinas, sigue generando muerte y destrucción.

- Misión Internacional de verificación de derechos humanos en el Bajo Aguán (2011)
- Audiencia temática ante la CIDH (2011)
- Audiencia pública internacional sobre la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán (2012)

A continuación el texto completo del pronunciamiento.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DEMANDAN
PONER FIN A LOS DESALOJOS Y LA VIOLENCIA EN EL BAJO AGUÁN

Las organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por los nuevos actos de represión y violencia en contra de comunidades campesinas en el Bajo Aguán.

Según información verificada por las organizaciones locales y nacionales de derechos humanos, este pasado 21 de mayo, en horas de la madrugada, un contingente conformado por 315 miembros del ejército y de la policía y 40 agentes de seguridad privada participaron del desalojo violento de las fincas Trinidad y El Despertar utilizando bombas lacrimógenas, spray de pimienta y disparos al aire para amedrentar y desplazar a las familias que habitaban las fincas. En ambos casos las autoridades se negaron a presentar las órdenes de desalojo, y en el caso de la Trinidad incluso procedieron al desalojo violento sin mediar palabra.

En la finca El Despertar las acciones violentas produjeron 2 heridos que aún siguen hospitalizados, y 14 personas capturadas entre las cuales se encontraban 5 menores que  fueron liberados posteriormente, mientras que las restantes 9 personas, entre ellas cuatro mujeres, una de ellas embarazada, fueron detenidos por varios días . Cabe anotar que entre los detenidos también se encuentran Jaime Adaly Cabrera Del Cid, Presidente de la Plataforma Regional Agraria, y Walter Ernesto Cárcamo Lezama, Presidente de Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), quienes gozan de medidas cautelares vigentes otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de mayo de 2014. Después de su liberación, los Juzgados les dictaron medidas sustitutivas, como intento claro de criminalización y medida que  dificulta el ejercicio de la labor de defensa de la tierra, en especial de los dos dirigentes campesinos.

Luego de los desalojos las fuerzas de seguridad del Estado montaron un cerco militar y policial alrededor de las fincas, impidiendo a los campesinos retirar su equipo y pertenencias personales. Sólo después de diligencias de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, el contingente permitió que las familias campesinas retiraran sus pertenencias personales.

Durante los últimos años, hemos venido monitoreando constantemente la situación de derechos humanos en el valle del Bajo Aguán, inter alia, a través de una misión de verificación internacional de derechos humanos en marzo de 2011, una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en octubre de 2011, una audiencia pública internacional sobre la situación de derechos humanos en Tocoa, Colón, el 28 de mayo de 2012, y varias gestiones de apoyo a las diligencias realizadas por el Compliance Advisor Ombusman de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial sobre el caso del Bajo Aguán, en 2013 y 2014. Varias de las organizaciones firmantes hemos dado seguimiento a la situación de derechos humanos y al conflicto agrario en el Bajo Aguán por más de una década.

En el caso de las tres fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, sentencias judiciales firmes de 2012 establecieron la restitución de estas tierras a favor de los miembros del MARCA, efectuada en junio de 2012, después de un proceso legal de 18 años. Las sentencias confirmaron que la adquisición de las tres fincas por los empresarios Miguel Facussé y René Morales no fue legal, y que las comunidades campesinas respectivas organizadas en MARCA fueron desalojadas ilegalmente en 1994.

Cabe recordar también que el abogado de los campesinos, Antonio Trejo Cabrera, quien había trabajado exitosamente para obtener esta sentencia judicial, fue asesinado el 22 de septiembre de 2012. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tres relatores especiales de Naciones Unidas, la Unión Europea, y otras instituciones condenaron el asesinato de Antonio Trejo Cabrera, reconociendo que él como representante legal de MARCA y defensor de derechos humanos había recibido amenazas de muerte, las mismas que también había denunciado ante las autoridades. En sus comunicaciones escritas y orales con organizaciones internacionales de derechos humanos en 2012, Antonio Trejo indicó que según su información, las amenazas de muerte estaban directamente relacionadas con su trabajo por las comunidades campesinas del Bajo Aguán.

El denominador común que conecta los desalojos violentos del 21 de mayo de 2014 con los hechos documentados sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán sigue siendo el mismo: en vez de buscar una solución sostenible y justa a la problemática de la tenencia de la tierra, en coherencia con el derecho a la alimentación y demás derechos humanos, se intenta detener la lucha campesina mediante la violencia y represión. Y por la falta de investigación, los crímenes quedan en impunidad .

Esperamos que el retiro de las armas de fuego de los guardias de seguridad en el Bajo Aguán, anunciado por la Corporación Dinant el 22 de mayo, ayude a reducir la violencia en la región. Con esto, responde a la presión internacional e implícitamente admite el involucramiento de sus guardias en actos de violencia anteriores. Al mismo tiempo, nos parece extraño que Dinant también anunciara que están construyendo casas para uso domiciliario de militares de la operación Xatruch en la finca Paso Aguán, en plena confusión de roles entre entidades del Estado e interés corporativo. 

En relación con los hechos del 21 de mayo, las organizaciones firmantes demandamos el retiro de las medidas sustitutivas dictadas contra las campesinas y campesinos quienes fueron detenidas; la investigación exhaustiva sobre los acontecimientos y los juicios contra los responsables; y la garantía de la imparcialidad de la justicia en relación a la restitución de las tierras de las tres fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, a favor de los miembros del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA).

En relación con la situación general en el Bajo Aguán, seguimos insistiendo en lo que manifestamos hace dos años de la realización de la Audiencia Pública Internacional sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, realizada el 28 de mayo de 2012, en Tocoa:

Al Estado hondureño:
•    Investigar y sancionar de forma seria y expedita todos los crímenes y demás violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, incluyendo la condena de los autores materiales e intelectuales de estos hechos.
•    Cesar de inmediato la represión, el hostigamiento y la violencia contra los y las integrantes de las comunidades campesinas.
•    Adoptar medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.
•    No emprender más desalojos forzosos.
•    Buscar una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas, mediante el cumplimiento de las disposiciones legales y de los compromisos políticos acordados con las organizaciones campesinas.
•    Regular debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.

A la comunidad internacional:
•    Procurar que la cooperación internacional bilateral y multilateral que se brinda al Estado hondureño y a las compañías privadas no contribuya a violaciones de derechos humanos, y esté condicionada al respeto irrestricto de los mismos.
•    Revisar  los acuerdos de cooperación financiera de la cooperación internacional y bancos multilaterales con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas, presuntamente involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región.
•    Promover, en el marco de la cooperación, en particular de la Unión Europea y de Estados Unidos, un concepto de seguridad basada en la promoción de justicia y del pleno respeto de los derechos humanos.
•    Suspender la cooperación internacional que promueva la militarización y agrave la situación de derechos humanos, en particular en el caso de la asistencia militar de Estados Unidos.

Estas demandas siguen vigentes. Las organizaciones internacionales seguiremos monitoreando con mucha atención la situación del Bajo Aguán, tomando en consideración que este conflicto agrario es el más grave en términos del grado de violencia en contra de comunidades campesinas en los últimos 15 años en América Central.