EFE |
Por teleSUR
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) denunció que entre 2014 y lo que va de 2015 murieron de manera violenta en el país 14 personas vinculadas con los medios de comunicación, entre periodistas, comunicadores sociales y propietarios.
Según el organismo encabezado por Roberto Herrera, 13 de los fallecidos fueron asesinados con armas de fuego y uno con arma blanca, y la mayoría de los crímenes se produjo en los departamentos de Francisco Morazán (centro), Yoro (norte) y Olancho (oriente).
De acuerdo con Herrera, los periodistas y comunicadores sociales son víctimas de la violencia delincuencial que afecta al país centroamericano, donde a diario mueren 14 personas como promedio y existe una tasa de homicidios de 68 por cada 100 mil habitantes. En los últimos 16 meses el organismo registró alrededor de 50 hechos relacionados con la libertad de expresión y de información en Honduras, entre ellos siete casos de amenazas, dos atentados, tres agresiones, un rapto, dos asaltos, tres hechos de persecución y el cierre de un programa radial.
La situación de los profesionales de la comunicación es noticia frecuente en los medios de prensa hondureños, pues según el propio Conadeh entre noviembre de 2003 y lo que va de 2015 en el país han fallecido de manera violenta al menos 54 personas ligadas a esas actividades y unas cien dicen haber recibido amenazas de muerte. A decir del propio organismo, el 94 por ciento de esos casos permanecen en la impunidad, mientras que el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) del país centroamericano denunció recientemente que hasta el momento no existe ningún tipo de investigación exhaustiva sobre tales hechos.
Uno de los hechos más recientes fue el asesinato en febrero pasado del periodista Carlos Fernández, de 54 años de edad, quien murió por tres impactos de bala luego de narrar las noticias del horario estelar del canal 27.
La situación de violencia contra diferentes profesiones llevó a que el Parlamento de Honduras aprobara el pasado abril una ley de protección a periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia.
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