 |
| Foto Gerardo Iglesias |
Por Gilberto García | Rel-UITA
En los días anteriores a la beatificación de monseñor Óscar Arnulfo Romero, el 23 de mayo, las tradicionales tensiones entre la Iglesia católica oficial, dominada en gran medida por el Opus Dei, y su sector progresista y popular volvieron a estallar.
El acto oficial de beatificación no solo trató de silenciar las voces de las Comunidades Eclesiales de Base, a las cuales Romero apoyó abiertamente, sino que fue parte de lo que algunos han denominado una “reescritura de la historia”.
Se trató, por ejemplo, de dar una imagen de Romero como una figura política y socialmente aséptica, hasta el punto de afirmar que se trató de un “mártir por amor”, contrariando la descripción formal del Vaticano, para quien el ex arzobispo de San Salvador fue asesinado por “odio a la fe”.
Para todas las actividades “oficiales” se otorgaron los derechos de transmisión exclusiva a la Telecorporación Salvadoreña (TCS), un emporio televisivo alineado con la oligarquía y duramente criticado en su tiempo por Romero.
En la distribución primera de espacios se había reservado tiempo de antena a “los pobres y los campesinos”, claramente discriminados de la curia y los funcionarios. Ante las críticas, se habló de “Pastoral Social”.
En el acto oficial participaron además integrantes del partido ARENA, fundado por el mayor Roberto d'Aubuisson, a quien la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas consideró como el autor intelectual del asesinato de Romero.
Fue bajo el mandato del ex presidente Cristiani, de ARENA, que en 1989 fueron asesinados los sacerdotes jesuitas.
En la tarima estaba también el actual alcalde de la ciudad de Santa Tecla, Roberto d'Aubuisson, hijo del militar homónimo, cuya solo presencia generó abucheos de los asistentes.
Pese a todo lo anterior, la celebración fue un hecho sin precedentes en el país. Diversas fuentes ubican entre 850.000 y un millón de personas la participación en la ceremonia.
Para todas las actividades “oficiales” se otorgaron los derechos de transmisión exclusiva a la Telecorporación Salvadoreña (TCS), un emporio televisivo alineado con la oligarquía y duramente criticado en su tiempo por Romero.
En la distribución primera de espacios se había reservado tiempo de antena a “los pobres y los campesinos”, claramente discriminados de la curia y los funcionarios. Ante las críticas, se habló de “Pastoral Social”.
En el acto oficial participaron además integrantes del partido ARENA, fundado por el mayor Roberto d'Aubuisson, a quien la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas consideró como el autor intelectual del asesinato de Romero.
Fue bajo el mandato del ex presidente Cristiani, de ARENA, que en 1989 fueron asesinados los sacerdotes jesuitas.
En la tarima estaba también el actual alcalde de la ciudad de Santa Tecla, Roberto d'Aubuisson, hijo del militar homónimo, cuya solo presencia generó abucheos de los asistentes.
Pese a todo lo anterior, la celebración fue un hecho sin precedentes en el país. Diversas fuentes ubican entre 850.000 y un millón de personas la participación en la ceremonia.
Las maniobras fracasaron
El “verdadero” Romero recordado por el pueblo
De todas maneras, los días anteriores a la beatificación la verdadera figura de Romero afloró en múltiples expresiones populares.
La noche precedente, tuvo lugar una vigilia organizada por las Comunidades Eclesiales de Base, a pesar de la lluvia y de las maniobras de los organizadores para negarles espacio dentro de los cuadrantes asignados a la celebración.
Múltiples obras musicales, artísticas, investigaciones históricas y análisis de la obra de Romero se difundieron en paralelo.
Una de las más importantes fue la difusión por la revista digital Fáctum de cables desclasificados de la CIA que dejan al descubierto gestiones realizadas en la época por el gobierno de Estados Unidos ante el Vaticano para acallar la voz de Romero.
Las celebraciones sirvieron igualmente para recordar a los mártires de la guerra civil, tanto religiosos como laicos, a quienes monseñor Romero representa incluso por la impunidad de su asesinato.
Partiendo de esa base, el Procurador de Derechos Humanos, David Morales, llamó considerar "jurídicamente nula" la ley de amnistía aprobada durante el gobierno de ARENA en 1993, para reabrir los casos de las miles de desapariciones y asesinatos que tuvieron lugar en El Salvador.
A 23 años de la firma de los acuerdos de 1992, el país todavía no conoce la paz ni la justicia.
En febrero pasado, el gobierno anunció ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que dará los pasos necesarios para “desmontar la ley de amnistía” de 1993.
Habrá que ver si esa promesa se concreta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario