México: Jornaleros de San Quintín exigen la destitución del gobernador

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Por Olga Aragón, Javier Cruz y Antonio Heras | La Jornada

Los jornaleros agrícolas de San Quintín, en voz de los dirigentes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, exigieron la inmediata renuncia del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a quien responsabilizan del "provocador e ilegal operativo contra familias de cuatro colonias de la delegación Vicente Guerrero, agredidas por elementos de la Policía Estatal Preventiva que irrumpieron en sus hogares entre las cinco y seis de la mañana del sábado pasado, con un saldo de 70 personas heridas de balas de goma, toletazos y golpizas brutales".

Fidel Sánchez Gabriel, Juan Hernández y Bonifacio Martínez, voceros de la alianza, informaron que solicitarán al Senado la renuncia del mandatario panista “por los actos represivos que ordenó contra los jornaleros y sus familias.

"Esta es la segunda ocasión que el gobernador responde con balas, granadas de gases lacrimógenos, toletazos y golpizas a nuestra legítima lucha por un salario justo y la defensa de nuestros derechos laborales", dijo Fidel Sánchez, tras informar que ya solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Senado para que promueva el proceso de destitución de Francisco Vega, como lo hizo en el caso del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Baja California negó el uso excesivo de la fuerza de agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), disparos con arma de fuego o acoso directo contra residentes de San Quintín y que sus agentes hayan ingresado a domicilios.

En un comunicado sostuvo que la encomienda de la corporación es salvaguardar la integridad y patrimonio de los ciudadanos; cumplir la ley con total y estricto respeto a los derechos humanos, además de dar protección a las familias que solicitan la presencia de la autoridad para evitar disturbios que pongan en riesgo a la población.

Advirtió que la instrucción a la PEP es garantizar la paz social y respetar cualquier manifestación pacífica, pero no se tolerarán actos que atenten contra la legalidad ni se permitirá que personas ajenas "a la situación" intenten desestabilizar el orden y pongan en riesgo a la ciudadanía. La SSP negó que en el operativo haya habido heridos de gravedad y "mucho menos personas que perdieran la vida".