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| Foto Bernabel Matos |
A casi 4 años de la brutal represión de Martinelli
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
En julio de 2010, los aparatos represivos del Estado panameño abrieron fuego contra los trabajadores bananeros en Changuinola, Bocas del Toro, que protestaban contra la aprobación de la Ley 30, popularmente conocida como “Ley Chorizo”.
La acción policial y militar dejó un saldo de dos muertos, 78 lisiados de por vida y más de 700 heridos. Los acuerdos firmados, sucesivamente, entre los afectados y el gobierno de Ricardo Martinelli quedaron en papel mojado.
“Nos levantamos contra una ley que pretendía acabar con los principales y más importantes derechos laborales y sindicales y la respuesta del gobierno fue brutal. ¡Nos masacraron!”, dijo a La Rel, Jacinto Quintero, presidente del Comité 8 de Julio, organización que reúne a los afectados por la represión en Changuinola.
De acuerdo con datos brindados en aquellos días por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Agropecuaria y Empresas Afines (SITRAIBANA), de los más de 700 trabajadores heridos de balas y perdigones, 67 sufrieron daños en sus ojos, tres de los cuales perdieron la visión totalmente y 43 quedaron con pérdida parcial de la vista. Son 192 los trabajadores bananeros que quedaron con el cuerpo lleno de perdigones.
Además, dos sufrieron perforaciones en el riñón, otro una perforación en el pulmón y el resto reportó heridas en sus cuerpos que les han provocado lesiones de leves a graves y hasta invalidez. Algunos de ellos necesitan trasplante de órganos y no tienen acceso al sistema de salud nacional.
El escándalo trascendió las fronteras panameñas y obligó al presidente Martinelli a sentarse a negociar y a retirar la nefasta Ley 30. Sin embargo, a pocos meses del cuarto aniversario de la masacre, los principales acuerdos firmados con los afectados quedan en papel mojado.
“Tenemos compañeros fallecidos, otros que quedaron lisiados de por vida y la gran mayoría quedamos con plomo en la sangre. El gobierno nunca cumplió con la promesa de elevar los acuerdos que firmamos a rango de ley, ni de indemnizar y otorgar pensiones al resto de víctimas y a los familiares de los fallecidos”, expresó Quintero.
Represión institucionalizada
El presidente del Comité 8 de Julio recordó que el presidente Ricardo Martinelli ha mantenido una actitud represiva contra las protestas sociales, criminalizando la lucha de los sectores más pobres de la sociedad panameña.
En febrero de 2012, la policía atacó con violencia al pueblo indígena de la comarca Ngöbe Buglé, en San Félix, Chiriquí, que protestaba contra la implementación de proyectos mineros e hidroeléctricos dentro de su comarca. El saldo fue de varios muertos y heridos.
Ocho meses más tarde, las fuerzas represoras se ensañaron contra la población que defendía las tierras de la Zona Libre de Colón, que el gobierno pretendía vender al capital transnacional. El suelo panameño se empapó nuevamente de la sangre de los caídos y heridos.
“En menos de cuatro años, este gobierno ha asesinado a no menos de 12 compañeros y no hay un solo policía detenido. Todo queda en la impunidad. La gente sigue esperando respuestas concretas para los afectados y sus familias”, aseveró Quintero.
A movilizarse
Diferentes organizaciones de la provincia de Bocas del Toro están preparando nuevas movilizaciones para obligar al gobierno a respetar lo que firmó hace casi 4 años.
“En lugar de inmiscuirse en asuntos de otros países, criticando y tomando acciones contra el gobierno de Venezuela, Martinelli debería responder por los crimines cometidos en nuestro país y respetar los acuerdos firmados con las víctimas de la represión.
Ya hemos agotado todos los procedimientos -continuó Quintero-, sin embargo no hemos tenido respuestas concretas de parte de las autoridades. Todo el aparato político nacional está enfocado en las elecciones del 4 de mayo. No nos queda otra opción que volver a las calles”, aseguró el dirigente popular.
Para los próximos días, el Comité 8 de Julio y otras organizaciones iniciarán movilizaciones a nivel nacional y piden a grupos y organizaciones hermanas y solidarias respaldar la lucha con comunicados públicos y cartas de protesta dirigidas al presidente Martinelli.
De acuerdo con datos brindados en aquellos días por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Agropecuaria y Empresas Afines (SITRAIBANA), de los más de 700 trabajadores heridos de balas y perdigones, 67 sufrieron daños en sus ojos, tres de los cuales perdieron la visión totalmente y 43 quedaron con pérdida parcial de la vista. Son 192 los trabajadores bananeros que quedaron con el cuerpo lleno de perdigones.
Además, dos sufrieron perforaciones en el riñón, otro una perforación en el pulmón y el resto reportó heridas en sus cuerpos que les han provocado lesiones de leves a graves y hasta invalidez. Algunos de ellos necesitan trasplante de órganos y no tienen acceso al sistema de salud nacional.
El escándalo trascendió las fronteras panameñas y obligó al presidente Martinelli a sentarse a negociar y a retirar la nefasta Ley 30. Sin embargo, a pocos meses del cuarto aniversario de la masacre, los principales acuerdos firmados con los afectados quedan en papel mojado.
“Tenemos compañeros fallecidos, otros que quedaron lisiados de por vida y la gran mayoría quedamos con plomo en la sangre. El gobierno nunca cumplió con la promesa de elevar los acuerdos que firmamos a rango de ley, ni de indemnizar y otorgar pensiones al resto de víctimas y a los familiares de los fallecidos”, expresó Quintero.
Represión institucionalizada
El presidente del Comité 8 de Julio recordó que el presidente Ricardo Martinelli ha mantenido una actitud represiva contra las protestas sociales, criminalizando la lucha de los sectores más pobres de la sociedad panameña.
En febrero de 2012, la policía atacó con violencia al pueblo indígena de la comarca Ngöbe Buglé, en San Félix, Chiriquí, que protestaba contra la implementación de proyectos mineros e hidroeléctricos dentro de su comarca. El saldo fue de varios muertos y heridos.
Ocho meses más tarde, las fuerzas represoras se ensañaron contra la población que defendía las tierras de la Zona Libre de Colón, que el gobierno pretendía vender al capital transnacional. El suelo panameño se empapó nuevamente de la sangre de los caídos y heridos.
“En menos de cuatro años, este gobierno ha asesinado a no menos de 12 compañeros y no hay un solo policía detenido. Todo queda en la impunidad. La gente sigue esperando respuestas concretas para los afectados y sus familias”, aseveró Quintero.
A movilizarse
Diferentes organizaciones de la provincia de Bocas del Toro están preparando nuevas movilizaciones para obligar al gobierno a respetar lo que firmó hace casi 4 años.
“En lugar de inmiscuirse en asuntos de otros países, criticando y tomando acciones contra el gobierno de Venezuela, Martinelli debería responder por los crimines cometidos en nuestro país y respetar los acuerdos firmados con las víctimas de la represión.
Ya hemos agotado todos los procedimientos -continuó Quintero-, sin embargo no hemos tenido respuestas concretas de parte de las autoridades. Todo el aparato político nacional está enfocado en las elecciones del 4 de mayo. No nos queda otra opción que volver a las calles”, aseguró el dirigente popular.
Para los próximos días, el Comité 8 de Julio y otras organizaciones iniciarán movilizaciones a nivel nacional y piden a grupos y organizaciones hermanas y solidarias respaldar la lucha con comunicados públicos y cartas de protesta dirigidas al presidente Martinelli.
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