Por Gerardo Arbaiza | ContraPunto
La decisión del juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco de continuar con el proceso judicial por la masacre de los Padres Jesuitas de la UCA de 1989, pese a las recientes reformas en el país ibérico que limitan la investigación de casos de justicia internacional por crímenes en el extranjero, es vista desde El Salvador como una buena señal en la búsqueda que la justicia prevalezca sobre la impunidad.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, aplaudió la decisión del juez Velasco de determinar si hubo fraude o no en el juicio realizado en el país en 1991, el cual fue criticado por diversas instancias nacionales e internacionales por no seguir el debido proceso.
Morales recordó que en su momento, la PDDH calificó el proceso como “un funcionamiento perverso de la justicia”, en el cual los únicos dos condenados se acogieron a la Ley de Amnistía aprobada de 1993 y el resto de implicados (20 en total procesados por la Audiencia Española desde mayo de 2011) fueron sobreseídos.
Asimismo puntualizó que en el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que en El salvador hubo un “juicio simulado”. Además consideró que la Sala Segunda del Tribunal, instancia a la que el juez Velasco llevó el caso, debe juzgar la “falta de voluntad” del sistema de justicia salvadoreño para juzgar el caso.
Para Morales, la decisión del juez Velasco envía el mensaje que “en El Salvador no debe prevalecer la impunidad en este tipo de crímenes y para las víctimas es importante que a pesar de la reforma, este juicio tenga posibilidades de avanzar”.
Velasco decidió mantener abierto el caso, pese a que las recientes reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial ordenan a cerrar los casos de justicia universal, hasta corroborar que se acoplan a los requerimientos de la reforma de ley.
Dentro de dichas reformas se contempla que un juez español puede proseguir con un caso si el delito fue cometido contra ciudadanos españoles en el extranjero y si estos pueden considerarse como “asesinatos terroristas”.
“En El Salvador no debe prevalecer la impunidad en este tipo de crímenes y para las víctimas es importante que a pesar de la reforma, este juicio tenga posibilidades de avanzar”. David Morales (PDDH)
Con esta nueva disposición, seguirían abiertas las causas por los asesinatos de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Armando López Quintana.
En la incursión por parte de miembros del Batallón Atlacatl al campus de la UCA el 16 de noviembre de 1989, también fueron asesinados el sacerdote Joaquín López y López, así como las ayudantes de los sacerdotes, Elba y Cecilia Ramos, los tres de nacionalidad salvadoreña.
Otra de las disposiciones de la reforma legal española establece que el caso podrá seguir su curso si no se ha investigado o judicializado en El Salvador. El juez Velasco cree que en el juicio de 1991 existió fraude y de comprobarse su hipótesis se consideraría que en efecto, el caso no fue investigado en el país que ocurrió.
Nuevo gobierno debe profundizar el reconocimiento a víctimas
Por otra parte, el procurador Morales sostuvo que el nuevo gobierno de Salvador Sánchez Cerén debe profundizar las acciones por devolver la dignidad a las víctimas de crímenes de guerra iniciadas por su predecesor Mauricio Funes.
El titular de la PDDH señaló que no puede prever la posición de Sánchez Cerén, el antiguo comandante general de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) durante la guerra civil, en torno al tema de la memoria histórica.
El presidente electo es firmante de los Acuerdos de Paz y efectuó durante su campaña varios pedidos de perdón a las víctimas que resultaron perjudicadas por el accionar de la guerrilla en el conflicto armado.
Morales estableció que las acciones del Ejecutivo en el plano de la reparación a víctimas, además de una postura de dignificación a su derecho a la verdad, abarca además una política de reparación e inclusión social y la respectiva colaboración con la justicia.
En ese sentido lamentó el papel jugado hasta el momento por el Órgano Judicial al impedir la extradición de los implicados a España y considera vergonzoso el juicio efectuado en El Salvador.
Morales recordó que en su momento, la PDDH calificó el proceso como “un funcionamiento perverso de la justicia”, en el cual los únicos dos condenados se acogieron a la Ley de Amnistía aprobada de 1993 y el resto de implicados (20 en total procesados por la Audiencia Española desde mayo de 2011) fueron sobreseídos.
Asimismo puntualizó que en el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que en El salvador hubo un “juicio simulado”. Además consideró que la Sala Segunda del Tribunal, instancia a la que el juez Velasco llevó el caso, debe juzgar la “falta de voluntad” del sistema de justicia salvadoreño para juzgar el caso.
Para Morales, la decisión del juez Velasco envía el mensaje que “en El Salvador no debe prevalecer la impunidad en este tipo de crímenes y para las víctimas es importante que a pesar de la reforma, este juicio tenga posibilidades de avanzar”.
Velasco decidió mantener abierto el caso, pese a que las recientes reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial ordenan a cerrar los casos de justicia universal, hasta corroborar que se acoplan a los requerimientos de la reforma de ley.
Dentro de dichas reformas se contempla que un juez español puede proseguir con un caso si el delito fue cometido contra ciudadanos españoles en el extranjero y si estos pueden considerarse como “asesinatos terroristas”.
“En El Salvador no debe prevalecer la impunidad en este tipo de crímenes y para las víctimas es importante que a pesar de la reforma, este juicio tenga posibilidades de avanzar”. David Morales (PDDH)
Con esta nueva disposición, seguirían abiertas las causas por los asesinatos de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Armando López Quintana.
En la incursión por parte de miembros del Batallón Atlacatl al campus de la UCA el 16 de noviembre de 1989, también fueron asesinados el sacerdote Joaquín López y López, así como las ayudantes de los sacerdotes, Elba y Cecilia Ramos, los tres de nacionalidad salvadoreña.
Otra de las disposiciones de la reforma legal española establece que el caso podrá seguir su curso si no se ha investigado o judicializado en El Salvador. El juez Velasco cree que en el juicio de 1991 existió fraude y de comprobarse su hipótesis se consideraría que en efecto, el caso no fue investigado en el país que ocurrió.
Nuevo gobierno debe profundizar el reconocimiento a víctimas
Por otra parte, el procurador Morales sostuvo que el nuevo gobierno de Salvador Sánchez Cerén debe profundizar las acciones por devolver la dignidad a las víctimas de crímenes de guerra iniciadas por su predecesor Mauricio Funes.
El titular de la PDDH señaló que no puede prever la posición de Sánchez Cerén, el antiguo comandante general de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) durante la guerra civil, en torno al tema de la memoria histórica.
El presidente electo es firmante de los Acuerdos de Paz y efectuó durante su campaña varios pedidos de perdón a las víctimas que resultaron perjudicadas por el accionar de la guerrilla en el conflicto armado.
Morales estableció que las acciones del Ejecutivo en el plano de la reparación a víctimas, además de una postura de dignificación a su derecho a la verdad, abarca además una política de reparación e inclusión social y la respectiva colaboración con la justicia.
En ese sentido lamentó el papel jugado hasta el momento por el Órgano Judicial al impedir la extradición de los implicados a España y considera vergonzoso el juicio efectuado en El Salvador.
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