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| Foto Chinchilla-Opera Mundi |
Los verdaderos
objetivos serían un reposicionamiento político-militar, la explotación de los
recursos naturales y la represión social
Por Giorgio Trucchi - Opera Mundi
El 7
de agosto de 1987, la firma del “Acuerdo de Esquipulas II” por parte de los presidentes
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica marcó el inicio de
un proceso que llevó al fin de los conflictos armados internos. Las guerras civiles
centroamericanas acontecieron en el marco de la Guerra Fría y dejaron un saldo
de centenares de miles de víctimas en la región.
Ese
histórico evento no sólo mostró, por primera vez, un distanciamiento
de los gobiernos centroamericanos de las políticas guerreristas de las dos
superpotencias de entonces - Estados Unidos y Unión Soviética -, sino que
despejó el camino para la pacificación y la desmilitarización de Centroamérica,
por medio de una reducción drástica de las fuerzas militares y de armamento. (Primera entrega)
Veinticinco años después, esa misma región está siendo sacudida por una ola de violencia sin precedentes. El avance del crimen organizado relacionado con el narcotráfico, asociado con los altos índices de pobreza que afectan a la gran mayoría de la población, han convertido los países centroamericanos en corredores de trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
En muchos casos, las instituciones han sido permeadas
por los cárteles de la droga y las bandas criminales, mermando de manera
significativa la ya débil institucionalidad democrática que, con dificultad, se
había venido construyendo en la posguerra.
Una
situación muy complicada sobre todo para los países del Triángulo Norte -
Guatemala, El Salvador y Honduras - que han alcanzado índices de violencia y
criminalidad entre los más altos a nivel mundial y una tasa de homicidios que
supera la de varios países en guerra.
Según William Brownfield, secretario de Estado adjunto para Asuntos
Internacionales de Narcóticos, hoy en día la amenaza más grande para Estados
Unidos se ha mudado a Centroamérica,”donde los traficantes y las pandillas
criminales facilitan el flujo de hasta el 95% de toda la cocaína que llega” a territorio
norteamericano”. El departamento de Estados Unidos asegura que más del 70% por
ciento de esta cantidad transita por Honduras.
Ante este escenario preocupante y con el objetivo declarado de combatir los
daños causados por la narcoactividad, Estados Unidos ha vuelto nuevamente su mirada hacia
Centroamérica. Por un lado ha fomentado e impulsado su presencia militar, el
trabajo de inteligencia, la capacitación de las fuerzas de seguridad nacionales,
por el otro ha implementado las técnicas y tecnología militar de punta
aplicadas a nuevas tácticas de guerra.
Los principales instrumentos de esta nueva estrategia “guerrerista”
han sido la
Asociación de Seguridad Ciudadana de América Central, lanzada por el presidente
Barack Obama en 2011 durante su visita a El Salvador, y la CARSI (Iniciativa
Regional de Seguridad para América Central), la versión centroamericana de la
Iniciativa Mérida y del Plan Colombia.
De
hecho, se trata de la principal estructura de aplicación y financiación de
Estados Unidos en la región, con la que pretende coordinar los países centroamericanos
con instituciones financieras internacionales, el sector privado, la sociedad
civil y el SICA (Sistema de Integración Centroamericana), “para formar,
profesionalizar y dotar a las fuerzas de seguridad de los Estados”, así como
apoyar en el combate directo a la narcoactividad, subraya Brownfield.
Remilitarización
Durante su visita a Honduras en marzo del año en
curso, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, acompañado
por el director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad
Nacional, Dan Restrepo, dijo que, pese a la crisis económica, su país iba a
mantener los compromisos asumidos con la región.
Según datos del Departamento de Estado, entre 2008 y
2012, la ayuda financiera anual que Washington ha destinado a la región
centroamericana para la lucha contra el narcotráfico ha aumentado del 75%,
alcanzando un total de 496 millones de dólares. Para el 2013, la administración
Obama ha solicitado al Congreso la aprobación de una nueva partida de 107 millones.
Un informe del SIPRI (Instituto Internacional de
Investigación de la Paz) evidencia que, en 2011, Centroamérica y el Caribe totalizaron
un gasto militar conjunto de 7 mil millones de dólares, un 2.7% más que el año anterior.
El tercer país con mayor incremento fue Guatemala con un 7.1%. A la cabeza de
los países que más invierten en el sector bélico en el mundo continúan los Estados
Unidos, con 711 billones en 2011.
Guatemala, con el apoyo económico y técnico de
Estados Unidos, creará una fuerza militar para combatir el narcotráfico en el
Océano Pacífico y en la región de San Marcos, fronteriza con México. Lo mismo está
haciendo Honduras con la creación de la nueva fuerza de seguridad Tigres (Tropas de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de
Seguridad). Mientras tanto, los gobiernos del Triángulo Norte, en coordinación
con el gobierno norteamericano y la participación de otros países de América
Latina y Europa, lanzaron la “Operación Martillo”, un esfuerzo multinacional que forma
parte de la nueva estrategia de seguridad regional del gobierno norteamericano
y de la CARSI, para combatir el crimen organizado trasnacional.
El Instituto Internacional para Estudios
Estratégicos (International Institute for Strategic Studies) registró que,
entre los años 2009 y 2010, hubo un incremento de casi dos mil efectivos en las
fuerzas militares de Guatemala y El Salvador, y lo mismo espera hacer Honduras
en los próximos años. Dicho incremento fue menor en el resto de países de la
región.
De la misma manera, el Atlas Comparativo de la
Defensa en América Latina y Caribe (2010), elaborado por la RESDAL (Red de
Seguridad y Defensa de América Latina), evidencia que, del 2006 al 2010, El
Salvador experimentó un incremento de casi un 20% en su presupuesto de defensa,
Guatemala lo hizo en casi el 16%, Nicaragua en un 9%, mientras que el aumento
en Honduras fue del 64%.
En el caso particular de Honduras, durante el 2011,
el Péntagono incrementó su gasto militar en el país de un 71% con respecto al
año anterior. Pese a la grave crisis económica, político-institucional y social
que embistió a Honduras desde el golpe de Estado del 2009 y a las repetidas denuncias
de corrupción, violación a los derechos humanos y colusión con el crímen
organizado dirigidas a la Polícia Nacional, Estados Unidos aportó 53.8 millones
de dólares y tiene previsto continuar con sus programas.
Aunque sin contar con ejército - pero sí con fuerzas
de seguridad fuertemente militarizadas - Panamá y Costa Rica no se quedaron atrás
en esta carrera armamentista. Según Roberto Cajina, miembro de la Junta Directiva de RESDAL, ese proceso de remilitarización se expresa de
diferentes formas, como por ejemplo, con la adquisición de nuevo armamento
aéreo, naval y de tierra, pero también a través de la masiva
presencia de efectivos militares y medios navales, terrestres y aéreos
estadounidenses, a solicitud de las instituciones del Estado, como es el caso
de Costa Rica.
En 2010, el Congreso de Costa Rica autorizó la llegada de 46 buques de
guerra y de siete mil tropas estadounidenses a las costas costarricenses para
realizar operaciones militares, misiones antinarcóticos y supuestas acciones
humanitarias en la región. En julio del año en curso, los diputados autorizaron
el ingreso, atraque, desembarque y
permanencia en aguas territoriales del buque de guerra USS Elrod.
Nicaragua mantuvo un bajo perfil y una escasa
información acerca de la gestión y uso de su presupuesto anual, así como de la
inversión militar ejecutado. Sin embargo, gracias al apoyo del gobierno
sandinista y de sus diputados, logró importantes modificaciones a su base jurídica mediante la aprobación de leyes
que le otorgan importantes cuotas de poder y nuevos y mayores espacios de autonomía.
Militarización de la seguridad pública
Otro elemento destacado por Cajina es la acrecentada participación de los ejércitos en la susodicha ‘guerra
contra las drogas’, la cual “está conduciendo a la militarización de las
policías y la ‘policialización’ de los ejércitos”. En efecto, en los países del
Triángulo Norte se ha legislado para que los militares cumplan tareas de órden
público. “Poco a poco va desapareciendo
la delgada línea roja que separa Defensa Nacional y Seguridad Púbica, una
amenaza emergente real a los endebles procesos de construcción de
institucionalidad democrática en Centroamérica”, dijo Cajina.
A ese propósito, el VI Informe Centroamericano
sobre Derechos Humanos y Conflictividad Social, elaborado por varias instancias
de derechos humanos en la región, señala que la militarización a que ha sido
sometida la seguridad pública en Centroamérica estaría desnaturalizando a las
instituciones policiales.
“El hecho mismo de desplazar nuevamente al ejército
en las ciudades centroamericanas no sólo no se ha traducido en la reducción de
los índices de violencia y criminalidad, sino que los ha incrementado,
sirviendo de herramienta para frenar rebeliones de índole social contra
sistemas opresores que les lanzan a la marginalidad social y la pobreza", señala
el informe final.
Y si eso fuera poco, hay que recordar que, en
Centroamérica, existe un verdadero ejército de agentes de seguridad privada. Se calcula que serían casi 70 mil los guardias fuertemente armados que trabajan en
717 empresas de la región, formando parte de la nueva militarización regional
que, además, tiene matices muy particulares.
“En la nueva organización militar centroamericana
post años 90, la mayoría de los ejércitos han dirigido sus pasos a la
administración de empresas productivas o de servicios. Son los nuevos
empresarios, los nuevos inversionistas, en donde se conjuga el poder militar y
el poder económico del nuevo liberalismo de los tiempos modernos”, asegura la
periodista Dea María Hidalgo.
EE.UU.
envía tropas
La otra cara del proceso de remilitarización en
Centroamérica es el reposicionamiento militar de Estados Unidos. Los
norteamericanos han vuelto a pisar suelo centroamericano con sus botas
militares, esta vez, con nuevas técnicas y tecnologías.
Después de haber reactivado la Cuarta Flota en 2008, instalado nuevas bases
militares (Isla Guanaja y Caratasca) y tres bases de
Operaciones de Avanzada (Puerto Castilla, El Aguacate y Mocorón) en Honduras y
reforzado las bases ya existentes, Estados Unidos ha profundizado el trabajo de capacitación
y entrenamiento militar de la tropas nacionales, ha intensificado las maniobras
militares en torno al Canal de Panamá, ha promovido el uso de contratistas para
las tareas de respuesta rápida y ha desplegado fuertes contingentes de agentes especiales de la DEA (Drug
Enforcement Administration).
Todd Robinson, subsecretario adjunto en la Oficina de Asuntos Narcóticos
Internacionales y Aplicación de la Ley, declaró recientemente en una entrevista
con BBC Mundo que no existe una
guerra contra la droga, sino “una decisión política para ayudar a que estos
gobiernos protejan a sus ciudadanos y nosotros protejamos a los nuestros”.
Sin embargo, resulta cada día más evidente que la administración del
presidente Obama está impulsando y desarrollando su fórmula para un nuevo modo
de guerra estadounidense. Según el portal web TomDispatch, en esta segunda
década del nuevo siglo hay que olvidarse de las invasiones a gran escala como
en el pasado reciente, sino que hay que pensar en “fuerzas de operaciones
especiales que actúan independientemente, pero que también entrenan o combaten
junto a militares aliados en puntos álgidos de todo el mundo”.
Además de eso, hay que esperar una inversión cada vez más profunda hacia “la
militarización del espionaje y la inteligencia, el uso de drones (aviones no
tripulados), así como el lanzamiento de ataques cibernéticos y operaciones
conjuntas del Pentágono con organismos gubernamentales ‘civiles’ cada vez más
militarizados”, explica el portal.
Se trataría de “operaciones militares confusas”, es decir una especie de
versión organizativa de la guerra en la cual “un Pentágono dominante fusiona
sus fuerzas con otras agencias gubernamentales, como la CIA (Agencia de
Inteligencia Central), el Departamento de Estado y la DEA, y fuerzas
testaferras extranjeras, en complejas misiones combinadas”.
Es una estrategia que ha impactado fuertemente en
las poblaciones y ha levantado fuertes críticas de parte de amplios sectores de
las sociedades centroamericanas. Según ellos, no solamente la lucha contra el
narcotráfico ha fracasado y no ha resuelto los graves problemas relacionados
con este fenómeno, sino que detrás de este proceso de remilitarización de la
región estarían ocultos los verdaderos objetivos de los Estados Unidos y de sus
aliados centroamericanos: su reposicionamiento político-militar en la región,
el control y la explotación de los principales recursos naturales y la
criminalización de la protesta social, con un muy probable aumento de la
violencia y la represión.
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