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| CEM-H |
Las mujeres de Honduras, particularmente las niñas menores de 16 años,
están recibiendo el impacto mayor de la anti-cultura violenta expandida
como plaga en todo el territorio, estimulada por la impunidad de los
hechores, el autoritarismo gubernamental y la militarización del Estado.
Los informes nacionales del Centro de Estudios de la Mujer – Honduras,
el Centro de Derechos de Mujeres y un sondeo realizado por el Cofadeh en
la región occidental revelan un aumento peligroso de embarazos forzados
en mujeres menores de edad, fruto de relaciones desiguales y
generalmente violentas.
Uno de los casos encontrados en el departamento de Copán ocurrió en agostos de 2009, cuando fueron desaparecidas de manera forzada las hermanas Elizabeth Ramos Urrea (28) y Xenia Rosibel Ramos Urrea, de 14 años, quien estaba embarazada por el entonces Diácono católico Francisco Abilio Rivas Cruz, quien fue ordenado Sacerdote en 2011 por el Obispo Luis Santos y nombrado hace dos meses como director de Cáritas de la Diócesis de Santa Rosa de Copán por el obispo Darwin Andino.
La denuncia fue interpuesta por la madre de las víctimas, Mélida Urrea, ante la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), el Ministerio Publico (MP) y ante el propio obispo Santos, pero no recibió respuestas, más bien el fiscal Jorge Gómez, quien llevaba el caso, “desapareció” el expediente en la fiscalía de La Entrada, Copán.
La niña embarazada, según la denuncia de su madre, desapareció junto a su hermana después que visitaron al sacerdote Francisco Rivas para encararlo por la situación. Hoy Mélida llora porque tiene vivo el dolor de la ausencia de sus hijas y por la impunidad que rodea el caso, pese a que el Clero Diocesano sabe los detalles.
En ocasión del Día Internacional de la Mujer es oportuno, igualmente, denunciar la tremenda injusticia que comete el Estado al pedir la solidaridad del pueblo empobrecido para socorrer a las víctimas de los estallidos en el Mayoreo de Tegucigalpa, mientras el saqueo del IHSS continúa sin venganza judicial para la banda delincuencial refugiada en el poder.
Y, más aún vergonzoso, es la desviación de fondos de reactivación del sector agroalimentario para favorecer a los grandes palmeros (1,050 millones en 2014) y en 2015 al sector privado de San Pedro Sula con la construcción de una represa sobre el río Chamelecón (3, 350 millones de lempiras). Y para las mujeres pequeñas y medianas productoras del campo, NADA.
Este ridículo enfoque de género gubernamental, que justifica violencias, es reforzado por el Fondo Monetario Internacional al imponer la privatización de la seguridad social y del sistema hospitalario nacional, con un impacto brutal sobre las mujeres de Honduras.
Hoy en esta Plaza de la Desaparición Forzada abrazamos con solidaridad a las mujeres que sufren, como nosotras, las discriminaciones de un sistema inhumano que debemos cambiar.
Somos testigas vivas de aquella política de Estado que arrancó de nuestros hogares a hijas e hijos comprometidos con la construcción de una Honduras nueva, libre de los delincuentes disfrazados de cristianos, demócratas y republicanos.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
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