Centroamérica: como en los viejos tiempos

EE.UU. tiene que dejar de canalizar fondos hacia Honduras y debe comenzar a tratar a su presidente como el gobernante corrupto que realmente es

Por Dana Frank | Foreign Policy

Mientras que el verano pasado estallaba el debate público en torno a los niños indocumentados y no acompañados que llegaban a la frontera de Estados Unidos, el nuevo Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de pronto surgió como una figura heroica en los medios de EE.UU. – retratado como un dedicado servidor público, comprometido con la protección de los niños de su país, al tiempo que promueve su economía y aborda con valentía su crisis de seguridad. La revista TIME incluso publicó una extensa entrevista “exclusiva” con él en julio de 2014, plasmando a Hernández como un noble luchador contra el crimen.

Pero, muy al contrario, Hernández está impulsando una peligrosa militarización de la policía nacional y al mismo tiempo se niega a enfrentar la vasta corrupción inmanente a la fuerza policial. En los últimos seis años ha demostrado ser un hampón aterrador. Ahora, poco más de un año desde el inicio de su presidencia, es evidente que está perpetuando una crisis de derechos humanos sin aliento, mientras que ampara un pantano de corrupción y de crimen organizado, en el que están enmarañados los niveles más altos de su gobierno.

No obstante, a pesar de abrumadoras pruebas que delatan el peligroso historial de Hernández en materia de derechos humanos y seguridad, el gobierno de Obama ha decidido hacer firme el apoyo a su régimen, e incluso aclamarlo. Actualmente, hay un caudal de fondos de desarrollo, de seguridad y económicos hacia Honduras, y la Casa Blanca no escatima esfuerzos para presionar por cientos de millones más – incluso al tiempo que Hernández consolida su poder de una forma tal que la oposición unida ya la califica de  dictadura.

Aunque, por una parte, Obama ha logrado un avance estelar con respecto a Cuba –finalmente abriendo paso a las relaciones diplomáticas y señalando una disposición a darle la espalda a la rigidez de la Guerra Fría– en Honduras, por la otra, está enviando un mensaje muy diferente y peligroso para la región: que Estados Unidos está dispuesto a respaldar con entusiasmo a un régimen represivo, con el fin de consolidar y ampliar su poderío militar y económico.

El gobierno de Obama se está haciendo la vista gorda ante lo que sucede en Honduras, optando por apuntalar a Hernández, conforme a un patrón que replica trágicamente el apoyo brindado a regímenes represivos en América Central a lo largo del siglo XX, por parte de EE.UU.

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Juan Orlando Hernández ha acopiado un sórdido historial, tanto como un miembro del Congreso de larga data, como desde que ejerce la presidencia. En junio de 2009, presidió una comisión del Congreso clave que sancionó el golpe militar mediante el cual fue derrocado el presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya.

En diciembre de 2012, cuando Hernández era presidente del Congreso, éste depuso a cuatro jueces de la Corte Suprema y en 2013 dirigió el nombramiento ilegal de un nuevo Fiscal General. Desde ese entonces, ha obligado a todos los diarios del país a seguir su línea, y su Partido Nacional ha silenciado en gran parte a la oposición en el Congreso hondureño, al no permitir los debates y al adueñarse de la composición anteriormente bipartidista de las comisiones.

Hasta la elección que lo colocó en su cargo se vio empañada por los informes de los observadores internacionales de la compra conspicua de votos, la intimidación violenta de los electores, los opacos procedimientos de escrutinio, y el asesinato de más de 30 disidentes y activistas de la oposición política durante la campaña electoral. Hernández ahora controla casi todas las riendas institucionales de poder en el país. Y desde que asumió la presidencia en enero de 2014, ha consolidado su poder mediante una serie de amenazas y maniobras maquiavélicas que hacen que House of Cards luzca como una fiesta de cumpleaños de algún alumno de cuarto grado.

La política hondureña ha estado profundamente enturbiada por la corrupción y los abusos, desde hace mucho tiempo. Plagada de narcotraficantes, de crimen organizado y pandillas, el sistema político del país se ve secuestrado por un puñado de familias de la elite, que durante décadas han controlado sus medios de comunicación y la mayor parte de sus recursos económicos. Pero el golpe de 2009 le abrió la puerta en grande a la criminalidad. Zelaya, electo en el 2006 y de por sí un integrante de la élite tradicional, había girado ligeramente a la izquierda, apoyando un aumento en el salario mínimo, la compra de petróleo a Venezuela, y frenando las tomas de poder mediante la privatización en Honduras. Cuando en abril de 2009 quiso hacer que una encuesta de opinión pasara las urnas el mes de junio de ese año –de forma completamente legal – para consultar a los electores si estaban de acuerdo con la convocatoria a una asamblea constituyente, sus opositores aprovecharon la oportunidad para denunciar de la nada que lo estaba haciendo para poder obtener un segundo mandato. El 28 de junio de 2009, el ejército metió a Zelaya en un avión, sin más que sus piyamas y lo botó en Costa Rica.

El golpe de Estado, un acto criminal en sí mismo, dejó como secuela la degeneración casi completa del Estado de derecho. Grandes porciones del poder judicial, la fiscalía, y sectores del Congreso están ahora plagadas de corrupción y vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico, según las acusaciones. En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó una tasa de impunidad impresionante, del 95 a 98 por ciento.

La corrupción policial, ya extensa antes del golpe, se ha amplificado dramáticamente desde entonces, y continúa sin cesar bajo el mandato de Hernández. En el 2011, la policía asesinó al hijo de Julieta Castellanos, la presidenta de la universidad más grande del país. En el 2013, la Associated Press reveló que el director nacional de la policía, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, supuestamente contratado para limpiar a la policía, era él mismo un documentado líder de un escuadrón de la muerte entre 1998 y 2002, cuando las políticas de “mano dura” intentaban acabar con las pandillas, mediante la amplia represión de sus supuestos miembros. En el 2013, la AP documentó además la ocurrencia de asesinatos actuales, por parte de escuadrones de la muerte de la policía hondureña. Ya para agosto del 2013, una comisión gubernamental encargada de la limpieza de la policía admitió que el 70 por ciento de la policía “era insalvable”. InSight Crime, una fundación que rastrea el crimen organizado, con sede en Washington, informó en un Resumen ejecutivo del 2014 que “una serie de poderosos grupos locales, conectados a las élites políticas y económicas (…) administran la mayor parte de las actividades del hampa en el país; los cuales han penetrado profundamente a la policía hondureña “.

La respuesta por parte del gobierno de Honduras a la profunda corrupción de la policía ha sido encomendar a los militares hacerse cargo de la policía a nivel nacional, a pesar de la prohibición expresa de la Constitución acerca de la participación militar en las labores policiales, excepto en casos de emergencia. Desde principios del 2012, el antecesor de Hernández, Lobo, inició el despliegue de militares para patrullar las grandes ciudades y para el resguardo de aeropuertos, cárceles y zonas turísticas. Los militares incluso se hicieron cargo de barrios enteros, aterrorizando a sus residentes.

Hernández procedió a ampliar agresivamente la militarización iniciada por Lobo, basando su campaña del 2013 en la promesa de “un soldado en cada esquina”, y una vez en el cargo, impuso una línea de mando militar sobre un amplio costado de la función policial interna. En el 2013, dirigió la creación de una nueva policía militar, en rápida expansión, que hoy día cuenta con al menos 3.000 funcionarios que responden directamente al ejército, y que actualmente no sólo resguardan las cárceles, los aeropuertos, y las zonas residenciales, sino también las escuelas, los autobuses y las alcabalas que están en todas partes, a lo largo de las carreteras. El 15 de diciembre, Hernández nombró a Julián Pacheco Tinoco, el director de la inteligencia militar, como su nuevo ministro de seguridad, responsable de supervisar la policía, a pesar de que Pacheco era un general en funciones para ese entonces. De forma más agresiva aún, Hernández recientemente instó al Congreso de Honduras a modificar la Constitución para poder legalizar su policía militar, aunque sin éxito.

La nueva policía militar de Hernández ha afianzado rápidamente su propio historial aterrador de abusos contra los derechos humanos. El 8 de mayo, según Amnistía Internacional, un vehículo de la seguridad del Estado embistió deliberadamente el coche estacionado de José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza y el defensor de niños más notable del país, quien acababa de criticar al gobierno por no proteger a los niños, al tiempo que denunciaba que la corrupción y la impunidad impedían la ejecución de múltiples leyes. Los policías militares luego lo arrestaron y lo golpearon brutalmente. Cinco días más tarde, rodearon, golpearon con porras, agredieron con gas lacrimógeno y expulsaron a 35 congresistas del partido de la oposición, LIBRE, de la sala plenaria del Congreso. El 22 de noviembre, una joven que esperaba su autobús a las afueras de San Pedro Sula fue presuntamente secuestrada y luego violada por ocho miembros de la policía militar. Nadie ha sido arrestado o enjuiciado en ninguno de estos casos.

Una desnuda celebración cultural del militarismo también se está propagando. El pasado Día de la Independencia, el 15 de septiembre de 2014, los canales de televisión y los periódicos exhibían batutas, desfiles de niños pequeños, y un estadio lleno de padres e hijos que vitoreaban, mientras que unidad tras unidad de las fuerzas armadas y de la policía militar desfilaba al unísono, con muchos de sus rostros recubiertos de máscaras negras. Quizás de forma más alarmante, un nuevo programa oficial llamado “Guardianes de la Patria” se ha puesto en marcha para adoctrinar explícitamente a niños entre 5 y 15 años de edad, en la cultura y los valores militares; del cual ya han salido graduados 1.500.

En la medida que ha desplegado todo lo anterior, Hernández es una figura mucho más brutal y maquiavélica que su antecesor, y ha dedicado su tiempo hasta ahora como Presidente a consolidar con puño de hierro un gobierno unipartidista. El único poder del Estado que no controla por completo es el Congreso, donde se enfrenta a una oposición feroz – pero que casi siempre se ve frustrada por una serie de maniobras que violan los reglamentos y las normas históricas. Su Partido Nacional sólo cuenta con 48 de un total de 128 escaños, mientras que un nuevo partido de centro-izquierda, LIBRE, y dos partidos de extrema derecha, el tradicional Partido Liberal y el nuevo Partido Anticorrupción, controlan casi todo el resto. El partido de Hernández, sin embargo, admite poco debate. El 28 de diciembre, los otros tres partidos grandes, junto a un pequeño partido adicional, emitieron una declaración conjunta sin precedentes que declara la unidad “contra la instalación de la dictadura y en defensa de la ciudadanía y sus derechos garantizados por la Constitución”.

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Si el vicioso historial antidemocrático del régimen de Hernández está tan claramente documentado, entonces ¿por qué el gobierno de Obama aclama al régimen y se hace la vista gorda con respecto a su militarización y abuso de los derechos humanos? La Casa Blanca, al parecer, está fijando agresivamente su apoyo al actual gobierno de Honduras, con el fin de consolidar y ampliar la presencia militar de Estados Unidos en Centroamérica, al tiempo que sirve a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la región.

Después del golpe militar de 2009, Estados Unidos maniobró agresivamente para estabilizar y consolidar el régimen post-golpe de Estado, con el fin de garantizar un gobierno leal a los Estados Unidos y a los intereses de las corporaciones; y para enviarle un mensaje a los gobiernos  de centro-izquierda y de izquierda, electos democráticamente, que habían llegado al poder en América Latina en los 15 años anteriores, de que podían ser los próximos. La financiación de la policía y del ejército de Honduras por parte de Estados Unidos aumentó en los años sucesivos, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico – el cual, de hecho, ha florecido en el festín de criminalidad inaugurado por el golpe.

La crisis de los niños no acompañados en la frontera, en lugar de poner en vilo el apoyo estadounidense a un régimen destructivo, ha dado lugar a una relación aún más estrecha entre Estados Unidos y el gobierno de Honduras, junto a un posible aumento en la financiación destinada al régimen y a los intereses de élite que de éste se benefician. Las cifras exactas para los años 2014 y 2015 no están disponibles –los fondos de seguridad de Estados Unidos son poco transparentes–, pero en el 2013, Estados Unidos le proporcionó al menos $ 27 millones al ejército y a la policía de Honduras; un aumento con respecto a cada uno de los tres años anteriores. El 29 de enero, la Casa Blanca solicitó la abrumadora cantidad de $ 1 mil millones nuevos, en ayuda a Centroamérica, de los cuales una gran parte está destinada a Honduras y a sus fuerzas de seguridad.

El Congreso de Estados Unidos, por el contrario, ha criticado enérgica y repetidamente el apoyo del gobierno de Obama al régimen y sus fuerzas de seguridad, a la luz de los abusos contra los derechos humanos. Veintiún senadores, encabezados por Benjamin Cardin (miembro del partido demócrata por el estado de Maryland), firmaron una carta en junio de 2013, dirigida al secretario de Estado John Kerry, en la que cuestionaban el apoyo a la policía y al ejército de Honduras. En mayo de 2014, 108 miembros de la Cámara de Representantes, encabezados por la representante Jan Schakowsky (miembro del partido demócrata por el estado de Illinois), firmaron una carta manifestando su rechazo  al apoyo brindado por el Departamento de Estado a las fuerzas de seguridad hondureñas. La Ley Orgánica de Asignaciones Consolidadas del presente año 2015, por el cuarto año consecutivo, coloca condiciones de derechos humanos sobre parte de la ayuda destinada a la policía y al ejército de Honduras. Últimamente, en las audiencias del 25 de febrero ante la Comisión de Asignaciones y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Cardin y el senador Patrick Leahy (miembro del partido demócrata por el estado de Vermont) cuestionaron con firmeza la promoción por parte del Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, del nuevo plan de financiación para Centroamérica.

En cambio, los altos cargos militares y diplomáticos de Estados Unidos se han hecho eco del blanqueo, por parte de la gestión, de los abusos en materia de derechos humanos. El comandante John Kelly, del Comando Sur de Estados Unidos, sostuvo el 2 de junio que el compromiso del gobierno de Honduras en su lucha contra el crimen era “impresionante” y que su labor durante los primeros meses de la presidencia de Hernández fue “increíble”. El embajador estadounidense James Nealon, que arribó en agosto directamente de una misión de dos años junto a Kelly, aún no ha dicho ni pío públicamente para protestar la militarización o la corrupción de la policía. En su primera entrevista pública, optó por elogiar a Hernández por su “magnífico” discurso reciente en las Naciones Unidas. Su anuncio en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, enumeró los diversos sectores con los que se había reunido, pero no hizo referencia concreta alguna a los problemas dentro de Honduras relativos a los derechos humanos.

En colaboración con los gobiernos de El Salvador y de Guatemala, Hernández ha venido promoviendo agresivamente un “Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo del Norte” que data de septiembre del 2014. Elaborado de forma conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo, el plan propone abordar la crisis económica de la región, al igual que la violencia generalizada. No obstante, su contenido real apenas agravará los problemas, ya que se centra en el desarrollo de infraestructura para aupar a los propios sectores económicos que actualmente ofrecen empleos con sueldos de miseria, en las zonas francas de exportación y en turismo.

Por lo general, el plan privilegia a la misma elite y a los intereses corporativos trasnacionales cuyas políticas y prácticas han engendrado la crisis de pobreza e inseguridad que la propuesta pretende solventar. No hace mención alguna de los graves problemas que vive Honduras; no sólo la actual militarización del país, sino también la naturaleza unipartidista del gobierno, los despidos masivos de empleados de gobierno por parte de la gestión de Hernández. Tal vez de forma más preocupante todavía, apenas menciona brevemente la cuestión de los derechos humanos, con respecto a la trata de personas y de las prisiones – omitiendo por completo la crisis de derechos humanos generalizada en el país luego del golpe de Estado, que incluye la represión de periodistas, las personas LGBTI, los campesinos, los pueblos indígenas y afro-indígenas, las mujeres, y la oposición, por no hablar de los abusos cometidos por el gobierno en sí – todo lo cual ha sido documentado exhaustivamente por observadores hondureños e internacionales de derechos humanos.

El plan incluso apuntala la infraestructura para el denominado proyecto de “Ciudades Modelo” en la región Choluteca del Golfo de Fonseca: una aterradora propuesta híper-neoliberal que deroga por completo la Constitución de Honduras y el Estado de derecho en el país, puesto que los promotores tendrían la libertad de redactar sus propias leyes y suscribir tratados con las potencias extranjeras. Las leyes de Honduras ni siquiera aplicarían. Grover Norquist, el líder del Tea Party, ocupa un puesto en el comité superior facultado para supervisar el proyecto; el cual está compuesto de 21 integrantes, de los cuales apenas tres son hondureños. La participación de Norquist y la de otros consejeros experimentados de la extrema derecha estadounidense es simplemente una indicación de la forma en que los inversionistas neoliberales internacionales y la prensa de negocios de Estados Unidos han estado salivando ante la idea de las Ciudades Modelo.

Las instituciones financieras internacionales también le han ofrecido su apoyo al gobierno de Honduras. A principios de diciembre, el FMI anunció un nuevo préstamo de $ 188,6 millones a Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le ofreció un préstamo de $ 110 millones. En conjunto, los préstamos son un salvavidas para el gobierno de Hernández, que se encuentra al borde de la quiebra, mientras que agravan el empobrecimiento de los trabajadores del gobierno, mediante los despidos y las privatizaciones masivas, expresamente decretadas, y que incluyen la venta de la compañía telefónica estatal, las empresas eléctricas y el puerto. Justo cuando se anunciaron los préstamos, el gobierno de Honduras declaró que en el 2015 se proponía despedir a 7.000 más trabajadores públicos, como parte de una reducción del 30 por ciento en los gastos.

Una parte de los nuevos fondos de Estados Unidos también están destinados a programas en el terreno en Honduras, para hacerle frente a las pandillas y al crimen organizado. Pero la eficacia de dichos proyectos, por muy bien intencionados que sean, no se logra dilucidar; pues en la ausencia de una limpieza completa de la policía –incluyendo su alta jerarquía– o de un repliegue de los militares, suelen aterrizar en un campo magnético desregulado de corrupción, crimen, abusos de derechos humanos, amenazas, extorsiones y asesinatos.

En términos más generales, es necesario hacer una distinción entre los programas financiados por EE.UU. y su política. Mientras que decenas de millones de dólares en fondos de desarrollo, entre otros, fluyen hacia Honduras para tratar síntomas, la política del gobierno de Obama, a mayor escala, es de apoyar al propio régimen que –de diversas maneras– es responsable de amparar, originar y arreciar los problemas que dichos programas pretenden resolver.

La política de EEUU hacia Honduras parece estar conducida por intereses estratégicos de orden mayor, en su empeño de hacer retroceder a los gobiernos de centro-izquierda e izquierda que han llegado al poder democráticamente durante los últimos 20 años en Latinoamérica. Estados Unidos también busca mantener bajo su llave a la base aérea Soto Cano en Honduras y está ampliando su presencia militar directa en la región. El mensaje inequívoco que Obama, Kerry y el Departamento de Defensa están enviando, sin embargo, es que Estados Unidos acoge con agrado una alianza cada vez más profunda con un peligroso hampón atornillado, que se ha dotado de poderes dictatoriales — mientras que promueve un modelo económico neoliberal, cuyos efectos devastadores ya están más que comprobados, no solo para Honduras, sino para toda Centroamérica, el hemisferio y más allá. Del mismo modo que Obama ha dado un gran paso hacia adelante en Cuba, en otros términos, está enviando una señal mucho más aterradora en Honduras.

La gestión de Obama debe distanciarse en seguida y de forma pública de Hernández y de su régimen. Debe desistir de exaltar a Hernández y exigir que las fuerzas armadas sean sustraídas de las funciones policiales domésticas, recortando igualmente toda ayuda financiera militar y policial por parte de EEUU. Debe cuestionar el financiamiento a Honduras por parte del FMI y del BID, también reevaluar el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centro América (CAFTA-DR), el cual ha sido dañino para la economía hondureña, según lo confirman la Federación Americana de Trabajadores y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO).

De forma más positiva, urge que Estados Unidos le brinde su apoyo contundente a una comisión contra la impunidad patrocinada por la ONU, inspirada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y se asegure de que dicha comisión permanezca libre de la influencia de Hernández. El modelo del gobierno de Obama para el desarrollo económico debería poner el acento en los derechos laborales, promover un sector industrial variado que genere buenos empleos, calificados y con remuneración digna, al igual que apoyar un desarrollo sostenible de la agricultura, que respalde el derecho a la tierra de los campesinos y de los pueblos indígenas. Ante todo, Estados Unidos debe replantearse su rol en Honduras: en defensa de los derechos humanos y de la justicia social, en vez de en su contra.

Fuente original: Foreign Policy (inglés)