Honduras: Tras cinco años de impunidad, víctimas de tortura exigen justicia

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Por Sandra Rodríguez | Defensores en Línea

Hoy se cumple cinco años del brutal ataque que consistió en torturas, vejámenes y detención ilegal de parte de elementos del escuadrón COBRAS, a cargo de Elder Madrid Guerra, contra Gerardo Arturo Flores Valeriano, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera López, José Natividad Pérez Lorenzo, Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña Pavón, Darwin Isaac Amaya Alvarado, Alba Leticia Ochoa Camacho, Sergio Raúl Jerezano, Darwin Said Hernández Carbajal, Oslin George Cantillano, Rosario Vásquez, Emerson Rosicler Barahona y Daniel Ángel Cárcamo Sánchez.


Otras nueve personas más, sumando en total 24 personas, entre ellas manifestantes contra el golpe de estado, y otras personas que transitaban por el centro de Tegucigalpa.

Muchas de estas personas viven aun con miedo, no encuentran empleo porque al inicio fueron requeridas fiscalmente por los delitos de robo, manifestaciones ilícitas, daños y sedición, “en la Fiscalía Preparatoria, la cual funciona casi clandestinamente a puertas cerradas, entrar allí es producto de una investigación exhaustiva porque ni siquiera tiene rótulo”, se denunció en su momento en este medio digital. Todo esto impulsa las víctimas en la insistencia por un proceso judicial en búsqueda de justicia para que se castigue a los responsables.

Según testimonios, hombres y mujeres fueron detenidos a las dos de la tarde del 12 de agosto del 2009, llevados a los bajos del Congreso Nacional y después subidos a un comando militar y trasladados al cuartel del Comando de Operaciones Especiales, Cobras, donde permanecieron hasta las tres de la mañana del 13 de agosto y recibieron todo tipo de violaciones a sus derechos.

Después fueron llevados a la Policía Metropolitana número 1 (CORE 7), instalaciones que en la década de los 80 funcionaba la Dirección de Investigación Nacional, DIN, formado en 1976, cuya función era ejecutar una fuerte campaña para sofocar la subversión interna y el malestar que pudieran ocasionar los opositores del Sistema.

En esa sede policial se llevó a cabo la Audiencia de Imputado, donde las víctimas fueron presentadas con graves golpes en sus cuerpos, algunas tenían fracturas que les impedían moverse libremente, pero aun así fueron presentadas como responsables de incendio agravado, manifestaciones ilícitas y sedición.

Los acusados son el comisionado de policía José Ventura Flores Maradiaga, Carlos Isaac Polanco Padilla, Estela Esperanza Ramos Sánchez, Juana María Alvarado Barahona y Suyapa María Elvir Escalante y Elder Madrid Guerra, a quienes las víctimas los identifican, y cuya defensa es el abogado Jacobo Humberto Salandía, a quien ya se le ha llamado la atención por utilizar recursos legales para obstaculizar el proceso en otro caso donde también representa a agentes de seguridad del Estado de Honduras.

Esta acusación contra los policías fue presentada por la Fiscalía de Derechos Humanos y el Programa de Acceso a Justicia del COFADEH que documentó los testimonios de las víctimas, ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán  de primera instancia el 13 de diciembre de 2010.

Pese a la insistencia de parte de las víctimas, representadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH, el caso que en lugar de avanzar, ha tenido que iniciar, porque un recurso de alzada anuló todo el proceso, y aunque las víctimas tienen confianza en que los responsables recibirán su castigo, lamentan que justicia tardía no es justicia.

En la última cita, a finales del mes de junio del 2014, el Fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, MP, Luis Fernando Padilla, explicó que la audiencia no se desarrolló porque existió una confusión en relación a una resolución emitida por la sala de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y considera que se debe a que el expediente no se estudió bien en la Sala de los Constitucional, para emitir esa resolución.

Estas situaciones de retraso son consideradas por las víctimas, como un reflejo a la impunidad y la falta de interés de aplicar justicia, ya que entre los principales acusados está el ahora comisionado general de Policía, Elder Madrid Guerra, pese a que mantiene cuentas pendientes por violaciones a derechos humanos.

Las víctimas piden que se aplique justicia contra Madrid Guerra y Flores Maradiaga, ya que ellos  permitieron que sus subalternos cometieran estos abusos, pudiendo ordenar que pararan las agresiones el 12 de agosto de 2009, no lo hicieron.

Este caso ha sido documentado y escuchado por organismos a nivel nacional e internacional como la Comisión de Verdad, Federación Internacional de Derechos Humanos, el Foro Honduras-Suiza, entre otros.