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Por Carey L. Biron | IPS
Por segunda vez este año, la oficina del Asesor en Cumplimiento y Ombudsman (CAO) criticó las operaciones con Honduras de la agencia de inversiones del Banco Mundial en el sector privado y advirtió que es probable que problemas similares se repitan en otras partes.
Según la investigación, la Corporación Financiera Internacional (CFI) adquirió una participación considerable en el banco hondureño Ficohsa, pero tomó “medidas insuficientes” para evaluar las inversiones propias de esa institución, que incluyen a la Corporación Dinant, una empresa agroindustrial involucrada en una disputa de tierras que costó la vida a 100 campesinos hondureños en el último lustro.
La auditoría realizada por la CAO también realizó una crítica más amplia de las inversiones de la CFI en terceros, tales como el banco hondureño.
Al elegir estos “intermediarios financieros”, la CFI parece prestar más atención a cuestiones financieras que a sus políticas ambientales y sociales para proteger a las poblaciones locales, advirtió la CAO.
La “CFI adquirió una participación accionaria en un banco comercial con una exposición considerable a sectores y clientes de alto riesgo, pero que carecía de la capacidad para aplicar los requisitos ambientales y sociales” de la agencia del Banco Mundial, señaló el informe de la CAO publicado el lunes 12.
“La ausencia de un proceso de revisión ambiental y social que fuera proporcional al riesgo implicó que no se presentara a los tomadores de las decisiones clave una evaluación adecuada de los riesgos derivados de esta inversión”, añadió.
El estudio analizó la inversión de 70 millones de dólares que hizo la CFI en el banco Ficohsa, el tercero en tamaño de Honduras.
La CAO encontró que distintas oficinas de la CFI retuvieron información importante sobre el alcance de los negocios entre el Ficohsa y la Corporación Dinant, una empresa agroindustrial acusada de librar desde hace años una violenta campaña para expandir sus plantaciones de aceite de palma en el valle Aguán, en el norte del país.
La Dinant es propiedad de Miguel Facussé, uno de los empresarios y terratenientes más ricos del país que habría apoyado el golpe cívico-militar que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya en junio de 2009. Un estudio de 2006 de la alemana Fundación Friedrich Ebert consideró a Facussé como uno de los tres “hombres más poderosos de Honduras”.
En enero, la CAO también criticó otra inversión de 30 millones de dólares que la CFI realizó en la Corporación Dinant en 2009.
En el último lustro más de 100 personas perdieron la vida en el valle de Aguán en enfrentamientos entre guardias de la Dinant y las cooperativas locales.
La CFI puso el acuerdo con la empresa en suspenso y adoptó un plan para mejorar la situación. El informe publicado el lunes 12 no encontró pruebas de que el convenio con el banco Ficohsa buscara canalizar fondos adicionales a la Dinant, pero los investigadores de la CAO sugieren que el resultado fue el mismo.
“Al renunciar a un pacto financiero clave y luego asumir una participación en el patrimonio de Ficohsa… se facilitó un importante movimiento de capital a Dinant, fuera del marco de sus normas ambientales y sociales”, indicó el informe.
“La filosofía del Banco Mundial es ‘acabar con la pobreza’, pero lo que sucedió en este proceso ha sido todo lo contrario”, expresó la Plataforma Agraria de Honduras, una red de 32 organizaciones campesinas, a IPS.
“En cambio, hemos visto una mayor riqueza para las corporaciones y las terratenientes transnacionales y una mayor pobreza para los pobres, que han sido expulsados de sus tierras. Y aunque el informe anterior de la CAO fue muy crítico, el Banco Mundial siguió financiando a la Dinant a través de Ficohsa”, añadió.
Detrás de los intermediarios
En una respuesta formal también publicada el lunes 12, la CFI no cuestiona las conclusiones de la CAO, pero sugiere que ya no son pertinentes debido a los cambios que adoptó la propia agencia en parte como reacción al informe que la auditoría publicó en enero sobre la Dinant.
Esos cambios permitirán, por ejemplo, visitas adicionales de supervisión a los “clientes de riesgo medio”. Varios procesos nuevos también buscarán cerrar las brechas de información del tipo que llevó a las revelaciones sobre Ficohsa, incluida la creación de un nuevo cargo al nivel de vicepresidente que se dedicará al “riesgo y la sostenibilidad”.
“Esta estructura nueva le otorgará el mismo peso y atención al riesgo” ambiental y social “que a los riesgos financieros y de reputación”, escribieron dos vicepresidentes de la CFI en una carta a la CAO.
No obstante, el crítico informe de la CAO añadió impulso a una campaña para convencer al Banco Mundial que modifique las relaciones de la CFI con los intermediarios financieros como Ficohsa. Estos negocios adquirieron una importancia creciente en la cartera de la CFI en la última década, pero recibieron tradicionalmente mucha menos supervisión de la agencia.
En estos proyectos, la CFI exige que el intermediario establezca un sistema para asegurar el cumplimiento de estrictas garantías ambientales y sociales. Pero en la práctica el análisis de las consecuencias de ese sistema queda librado al intermediario.
“En muchos casos se cuestionó este problema, por el cual el intermediario financiero realiza el desembolso y la CFI es totalmente ajena y no sabe lo que está pasando”, aseguró Carla García Zendejas, directora de programas en el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL), una organización con sede en Washington.
“Ese es el caso aquí. Aunque se tenga un sistema para evaluar los riesgos, si no se hace correctamente, no sirve para nada”, afirmó a IPS.
Reevaluación sistémica
La CAO cuestionó en forma reiterada las inversiones de la CFI con intermediarios financieros. Esta vez, los investigadores saben que el caso hondureño probablemente no sea un incidente aislado.
“Las deficiencias identificadas en esta investigación… indican un sistema de apoyo” a los intermediarios financieros “que no respalda los compromisos ambientales y sociales de la CFI”, según la CAO.
Las conclusiones de la CAO indican que las inversiones bancarias de la CFI tienen “una exposición sin analizar ni cuantificar de proyectos con potenciales impactos ambientales y sociales adversos”.
La auditoría advierte que, en virtud de los mecanismos de divulgación actuales, “esa exposición es secreta en los hechos”, por lo que pide la “reevaluación” de la gestión del riesgo social y ambiental por parte de la agencia en sus relaciones con las instituciones financieras.
“Una de las principales conclusiones de este informe es que hay una ruptura en el abordaje” de la CFI a los intermediarios financieros, “sobre todo en la categorización del riesgo”, sostuvo Jelson García, del Centro de Información del Banco (BIC).
Esto “se vincula a casos recientes en Birmania e India como un ejemplo más de la necesidad de que la CFI adopte reformas rigurosas y urgentes de su estrategia de préstamos a los mercados financieros”, añadió el representante de la organización estadounidense.
Según las organizaciones sociales, el problema primordial es que la cultura institucional de la CFI prioriza el volumen y no la calidad de los préstamos desembolsados. BIC, CIEL y otros grupos le reclaman al presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, que ordene la preparación de un plan de reformas, que esté listo para las reuniones de la institución financiera en octubre.
La auditoría realizada por la CAO también realizó una crítica más amplia de las inversiones de la CFI en terceros, tales como el banco hondureño.
Al elegir estos “intermediarios financieros”, la CFI parece prestar más atención a cuestiones financieras que a sus políticas ambientales y sociales para proteger a las poblaciones locales, advirtió la CAO.
La “CFI adquirió una participación accionaria en un banco comercial con una exposición considerable a sectores y clientes de alto riesgo, pero que carecía de la capacidad para aplicar los requisitos ambientales y sociales” de la agencia del Banco Mundial, señaló el informe de la CAO publicado el lunes 12.
“La ausencia de un proceso de revisión ambiental y social que fuera proporcional al riesgo implicó que no se presentara a los tomadores de las decisiones clave una evaluación adecuada de los riesgos derivados de esta inversión”, añadió.
El estudio analizó la inversión de 70 millones de dólares que hizo la CFI en el banco Ficohsa, el tercero en tamaño de Honduras.
La CAO encontró que distintas oficinas de la CFI retuvieron información importante sobre el alcance de los negocios entre el Ficohsa y la Corporación Dinant, una empresa agroindustrial acusada de librar desde hace años una violenta campaña para expandir sus plantaciones de aceite de palma en el valle Aguán, en el norte del país.
La Dinant es propiedad de Miguel Facussé, uno de los empresarios y terratenientes más ricos del país que habría apoyado el golpe cívico-militar que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya en junio de 2009. Un estudio de 2006 de la alemana Fundación Friedrich Ebert consideró a Facussé como uno de los tres “hombres más poderosos de Honduras”.
En enero, la CAO también criticó otra inversión de 30 millones de dólares que la CFI realizó en la Corporación Dinant en 2009.
En el último lustro más de 100 personas perdieron la vida en el valle de Aguán en enfrentamientos entre guardias de la Dinant y las cooperativas locales.
La CFI puso el acuerdo con la empresa en suspenso y adoptó un plan para mejorar la situación. El informe publicado el lunes 12 no encontró pruebas de que el convenio con el banco Ficohsa buscara canalizar fondos adicionales a la Dinant, pero los investigadores de la CAO sugieren que el resultado fue el mismo.
“Al renunciar a un pacto financiero clave y luego asumir una participación en el patrimonio de Ficohsa… se facilitó un importante movimiento de capital a Dinant, fuera del marco de sus normas ambientales y sociales”, indicó el informe.
“La filosofía del Banco Mundial es ‘acabar con la pobreza’, pero lo que sucedió en este proceso ha sido todo lo contrario”, expresó la Plataforma Agraria de Honduras, una red de 32 organizaciones campesinas, a IPS.
“En cambio, hemos visto una mayor riqueza para las corporaciones y las terratenientes transnacionales y una mayor pobreza para los pobres, que han sido expulsados de sus tierras. Y aunque el informe anterior de la CAO fue muy crítico, el Banco Mundial siguió financiando a la Dinant a través de Ficohsa”, añadió.
Detrás de los intermediarios
En una respuesta formal también publicada el lunes 12, la CFI no cuestiona las conclusiones de la CAO, pero sugiere que ya no son pertinentes debido a los cambios que adoptó la propia agencia en parte como reacción al informe que la auditoría publicó en enero sobre la Dinant.
Esos cambios permitirán, por ejemplo, visitas adicionales de supervisión a los “clientes de riesgo medio”. Varios procesos nuevos también buscarán cerrar las brechas de información del tipo que llevó a las revelaciones sobre Ficohsa, incluida la creación de un nuevo cargo al nivel de vicepresidente que se dedicará al “riesgo y la sostenibilidad”.
“Esta estructura nueva le otorgará el mismo peso y atención al riesgo” ambiental y social “que a los riesgos financieros y de reputación”, escribieron dos vicepresidentes de la CFI en una carta a la CAO.
No obstante, el crítico informe de la CAO añadió impulso a una campaña para convencer al Banco Mundial que modifique las relaciones de la CFI con los intermediarios financieros como Ficohsa. Estos negocios adquirieron una importancia creciente en la cartera de la CFI en la última década, pero recibieron tradicionalmente mucha menos supervisión de la agencia.
En estos proyectos, la CFI exige que el intermediario establezca un sistema para asegurar el cumplimiento de estrictas garantías ambientales y sociales. Pero en la práctica el análisis de las consecuencias de ese sistema queda librado al intermediario.
“En muchos casos se cuestionó este problema, por el cual el intermediario financiero realiza el desembolso y la CFI es totalmente ajena y no sabe lo que está pasando”, aseguró Carla García Zendejas, directora de programas en el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL), una organización con sede en Washington.
“Ese es el caso aquí. Aunque se tenga un sistema para evaluar los riesgos, si no se hace correctamente, no sirve para nada”, afirmó a IPS.
Reevaluación sistémica
La CAO cuestionó en forma reiterada las inversiones de la CFI con intermediarios financieros. Esta vez, los investigadores saben que el caso hondureño probablemente no sea un incidente aislado.
“Las deficiencias identificadas en esta investigación… indican un sistema de apoyo” a los intermediarios financieros “que no respalda los compromisos ambientales y sociales de la CFI”, según la CAO.
Las conclusiones de la CAO indican que las inversiones bancarias de la CFI tienen “una exposición sin analizar ni cuantificar de proyectos con potenciales impactos ambientales y sociales adversos”.
La auditoría advierte que, en virtud de los mecanismos de divulgación actuales, “esa exposición es secreta en los hechos”, por lo que pide la “reevaluación” de la gestión del riesgo social y ambiental por parte de la agencia en sus relaciones con las instituciones financieras.
“Una de las principales conclusiones de este informe es que hay una ruptura en el abordaje” de la CFI a los intermediarios financieros, “sobre todo en la categorización del riesgo”, sostuvo Jelson García, del Centro de Información del Banco (BIC).
Esto “se vincula a casos recientes en Birmania e India como un ejemplo más de la necesidad de que la CFI adopte reformas rigurosas y urgentes de su estrategia de préstamos a los mercados financieros”, añadió el representante de la organización estadounidense.
Según las organizaciones sociales, el problema primordial es que la cultura institucional de la CFI prioriza el volumen y no la calidad de los préstamos desembolsados. BIC, CIEL y otros grupos le reclaman al presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, que ordene la preparación de un plan de reformas, que esté listo para las reuniones de la institución financiera en octubre.
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