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Marjorie Cohn | Truthout - Rebelión
El Colegio Nacional de Abogados (NLG, por sus siglas en inglés) de EEUU, el Centro por los Derechos Constitucionales, la Asociación Internacional de Abogados Democráticos, la Unión de Abogados Árabes y la Asociación Americana de Juristas envió una carta el pasado viernes 22 de agosto a Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), instándola a que inicie una investigación de los crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad perpetrados en Gaza por los dirigentes israelíes con la ayuda y complicidad de las autoridades estadounidenses. En virtud del Estatuto de Roma, la CPI tiene potestad para juzgar penalmente a los individuos responsables de los crímenes de mayor gravedad.
El Colegio Nacional de Abogados (NLG, por sus siglas en inglés) de EEUU, el Centro por los Derechos Constitucionales, la Asociación Internacional de Abogados Democráticos, la Unión de Abogados Árabes y la Asociación Americana de Juristas envió una carta el pasado viernes 22 de agosto a Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), instándola a que inicie una investigación de los crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad perpetrados en Gaza por los dirigentes israelíes con la ayuda y complicidad de las autoridades estadounidenses. En virtud del Estatuto de Roma, la CPI tiene potestad para juzgar penalmente a los individuos responsables de los crímenes de mayor gravedad.
“En vista de la extrema gravedad de la situación en la ocupada Franja de Gaza, en particular por la inmensa cifra de víctimas civiles y la destrucción a gran escala de propiedades civiles, incluidos colegios, mezquitas y hospitales, así como la permanente incitación al genocidio exhibida por los dirigentes y personalidades políticas israelíes, el NLG y las organizaciones citadas suscriben un enérgico llamamiento a la Oficina del Fiscal para que haga uso de su poder, en virtud del Artículo 15 del Estatuto de Roma, e inicie una investigación preliminar” de los delitos que caen bajo la jurisdicción de la CPI.
“En el marco del Estatuto de Roma, una persona puede ser acusada de crimen de guerra, genocidio o crimen de lesa humanidad… si él o ella ‘ayuda, incita o de alguna forma presta su apoyo a la comisión o intento de comisión del crimen ‘incluyendo la provisión de medios para su comisión’”, se lee en la carta. “Al enviar asistencia financiera, armamentos y otra ayuda militar a Israel, los miembros del Congreso de EEUU, el Presidente Barack Obama y el Secretario de Defensa Chuck Hagel han ayudado e instigado la comisión de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad de las autoridades y comandantes israelíes en Gaza.”
La carta afirma que el 20 de julio de 2014, en medio de esa conducta criminal, Israel solicitó, y el Departamento de Defensa de EEUU autorizó, el envío a Israel de munición procedente del Almacén de Munición de Reserva de Guerra. Y, en agosto de 2013, el Congreso aprobó por abrumadora mayoría, y Obama firmó, un pago de 225 millones de dólares destinado al sistema de defensa de misiles Cúpula de Hierro de Israel.
“El uso de la fuerza de Israel, claramente desproporcionado, contra los 1,8 millones de habitantes de Gaza tiene poco que ver con cualquier reclamación de seguridad”, escribían las organizaciones, “sino que parece haber sido calculado para ejercer la venganza contra los civiles palestinos”. La carta cita afirmaciones de responsables israelíes defendiendo la venganza contra “todo el pueblo palestino” y “exigiendo el internamiento de los palestinos en campos de concentración en el Sinaí, así como la destrucción de la infraestructura civil en Gaza”.
Acusaciones de crímenes de guerra
La carta enumera los crímenes de guerra siguientes y cita de hecho las acusaciones de apoyo a cada crimen:
· Asesinato deliberado (más de 2.000 palestinos, de ellos, el 80% civiles).
· Provocar deliberadamente grandes sufrimientos y heridas de gravedad (hiriendo a alrededor de 10.000 palestinos, de ellos, 2.200 niños).
· Extendida destrucción y apropiación de propiedades de forma ilegal, sin sentido e injustificadamente (decenas de miles de palestinos han perdido sus hogares, se han causado daños muy graves a las infraestructuras).
· Privación ilegal del derecho a un juicio justo (450 palestinos están detenidos sin acusación ni juicio).
· Ataques intencionados contra civiles u objetos civiles o vehículos, instalaciones y personal de ayuda humanitaria (bombardeo de numerosos colegios, lugares de refugio de la ONU, hospitales, ambulancias, mezquitas…)
· Lanzamiento intencionado de ataques injustificados, sabiendo que van a servir para matar o herir a civiles, dañar objetos civiles o causar graves y duraderos daños en el medio ambiente (uso de la “Doctrina Dahiya” para aplicar una “fuerza desproporcionada” y causar “enormes daños y destrucción en las propiedades e infraestructuras civiles y sufrimiento en las poblaciones civiles”, como definió el Consejo de Derechos Humanos de la ONU [Informe Goldstone] (Israel arrasó totalmente la ciudad de Khuza’a).
Acusaciones de genocidio
El artículo 6 del Estatuto de Roma define como “genocidio” cualquiera de los actos siguientes, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que acarreen su destrucción total o parcial.
La carta dice: “En vista del hecho de que los palestinos de Gaza no tenían posibilidad alguna de huir a un lugar seguro, debe asumirse que los oficiales israelíes responsables conocían muy bien que los masivos bombardeos por tierra, mar y aire de la ocupada Franja de Gaza iban a provocar un número inmenso de víctimas y la destrucción de las propiedades e infraestructuras civiles”. La carta enumera también “las declaraciones públicas, repetidamente provocadoras, hechas por los responsables israelíes antes y durante la Operación Marco Protector, así como la historia de repetidos bombardeos de los campos y poblaciones de refugiados palestinos en el Líbano y Gaza” como prueba de que “las autoridades israelíes pueden estar poniendo en marcha un plan para destruir a la población palestina, al menos en parte”.
Acusaciones de crímenes de lesa humanidad
El artículo 7 del Estatuto de Roma define como “crímenes de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a ) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de «apartheid»; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
La carta afirma: “Las fuerzas israelíes han asesinado, herido, ejecutado sumariamente y detenidos administrativamente a los palestinos, tanto civiles como fuerzas de Hamas. Las fuerzas israelíes destruyeron intencionadamente la infraestructura de Gaza”. También dice que Israel mantiene enjaulados a los palestinos en la “mayor prisión al aire libre del mundo” y que “controla todos las entradas y salidas de Gaza, y limita… el acceso a las medicinas y otros productos básicos”. Finalmente, la carta cita los arrestos arbitrarios y las detenciones administrativas; la expropiación de propiedades; la destrucción de casas, cosechas y árboles; las áreas y carreteras separadas; las viviendas y los sistemas jurídicos y educativos segregados para palestinos y judíos; el ilegal muro de separación que invade el territorio palestino; los cientos de asentamientos judíos ilegales sobre tierra palestina; y la denegación del derecho de los palestinos al retorno a su patria por el hecho de no ser judíos.
Los firmantes de la carta concluyen que “el inicio de una investigación enviaría un claro mensaje a todos los implicados en la comisión, ayuda o instigación de los crímenes arriba mencionados de que han de rendir cuentas PERSONALMENTE de todos sus actos”.
Está por ver si la CPI ejercerá su jurisdicción en este caso ya que ni Israel ni Estados Unidos son parte en el Estatuto de Roma. Pero si la CPI determina que Palestina puede acceder al Estatuto de Roma, la CPI podría tener jurisdicción sobre los crímenes perpetrados por israelíes y estadounidenses en territorio palestino.
Marjorie Cohn es profesora de la Thomas Jefferson School of Law, expresidenta del Colegio Nacional de Abogados y vicesecretaria general de la Asociación Internacional de Abogados Democráticos. Ha escrito varios libros, el último de ellos “Drones and Targeted Killing: Legal, Moral and Geopolitical Issues”, saldrá publicado en otoño.
Fuente original: Truth-out
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
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