Por CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa preocupación por una serie de desalojos violentos que habrían ocurrido en la zona del Bajo Aguán en el contexto del conflicto agrario que existe en la región, así como por las amenazas y detenciones que habrían sido perpetradas en contra de varios líderes y lideresas campesinos beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión el 8 de mayo de 2014, presuntos hechos que habrían ocurrido desde el mes de mayo hasta la fecha.
La Comisión insta al Estado a investigar estos hechos de violencia y a procesar y sancionar a los responsables. Adicionalmente, la CIDH urge al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país.
Según información de público conocimiento, el 21 de mayo de 2014, miembros de la policía y del ejército, así como guardias de seguridad privada habrían participado en el desalojo violento de las fincas La Trinidad y El Despertar, en el municipio de Trujillo, Colón. Según la información disponible, 300 familias afiliadas al Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) habrían sido desalojadas. Presuntamente las fuerzas de seguridad habrían utilizado bombas lacrimógenas y spray pimienta y habrían realizado disparos al aire para amedrentar y desplazar a las familias que habitaban las fincas desde el mes de julio de 2012. De esta operación presuntamente habrían resultado heridos alrededor de 50 campesinos y 8 miembros de las fuerzas de seguridad. Adicionalmente, 15 personas habrían sido detenidas y presuntamente golpeadas, entre los detenidos se encontrarían Walter Cárcamo, Jaime Cabrera y Antonio Rodríguez, beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión semanas antes del suceso. Presuntamente Jaime Cabrera habría sido amenazado de muerte por miembros del ejército y de la policía, quienes supuestamente le habrían colocado un fusil en la oreja izquierda.
Adicionalmente, de conformidad con información recibida por la CIDH, el 3 de julio la Policía Nacional Preventiva, los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III y el 15 batallón de Fuerzas Especiales habrían llevado a cabo el desalojo de 350 familias del Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez (MCRCG) que se encontraban en la finca Paso Aguán desde el mes de mayo del presente año. Las familias presuntamente fueron desalojadas de forma violenta mediante el uso de gases lacrimógenos. Adicionalmente, varios de los campesinos habrían resultado heridos y siete habrían resultado detenidos, entre los que se encontrarían dos de los líderes campesinos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Por otro lado, según información recibida por la Comisión, el 30 y 31 de julio los defensores de derechos humanos Martha Arnold, Irma Lemus y Rigoberto Durán, integrantes del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, habrían sido perseguidos por dos vehículos color blanco. Adicionalmente, el 19 de agosto el líder campesino Santos Torres, perteneciente al Movimiento Campesino Gregorio Chávez y beneficiario de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, habría sido amenazado por militares y guardias de seguridad en su domicilio, quienes presuntamente lo habrían apuntado a él y su esposa con armas de fuego. Presuntamente este mismo grupo de militares y guardias de seguridad se habría presentado en el domicilio de Glenda Chávez, integrante del Observatorio Permanente de Derechos Humanos de Aguán y lideresa de este movimiento campesino.
En la zona del Bajo Aguán, existe un conflicto de tierras de larga data entre campesinos y empresarios. Según una red de organizaciones nacionales e internacionales que dan seguimiento a esta situación, 112 campesinos y campesinas habrían sido asesinados en los últimos cuatro años en el contexto del conflicto agrario que aqueja a la región. La Comisión Interamericana se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre la situación en el Bajo Aguán, incluyendo en la sección sobre Honduras del Capítulo IV de sus Informes Anuales 2012 y 2013. La CIDH observa que la situación continúa siendo altamente preocupante.
En este contexto, el 8 de mayo de 2014, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 123 miembros de las organizaciones “Movimiento Campesino Recuperación del Aguán” (MOCRA), “Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez” (MCRGC), Movimiento Unificado Campesino del Aguán” (MUCA) y “Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), solicitando al gobierno de Honduras adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad.
La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2014/094.asp
Según información de público conocimiento, el 21 de mayo de 2014, miembros de la policía y del ejército, así como guardias de seguridad privada habrían participado en el desalojo violento de las fincas La Trinidad y El Despertar, en el municipio de Trujillo, Colón. Según la información disponible, 300 familias afiliadas al Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) habrían sido desalojadas. Presuntamente las fuerzas de seguridad habrían utilizado bombas lacrimógenas y spray pimienta y habrían realizado disparos al aire para amedrentar y desplazar a las familias que habitaban las fincas desde el mes de julio de 2012. De esta operación presuntamente habrían resultado heridos alrededor de 50 campesinos y 8 miembros de las fuerzas de seguridad. Adicionalmente, 15 personas habrían sido detenidas y presuntamente golpeadas, entre los detenidos se encontrarían Walter Cárcamo, Jaime Cabrera y Antonio Rodríguez, beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión semanas antes del suceso. Presuntamente Jaime Cabrera habría sido amenazado de muerte por miembros del ejército y de la policía, quienes supuestamente le habrían colocado un fusil en la oreja izquierda.
Adicionalmente, de conformidad con información recibida por la CIDH, el 3 de julio la Policía Nacional Preventiva, los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III y el 15 batallón de Fuerzas Especiales habrían llevado a cabo el desalojo de 350 familias del Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez (MCRCG) que se encontraban en la finca Paso Aguán desde el mes de mayo del presente año. Las familias presuntamente fueron desalojadas de forma violenta mediante el uso de gases lacrimógenos. Adicionalmente, varios de los campesinos habrían resultado heridos y siete habrían resultado detenidos, entre los que se encontrarían dos de los líderes campesinos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Por otro lado, según información recibida por la Comisión, el 30 y 31 de julio los defensores de derechos humanos Martha Arnold, Irma Lemus y Rigoberto Durán, integrantes del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, habrían sido perseguidos por dos vehículos color blanco. Adicionalmente, el 19 de agosto el líder campesino Santos Torres, perteneciente al Movimiento Campesino Gregorio Chávez y beneficiario de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, habría sido amenazado por militares y guardias de seguridad en su domicilio, quienes presuntamente lo habrían apuntado a él y su esposa con armas de fuego. Presuntamente este mismo grupo de militares y guardias de seguridad se habría presentado en el domicilio de Glenda Chávez, integrante del Observatorio Permanente de Derechos Humanos de Aguán y lideresa de este movimiento campesino.
En la zona del Bajo Aguán, existe un conflicto de tierras de larga data entre campesinos y empresarios. Según una red de organizaciones nacionales e internacionales que dan seguimiento a esta situación, 112 campesinos y campesinas habrían sido asesinados en los últimos cuatro años en el contexto del conflicto agrario que aqueja a la región. La Comisión Interamericana se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre la situación en el Bajo Aguán, incluyendo en la sección sobre Honduras del Capítulo IV de sus Informes Anuales 2012 y 2013. La CIDH observa que la situación continúa siendo altamente preocupante.
En este contexto, el 8 de mayo de 2014, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 123 miembros de las organizaciones “Movimiento Campesino Recuperación del Aguán” (MOCRA), “Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez” (MCRGC), Movimiento Unificado Campesino del Aguán” (MUCA) y “Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), solicitando al gobierno de Honduras adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad.
La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2014/094.asp
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