Por OPDHA
El Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA) ante la opinión pública local, nacional e internacional y organizaciones de derechos humanos, denunció que este 27 de agosto, en la finca de cítricos La Consentida, aledaño a la aldea Rigores, Trujillo, propiedad de la procesadora de fruta Colón Fruit Company, COFRUTCO, se llevó a cabo la destrucción de 30 manzanas de maíz, seis en estado de flor, que garantizaban la alimentación de 36 familias de la empresa campesina “Nueva Esperanza”, que ingresaron hace cuatro meses a estas tierras.
A eso de las 8:00 de la mañana llegó un contingente de seis carros de militares y policías, incluyendo una ambulancia, al mando del Coronel René Jovel Matínez, jefe de la operación Xatruch III, a proceder con el desalojo. Las campesinas y campesinos presentes salieron de forma pacífica.
A las 10:10 de la mañana se presentaron las y los defensores del OPDHA en compañía del delegado departamental del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, (CONADEH), abogado Juan Frañón, quien intentó abrir el diálogo con el coronel Jovel Martínez.
El coronel Martínez se negó a dialogar con miembros del OPDHA buscando la conversación personal con el abogado Frañón, agrediendo verbalmente a la defensora y coordinadora del OPDHA, Martha Ligia Arnold, a quien acusó de ser responsable de lo que allí pasaba y de carecer de una personería jurídica como organización defensora de DDHH, por lo que se negó a brindar información a este observatorio permanente en el Aguán.
A las 10:30 de la mañana, el coronel Martínez junto al abogado Pavel Alexander Cardona Fúnez, juez ejecutor del desalojo, procedieron a destruir, con un tractor con arado, 30 manzanas cultivadas con maíz y esto a pesar que personal del Instituto Nacional Agrario, INA, y del OPDHA solicitaran una prórroga de dos meses, para que los campesinos cosecharan el maíz, siendo imposible dada la actitud violenta y autoritaria del jefe militar.
Representantes del OPDHA y el INA se trasladaron a las oficinas de COFRUTCO, ubicadas en Sonaguera, para hablar con el señor Arturo Fortiño, representante de dicha compañía, pero fue imposible ya que no se encontraba en su oficina. Minutos después miembros del OPDHA lograron la comunicación telefónica con él y se negó a atenderlos con la excusa que estaba en una reunión.
El OPDHA repudia la destrucción de la seguridad alimentaria de 36 familias en extrema pobreza en la ejecución de este nuevo desalojo, sin información previa a los afectados como siempre ocurre en el Bajo Aguán.
Así como el desconocimiento por parte del jefe de la operación Xatruch III, Jovel Martínez del derecho que asiste a los defensores de acceder a toda información sobre eventos que comprometan los derechos humanos de las poblaciones en cuyo favor actúan, incumpliendo el jefe militar con sus agresiones y negación de información a los defensores/ras de DDHH los compromisos contraídos por el Estado de Honduras en el marco de la Resolución 53/144 de la Organización de las Naciones Unidas.
El OPDHA insta a la Secretaría de Derechos Humanos, Fiscalía Especial de Derechos Humanos y Comisionado Nacional de DDHH a su más alto nivel a investigar estos hechos y las acciones y medidas pertinentes para garantizar que en desalojos similares se respete el derecho a la alimentación de las poblaciones afectadas y que las autoridades ejecutoras enmarquen su comportamiento en el marco de protección de DDHH a nivel nacional e internacional.
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