Por CONTAG
La Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (CONTAG) denunció una ola de crímenes en el campo de Mato Grosso relacionados con los conflictos agrarios y ambientales y reclamó investigar los hechos y castigar a sus responsables, así como acciones estructurales para detener la escalada de violencia.
Los continuos asesinatos y amenazas contra trabajadores y trabajadoras rurales revelan una acción intencional, articulada y cruel de los terratenientes, los usurpadores de tierras públicas y los empresarios madereros y sus aliados para eliminar cualquier foco de resistencia a su ofensiva en Mato Grosso.
La CONTAG subraya la agudización de los conflictos tras la realización de una reunión del Comité Nacional de Combate a la Violencia, el 5 de agosto en Cuiabá, ante el cual las víctimas presentaron sus denuncias, demostrando la falta de respeto que los agresores tienen por las instituciones.
Esta debilidad del Estado afecta profundamente a los trabajadores y trabajadoras rurales, especialmente a sus líderes, ya que las instituciones públicas no sólo no logran resolver los problemas, actuando sobre sus causas, sino que tampoco consiguen proteger la vida de quienes denuncian la violencia y buscan medidas para satisfacer las demandas.
Por lo tanto, exigimos del Estado medidas eficaces para contener la violencia, proteger la vida de las personas, castigar ejemplarmente a los responsables de los crímenes y resolver definitivamente los problemas relativos a la obtención y regularización de tierras y el cuidado del ambiente en las áreas reclamadas por los trabajadores y trabajadoras rurales.
Uno de los factores que preocupa a la CONTAG y a las federaciones y sindicatos es el mantenimiento y agravamiento de este escenario de violencia en el campo, según revelan datos del Centro de Documentación de la Comisión Pastoral de la Tierra difundidos esta semana.
Entre enero y el 18 de agosto de este año se produjeron 23 asesinatos por conflictos en el campo, contra 21 en 2013, y hay tres más que están bajo investigación. Además de estas muertes, ocurridas en los últimos días, el Centro de Documentación señaló que el mes de julio fue particularmente sangriento, con siete asesinatos en 20 días en cuatro estados del país.
A continuación, detallamos los crímenes cometidos contra los trabajadores y trabajadoras rurales vinculados a la CONTAG en los últimos 10 días.
Municipio de Unión del Sur
Asesinatos, atentados y amenazas
Asesinatos, atentados y amenazas
a) Asesinato de tres balazos de Maria Lúcia do Nascimiento, el 13 de agosto. Maria Lúcia vivía en Gleba Macaco, en el Asentamiento Nueva Conquista 2, legalmente reconocido como tierra pública, donde coordinaba la lucha por la regularización del asentamiento, en el que residen 25 familias de trabajadores y trabajadoras rurales. También fue presidenta del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales
b) Atentado al trabajador Cleirton Alves Braga. El 17 de agosto este ex presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de la Unión del Sur, asentado en la Gleba Macaco, en el Proyecto de Asentamiento Nueva Conquista 2, fue atacado cuando regresaba a su casa por desconocidos que circulaban en dos autos.
Para lograr escapar de los perseguidores, Cleirton corrió y se escondió en una zona boscosa cercana a su casa, desde donde vio cómo los desconocidos atropellaban a la perrita de la familia y disparaban tiros al aire.
c) Amenazas. Mientras estaba escondido, Cleirton escuchó una conversación entre los perseguidores, que establecían una lista de las personas a asesinar. Él ocupaba el primer lugar, seguido por su hermana Claudineia, que también vive en el asentamiento, y por Zilma Porfirio, asentada y ex presidenta del sindicato, actualmente directora de la Federación de Trabajadores de la Agricultura del estado de Mato Grosso.
Municipio de Colniza
Asesinatos:
Asesinatos:
Josías Paulino Castro e Ireni da Silva Castro: El día 16 de agosto, en el distrito de Guariba, municipio de Colniza, José Paulino e Ireni fueron bárbaramente asesinados.
Los cuerpos fueron encontrados acribillados a tiros de arma calibre 9mm, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Josías era presidente de la asociación Aspronu- Proyecto Filinto Müller y luchaba por la legalización de las tierras, denunciando las emisiones irregulares de títulos definitivos a nombre de terratenientes y empresarios, así como la extracción ilegal de maderas.
Estas denuncias también involucran a políticos, funcionarios públicos y a la policía que, según Josías, eran protagonistas o cómplices de las acciones de invasión y ocupación ilegal de tierras del estado.
La última denuncia tuvo lugar el 5 de agosto, durante una reunión del Comité Nacional de Combate a la Violencia en el Campo celebrada en Cuiabá con participación del Defensor Nacional del Pueblo, Gercino José da Silva, entre otros funcionarios públicos.
En esta reunión, Josías denunció la presencia de hombres armados en la región y la inacción de las autoridades. “Nos están matando, amenazando, y el gobierno de Mato Grosso es cómplice de esa situación, la Policía Militar de Guariba protege a los asesinos y el gobierno federal es omiso. ¿Tendré que ser asesinado para que me crean y tomen los recaudos necesarios?”, se preguntó entonces.
Frente a los hechos anteriores y a la creciente violencia que afecta a los trabajadores del campo de Mato Grosso, el Movimiento Sindical de Trabajadores y Trabajadores Rurales exige medidas inmediatas y eficaces para resolver los problemas, tales como:
1) La realización de una reunión entre los diferentes organismos involucrados en el tema, para buscar una solución permanente a estos problemas. En este sentido, se sugiere que la reunión sea articulada por la Defensoría Agraria Nacional y cuente con la participación del MDA, el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Medio Ambiente, el gobierno del estado de Mato Grosso, (especialmente el Intermat y la Secretaría de Seguridad Pública) y el Ministerio Público Federal y Estadual, así como la CONTAG, la FETAGRI-MT y los sindicatos de trabajadores y trabajadoras Rurales de los municipios donde tienen lugar los conflictos.
2) Llevar a cabo investigaciones con rapidez y calidad para identificar a todos los culpables, ya sean mandantes o ejecutores, incluyendo el nombramiento de comisarios especiales, en el caso de que sea necesario, para asegurar que las condenas sean rápidas y se cumplan.
3) Proporcionar inmediata protección a la vida de los dirigentes sindicales y los trabajadores y trabajadores amenazados por luchar por el derecho a la tierra.
4) Ampliar y agilizar la reforma agraria en la región, expropiando y regularizando las tierras públicas y brindando todas las condiciones necesarias para ello, como presupuesto y personal adecuados.
5) Otorgar de manera urgente los recursos presupuestarios y financieros suficientes para concluir el proceso de georreferenciación y regularización de las tierras en conflicto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario