martes, 3 de noviembre de 2015

Costa Rica: Piden sanciones por poner en peligro río Banano y agua potable de Limón

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Por FECON

Acueductos y Alcantarillados interpuso varias denuncias ante el MINAE local por aperturas de camino y trabajos en una zona declarada área de protección para asegurar el abastecimiento de agua de la cuidad de Limón, sin embargo estas denuncias no fueron atendidas por Edwin Cyrus, Director del Área de Conservación Amistad Caribe. No se procedió a verificar la situación hasta que el diputado Gerardo Vargas (FA) hizo directamente la denuncia ante el MINAE central.

La situación ambiental de la zona del Área de Conservación Amistad Caribe se ha visto en amplio retroceso en los últimos 20 años que lleva nombrado este cuestionado funcionario, "consentido" tanto por administraciones pasadas como por la actual.

FECON pide la separación de Cyrus por desatender reiteradas denuncias sobre posibles daños en un área protegida de alta vulnerabilidad y vital para el abastecimiento de agua Limón, así como por su silencio permanente al respecto del caso de APM Terminal, y por asegurar en el año 2006 que no existían tortugas en Moín, con el fin de darle visto bueno a la viabilidad ambiental al Proyecto Marina Moín que resultó anulada por la Procuraduría de la República. En teoría debió investigarse y sancionarse a funcionarios del MINAE que dieron los permisos dentro del Humedal Cariari. En 2013 un frente cívico exigió al Ministro de Ambiente la investigación de una serie de actuaciones cuestionables del funcionario. (CRhoy.com, 17-3-2013)

Hoy son las comunidades y activistas los que se exponen denunciando sistemáticamente el abandono y la depredación en Refugio Gandoca Manzanillo, la minería ilegal de ríos y canteras, la deforestación ilegal mientras el nombrado funcionario brilla por su ausencia en el control ambiental de la región bajo su dirección. 

Este accionar irresponsable de un funcionario público vulnerabilidad a quienes luchan en defensa del ambiente y además del ejemplo extremo del cruel y aún impune asesinato de Jairo Mora, han existido muchos otros, como las amenazas que han llevado a más de un activista a abandonar su luchas como es el caso de Ana Cristina Rossi o Sonia Bermúdez y Pepe Menéndez, que sufrió un atentado –también impune- cuando le quemaron su automóvil, aparentemente por denuncias que venían realizando en rio Banano. (Ambientalistas limonenses temen por su vida, Semanario Universidad, 20/06/2012.). 

También  dos activistas de Puerto Viejo, extranjeros residentes fueron declarados, ilegalmente, como “Non Gratos” por la municipalidad de Talamanca.

Aún así, las comunidades se han organizado muchas veces contra el criterio o la inoperancia del ACLAC para hacerle frente a la marina de Puerto Viejo o la minería ilegal en territorios indígenas y en el Parque Nacional la Amistad.

No es de extrañar la inacción y el silencio en zonas como Moín, donde mataron a Jairo Mora, o como Portete donde se construyó un muelle ilegal. Las instituciones se tiran la pelota y sobran las excusas para incumplir con sus mandatos, tal es el caso del MINAE.

La compañía MECO es también consentida del Estado, ya que ha ganado contratos por el orden de los ¢ 73.857  millones desde los 2009, contratos por mantenimiento de los 5.000 km de la red nacional de carreteras, junto con otras 5 compañías que han ganado contratos por el orden de los ¢394.000 millones que ya fueron prorrogado en dos ocasiones.

Ante las denuncias en torno al Tajo Asunción y la posibilidad de una nueva prórroga de estos jugosos contratos, FECON solicita reconsiderar la contratación con fondos públicos de la compañía MECO. Esta empresa tiene en sus antecedentes ambientales demandas contra vecinos de San Rafael de Alajuela opuestos a la construcción de una fábrica de cemento de la Comercializadora de Concreto y Asfalto (COMCOAS S.A.), una de sus subsidiarias. La compañía intentó lo mismo en la construcción del cuestionado acueducto de Sardinal en Guanacaste.

En mayo pasado SETENA archivó el Tajo Asunción dándole  la razón al diputado Edgardo Araya y a FECON porque el  desarrollador no presentó a tiempo la certificación de propiedad del inmueble en el que se ubicaría el área del proyecto (Ver resolución de SETENA), sin embargo ahora parece MECO está una vez más haciendo de las suyas.