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| Foto: James Rodríguez - Mimundo.org |
Por Juan Pablo Ozaeta - Colectivo de Estudios Rurales Ixim (CER-Ixim)
En las recientes semanas, una serie de acontecimientos de amenazas, ataques y capturas contra poblaciones enfrentadas a empresas extractivas y de servicios, y en defensa de sus medios de vida, pintan un panorama preocupante para la población rural, y muy delicado para un Gobierno como el que preside el ex general Otto Pérez Molina.
A continuación, una relación de hechos recientes:
En las recientes semanas, una serie de acontecimientos de amenazas, ataques y capturas contra poblaciones enfrentadas a empresas extractivas y de servicios, y en defensa de sus medios de vida, pintan un panorama preocupante para la población rural, y muy delicado para un Gobierno como el que preside el ex general Otto Pérez Molina.
A continuación, una relación de hechos recientes:
El día 2 de mayo, en el municipio de Santa Cruz Barillas, municipio de Huehuetenango (altiplano occidental, frontera con México), se llevan a cabo disturbios entre pobladores y personeros de la empresa Hidro Santa Cruz, S.A, que concluyen con la muerte del campesino Andrés Pedro Miguel.
Estos enfrentamientos se originan tras el impulso de un proyecto hidroeléctrico de la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de Hidralia Energía, de capital español. Como resultado de estos hechos, el gobierno declara estado de sitio y detiene a por lo menos once personas de la comunidad, a quienes implicó en los disturbios, y se les imputan cargos de terrorismo.
El 31 de mayo, es capturado y puesto en libertad por falta de pruebas Rodimiro Lantán, líder de la Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral de la Región Ch’ortí –COMUNIDCH-. Esto ocurrió poco después de haberse realizado la entrega de Títulos como Comunidades Indígenas de Ascendencia Maya Ch´orti´ y Títulos de Consejos de Asuntos Indígenas, Territoriales y Recursos Naturales de las Comunidades Indígenas de Tachoche y Tizamarté, del municipio de Camotán, Chiquimula, en el oriente del país.
Tres meses atrás, fue asesinado un líder de esa organización, Elaví Hernández Agustín, quién fungía como Secretario del Consejo de Administración de Tierras y Recursos Naturales de la Alcaldía Indígena de Esquipulitas, La Unión Zacapa, región Ch’orti’.
El 13 de junio, Yolanda Oquelí lideresa comunitaria del municipio de San José del Golfo, cercano a la capital, fue atacada por dos hombres en una moto, quienes les dispararon hiriéndole con un bala cerca del hígado.
Oquelí ha liderado la resistencia pacifica ante la instalación de un proyecto minero de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A (Exmingua.). Esta compañía es subsidiaria de la empresa canadiense Radius Exploration Ltd.
El 4 de julio, se denunció la persecución y agresiones en contra de integrantes del Consejo de Pueblos K´iche´s (CPK), entre las que se encuentra la líder Lolita Chávez.
Cuatro mujeres integrantes del CPK resultaron heridas por supuestos simpatizantes del alcalde de Santa Cruz del Quiché, luego de una manifestación pacífica en contra de dicho jefe edil, quien pertenece al partido de Gobierno, y contra la instalación de torres eléctricas de la empresa de distribución de energía DEOCSA, propiedad de la compañía inglesa Actis.
Semanas atrás, en la misma región ocurrió un violento asesinato, contra José Tavico Tzunun, también integrante del CPK
Luego de esta relación de hechos, del cual pudieron haberse quedado otros sucesos sin mencionar, cabe apuntar que poco o nada se ha visto para aclarar los actos de violencia e intimidación contra estos líderes y lideresas rurales. Una excepción es el caso de Santa Cruz Barillas, en el cual se capturó a dos guardias de la empresa Hidro Santa Cruz, acusados de la muerte del campesino Andrés Pedro Miguel.
En tanto, el actual Gobierno protagonizó otros acontecimientos que también fueron noticia reciente y que dibujan el marco político de esta relación de sucesos de violencia contra la población rural.
El pasado 30 de junio, el general Otto Pérez Molina, presidente de la República, inauguró dos brigadas militares, entre ellas una ubicada en el municipio de San Juan Sacatepéquez, cerca de la capital, donde desde hace varios años existe resistencia contra una empresa cementera; situación que ha provocado que a la fecha haya líderes purgando largas condenas.
Un mes antes, el 17 de mayo, el gobierno de Otto Pérez lanzó su política de Desarrollo Rural, que incluía un “Marco General de Política para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales”. Este señala que existe necesidad de inversión privada y extranjera, por lo que “brindará seguridad jurídica al inversionista (…) impulsando el desarrollo sostenible mediante el uso de los recursos naturales, especialmente aquellos que por reconocimiento constitucional se definen como bienes del Estado (el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales)”.
Vale añadir también la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, realizada en Tegucigalpa, Honduras, el 29 de junio, el cual cuenta con un pilar importante de comercio e inversiones, que promoverían más inversiones en territorios rurales, como las de las empresas europeas ya mencionadas acá, y que son actores protagónicos de esta lucha por el control de los recursos naturales.
Todos estas “novedades” hablan de un Gobierno que impulsa a la fuerza un proyecto económico orientado la explotación de recursos naturales, y que en lugar de garantizar mejoras en las condiciones de vida de la población rural, trae violencia y ataques contra hombre y mujeres líderes.
También presenta un desafío para el liderazgo rural y los movimientos sociales, para saber actuar unificadamente contra esta ola de ataques, y difundir ante la sociedad guatemalteca, y en particular en las poblaciones rurales, un modelo de bienestar realizable, sostenible y respetuoso de la madre naturaleza.
Estos enfrentamientos se originan tras el impulso de un proyecto hidroeléctrico de la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de Hidralia Energía, de capital español. Como resultado de estos hechos, el gobierno declara estado de sitio y detiene a por lo menos once personas de la comunidad, a quienes implicó en los disturbios, y se les imputan cargos de terrorismo.
El 31 de mayo, es capturado y puesto en libertad por falta de pruebas Rodimiro Lantán, líder de la Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral de la Región Ch’ortí –COMUNIDCH-. Esto ocurrió poco después de haberse realizado la entrega de Títulos como Comunidades Indígenas de Ascendencia Maya Ch´orti´ y Títulos de Consejos de Asuntos Indígenas, Territoriales y Recursos Naturales de las Comunidades Indígenas de Tachoche y Tizamarté, del municipio de Camotán, Chiquimula, en el oriente del país.
Tres meses atrás, fue asesinado un líder de esa organización, Elaví Hernández Agustín, quién fungía como Secretario del Consejo de Administración de Tierras y Recursos Naturales de la Alcaldía Indígena de Esquipulitas, La Unión Zacapa, región Ch’orti’.
El 13 de junio, Yolanda Oquelí lideresa comunitaria del municipio de San José del Golfo, cercano a la capital, fue atacada por dos hombres en una moto, quienes les dispararon hiriéndole con un bala cerca del hígado.
Oquelí ha liderado la resistencia pacifica ante la instalación de un proyecto minero de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A (Exmingua.). Esta compañía es subsidiaria de la empresa canadiense Radius Exploration Ltd.
El 4 de julio, se denunció la persecución y agresiones en contra de integrantes del Consejo de Pueblos K´iche´s (CPK), entre las que se encuentra la líder Lolita Chávez.
Cuatro mujeres integrantes del CPK resultaron heridas por supuestos simpatizantes del alcalde de Santa Cruz del Quiché, luego de una manifestación pacífica en contra de dicho jefe edil, quien pertenece al partido de Gobierno, y contra la instalación de torres eléctricas de la empresa de distribución de energía DEOCSA, propiedad de la compañía inglesa Actis.
Semanas atrás, en la misma región ocurrió un violento asesinato, contra José Tavico Tzunun, también integrante del CPK
Luego de esta relación de hechos, del cual pudieron haberse quedado otros sucesos sin mencionar, cabe apuntar que poco o nada se ha visto para aclarar los actos de violencia e intimidación contra estos líderes y lideresas rurales. Una excepción es el caso de Santa Cruz Barillas, en el cual se capturó a dos guardias de la empresa Hidro Santa Cruz, acusados de la muerte del campesino Andrés Pedro Miguel.
En tanto, el actual Gobierno protagonizó otros acontecimientos que también fueron noticia reciente y que dibujan el marco político de esta relación de sucesos de violencia contra la población rural.
El pasado 30 de junio, el general Otto Pérez Molina, presidente de la República, inauguró dos brigadas militares, entre ellas una ubicada en el municipio de San Juan Sacatepéquez, cerca de la capital, donde desde hace varios años existe resistencia contra una empresa cementera; situación que ha provocado que a la fecha haya líderes purgando largas condenas.
Un mes antes, el 17 de mayo, el gobierno de Otto Pérez lanzó su política de Desarrollo Rural, que incluía un “Marco General de Política para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales”. Este señala que existe necesidad de inversión privada y extranjera, por lo que “brindará seguridad jurídica al inversionista (…) impulsando el desarrollo sostenible mediante el uso de los recursos naturales, especialmente aquellos que por reconocimiento constitucional se definen como bienes del Estado (el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales)”.
Vale añadir también la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, realizada en Tegucigalpa, Honduras, el 29 de junio, el cual cuenta con un pilar importante de comercio e inversiones, que promoverían más inversiones en territorios rurales, como las de las empresas europeas ya mencionadas acá, y que son actores protagónicos de esta lucha por el control de los recursos naturales.
Todos estas “novedades” hablan de un Gobierno que impulsa a la fuerza un proyecto económico orientado la explotación de recursos naturales, y que en lugar de garantizar mejoras en las condiciones de vida de la población rural, trae violencia y ataques contra hombre y mujeres líderes.
También presenta un desafío para el liderazgo rural y los movimientos sociales, para saber actuar unificadamente contra esta ola de ataques, y difundir ante la sociedad guatemalteca, y en particular en las poblaciones rurales, un modelo de bienestar realizable, sostenible y respetuoso de la madre naturaleza.
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