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| Foto Frauke Deccodt |
Por Frauke Deccodt - otramerica.com
Doña Deodora solamente tiene un ojo. El otro lo perdió una noche de 2010 cuando vecinos y trabajadores de la empresa minera le dispararon frente a su casa.
No había sido la primera vez. Años atrás, una autoridad local la amenazó con un machete sobre su cuello. Si no la hirió fue porque Doña Deodora tenía a su hija pequeña en sus brazos.
Doña Deodora cuenta su historia en un castellano vacilante, mezclado con el Mam, su idioma nativo. Esta mujer indígena tiene 58 años y una apariencia frágil y humilde. Sobrevive pastoreando animales en sus tierras. San Miguel, una comunidad del municipio San Miguel Ixtahaucán, en el departamento San Marcos, cerca de México, siempre ha sido una región aislada en las montañas. Sus habitantes originarios viven principalmente de la agricultura de subsistencia y de trabajos temporales en las fincas cafetaleras de la costa. Pero en 1996, el mismo año en que se firmaban los Acuerdos de Paz[1], la minera canadiense Goldcorp puso sus ojos sobre sus tierras. En 2005, a través de su filial Montana Exploradora, empezó a explotar oro y plata en la Mina Marlin.
“Ataques de nuestros propios hermanos”
A pocos metros de la casa de Doña Deodora se puede ver un agujero enorme en la montaña. Deodora es la única de su aldea que no ha vendido su terreno y que no trabaja en la mina. Las amenazas y el acoso para que venda su tierra son casi diarios. La mujer valiente llora: “Quieren matarme, y a mi familia. Vivíamos tranquilos aquí. Ahora hay mucho miedo, soledad, dolor y tristeza”. Un líder local aclara: “Estos ataques vienen de la misma comunidad, de nuestros propios hermanos. Hermanos que no son dueños de la empresa, pero la defienden”.
La estrategia de dividir una población para romper su resistencia es algo muy común, en Guatemala y afuera. La estrategia tampoco es nueva. Al otro lado de Guatemala, cerca de la frontera con Honduras, un líder indígena chortí exhorta a sus compañeros a recordar la Conquista. “Los que mataron a los indígenas eran los mismos indígenas. Ahora las minas están comprando lideres, gente para dividir y romper la lucha.”
Dividir con regalos
San Miguel Ixthuacán es pobre, inhóspito y frío. A medida que nos acercamos a la mina aumentan las escuelas nuevas y los centros de salud. También disminuyen los grafitis contra la minería. Algo que no está visible, aunque es tan penetrante como las nuevas carreteras, es la división social ocasionada por la presencia de la mina. “Existen tres grupos”, explica Carmen Mejía, una madre joven y una de las mujeres al frente de la resistencia. “Unos están con nosotros y otros con la empresa, no son muchos, pero tienen los recursos. Otro grupo, la mayoría, tiene miedo a dar una opinión”. Carmen admite que antes de la llegada de Goldcorp también existían desacuerdos dentro de la comunidad indígena,“pero había armonía. Había paz entre las comunidades y las familias. La empresa llegó engañando”.
Salomón Bámaca, un campesino imposante de unos 40 años de edad, vive muy cerca de la mina. Cuando detonan explosivos, su tierra tiembla. “En 1999 cuando la empresa empezó a comprar terrenos traía muchas cosas. Se oía fiesta donde ahora está la mina”. Bámaca, que fue alcalde indígena durante un año, señala además que la empresa ofrece regalos, dinero y proyectos de infraestructura a las autoridades locales para ganar su apoyo.
El sacerdote local no es indígena mam, es belga. Después de 26 años en el pueblo le resulta más cómodo hablar español que flamenco. “Goldcorp ha dividido demasiado a la comunidad”, opina Erik Gruloos. Él se opone a la mina, pero entiende por qué mucha gente no hace lo mismo: “Los que están en contra no encuentran o pierden su trabajo, dentro de la empresa, dentro de la municipalidad o del magisterio, o si uno es albañil o maestro. La Mina es omnipresente. Da trabajo y regalos donde hay resistencia. Unas comunidades ahora son pro mina. Es comprensible, casi nadie puede aguantar tanta presión. La gente tiene que capitular para que sus hijos estudien, coman y tengan posibilidades”.
Desarrollo… ¿para quién?
Partidarios de la minera alegan que si la empresa ofrece trabajo y promueve el desarrollo local, construye escuelas, centros de salud y tiene una buena relación con las autoridades locales, se trata de una “minería responsable”.
“La empresa no esta aquí para hacer un trabajo social y sacar a la gente de su pobreza”, responde Javier De León, de la organización ADISMI[2], fuerza impulsora de la resistencia contra la mina.“Está aquí para hacer ganancias”. En 2011 la Mina Marlin generó 607 millones de dólares de ganancias, según informó Goldcorp a sus accionistas. Dejó un 1% de regalías, menos de nueve millones de dólares, a Guatemala. También pagó tributos, pero esos datos no son públicos. Noe Navarro, un joven campesino, también de ADISMI, añade: “En San Miguel viven unas 35.000 personas, aproximadamente 700 de ellas trabajan para la mina. La empresa esta generando desarrollo para algunos. Dice que ya no hay extrema pobreza aquí, pero nosotros vivimos y vemos otra realidad. Seguimos igual. Beneficio general no hay”.
Pero los daños generalizados en el medio ambiente y en las viviendas de los vecinos son constantes, según varios habitantes y estudios de instituciones nacionales e internacionales[3]. Las casas de adobe se rajaron, la tierra se fracturó a lo largo de kilómetros, hay escasez de agua, hay problemas de piel y pelo, y contaminación del agua con arsénico. Daños suficientes para que en 2010 la CIDH ordenara la suspensión temporal de la actividad de la Mina Marlin. Los habitantes también se enfrentan a diversos problemas generados de forma indirecta por la mina. El coste de la canasta básica y de las viviendas aumentaron, mientras que el precio de la tierra se triplicó. Más dinero para algunos significó más cantinas, armas, violencia, robos y delincuencia.
Dividir con violencia
“Cuando nos dimos cuenta de cuánto dinero y oro está sacando la mina y que aparte de los regalos nos está dando los grandes daños que genera la minería, empezamos a organizarnos. Desde entonces también aumentaron los ataques, la represión y los amenazas”, cuenta Javier De León. La protesta pacífica provocó una respuesta desproporcionada y la criminalización. La empresa persigue a varios activistas, otros están encarcelados, otros tienen orden de captura. Por otra parte, la Justicia no está dando seguimiento a la mayoría de denuncias contra la empresa. Las pocas condenas conseguidas son consideradas muy ligeras por los opositores a la mina. El gobierno guatemalteco y la empresa hasta hoy han ignorado la medida cautelar de la CIDH. La impunidad, la represión de la empresa y el gobierno desmovilizan a los que protestan, y refuerzan los actos violentos de empleados y otros vecinos pro mineros. La mayoría de los activistas han sido intimidados en múltiples ocasiones mediante vigilancia, insultos, humillaciones y amenazas de muerte. Muchos sufrieron ataques y fueron golpeados; a otros, como Javier, les dispararon; otros, como la familia de Bamacá, fueron aterrorizados.
“Con la violencia quieren desalojarnos. Tres comunidades alrededor están contra mí y unas autoridades locales amenazaron con matarme”, dice Florenzo Yuc, Lencho, como todos lo llaman, tiene 46 años y 12 niños. Es un campesino muy pobre, pero tiene un poco de tierra que le dejó su difunto abuelo. La Mina ha adquirido las parcelas de cientos de campesinos, ofreciéndoles trabajo, dinero y amenazas de desalojo. Pero Lencho no vende. “Buscaron a mi familia para convencerme. Mi padre y hermanos vinieron a golpearme. Toda mi familia está con la mina, la mayoría trabaja ahí. Ya no me consideran familia. Esto sucede en muchas casas. Esto es el ‘desarrollo’ que trae la empresa”.
La tierra no se vende
Lencho se muestra firme: “No quiero vender mi tierra, no quiero venderme a mí mismo, a mis hijos, a mi comunidad, a mi pueblo. No tenemos pisto para comprar, cosas pero la tierra nos está cubriendo todo. Si ahora la empresa viene a quitarnos esto, ¿a dónde vamos? El dinero se va rápidamente, pero la tierra estará siempre aquí”. Sin embargo, los bulldozers de la empresa no sólo han atropellado la cohesión social de comunidades y familias, también está terminando con la práctica ancestral de producir para la subsistencia, advierte Javier, de ADISMI. “Nos meten en la cabeza que necesitamos muchas cosas y trabajo asalariado. Nos quieren convertir en puros consumidores. Nos desplazamos de nuestra propia identidad”.
No se puede entender la resistencia de los habitantes de San Miguel Ixtahaucán frente a la mina sin la relación que los pueblos originarios tienen con la tierra. Las palabras de Noe Navarro, de ADISMI, iluminan: “Cuando los españoles llegaron se apoderaron de las tierras costeras y fértiles, y tuvimos que desplazarnos a las montañas. Ahora llegan otra vez a sacarnos de aquí, para llevar el oro que hay debajo de nuestras tierras. Simplemente quieren acabar con los pueblos indígenas”. Desafortunadamente vale la pena sacar el oro debajo de las tierras indignas. Entre 2006 y 2011 el precio del oro aumentó más de 150% y de la plata 480%. “Esto significa otro incentivo para no respetar la vida de los afectados por la minería”, concluye el ex-alcalde indígena Bámaca. “Ahí las inversionistas y compradores de oro también tienen una responsabilidad social”.
La resistencia ante la Mina Marlin ha sido gigante y una inspiración para luchas similares de muchos pueblos originarios en, y fuera de Guatemala. Son conocidos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, a nivel local Bámaca dice que se sienten abandonados, “La resistencia ha disminuido mucho por todo el dinero, los trabajos, los regalos, la violencia, la intimidación y la impunidad”. Pero no será tan fácil terminar la resistencia o acabar con los pueblos indigenas como dice Noe Navarro. Lencho expresa con palabras una convicción compartida en San Miguel y por innumerables luchas en Guatemala: “Si tengo que derramar mi sangre será por la tierra y el derecho a la vida”.
“Ataques de nuestros propios hermanos”
A pocos metros de la casa de Doña Deodora se puede ver un agujero enorme en la montaña. Deodora es la única de su aldea que no ha vendido su terreno y que no trabaja en la mina. Las amenazas y el acoso para que venda su tierra son casi diarios. La mujer valiente llora: “Quieren matarme, y a mi familia. Vivíamos tranquilos aquí. Ahora hay mucho miedo, soledad, dolor y tristeza”. Un líder local aclara: “Estos ataques vienen de la misma comunidad, de nuestros propios hermanos. Hermanos que no son dueños de la empresa, pero la defienden”.
La estrategia de dividir una población para romper su resistencia es algo muy común, en Guatemala y afuera. La estrategia tampoco es nueva. Al otro lado de Guatemala, cerca de la frontera con Honduras, un líder indígena chortí exhorta a sus compañeros a recordar la Conquista. “Los que mataron a los indígenas eran los mismos indígenas. Ahora las minas están comprando lideres, gente para dividir y romper la lucha.”
Dividir con regalos
San Miguel Ixthuacán es pobre, inhóspito y frío. A medida que nos acercamos a la mina aumentan las escuelas nuevas y los centros de salud. También disminuyen los grafitis contra la minería. Algo que no está visible, aunque es tan penetrante como las nuevas carreteras, es la división social ocasionada por la presencia de la mina. “Existen tres grupos”, explica Carmen Mejía, una madre joven y una de las mujeres al frente de la resistencia. “Unos están con nosotros y otros con la empresa, no son muchos, pero tienen los recursos. Otro grupo, la mayoría, tiene miedo a dar una opinión”. Carmen admite que antes de la llegada de Goldcorp también existían desacuerdos dentro de la comunidad indígena,“pero había armonía. Había paz entre las comunidades y las familias. La empresa llegó engañando”.
Salomón Bámaca, un campesino imposante de unos 40 años de edad, vive muy cerca de la mina. Cuando detonan explosivos, su tierra tiembla. “En 1999 cuando la empresa empezó a comprar terrenos traía muchas cosas. Se oía fiesta donde ahora está la mina”. Bámaca, que fue alcalde indígena durante un año, señala además que la empresa ofrece regalos, dinero y proyectos de infraestructura a las autoridades locales para ganar su apoyo.
El sacerdote local no es indígena mam, es belga. Después de 26 años en el pueblo le resulta más cómodo hablar español que flamenco. “Goldcorp ha dividido demasiado a la comunidad”, opina Erik Gruloos. Él se opone a la mina, pero entiende por qué mucha gente no hace lo mismo: “Los que están en contra no encuentran o pierden su trabajo, dentro de la empresa, dentro de la municipalidad o del magisterio, o si uno es albañil o maestro. La Mina es omnipresente. Da trabajo y regalos donde hay resistencia. Unas comunidades ahora son pro mina. Es comprensible, casi nadie puede aguantar tanta presión. La gente tiene que capitular para que sus hijos estudien, coman y tengan posibilidades”.
Desarrollo… ¿para quién?
Partidarios de la minera alegan que si la empresa ofrece trabajo y promueve el desarrollo local, construye escuelas, centros de salud y tiene una buena relación con las autoridades locales, se trata de una “minería responsable”.
“La empresa no esta aquí para hacer un trabajo social y sacar a la gente de su pobreza”, responde Javier De León, de la organización ADISMI[2], fuerza impulsora de la resistencia contra la mina.“Está aquí para hacer ganancias”. En 2011 la Mina Marlin generó 607 millones de dólares de ganancias, según informó Goldcorp a sus accionistas. Dejó un 1% de regalías, menos de nueve millones de dólares, a Guatemala. También pagó tributos, pero esos datos no son públicos. Noe Navarro, un joven campesino, también de ADISMI, añade: “En San Miguel viven unas 35.000 personas, aproximadamente 700 de ellas trabajan para la mina. La empresa esta generando desarrollo para algunos. Dice que ya no hay extrema pobreza aquí, pero nosotros vivimos y vemos otra realidad. Seguimos igual. Beneficio general no hay”.
Pero los daños generalizados en el medio ambiente y en las viviendas de los vecinos son constantes, según varios habitantes y estudios de instituciones nacionales e internacionales[3]. Las casas de adobe se rajaron, la tierra se fracturó a lo largo de kilómetros, hay escasez de agua, hay problemas de piel y pelo, y contaminación del agua con arsénico. Daños suficientes para que en 2010 la CIDH ordenara la suspensión temporal de la actividad de la Mina Marlin. Los habitantes también se enfrentan a diversos problemas generados de forma indirecta por la mina. El coste de la canasta básica y de las viviendas aumentaron, mientras que el precio de la tierra se triplicó. Más dinero para algunos significó más cantinas, armas, violencia, robos y delincuencia.
Dividir con violencia
“Cuando nos dimos cuenta de cuánto dinero y oro está sacando la mina y que aparte de los regalos nos está dando los grandes daños que genera la minería, empezamos a organizarnos. Desde entonces también aumentaron los ataques, la represión y los amenazas”, cuenta Javier De León. La protesta pacífica provocó una respuesta desproporcionada y la criminalización. La empresa persigue a varios activistas, otros están encarcelados, otros tienen orden de captura. Por otra parte, la Justicia no está dando seguimiento a la mayoría de denuncias contra la empresa. Las pocas condenas conseguidas son consideradas muy ligeras por los opositores a la mina. El gobierno guatemalteco y la empresa hasta hoy han ignorado la medida cautelar de la CIDH. La impunidad, la represión de la empresa y el gobierno desmovilizan a los que protestan, y refuerzan los actos violentos de empleados y otros vecinos pro mineros. La mayoría de los activistas han sido intimidados en múltiples ocasiones mediante vigilancia, insultos, humillaciones y amenazas de muerte. Muchos sufrieron ataques y fueron golpeados; a otros, como Javier, les dispararon; otros, como la familia de Bamacá, fueron aterrorizados.
“Con la violencia quieren desalojarnos. Tres comunidades alrededor están contra mí y unas autoridades locales amenazaron con matarme”, dice Florenzo Yuc, Lencho, como todos lo llaman, tiene 46 años y 12 niños. Es un campesino muy pobre, pero tiene un poco de tierra que le dejó su difunto abuelo. La Mina ha adquirido las parcelas de cientos de campesinos, ofreciéndoles trabajo, dinero y amenazas de desalojo. Pero Lencho no vende. “Buscaron a mi familia para convencerme. Mi padre y hermanos vinieron a golpearme. Toda mi familia está con la mina, la mayoría trabaja ahí. Ya no me consideran familia. Esto sucede en muchas casas. Esto es el ‘desarrollo’ que trae la empresa”.
La tierra no se vende
Lencho se muestra firme: “No quiero vender mi tierra, no quiero venderme a mí mismo, a mis hijos, a mi comunidad, a mi pueblo. No tenemos pisto para comprar, cosas pero la tierra nos está cubriendo todo. Si ahora la empresa viene a quitarnos esto, ¿a dónde vamos? El dinero se va rápidamente, pero la tierra estará siempre aquí”. Sin embargo, los bulldozers de la empresa no sólo han atropellado la cohesión social de comunidades y familias, también está terminando con la práctica ancestral de producir para la subsistencia, advierte Javier, de ADISMI. “Nos meten en la cabeza que necesitamos muchas cosas y trabajo asalariado. Nos quieren convertir en puros consumidores. Nos desplazamos de nuestra propia identidad”.
No se puede entender la resistencia de los habitantes de San Miguel Ixtahaucán frente a la mina sin la relación que los pueblos originarios tienen con la tierra. Las palabras de Noe Navarro, de ADISMI, iluminan: “Cuando los españoles llegaron se apoderaron de las tierras costeras y fértiles, y tuvimos que desplazarnos a las montañas. Ahora llegan otra vez a sacarnos de aquí, para llevar el oro que hay debajo de nuestras tierras. Simplemente quieren acabar con los pueblos indígenas”. Desafortunadamente vale la pena sacar el oro debajo de las tierras indignas. Entre 2006 y 2011 el precio del oro aumentó más de 150% y de la plata 480%. “Esto significa otro incentivo para no respetar la vida de los afectados por la minería”, concluye el ex-alcalde indígena Bámaca. “Ahí las inversionistas y compradores de oro también tienen una responsabilidad social”.
La resistencia ante la Mina Marlin ha sido gigante y una inspiración para luchas similares de muchos pueblos originarios en, y fuera de Guatemala. Son conocidos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, a nivel local Bámaca dice que se sienten abandonados, “La resistencia ha disminuido mucho por todo el dinero, los trabajos, los regalos, la violencia, la intimidación y la impunidad”. Pero no será tan fácil terminar la resistencia o acabar con los pueblos indigenas como dice Noe Navarro. Lencho expresa con palabras una convicción compartida en San Miguel y por innumerables luchas en Guatemala: “Si tengo que derramar mi sangre será por la tierra y el derecho a la vida”.
Fuente: Otramérica
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[1] Guatemala vivió un conflicto contra-insurgente de 36 años en donde, según las Naciones Unidas, 200.000 personas murieron, hubieron 50.000 desaparecidos y casos de genocidio. 95% de los crimenes fue cometido por el ejercito. Uno de las causas principales del conflicto era la distribución desigual de la tierra cuando 2% de la población controlaba 70% de la tierra fértil. Varios de los grandes terratenientes eran multinacionales. No ha cambiado mucho en Guatemala.
[2] Asociación para el Desarrollo Integral de San Miguel Ixtahaucán
[3] Para una visión amplio del caso y la bibliografia sobre el caso de la Mina Marlin ver 2011, NacionesUnidas, A/HRC/18/35/Add.3 “Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya: Observaciones sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala en relación con los proyectos extractivos, y otro tipo de proyectos, en sus territorios tradicionales”
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[1] Guatemala vivió un conflicto contra-insurgente de 36 años en donde, según las Naciones Unidas, 200.000 personas murieron, hubieron 50.000 desaparecidos y casos de genocidio. 95% de los crimenes fue cometido por el ejercito. Uno de las causas principales del conflicto era la distribución desigual de la tierra cuando 2% de la población controlaba 70% de la tierra fértil. Varios de los grandes terratenientes eran multinacionales. No ha cambiado mucho en Guatemala.
[2] Asociación para el Desarrollo Integral de San Miguel Ixtahaucán
[3] Para una visión amplio del caso y la bibliografia sobre el caso de la Mina Marlin ver 2011, NacionesUnidas, A/HRC/18/35/Add.3 “Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya: Observaciones sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala en relación con los proyectos extractivos, y otro tipo de proyectos, en sus territorios tradicionales”
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