Tegucigalpa, Honduras.- El acuerdo de Cartagena de Indias, que desde el 28 de mayo pasado permite la articulación y unidad del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), en manos del golpismo enraizado en el aparato estatal esta adquiriendo la siniestra forma de una soga que empieza a tensarse alrededor del cuello del pueblo hondureño.
El Acuerdo de Cartagena de Indias contempla cuatro puntos: Cese a la persecución del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), de sus partidarios y su retorno seguro al país; garantías para llamar a un proceso constituyente; respeto a los derechos humanos e investigar posibles violaciones, y garantías para que los zelayistas participen en la vida política y en los comicios de 2014 como partido político.
Bajo este supuesto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseveró que "se consolida el sistema interamericano... y reina la paz y las libertades en un país hermano como Honduras". Consideró que "este acuerdo nos complace mucho a todos los latinoamericanos".
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia suspendió a principios de mayo dos procesos por corrupción contra el ex Presidente Zelaya que hace dos años el Ministerio Público se sacó del bolsillo como parte del concierto conspirativo del golpismo.
Sin embargo, las actuaciones, discursos y decisiones de las diferentes instancias del régimen, cuestionado en su origen porque surge de un proceso electoral tutelado por la dictadura de Roberto Micheletti, empujan las velas de la injusticia hacia el incumplimiento del referido acuerdo y a la impunidad del golpe de Estado y de los golpistas.
A pocos días de su firma, las bestias leguleyas golpistas se lanzaron en pos de la personalidad y figura del abogado Enrique Flores Lanza, un profesional de reconocida honestidad y rostro visible de las principales políticas sociales en la administración del gobierno del Poder Ciudadano del ex Presidente Zelaya, imponiéndole casa por cárcel y una fianza de 27 millones de lempiras.
La Corte Suprema de Justicia suspendió a principios de mayo dos procesos por corrupción contra Zelaya que la fiscalía inició hace dos años.
Días después, la presencia y posturas de delegados de la comisión de seguimiento conformada por los gobiernos de Colombia y Venezuela, tras el bárbaro atropello del juez Claudio Aguilar contra el abogado Flores Lanza, parece diluirse en la macabra cobertura de la prensa golpista.
Ayer, 24 de junio, a las 2:30 de la tarde, dos sicarios, con el rostro al aire y frente a la escuela más popular, localizada en pleno centro de Juticalpa, Olancho, se bajaron de un vehículo con vidrios polarizados e infirieron diez balazos a Jorge Arturo Enríquez, hijo de Mario Padilla, líder en el departamento de Olancho del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y a su primo Jorge Arturo Enrìquez.
Rafael Sarmiento, dirigente del FNRP en Olancho, esta mañana en Radio Globo, transmitió el sentimiento de malestar, dolor, condena y reclamo de la comunidad local ante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
El repudio es generalizado debido a la saña con que actuaron los asesinos, que no robaron nada a las víctimas, quienes eran conocidos en la comunidad como personas honestas, trabajadoras y que dependen de su trabajo en la tierra.
PROFUNDIZANDO EL MODELO
El pueblo respira contento con el retorno de nuestro líder indiscutido, José Manuel Zelaya Rosales, igualmente respira con expectante satisfacción porque la presencia de Mel en el paìs garantiza la adecuada articulación y orientación de la lucha por la liberación y dignificación del pueblo y la patria.
El aparato golpista, antihondureño y desnacionalizador, instalado en los Poderes del Estado, en la partidos políticos, en la milicia, la policía, la iglesia católica y evangélica y en gran parte del sector privado, no descansa y profundiza las garras del modelo neoliberal con políticas fiscales para que el pueblo pague de su bolsa los recursos para las represiones sociales que sufrirá en el futuro a manos de la Policía, los militares y el aparato de exterminio social de Estado.
Contra la rebeldía popular por el despojo de su incipiente economía; ante la repartición a retazos, a manos de transnacionales, del territorio nacional y a la humillación de perder la vigencia de sus derechos humanos en toda escala, la Asamblea del 26 de junio próximo del FNRP, será vital para dar respuesta a este y otros rostros de lucha.
El FNRP debe responder al desafío de un Congreso Nacional que establece las bases legislativas para profundizar el neoliberismo y acentúa la condición de Honduras como Estado vasallo y territorio de prueba política, militar, social y económica para distintas fórmulas que organismos financieros internacionales y gobiernos, como el de Estados Unidos, con su desgraciada política exterior, experimentan en nuestro paìs.
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