Obede Loyla Souza: quinto asesinado en 20 días
Por Carlos Amorín - Rel-UITA
El jueves 9 fue asesinado en el estado de Pará el agro extractivista Obede Loyla Souza, de 31 años, padre de tres hijos. Es la quinta víctima de la violencia rural amazónica en las últimas tres semanas.
Por Carlos Amorín - Rel-UITA
El jueves 9 fue asesinado en el estado de Pará el agro extractivista Obede Loyla Souza, de 31 años, padre de tres hijos. Es la quinta víctima de la violencia rural amazónica en las últimas tres semanas.
El despliegue en la región de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública ordenado por la presidenta Dilma Rousseff no parece intimidar a los madereros y empresarios agropecuarios responsables de la deforestación. Las organizaciones campesinas reclaman una reforma agraria integral y rápida.
En conversación con Sirel, “Guto” dos Santos, presidente de la Federación de Trabajadores en la Agricultura de Pará (FETAGRI-PA), expresó que “El compañero Obede Loyla integraba el Asentamiento Esperanza, ubicado en el municipio de Pacajá, estado de Pará. Aún estamos chequeando informaciones, pero sabemos que fue ejecutado de un tiro en la cabeza dentro del propio asentamiento, a unos centenares de metros de su casa”.
Según los primeros testimonios recabados en el lugar “él había tenido recientemente una discusión con unos madereros a quienes sorprendió cortando árboles valiosos en el área del asentamiento. Es muy probable que esa reacción le haya costado la vida algunos meses después -afirmó Guto-.
Estamos manteniendo contactos a los más altos niveles para que sean implementadas acciones más eficaces en la contención de la violencia generada por consorcios de madereros y latifundistas en la región”, señaló.
Mensajeros de la muerte. Los números de la matanza
El pasado 24 de mayo fue emboscada y asesinada la pareja de ambientalistas José Claudio Ribeiro y María da Silva, integrantes del Proyecto Agro extractivista Praia Alta-Piranheira, en el municipio paraense de Nova Ipixuna.
Luego fue muerto otro asentado, Herenilton Pereira, posible testigo del doble homicidio anterior.
El 27 de mayo fue asesinado en Vista Alegre do Abunã, estado de Rondonia, el líder campesino Adelino Ramos.
Ahora fue el turno de Obede Loyla Souza.
Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), desde la llamada “Masacre de Eldorado dos Carajás”, en 1996, en la cual fueron ejecutados 19 trabajadores sin tierra, sólo en el estado de Pará han ocurrido hasta la fecha 212 asesinatos por conflictos relacionados con la tierra, esto equivale a más de un homicidio por mes durante los últimos 15 años, sin contabilizar los perpetrados en otros estados de Brasil.
Además, 809 personas, en general activistas sindicales, ambientalistas y defensores de los derechos humanos, han recibido amenazas de muerte. En su edición de ayer, martes 14, el periódico O Globo, de Rio de Janeiro, publicó una impactante infografía que ilustra esta terrible situación. (ver).
José Batista, abogado de la CPT, estima que siete de cada diez asesinatos ocurren en la zona de Marabá, donde se verifica ya una muy avanzada deforestación y restan muy pocas áreas intactas.
La lucha por la tierra se expresa claramente en los siguientes cifras: “desde 1996 -afirma Batista- fueron ocupadas en la región 463 “fazendas” (ndr: haciendas, estancias). En ellas se instalaron casi 79 mil familias de las cuales 32 mil ya fueron expulsadas. En este caldero en permanente ebullición ya fueron presas 799 personas. La perspectiva de cambios en el Código Forestal y las alternancias políticas en los gobiernos estaduales han acelerado este proceso de deforestación y de violencia -señaló-.
La venta de madera selvática produce enormes ganancias. Por ejemplo, un árbol de castaña colocado en el mercado internacional vale actualmente 14 mil dólares”, finalizó Batista.
¡Por reforma agraria ya! Gran movilización en Marabá
“En este momento continúa desarrollándose en la ciudad de Marabá una concentración de más de 2 mil trabajadores y trabajadoras rurales de nuestra FETAGRI-PA, y también del MST y la FETRAF -relató Dos Santos-.
Ayer mantuvimos allí una reunión de negociación con la participación del presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), Celso Lisboa. La respuesta a las reivindicaciones que presentamos las organizaciones sociales fue totalmente insatisfactoria ya que apenas contempló el 20 por ciento de nuestras demandas -enfatizó-.
Este nuevo asesinato –señaló- es otra confirmación de que si bien es necesaria una acción policial y judicial vigorosa y verdaderamente imparcial, pero también demuestra que la solución de fondo es la implementación de políticas públicas adecuadas para esta región, particularmente la liberación de más recursos para la reforma agraria, proceso esencial para la pacificación de la floresta amazónica”, concluyó Guto dos Santos.
Según los primeros testimonios recabados en el lugar “él había tenido recientemente una discusión con unos madereros a quienes sorprendió cortando árboles valiosos en el área del asentamiento. Es muy probable que esa reacción le haya costado la vida algunos meses después -afirmó Guto-.
Estamos manteniendo contactos a los más altos niveles para que sean implementadas acciones más eficaces en la contención de la violencia generada por consorcios de madereros y latifundistas en la región”, señaló.
Mensajeros de la muerte. Los números de la matanza
El pasado 24 de mayo fue emboscada y asesinada la pareja de ambientalistas José Claudio Ribeiro y María da Silva, integrantes del Proyecto Agro extractivista Praia Alta-Piranheira, en el municipio paraense de Nova Ipixuna.
Luego fue muerto otro asentado, Herenilton Pereira, posible testigo del doble homicidio anterior.
El 27 de mayo fue asesinado en Vista Alegre do Abunã, estado de Rondonia, el líder campesino Adelino Ramos.
Ahora fue el turno de Obede Loyla Souza.
Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), desde la llamada “Masacre de Eldorado dos Carajás”, en 1996, en la cual fueron ejecutados 19 trabajadores sin tierra, sólo en el estado de Pará han ocurrido hasta la fecha 212 asesinatos por conflictos relacionados con la tierra, esto equivale a más de un homicidio por mes durante los últimos 15 años, sin contabilizar los perpetrados en otros estados de Brasil.
Además, 809 personas, en general activistas sindicales, ambientalistas y defensores de los derechos humanos, han recibido amenazas de muerte. En su edición de ayer, martes 14, el periódico O Globo, de Rio de Janeiro, publicó una impactante infografía que ilustra esta terrible situación. (ver).
José Batista, abogado de la CPT, estima que siete de cada diez asesinatos ocurren en la zona de Marabá, donde se verifica ya una muy avanzada deforestación y restan muy pocas áreas intactas.
La lucha por la tierra se expresa claramente en los siguientes cifras: “desde 1996 -afirma Batista- fueron ocupadas en la región 463 “fazendas” (ndr: haciendas, estancias). En ellas se instalaron casi 79 mil familias de las cuales 32 mil ya fueron expulsadas. En este caldero en permanente ebullición ya fueron presas 799 personas. La perspectiva de cambios en el Código Forestal y las alternancias políticas en los gobiernos estaduales han acelerado este proceso de deforestación y de violencia -señaló-.
La venta de madera selvática produce enormes ganancias. Por ejemplo, un árbol de castaña colocado en el mercado internacional vale actualmente 14 mil dólares”, finalizó Batista.
¡Por reforma agraria ya! Gran movilización en Marabá
“En este momento continúa desarrollándose en la ciudad de Marabá una concentración de más de 2 mil trabajadores y trabajadoras rurales de nuestra FETAGRI-PA, y también del MST y la FETRAF -relató Dos Santos-.
Ayer mantuvimos allí una reunión de negociación con la participación del presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), Celso Lisboa. La respuesta a las reivindicaciones que presentamos las organizaciones sociales fue totalmente insatisfactoria ya que apenas contempló el 20 por ciento de nuestras demandas -enfatizó-.
Este nuevo asesinato –señaló- es otra confirmación de que si bien es necesaria una acción policial y judicial vigorosa y verdaderamente imparcial, pero también demuestra que la solución de fondo es la implementación de políticas públicas adecuadas para esta región, particularmente la liberación de más recursos para la reforma agraria, proceso esencial para la pacificación de la floresta amazónica”, concluyó Guto dos Santos.
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