Por Maurice LemoinePermitiendo el regreso a su país al Señor Zelaya, quien hasta el momento había estado refugiado en República Dominicana, el acuerdo facilitó la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA), que se produjo el 1 de junio con la aprobación de todos los países miembros, con excepción de Ecuador.
Si el final del alejamiento de "Mel", como se conoce popularmente al ex jefe de Estado, provocó una ola de entusiasmo en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), el reintegro exprés y concomitante del país a la OEA, ha producido un fuerte malestar y una evidente confusión.
Al final de una Asamblea General que reunió 1.500 delegados, el 26 y 27 de febrero, el Frente había dado a conocer públicamente sus exigencias para una salida de la crisis: el regreso en toda seguridad de los exiliados, entre ellos el ex presidente (entonces bajo numerosos procesos que le fueron montados luego de su derrocamiento), la no participación en cualquier proceso electoral, el desmantelamiento de las estructuras golpistas y el castigo de los responsables.
También anunció la auto convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) "democrática y participativa", para el 28 de Junio. Sin embargo, con el consentimiento del señor Zelaya (y del Sr. Chávez, considerado por FNRP como su más fiel aliado en el ámbito internacional), del Acuerdo de Cartagena satisface sólo el primero de estos puntos.
Disfrutando de total impunidad, los organizadores y los beneficiarios de la ruptura constitucional continúan todavía incrustados en las estructuras del Estado y del gobierno de Lobo. La represión no se ha detenido. "El Estado de derecho está roto y sus escombros continúan en manos de los que promovieron, aceptaron y defendieron el golpe de Estado", criticó Bertha Oliva, directora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), desde el 2 de junio, un sentimiento muy generalizado. "¿Cómo podemos responder a un pueblo que reclama justicia y libertad? " He allí el malestar latente.
A pesar de que, desde el golpe de Estado, son las bases del Frente que, negándose a reconocer la legitimidad de los gobiernos de Roberto Micheletti (el golpista) y Pepe Lobo (producto de las elecciones "ilegítimas"), las que han enfrentado y sufrido la represión, ha prevalecido el sentimiento que el movimiento, como tal, no podía hacer más que aceptar una negociación llevado a cabo fuera de él, por MM. Santos, Chávez y Zelaya Lobo - un acuerdo de "líderes", dejando al pueblo a un lado.
Hubiese hecho falta ser ciego o sordo para no tomar conciencia del sentimiento de frustración, y a veces de cólera que imperaba en Tegucigalpa. Solamente Quito y Caracas (pero tal vez demasiado tarde) se preocuparon. El 01 de junio, durante la Asamblea General de la OEA en la que Honduras debía recuperar su puesto, el canciller venezolano, Nicolás Maduro no escatimó esfuerzos, durante largas horas, para que fuese incluido en la resolución un elemento referente a la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos humanos. Una vez que sus esfuerzos fracasaron, Venezuela, sin tomar la posición firme del Ecuador, votó por el reintegro, pero con reservas.
Sin embargo, no se resuelve un problema complicándolo aún más: la conciencia de haber triunfado sobre la línea de golpistas que rechazaba la presencia de Zelaya en Honduras, el FNRP rencontró a su líder -el único, por su carisma, capaz de dirigir el movimiento, y de asegurarle futuras victorias- y cerró filas. Y con Zelaya a la cabeza, denunció las primeras violaciones al Acuerdo de Cartagena. Ya que aquellos que se opusieron a la legitimación del Gobierno de Lobo y al blanqueo del golpe de Estado, que trajo de facto el retorno al seno de la OEA, no tenían, para hacerlo, más que las razones equivocadas.
Desde esta "normalización", tres agricultores más fueron asesinados y otros tres resultaron heridos por los paramilitares pagados por los terratenientes [3], en el Bajo Aguán, y otro fue reportado como desaparecido desde el 15 de mayo. Estos crímenes elevan el número de víctimas de sicarios y de las fuerzas de seguridad a 32 muertos desde enero de 2010, en esta región.
El 15 de junio, Enrique Flores Lanza, ex ministro de la Presidencia del Sr. Zelaya, tuvo que comparecer ante la justicia. Miembro de la Comisión política del FNRP, exiliado en Nicaragua y de retorno en Tegucigalpa el 28 de mayo, en el mismo avión que el ex jefe de Estado, se le acusa de haber "desviado" fondos públicos para hacer campaña a favor de la consulta popular, perfectamente legal, que él quería organizar, y que lo llevó a ser derrocado. Sin embargo, uno de los párrafos del Acuerdo "para la reconciliación nacional" firmado por el Sr. Lobo menciona "el compromiso asumido por el gobierno de garantizar al ex presidente Manuel Zelaya, y a otros ex-miembros de su gobierno, el ejercicio en toda libertad de la acción política y de todas las garantías previstas en la Constitución y "las leyes de Honduras (...)”. También se precisó que estos ex funcionarios, en caso que debieran responder ante la justicia, podrían ejercer su defensa “en libertad”.
El 15 de junio, el juez Claudio Aguilar puso a Flores Lanza bajo arresto domiciliario, dándole un plazo de un mes para pagar una fianza de 27 millones de lempiras - casi un millón de euros – una suma exorbitante, nunca impuesta en el país a ningún imputado. Si al término de treinta días, no ha podido pagar esta suma, la cual ya ha manifestad no poder cubrir, será colocado en prisión preventiva, en una prisión de derecho común.
Mientras el FNRP, como organización, pidió a la comunidad internacional pronunciarse contra este nuevo acto arbitrario que constituye un peligroso sabotaje a los intentos de brindar una salida pacífica y política a la crisis vivida desde el golpe de Estado de 2009 ", su coordinador general, el Sr. Zelaya, denunció: “esta decisión de la justicia (institución notoriamente involucrada en el golpe de Estado) viola el acuerdo firmado en Cartagena de Indias ".
El Presidente Lobo navega sin instrumentos. Haber avalado el regreso del enemigo, provocó la ira de los sectores golpistas. Desde principios de junio, una campaña mediática llevada a cabo por los diarios El Heraldo y La Prensa, (propiedad de Jorge Canahuati Larach, una de las figuras más prominentes de la oligarquía), implícitamente lo acusan de después de haber firmado "un pacto secreto" con Chávez ....
Disfrutando de total impunidad, los organizadores y los beneficiarios de la ruptura constitucional continúan todavía incrustados en las estructuras del Estado y del gobierno de Lobo. La represión no se ha detenido. "El Estado de derecho está roto y sus escombros continúan en manos de los que promovieron, aceptaron y defendieron el golpe de Estado", criticó Bertha Oliva, directora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), desde el 2 de junio, un sentimiento muy generalizado. "¿Cómo podemos responder a un pueblo que reclama justicia y libertad? " He allí el malestar latente.
A pesar de que, desde el golpe de Estado, son las bases del Frente que, negándose a reconocer la legitimidad de los gobiernos de Roberto Micheletti (el golpista) y Pepe Lobo (producto de las elecciones "ilegítimas"), las que han enfrentado y sufrido la represión, ha prevalecido el sentimiento que el movimiento, como tal, no podía hacer más que aceptar una negociación llevado a cabo fuera de él, por MM. Santos, Chávez y Zelaya Lobo - un acuerdo de "líderes", dejando al pueblo a un lado.
Hubiese hecho falta ser ciego o sordo para no tomar conciencia del sentimiento de frustración, y a veces de cólera que imperaba en Tegucigalpa. Solamente Quito y Caracas (pero tal vez demasiado tarde) se preocuparon. El 01 de junio, durante la Asamblea General de la OEA en la que Honduras debía recuperar su puesto, el canciller venezolano, Nicolás Maduro no escatimó esfuerzos, durante largas horas, para que fuese incluido en la resolución un elemento referente a la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos humanos. Una vez que sus esfuerzos fracasaron, Venezuela, sin tomar la posición firme del Ecuador, votó por el reintegro, pero con reservas.
Sin embargo, no se resuelve un problema complicándolo aún más: la conciencia de haber triunfado sobre la línea de golpistas que rechazaba la presencia de Zelaya en Honduras, el FNRP rencontró a su líder -el único, por su carisma, capaz de dirigir el movimiento, y de asegurarle futuras victorias- y cerró filas. Y con Zelaya a la cabeza, denunció las primeras violaciones al Acuerdo de Cartagena. Ya que aquellos que se opusieron a la legitimación del Gobierno de Lobo y al blanqueo del golpe de Estado, que trajo de facto el retorno al seno de la OEA, no tenían, para hacerlo, más que las razones equivocadas.
Desde esta "normalización", tres agricultores más fueron asesinados y otros tres resultaron heridos por los paramilitares pagados por los terratenientes [3], en el Bajo Aguán, y otro fue reportado como desaparecido desde el 15 de mayo. Estos crímenes elevan el número de víctimas de sicarios y de las fuerzas de seguridad a 32 muertos desde enero de 2010, en esta región.
El 15 de junio, Enrique Flores Lanza, ex ministro de la Presidencia del Sr. Zelaya, tuvo que comparecer ante la justicia. Miembro de la Comisión política del FNRP, exiliado en Nicaragua y de retorno en Tegucigalpa el 28 de mayo, en el mismo avión que el ex jefe de Estado, se le acusa de haber "desviado" fondos públicos para hacer campaña a favor de la consulta popular, perfectamente legal, que él quería organizar, y que lo llevó a ser derrocado. Sin embargo, uno de los párrafos del Acuerdo "para la reconciliación nacional" firmado por el Sr. Lobo menciona "el compromiso asumido por el gobierno de garantizar al ex presidente Manuel Zelaya, y a otros ex-miembros de su gobierno, el ejercicio en toda libertad de la acción política y de todas las garantías previstas en la Constitución y "las leyes de Honduras (...)”. También se precisó que estos ex funcionarios, en caso que debieran responder ante la justicia, podrían ejercer su defensa “en libertad”.
El 15 de junio, el juez Claudio Aguilar puso a Flores Lanza bajo arresto domiciliario, dándole un plazo de un mes para pagar una fianza de 27 millones de lempiras - casi un millón de euros – una suma exorbitante, nunca impuesta en el país a ningún imputado. Si al término de treinta días, no ha podido pagar esta suma, la cual ya ha manifestad no poder cubrir, será colocado en prisión preventiva, en una prisión de derecho común.
Mientras el FNRP, como organización, pidió a la comunidad internacional pronunciarse contra este nuevo acto arbitrario que constituye un peligroso sabotaje a los intentos de brindar una salida pacífica y política a la crisis vivida desde el golpe de Estado de 2009 ", su coordinador general, el Sr. Zelaya, denunció: “esta decisión de la justicia (institución notoriamente involucrada en el golpe de Estado) viola el acuerdo firmado en Cartagena de Indias ".
El Presidente Lobo navega sin instrumentos. Haber avalado el regreso del enemigo, provocó la ira de los sectores golpistas. Desde principios de junio, una campaña mediática llevada a cabo por los diarios El Heraldo y La Prensa, (propiedad de Jorge Canahuati Larach, una de las figuras más prominentes de la oligarquía), implícitamente lo acusan de después de haber firmado "un pacto secreto" con Chávez ....
La afirmación se basa en la interceptación (¿por quién? ¿Cómo?) de un presunto cable dirigido a Caracas en el que se menciona una conversación entre el Encargado de Negocios de la Embajada de Venezuela en Tegucigalpa, Ariel Vargas, y el jefe de Estado hondureño, a mediados de mayo. Sin negar este encuentro, el Sr. Lobo dijo que tenía la intención de solicitar al Presidente bolivariano la reanudación de las relaciones diplomáticas y su intervención como mediador para que Honduras pudiera reincorporarse a la OEA.
Probable candidato para el Partido Liberal (PL) en las próximas elecciones presidenciales , Lucio Izaguirre, pidió a los miembros del Congreso la celebración inmediata de un referéndum "sobre si el presidente Lobo debe o no seguir ejerciendo el poder, ya que le mintió al pueblo [al firmar un "pacto secreto" con Chávez] y un presidente que miente a su pueblo no puede continuar en el ejercicio de la Presidencia".
Teniendo probablemente los "intereses superiores del país" en mente, pero sobre todo poco deseoso de terminar como "Mel", en pijama, en un avión una pálida mañana, el Sr. Lobo explicó que el Acuerdo de Cartagena " no tiene por objeto evitar la aplicación de la justicia ni escudar la corrupción", y que " nadie está por encima de la ley".
De esta manera, como miembro con derecho pleno de la OEA y habiendo reintegrado con honor la "comunidad internacional", Honduras tiene un prisionero político prominente: el ex ministro de la presidencia Flores Lanza.
Probable candidato para el Partido Liberal (PL) en las próximas elecciones presidenciales , Lucio Izaguirre, pidió a los miembros del Congreso la celebración inmediata de un referéndum "sobre si el presidente Lobo debe o no seguir ejerciendo el poder, ya que le mintió al pueblo [al firmar un "pacto secreto" con Chávez] y un presidente que miente a su pueblo no puede continuar en el ejercicio de la Presidencia".
Teniendo probablemente los "intereses superiores del país" en mente, pero sobre todo poco deseoso de terminar como "Mel", en pijama, en un avión una pálida mañana, el Sr. Lobo explicó que el Acuerdo de Cartagena " no tiene por objeto evitar la aplicación de la justicia ni escudar la corrupción", y que " nadie está por encima de la ley".
De esta manera, como miembro con derecho pleno de la OEA y habiendo reintegrado con honor la "comunidad internacional", Honduras tiene un prisionero político prominente: el ex ministro de la presidencia Flores Lanza.
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