Honduras: el golpe perfecto (o lo que pasó este histórico mes en la OEA)

Por Patricio Zamorano
contrapunto.com.sv

¿Qué pasó en la OEA esta última semana? No analicemos los hechos, a los cuales se les ha dado cobertura periodística, sino las consecuencias, y empecemos por las negativas. Al fin y al cabo éstas serán las que impactarán la vida de los hondureños. 

Entre las consecuencias delicadas directas del Acuerdo de Cartagena firmado el 22 de mayo, y en especial la resolución AG/RES.1(XLI-E/11) de la OEA del 1 de junio que reintegró a Honduras, se dejó un vacío significativo en el tema de los derechos humanos, lo que puede derivar en la profundización de la impunidad de los represores que han venido actuando desde el golpe de Estado de junio de 2009.

Un costo tremendo para una reintegración que debió haber sido una fiesta democrática, pues el Acuerdo de Cartagena, firmado por el propio Zelaya, no menciona ni una sola vez la palabra “juicio” aplicada a esas violaciones a los derechos humanos ni discute bajo ninguna forma la situación legal de quienes rompieron el orden constitucional. 

Tampoco menciona frases aconsejables que expresaran que quienes promovieron el golpe y quienes tomaron las armas del Estado para expulsar al Presidente legítimo y exiliarlo inconstitucionalmente (la Carta Magna prohíbe el exilio), deben ser expulsados a su vez del gobierno del Presidente Lobo, partiendo por el líder militar del golpe, el general Romeo Vásquez, quien fue incluso premiado al nombrarlo presidente de Hondutel, la empresa estatal de telecomunicaciones. Hay otros ex militares de alto rango también ocupando cargos en el gobierno, como por ejemplo en las áreas de aviación civil, aduanas y migración, marina mercante y en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola.

El Acuerdo de Cartagena también tuvo la omisión de no haber señalado que el ex Presidente Zelaya no volvería a Honduras si los golpistas estaban aún incrustados en el gobierno del Presidente Lobo. Nadie en la OEA ni entre quienes se apresuraron en gestionar la vuelta de Zelaya han notado que se produce una situación ad-hoc extraordinaria: mientras el Presidente constitucional pisa las calles de Tegucigalpa despojado del poder institucional que los votos le dieron, quienes lo expulsaron del poder ocupan cargos en el Ejecutivo…

NI UN SOLO ARRESTO

En el país de Morazán aún no se ha procesado a un solo agente del Estado responsable de las centenares de violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales desde el golpe de 2009. Haber puesto el énfasis en el retorno de Zelaya, especialmente luego que las acusaciones judiciales contra el ex Presidente fueron anuladas (aunque no sobreseídas), el Acuerdo de Cartagena de Santos y Chávez generó inmediatamente las condiciones para volver a la OEA. Los derechos humanos quedaron fuera de la ecuación ese mismo minuto.

Desde hace meses quedó claro que la solución del tema hondureño no pasaría por el tema de los derechos humanos. La OEA no lo consideraba como precondición, señalando siempre que creía que podría ayudar más a los derechos humanos con Honduras dentro de la organización. Las agrupaciones defensoras de esos derechos advirtieron incansablemente que integrar a Honduras en esas condiciones daría una señal poderosa de impunidad a los represores protegidos en el gobierno.

También quedó claro en esa primera reunión Chávez-Santos-Zelaya-Lobo el 9 de abril, que la solución de la crisis no se resolvería en las calles de Tegucigalpa, sino en el triángulo Caracas-Cartagena-Bogotá.

IMPUNIDAD: DEMASIADO TARDE

Todas las partes que firmaron el Acuerdo de Cartagena sabían que el retorno de Zelaya en las actuales condiciones tenía el riesgo potencial de generar impunidad. Venezuela también lo sabía, pero lamentablemente su intento de reparar esa falencia a última hora fue totalmente a destiempo. Reportes de prensa señalan que el atraso de varias horas de la sesión extraordinaria de la OEA el 1 de junio que votó el reingreso de Honduras se habría debido a que el canciller venezolano Nicolás Maduro intentó que se agregara un párrafo a la resolución que diera por lo menos un impulso más institucional a la necesidad de expulsar a los golpistas del gobierno o procesarlos judicialmente. 

Los que estábamos en el Salón de las Américas ese histórico 1 de junio fuimos testigos del tenso y constante ir y venir de Maduro, Insulza y la canciller colombiana María Ángela Olguín entre las oficinas a uno y otro lado del espectro político y del pasillo. La negociación fue infructuosa, con Maduro dando su voto al reintegro de Honduras hablando de esas reservaciones, pero que no llegaron al papel del documento aprobado a la 1:30 pm.

Honduras vuelve con el apoyo de la OEA en medio de otro escenario paradójico: de entre todos los actores institucionales y no institucionales que rompieron la Constitución y la ley en torno al golpe de 2009, el único que ha sufrido procesamiento judicial es el propio Zelaya, el Presidente derrocado, junto a los cientos de activistas, opositores y defensores de derechos humanos que han sido arrestados y procesados por la Fiscalía Nacional. Ni un solo soldado o policía sospechoso de abusos o asesinatos extrajudiciales ha sufrido ese tratamiento.

LOS PASOS PERDIDOS

Asimismo, el Acuerdo de Cartagena y la resolución de retorno de Honduras de la OEA dejaron el precedente de que los golpes de Estado sólo necesitan el cansancio que provoca el paso del tiempo, y el pragmatismo de países clave de uno u otro lado del espectro ideológico, para al final de una historia de un par de años salir airosos e incólumes.

Hubo una fuerte crisis en la izquierda venezolano-hondureña cuando Chávez se reunió sorpresivamente con Lobo el 9 de abril en suelo colombiano. Esto, más la presencia telefónica de Zelaya, rompió intempestivamente con la acción política de dos años del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, que fue el grupo que enfrentó en la calle y bajo represión el costo de no reconocer la legitimidad de Lobo y sus instituciones. EL FNRP ratificó estos valores incluso en su Asamblea Nacional de febrero, por lo que la acción del presidente Chávez y Zelaya envió olas de enorme confusión a los cerros de Tegucigalpa. 

Fue tanto el desconcierto, que no pasó una semana antes de que Chávez invitara al sub-coordinador del FNRP, Juan Barahona, para reunirse con él y Zelaya para poder recuperar lo irrecuperable. El FNRP exigió ser parte de la negociación y logró que se incluyera en el Acuerdo de Cartagena su reconocimiento político. Este gesto dejó en claro que la agenda del FNRP ni siquiera fue considerada en la primera ola de negociaciones impulsada por el presidente Santos. El análisis de fuentes diplomáticas confirman esto: en el fondo, el bolivarianismo de Caracas veía el avance del zelayismo, o la resistencia dentro de Honduras en punto muerto. Querían a Zelaya dentro del país, para potenciar la lucha interna, y no a distancia, con todo el costo que implica el intentar desarrollar una estrategia de recuperación del poder desde el exilio en República Dominicana.  

Zelaya debía volver, ya. Se especula que al ex presidente no se le ofrecieron más opciones, en un escenario donde el apoyo venezolano ya estaba convencido sobre la necesidad del retorno. Con la presión Venezuela-ALBA, y su influencia entre algunos de los países del caribe insular, que el bloque de aliados estadounidenses que siempre reconocieron a Lobo lograra los 21 votos para aprobar el reingreso era ya cosa prácticamente asegurada.

Asimismo, cabe preguntarse si el camino elegido por el FRNP en su Asamblea también era visto con incredulidad en Caracas: no participar en la lucha electoral, no ser partido político, no crear un frente amplio de acción política con otras fuerzas de la resistencia. Imposible no relacionar esta especulación con el discurso constante del presidente Chávez llamando, por ejemplo, a las FARC también a convertirse en partido y luchar por el cambio dentro de las reglas de la democracia electoral (por favor, no estamos comparando a las FARC con el FNRP). 

Chávez tiene, sin duda, muchos resultados de real avance político gracias al voto, y no resultaría extraño pensar que para el presidente venezolano aislarse de las elecciones como decidió el FNRP no permitiría nunca el desarrollo político de ese movimiento popular, ni el acceso sustentable al poder.

LA GRAN PARADOJA

Independiente de las razones estratégicas discutidas en privado, lo cierto es que Venezuela apareció en el plano público concretando una rotación de 180 grados en el discurso mantenido férreo por más de 20 meses, donde Miraflores y el grupo ALBA, más Argentina, Brasil y otros gobiernos progresistas, no aceptaron consistentemente la legitimidad de Lobo por considerar que las elecciones que dieron origen a su Presidencia habían sido generadas bajo el gobierno de facto de Micheletti (nombrado Presidente a dedo), bajo ley marcial, con varios candidatos retirando sus candidaturas, y sin observación electoral internacional.

Varios países incluso amenazaron en algunas reuniones internacionales con boicotearlas y no asistir si se invitaba a Lobo. Mantuvieron, por tanto, una posición de solidaridad política sólida con la resistencia hondureña del FNRP. Se criticó enormemente a Estados Unidos por haber evolucionado rápidamente desde repudiar el golpe, apoyar a Zelaya y quitarle las vacaciones en Miami y Houston a la elite golpista, cancelando sus visas, para luego cuadrarse con Lobo y apresurarse a señalar insistentemente cada mes que el país ya estaba en condiciones de volver, que no había impedimentos.

Por su parte, el gobierno de Lobo comenzó una lenta y desesperada campaña de reconocimiento. Pronto, Colombia, Perú, Panamá, Chile y otros países de gobiernos conservadores reanudarían vínculos diplomáticos, mientras Estados Unidos lideraba los esfuerzos para que Honduras volviera a la OEA sin considerar la solución a la grave crisis de derechos humanos en el país como pre-condición, como lo declaró oficialmente el gobierno de Obama a través de sus portavoces.

Pero en rigor, fueron los países aliados del mandatario derrocado los que terminaron ratificando la legitimidad de la Presidencia de Lobo, y en dos meses, abril y mayo, modificaron el discurso, comenzaron a llamarlo “Presidente”, y destrabaron, con el beneplácito de Estados Unidos (que no tuvo que abrir la boca), el retorno de Honduras a la OEA. La elite conservadora, quienes participaron en el golpe, y quienes lo apoyaron, tampoco tuvieron que hacer absolutamente nada para que Honduras volviera a la OEA. Ninguna concesión de importancia.

LA CAMPAÑA DE ESTADOS UNIDOS

Ahora bien, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha sido bombardeado desde el primer día, y especialmente en los últimos meses, con información detallada de cientos de casos de violaciones fragantes de derechos humanos, ha sido informado de cada golpiza, represión desmedida, secuestro, asesinato, exilio, tortura, que se ha cometido bajo el gobierno de Lobo.

Existe una amplia red de ONG y grupos de defensa de derechos humanos en Washington que ha organizado decenas de sesiones informativas con funcionarios del gobierno de Obama, que les han denunciado insistentemente que hasta ahora todas las instituciones estatales que han surgido bajo la Presidencia de Lobo para lidiar con el tema de los derechos humanos no han generado ni un solo arresto, ni una condena. Tanto la oficina presidencial de derechos humanos, como la fiscalía de derechos humanos. Ni un solo arresto. Los campesinos del Bajo Aguán han sido masacrados, existen todos los testimonios, las fotos terribles de los cuerpos acribillados, y ni un solo agente privado o del Estado ha sido condenado. Los congresistas progresistas del Capitolio le han enviado varias cartas al Departamento de Estado denunciando los abusos.

Pese a todo este cúmulo de información, la Secretaría de Estado de EE.UU. entregó una declaración de prensa donde señala, tras el voto de retorno de Honduras, que “el gobierno y el pueblo de Honduras tienen las herramientas para mejorar la gobernabilidad, fortalecer las instituciones democráticas y salvaguardar los derechos humanos”. El portavoz suplente del Departamento de Estado también señaló que “creemos que Honduras ha hecho mucho progreso en los últimos meses en ubicarse a sí mismo en un sólido camino democrático”.

ESPECULANDO LAS RAZONES

En este último mes, la confusión política ha reinado. Luego de una fuerte lucha de posiciones políticas antagónicas entre Venezuela y Estados Unidos, y sus respectivos aliados continentales, el voto final del 1 de junio los hermanó. Después de años de denuncia de la elite empresarial conservadora de Honduras contra el chavismo, ahora varios de sus dirigentes, incluidos importantes miembros de la familia Facussé, dan la bienvenida al apoyo venezolano y la reactivación del programa de ese gobierno, PetroCaribe. Sin duda para Venezuela tiene un gusto dulce aunque paradojal volver con la influencia del crudo de PetroCaribe al mismo país cuya elite conservadora y militar repudiaba cualquier cosa que viniera de Caracas un par de años atrás.

Otras fuentes diplomáticas consultadas señalan que también hay una relación entre el cumplimiento del compromiso del gobierno de Colombia de deportar al supuesto narcotraficante Makled a Venezuela y no a Estados Unidos, lo que explica la facilidad con que Santos convenció a Chávez de impulsar lo que sería el Acuerdo de Cartagena, y saludar a Lobo por primera vez en dos años. Makled y sus denuncias sobre el supuesto involucramiento de autoridades estatales en acciones ilegales eran una bomba sumamente compleja de desactivar, y Santos ofreció entonces una salida segura. Por supuesto, todo esto es especulación…

NUEVO PACTO SOCIAL

Sin duda, hay un fondo aún más profundo en el análisis de los últimos hechos coyunturales. El voto de la OEA puso término a la crisis de legitimidad internacional del gobierno de Porfirio Lobo, pero bajo ningún punto de vista puso fin a la crisis política y social de Honduras que se potenció aún más luego del golpe de Estado de junio de 2009. El golpe contra Zelaya es el síntoma de una carencia profunda e histórica de inclusión política y social en el país centroamericano. 

En el reporte “Honduras: la urgente necesidad de un nuevo pacto social” se plantea la necesaria voluntad que debe existir de todos los sectores, especialmente de parte de las elites empresariales, políticas y militares, de ceder cuotas de poder y privilegios para integrar a los sectores tradicionalmente excluidos, y a nuevos grupo emergentes. Una nueva Asamblea Constituyente que democratice a la Constitución hondureña podría ser el primer paso. 

El golpe de Estado de 2009 es consecuencia de esta exclusión, y Honduras no podrá escapar del fantasma de la inestabilidad mientras los actores internos y la comunidad internacional no se comprometan a generar un nuevo pacto social basado en la no violencia, en el diálogo y en la voluntad de una verdadera democratización. Honduras mantiene una alternancia constante en la presidencia entre dos partidos, el Nacional y Liberal, que extienden su poder de influencia en todas las instituciones y poderes, y sobre el uso de los fondos estatales.

Los sectores populares no están representados ni en la clase política tradicional ni en el Congreso. En ese sentido, el cambio de política de Venezuela al potenciar el retorno de Zelaya a Honduras podría tener consecuencias al fin y al cabo positivas si el FNRP es capaz de institucionalizar en el plano legislativo a los sectores históricamente excluidos.

Pero lo peor del drama hondureño no es lo que pasa en las calles de Tegucigalpa, ya suficiente para haber mantenido al país suspendido de la OEA por casi dos años: la falta crónica de conocimiento en la opinión pública internacional de la cadena de hechos políticos que se han venido desarrollando desde que el ex Presidente Zelaya fuera expulsado del gobierno es, quizás, protagonista central de esta historia. Informar a la comunidad latinoamericana sobre Honduras es fundamental, pues representa un precedente histórico muy delicado para el futuro de la Carta Democrática y el militarismo intervencionista.

ECUADOR, ANTIGOLPISTA HASTA EL FINAL

Ahora bien, el único que mantuvo el discurso anterior de la ALBA sobre Honduras fue Ecuador, que votó en contra del retorno. En la reunión del 24 de mayo donde se fijó el 1 de junio para votar la reintegración, la representante de Ecuador en la OEA no dio el brazo a torcer luego de que varios embajadores de uno u otro bloque pidieran que ese país diera el voto para el consenso (la OEA tiene una cultura interna que siempre busca el consenso, y que evita el voto al máximo). Ecuador fijó su posición señalando que el retorno de Honduras era prematuro, que la situación de los derechos humanos es aún grave, que el país no ha llegado a las condiciones de democratización necesarias para levantar la suspensión, que los golpistas aún están en el poder.

Muchos diplomáticos decían en los pasillos de la OEA que lograrían el cambio del voto de Ecuador, que el bloque ALBA sufragaría así, en bloque, que habría decisión por consenso y unánime. Ecuador dio la gran sorpresa cuando el 1 de junio no cambió ni un ápice de las razones dejadas en el registro de la OEA para siempre. Cerrando este análisis, llega a través de los cables la noticia de que el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, no asistirá a la Asamblea General de la OEA en El Salvador como muestra de rechazo al reintegro de Honduras en las actuales condiciones de impunidad del golpismo y la crisis de derechos humanos. Seguramente pesó en todas estas decisiones históricas el cuasi-golpe que sufrió el propio Ecuador durante 2010. 

Razón suficiente para no concordar con un voto que dejaba al golpismo hondureño prácticamente ileso. Un golpe que se organizó con eficiencia, expulsó a un presidente legítimamente elegido, en pijamas y a fuerza de fusiles. Un golpe cuyos organizadores dirigen ahora la empresa estatal de comunicaciones (general Vásquez) o gozan de la calidad de diputado vitalicio (Micheletti). Un golpe que, pese a provocar la expulsión de su país de la Organización de Estados Americanos vuelve triunfante a ver el reintegro sin pisar la cárcel ni la condena internacional. Un golpe modelo. Un golpe perfecto.