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| Foto ADES |
Por Gloria Morán - contrapunto.com.sv
El pasado 3 de junio Juan Francisco Durán Ayala, quien pertenecía a una organización ambientalista de Cabañas, salió de su casa a las nueve de la mañana para ir a la universidad pero ya no regresó. Lo asesinaron de cuatro disparos en la cabeza a la media noche de ese mismo día. Al siguiente día, muy temprano, encontraron su cuerpo en la colonia Lamatepec del municipio de Soyapango.
Durán pertenecía al Comité Ambiental de Cabañas en Defensa del Agua y la Cultura (CAC), la entidad que más ha trabajado en oposición al proyecto minero El Dorado que en ese municipio quiso iniciar la multinacional minera canadiense Pacific Rim.
Benjamín Ayala, padre del joven, dijo a ContraPunto que la última acción a favor del medio ambiente en la que participó su hijo fue el 2 de junio, día en el que estuvo en una concentración, junto a decenas de personas, frente a un restaurante de Ilobasco, puesto que se enteraron de que ahí tendría lugar una reunión de gente interesada en la labor minera. “Y fue tanta (la presión) que abandonaron el local los interesados en el proyecto”, dijo Ayala.
Previo a esta actividad, el mismo 2 de junio, Durán y otras personas, entre ellas Francisco Pineda, presidente del CAC, pegaron pancartas en Ilobasco. Eran cerca de las diez de la noche cuando realizaban dicha diligencia.
Pineda, que recientemente ganó el premio internacional a la defensa del medio ambiente Goldman Prize, dijo a ContraPunto que esa noche vieron pasar en repetidas ocasiones el carro del Alcalde de Ilobasco, Eliseo Castellanos, y que después pasó otro vehículo con música estridente y con hombres que se identificaron como pandilleros.
“Entonces nos dijimos que eso no es algo común y al día siguiente ya no vimos la pancarta. Gente que vio nos dijo que la policía municipal que está bajo el mando del señor alcalde llegó y quitó la pancarta. En realidad la pancarta no decía nada en contra del alcalde, ni nada en contra de un partido, simplemente decía que estamos en contra de la minería y pedíamos la creación de una ley que la prohíba”, dijo Pineda.
También aseguró que la acción de enviar a las autoridades municipales a quitar la pancarta denota que Castellanos está a favor de la minería. Pineda fue enfático en decir que es necesario que las autoridades deben tomar acciones para investigar y dar con los actores materiales e intelectuales del crimen en contra del joven ambientalista. “Los disparos en la cabeza indican que no fue de retirado, fue cerca que lo hicieron, puede ser un indicio que hayan mandado a hacerlos”, dijo Pineda.
Para Benjamín Ayala, al igual que para Pineda y las organizaciones ambientalistas, la indignación de la muerte de Durán va más allá, porque aún no se explican la razón por la que el joven fue enterrado de forma rápida, el 9 de junio, en una fosa común del cementerio la Bermeja. Su padre lo reconoció a través de fotografías que le mostraron en el Instituto de Medicina Legal (IML).
“Si he pasado tanto tiempo con él, cómo no reconocerlo, además el tenía un tatuaje del Che (Ernesto Guevara) en el estómago, sí era mi hijo”, dijo Ayala, quien indignado dijo que por ese tatuaje, y otros dos que tenía en su cuerpo, las autoridades de IML lo han catalogado como miembro de una pandilla. Por otra parte, la familia y los compañeros del joven denuncian que no se practicó autopsia a su cadáver, por lo que pedirán su exhumación.
“Nosotros nos sentimos indignados, queremos llegar hasta las últimas consecuencias y por eso andamos en vuelta de la exhumación y aclarar el por qué de su muerte, las razones. Queremos que le quiten a mi hijo la calificación de pandillero, él sabía lo que quería para su futuro, se esforzaba”, señaló el padre de Durán.
Las sospechas de que el hecho este vinculado a su labor ambientalista cada vez son más fuertes y por esa razón las organizaciones han entregado cartas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para que investiguen la muerte de Durán, así como las de Marcelo Rivera, Dora Santos Sorto Rodríguez y Ramiro Rivera, además de las amenazas de las que constantemente son víctimas este tipo de organizaciones y los integrantes de Radio Victoria.
El Comité Ambiental de Cabañas ha denunciado ante la PNC y la FGR las pasadas desapariciones y asesinatos de activistas en la lucha contra la minería y solicitan de forma directa que se investigue los alcaldes José Ignacio Bautista, de San Isidro Cabañas; Edgar Bonilla, de Sensuntepeque; y Eliseo Castellanos, de Ilobasco, y a la empresa Pacific Rim.
“Nos preocupa que lo antes acontecido, las amenazas a nuestro departamento, las amenazas a los compañeros y todo eso más, los asesinatos siguen quedando impunes y siguen habiendo víctimas. Creemos que es un momento en que la fiscalía debe agarrar en serio las denuncias que venimos haciendo”, expresó Pineda, quien dijo que están a punto de perder la confianza en las autoridades debido a que no reciben respuestas concretas.
Asimismo comentó que no le parece lógico que en un país donde se habla de democracia no se abran espacios en los que ellos sean escuchados y que se tomen en cuenta sus preocupaciones. También con desconcierto dijo no explicarse por qué las autoridades solo escuchan cuando el pueblo se toma las calles.
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