Por Ricardo Salgado | Rebelión
Se inicia el año 2015 con la derecha golpista en una ofensiva por completar tareas pendientes en su proceso de “aceleración” neoliberal en Honduras. Este país, que muy pocas veces en su historia ha llamado la atención de otros estados, y muy sometido a la agenda geoestratégica y militar de los Estados Unidos, es hoy un laboratorio donde se ponen en práctica escenarios para limpiar el camino de obstáculos al avance del mercado omnipotente.
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Dos temas trascendentales toman fuerza en los primeros días del año, frente a un bloque de oposición que luce más consistente que hace un año: la constitucionalización de la Policía Militar de Orden Público, que busca legitimar la fuerza represiva al servicio exclusivo de Juan Orlando Hernández y a las eventuales Zonas Especiales de Desarrollo, o Ciudades Modelo, y una nueva ley de seguridad social que enmascarada en la idea de la universalización de los servicios de salud pública busca privatizar los fondos de pensiones y lo que queda del sistema público del Estado.
El actual régimen ha generado, a lo largo de 5 años post golpe, un proceso ascendente de militarización de la sociedad paralelo a la implementación de medidas tendientes a liberar a la iniciativa privada de toda incomoda atadura que provenga de los restos de institucionalidad que le quedan al Estado. Esto implica la quiebra y liquidación de servicios públicos y la venta de empresas estatales a precios de risa a grupos económicos que saltan a la opulencia de la noche a la mañana.
Todo este truculento lio ha dado lugar a la expansión de un tipo de oligarquía emergente, que se nutre de las bondades del mercado de los bienes generados por el Estado a lo largo de su incipiente historia, sin entrar ni en inversiones importantes y sin riesgos mayores. Todo un proceso de acumulación de capital, en manos de grupos inexistentes como tal hace diez años, y la exclusión de un importante grupo empresarial que se nutrió de la primera oleada neoliberal de acumulación y desposesión iniciada hacia finales de los años ochenta del siglo anterior.
Naturalmente, el régimen en control del país, y otros sectores de fuerza se han coludido en esta aventura, que abre una brecha significativa dentro del control hegemónico de la sociedad hondureña, pero que no pone en tela de juicio la naturaleza del sistema imperante. Es decir, aunque se generan contradicciones de importancia entre grupos oligárquicos, estas no representan en si una amenaza al avance neoliberal.
Detener dicho avance solo es posible desde una posición opuesta que plantee seriamente aspectos sumamente importantes para toda la sociedad, que van desde la forma en que se encuentra estructurada la economía hasta el carácter catastrófico del extractivismo irracional, que ya ha destruido muchos de los recursos del país y que ahora también entrega bienes estratégicos de todos a las manos privadas (como el agua).
A nuestro entender, no solamente se trata de alterar la estructura hegemónica del poder, sino transformar la sociedad en la dirección de entender sus propias limitaciones y llevar hacia adelante su crecimiento económico dentro de una lógica que forzosamente debe reexaminar la forma en que nos comportamos frente al consumo; de poco servirían muchos sacrificios sino van acompañados de una actitud frente a la vida que proponga una idea de bienestar material de la sociedad en conjunto como el objetivo primordial de la actividad de la misma.
Bajo la configuración de las fuerzas políticas en América Latina es fácil entender que la imposición de un proceso de profundización neoliberal, requiere la construccion de un aparato represivo dirigido desde un régimen dictatorial, capaz de mantener vigente la violencia como el recurso más importante a disposición de las clases dominantes; eso es justamente lo que sucede en Honduras ahora. Después de los intentos de legitimación del golpe de estado durante la etapa Lobo Sosa, el experimento de dictadura neoliberal comienza a tomar forma con Juan Orlando Hernández.
Así las cosas, este señor, participante activo del Golpe de Estado de junio de 2009, controla hoy los despojos del gobierno, e impone medidas cada vez más inhumanas, al tiempo que se extiende la pobreza a niveles inimaginables. Quienes lo apoyan necesitan la legitimación inmediata de un cuerpo represivo, paralelo a los ya existentes que son centros de poder bastante autónomos de la figura presidencial, y que usualmente responden más a directrices provenientes de los Estados Unidos.
Por el contrario, quienes entienden medianamente las consecuencias catastróficas de lo que hace Juan Orlando Hernández para uno de los países más pobres de nuestro continente, está claro que avanzar hacia el rango constitucional de la guardia personal de Hernández equivale al inminente desencadenamiento de una ola violenta que alcanzará, incluso, a sectores de la misma derecha, cuya frágil existencia en el mercado es más un estorbo para el poder económico emergente.
De ahí, que los partidos de oposición, de diversa posición político-ideológica mantengan hasta ahora dentro del Congreso Nacional un rechazo abierto, que deberá cobrar nivel de resistencia del pueblo frente a una escalada inminente de la violencia oligárquica, ahora legitimada por un ambiente de terror y mentiras, repetidas cada minuto a la usanza goebbeliana. Romper el muro de rechazo sería equivalente a claudicar frente al experimento dictatorial encarnado en este oscuro abogado cuya frialdad para mentir solo es superada por su cinismo.
Por otro lado, se encuentra un proyecto de ley de seguridad social, cuya fundamentación puede encontrarse en programas del Ecuador o Brasil, pero cuyo contenido es claramente privatizador, con lo que se impondría la lógica de que cada quien obtiene los servicios que puede pagar; lógica que deja automáticamente por fuera a quienes no tienen con que comprar.
En esta parte, la situación se ve más compleja, pues resulta difícil ver a la oposición coherente; pero si se esperaría, al menos, un análisis profundo de algo que, una vez aprobado, causara daños incalculables y cuya reparación tomara muchos años. Aquí se impone definitivamente el accionar popular en movilización anti sistémica, algo que en el Congreso Nacional no parece viable, pues es posible que muchos crean a pie juntillas la historia de la eficiencia del sector privado y la disfuncionalidad estatal para administrar bienes.
Queda claro que, por definición, las grandes masas no deberían apoyar ni permanecer indiferentes ante este zarpazo que dejara sin protección a cientos de miles de familias, simplemente porque así es como funciona el sistema.
Se presenta para el pueblo hondureño una coyuntura en la que debe pasar de nuevo a la resistencia, sin perder nunca de vista el propósito fundamental de refundar el estado, con la participación de toda la sociedad, y detener el avance incontrolado del neoliberalismo, signo de destrucción y miseria.
Al final, la lucha en la praxis marca un camino pocas veces recorrido, al que todos lo pueblos deberían seguir con atención.
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