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Por Sandra Rodríguez | Defensores en Línea
La problemática por defender el derecho a la tierra, se reflejó este día a través del informe anual que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, OBS, que se publicó hoy a nivel mundial.
El documento que recoge información de 29 países, se refiere a Honduras en el capítulo II, donde habla de las difamaciones, y contextualiza que los miembros del Movimiento Autentico Reivindicador del Aguán, MARCA, reciben constantes amenazas y son víctimas de agresiones físicas y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las autoridades estatales y los servicios de seguridad privada de los empresarios de la zona.
El informe es en el marco de un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura, OMCT, y la Federación Internación de Derechos Humanos, FIDH.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, y el Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, COPRODEH, son miembros de la FIDH, y colaboraron en proporcionar información, por lo que fueron las entidades encargadas de hacerlo público en Honduras.
Los defensores del derecho a la tierra nunca se han visto tan afectados por la represión, según denuncia el OBS, en el informe que fue publicado hoy en Filipinas, México, Honduras, Sudáfrica e Indonesia, y que se presentará mañana en el marco del Foro Anual de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
La presión en torno a la tierra se ha hecho insostenible y movilizarse para exigir que se respeten los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
Aquí se refleja la vulnerabilidad que viven los defensores del derecho a la tierra, y refleja que las recomendaciones deben ser llevadas a cabo, de los contrario los gobiernos deberán que responder, sino estas mismas recomendaciones serán llevadas en el informe que se llevara a cabo en el Examen Periódico Universal, EPU, del 2015, declaró Bertha Oliva, coordinadora General del COFADEH.
Agregó que ya se veía venir las violaciones por el derecho a la tierra, pero también por el derecho al agua.
Se toca el caso de defensores del Bajo Aguán, donde el COFADEH, actualmente ejecuta el proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras” con FIAN Internacional- Honduras y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), región que además será visitada por una comitiva del Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que esta semana permanece en Honduras.
Entre 2011 y 2014 el Observatorio documentó 43 casos de asesinatos de defensores del derecho a la tierra y 123 de hostigamiento judicial, en ocasiones acompañado por detenciones arbitrarias. Estos números solamente reflejan una parte ínfima de una realidad que afecta a todas las regiones del mundo y perjudica especialmente a Asia y Latinoamérica.
Según estudios, hay más de 300 mil familias hondureñas no tienen acceso a la tierra para cosechar sus alimentos.
Las violaciones de DDHH en Honduras continúan en una forma sistemática, y además la justicia no responde con la efectividad del caso, y a nivel del Poder Ejecutivo encontramos una disminución de la institucionalidad para el tratamiento pertinente de los DDHH. Manifestó Wilfredo Méndez, Coordinador del CIPRODEH.
Méndez añadió que, denunciamos en este informe, al igual que 60 países más que integran la FIDH, las agresiones sufridas en los pueblos indígenas, en Honduras se registran casos de los pueblos Tawahka, Lenca, Tolupán, Misquito y Garifuna.
Honduras en difamación
Honduras inicia el capítulo II, sobre el hostigamiento multiforme que se ejerce contra las defensoras y los defensores del derecho a la tierra, en la página 85 con el tema de Difamación.
Y es que otro tipo de ataque que las defensoras y los defensores del derecho a la tierra sufren frecuentemente es el vilipendio de su trabajo y de su reputación por parte de distintos actores que intentan hacer creer que su defensa de los derechos humanos es algo negativo.
De hecho, puesto que a menudo exigen que los proyectos económicos a gran escala respeten los derechos humanos, para el caso, a menudo se tacha a los defensores del derecho a la tierra de «personas que mancillan la imagen del país» (Honduras).
A menudo estos insultos aparecen en las declaraciones formales e informales de los funcionarios públicos y en los medios de comunicación.
Recalca el informe que en Honduras, el 18 de febrero de 2013 durante una conferencia de prensa, el Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III, German Antonio Alfaro Escalante, acusó presuntamente a dos líderes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Yoni Rivas y Vitalino Álvarez , de «dañar la imagen de la nación de Honduras» y «crear una constante problemática de no respeto a las leyes, a las autoridades legalmente establecidas y provocar inestabilidad e inseguridad».
El 2 de diciembre de 2013, durante una conferencia de prensa, el mismo comandante acusó al MUCA de haber celebrado varias reuniones para incitar al des-orden mediante invasiones y asesinatos. Añadió que la extranjera Annie Bird, que representa a varias de las organizaciones campesinas ante la CIDH, estaba llevando a cabo acciones de desestabilización reuniéndose con líderes campesinos y cuestionando el sistema judicial de Honduras. El comandante apareció en un programa de televisión del Canal 11 junto con Roger Pineda, responsable de Dinant Corporation, una empresa propiedad de Miguel Facussé, uno de los tres empresarios más ricos del país y con enormes intereses económicos en la región de Bajo Aguán. Después de la petición de octubre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares el 8 de mayo de 2014 en favor de 123 líderes de movimientos campesinos que luchan por la tierra en el Bajo Aguán y que pertenecen al MUCA, al MARCA, al Movimiento Campesino Recuperación del Aguán (MOCRA) y al Movimiento Campesino Gregorio Chávez (MCGC).
Después de estos incidentes el hostigamiento ha continuado. El 21 de mayo de 2014 un contingente de la policía y militar acompañado de guardias de seguridad privada entró en las instalaciones de la cooperativa del MUCA La Trinidad e informó a los miembros de la cooperativa de que disponían de 20 minutos para recoger sus equipos y salir de las instalaciones. Cinco minutos después comenzaron a disparar y a hacer uso de gas lacrimógeno. Detuvieron a 16 campesinos, entre ellos el presidente del MUCA, Walter Cárcamo y acusaron a nueve de ellos de «usurpación». Cinco de ellos fueron beneficiarios de las medidas cautelares ordenadas el 8 de mayo de 2014 por la Corte IDH: Jaime Cabrera, Walter Cárcamo, José Chávez, Antonio Rodriguez y Jeremiah Cruz .
Cuando son declaraciones oficiales de funcionarios las que cometen este tipo de difamación, se dificulta que haya una discusión realmente abierta entre las diferentes partes interesadas sobre las potenciales violaciones de derechos humanos y las alternativas de desarrollo existentes. Lo que es aún peor es que este tipo de declaraciones hace creer que es aceptable atacar a las defensoras y los defensores del derecho a la tierra, de modo que podría entenderse que el gobierno aprueba tácitamente los intentos de obstaculizar su trabajo.
El Observatorio ha constatado que muy frecuentemente los agresores son agentes de policía, militares, agentes de seguridad de empresas privadas o incluso «mercenarios», cuyo objetivo es acallar las voces opositoras que podrían frenar un proyecto de inversión.
Además de la violencia, numerosos Estados se sirven del hostigamiento judicial y de la detención arbitraria para intimidar a los defensores y las defensoras. En cumplimiento de leyes liberticidas o incumpliendo la legislación, los Estados encarcelan a toda persona que consideran molesta. «Terrorismo», «propaganda engañosa», «atentado contra la seguridad del Estado», «alteración del orden público»... No faltan acusaciones abusivas que pueden acarrear severas penas de prisión.
Los defensores y las defensoras del derecho a la tierra a menudo se ven inermes ante los ataques físicos y las detenciones arbitrarias. Según el Observatorio, actualmente un 95% de las vulneraciones de derechos contra los defensores y las defensoras queda impune.
Los órganos judiciales de los países en los que tienen lugar estas vulneraciones se caracterizan por la ausencia de independencia, de medios o de pericia. A menudo, cuando es posible presentar demandas contra las empresas para responsabilizarlas de las violaciones de derechos humanos, los procesos judiciales son largos, peligrosos, irregulares y costosos.
El Observatorio exige que se lleven a cabo verdaderas consultas que garanticen la participación directa de los afectados por los proyectos y que se reconozca a los defensores de derechos humanos como interlocutores legítimos para prevenir los conflictos y frenar las violaciones graves de derechos humanos.
Por otro lado, es necesario reforzar la capacitación y la independencia de los sistemas judiciales nacionales, incluyendo los de los Estados en los que se encuentran las sedes de las empresas, para permitir que los defensores y las defensoras puedan acceder a la justicia y a la reparación en caso de conculcación de sus derechos.
Asimismo, el Observatorio recomienda reforzar la legislación internacional para poder responsabilizar efectivamente a las empresas cuando éstas cometen violaciones de derechos humanos y para garantizar que el derecho a la tierra se proteja de forma adecuada.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es el principal programa a nivel mundial en materia de protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Desde el año 2013 el Observatorio ha actuado mediante más de 500 llamados urgentes acerca de más de 60 países.
Los 29 países, de los cuales se aborda su situación en el informe, son Bangladesh, Birmania/Myanmar, Brasil, Camboya, Camerún, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Kenia, Laos, Liberia, Nigeria, Rusia, México, Nicaragua, Perú, Tailandia, el Territorio Palestino Ocupado, Vietnam, Sudáfrica y Uganda.
Defensoras y defensores del derecho a la tierra
Los defensores del derecho a la tierra son aquellos defensores de derechos humanos que trabajan por la promoción y la protección de los derechos humanos relativos a la tierra. Los defensores del derecho a la tierra forman un grupo heterogéneo que incluye a usuarios de la tierra que se han visto afectados por las prácticas o las políticas que han tenido un impacto negativo en su acceso a la tierra y que se han comprometido con la promoción y la protección del derecho a la tierra de grupos más amplios. Algunos ejemplos son los líderes o miembros de comunidades rurales o los pueblos indígenas que trabajan por el respeto de su derecho colectivo a la tierra, los campesinos, los cazadores, los pastores o los habitantes de zonas urbanas que quieren preservar su derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo la vivienda.
También puede tratarse de profesionales que no se ven afectados personalmente por los litigios por la tierra pero que actúan en calidad de aliados de quienes quieren que se respete su derecho a la tierra y los derechos humanos ligados a ella, como los representantes y los miembros de las organizaciones no gubernamentales (ONG), los abogados, los periodistas y en algunas ocasiones incluso las autoridades gubernamentales, los miembros del sector privado, etc.
Es cierto que en algunos casos el derecho a la tierra se ejerce y se depende de forma colectiva. Así, a veces los defensores del derecho a la tierra pueden ser grupos pertenecientes a las comunidades afectadas que se organizan de manera colectiva para reivindicar el respeto por los derechos humanos de una, varias o todas las comunidades.
El informe es en el marco de un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura, OMCT, y la Federación Internación de Derechos Humanos, FIDH.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, y el Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, COPRODEH, son miembros de la FIDH, y colaboraron en proporcionar información, por lo que fueron las entidades encargadas de hacerlo público en Honduras.
Los defensores del derecho a la tierra nunca se han visto tan afectados por la represión, según denuncia el OBS, en el informe que fue publicado hoy en Filipinas, México, Honduras, Sudáfrica e Indonesia, y que se presentará mañana en el marco del Foro Anual de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
La presión en torno a la tierra se ha hecho insostenible y movilizarse para exigir que se respeten los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
Aquí se refleja la vulnerabilidad que viven los defensores del derecho a la tierra, y refleja que las recomendaciones deben ser llevadas a cabo, de los contrario los gobiernos deberán que responder, sino estas mismas recomendaciones serán llevadas en el informe que se llevara a cabo en el Examen Periódico Universal, EPU, del 2015, declaró Bertha Oliva, coordinadora General del COFADEH.
Agregó que ya se veía venir las violaciones por el derecho a la tierra, pero también por el derecho al agua.
Se toca el caso de defensores del Bajo Aguán, donde el COFADEH, actualmente ejecuta el proyecto “Apoyo y protección a los defensores de derechos humanos, trabajando en conflicto por la tierra y recursos naturales en las zonas rurales de Honduras” con FIAN Internacional- Honduras y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), región que además será visitada por una comitiva del Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que esta semana permanece en Honduras.
Entre 2011 y 2014 el Observatorio documentó 43 casos de asesinatos de defensores del derecho a la tierra y 123 de hostigamiento judicial, en ocasiones acompañado por detenciones arbitrarias. Estos números solamente reflejan una parte ínfima de una realidad que afecta a todas las regiones del mundo y perjudica especialmente a Asia y Latinoamérica.
Según estudios, hay más de 300 mil familias hondureñas no tienen acceso a la tierra para cosechar sus alimentos.
Las violaciones de DDHH en Honduras continúan en una forma sistemática, y además la justicia no responde con la efectividad del caso, y a nivel del Poder Ejecutivo encontramos una disminución de la institucionalidad para el tratamiento pertinente de los DDHH. Manifestó Wilfredo Méndez, Coordinador del CIPRODEH.
Méndez añadió que, denunciamos en este informe, al igual que 60 países más que integran la FIDH, las agresiones sufridas en los pueblos indígenas, en Honduras se registran casos de los pueblos Tawahka, Lenca, Tolupán, Misquito y Garifuna.
Honduras en difamación
Honduras inicia el capítulo II, sobre el hostigamiento multiforme que se ejerce contra las defensoras y los defensores del derecho a la tierra, en la página 85 con el tema de Difamación.
Y es que otro tipo de ataque que las defensoras y los defensores del derecho a la tierra sufren frecuentemente es el vilipendio de su trabajo y de su reputación por parte de distintos actores que intentan hacer creer que su defensa de los derechos humanos es algo negativo.
De hecho, puesto que a menudo exigen que los proyectos económicos a gran escala respeten los derechos humanos, para el caso, a menudo se tacha a los defensores del derecho a la tierra de «personas que mancillan la imagen del país» (Honduras).
A menudo estos insultos aparecen en las declaraciones formales e informales de los funcionarios públicos y en los medios de comunicación.
Recalca el informe que en Honduras, el 18 de febrero de 2013 durante una conferencia de prensa, el Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III, German Antonio Alfaro Escalante, acusó presuntamente a dos líderes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Yoni Rivas y Vitalino Álvarez , de «dañar la imagen de la nación de Honduras» y «crear una constante problemática de no respeto a las leyes, a las autoridades legalmente establecidas y provocar inestabilidad e inseguridad».
El 2 de diciembre de 2013, durante una conferencia de prensa, el mismo comandante acusó al MUCA de haber celebrado varias reuniones para incitar al des-orden mediante invasiones y asesinatos. Añadió que la extranjera Annie Bird, que representa a varias de las organizaciones campesinas ante la CIDH, estaba llevando a cabo acciones de desestabilización reuniéndose con líderes campesinos y cuestionando el sistema judicial de Honduras. El comandante apareció en un programa de televisión del Canal 11 junto con Roger Pineda, responsable de Dinant Corporation, una empresa propiedad de Miguel Facussé, uno de los tres empresarios más ricos del país y con enormes intereses económicos en la región de Bajo Aguán. Después de la petición de octubre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares el 8 de mayo de 2014 en favor de 123 líderes de movimientos campesinos que luchan por la tierra en el Bajo Aguán y que pertenecen al MUCA, al MARCA, al Movimiento Campesino Recuperación del Aguán (MOCRA) y al Movimiento Campesino Gregorio Chávez (MCGC).
Después de estos incidentes el hostigamiento ha continuado. El 21 de mayo de 2014 un contingente de la policía y militar acompañado de guardias de seguridad privada entró en las instalaciones de la cooperativa del MUCA La Trinidad e informó a los miembros de la cooperativa de que disponían de 20 minutos para recoger sus equipos y salir de las instalaciones. Cinco minutos después comenzaron a disparar y a hacer uso de gas lacrimógeno. Detuvieron a 16 campesinos, entre ellos el presidente del MUCA, Walter Cárcamo y acusaron a nueve de ellos de «usurpación». Cinco de ellos fueron beneficiarios de las medidas cautelares ordenadas el 8 de mayo de 2014 por la Corte IDH: Jaime Cabrera, Walter Cárcamo, José Chávez, Antonio Rodriguez y Jeremiah Cruz .
Cuando son declaraciones oficiales de funcionarios las que cometen este tipo de difamación, se dificulta que haya una discusión realmente abierta entre las diferentes partes interesadas sobre las potenciales violaciones de derechos humanos y las alternativas de desarrollo existentes. Lo que es aún peor es que este tipo de declaraciones hace creer que es aceptable atacar a las defensoras y los defensores del derecho a la tierra, de modo que podría entenderse que el gobierno aprueba tácitamente los intentos de obstaculizar su trabajo.
El Observatorio ha constatado que muy frecuentemente los agresores son agentes de policía, militares, agentes de seguridad de empresas privadas o incluso «mercenarios», cuyo objetivo es acallar las voces opositoras que podrían frenar un proyecto de inversión.
Además de la violencia, numerosos Estados se sirven del hostigamiento judicial y de la detención arbitraria para intimidar a los defensores y las defensoras. En cumplimiento de leyes liberticidas o incumpliendo la legislación, los Estados encarcelan a toda persona que consideran molesta. «Terrorismo», «propaganda engañosa», «atentado contra la seguridad del Estado», «alteración del orden público»... No faltan acusaciones abusivas que pueden acarrear severas penas de prisión.
Los defensores y las defensoras del derecho a la tierra a menudo se ven inermes ante los ataques físicos y las detenciones arbitrarias. Según el Observatorio, actualmente un 95% de las vulneraciones de derechos contra los defensores y las defensoras queda impune.
Los órganos judiciales de los países en los que tienen lugar estas vulneraciones se caracterizan por la ausencia de independencia, de medios o de pericia. A menudo, cuando es posible presentar demandas contra las empresas para responsabilizarlas de las violaciones de derechos humanos, los procesos judiciales son largos, peligrosos, irregulares y costosos.
El Observatorio exige que se lleven a cabo verdaderas consultas que garanticen la participación directa de los afectados por los proyectos y que se reconozca a los defensores de derechos humanos como interlocutores legítimos para prevenir los conflictos y frenar las violaciones graves de derechos humanos.
Por otro lado, es necesario reforzar la capacitación y la independencia de los sistemas judiciales nacionales, incluyendo los de los Estados en los que se encuentran las sedes de las empresas, para permitir que los defensores y las defensoras puedan acceder a la justicia y a la reparación en caso de conculcación de sus derechos.
Asimismo, el Observatorio recomienda reforzar la legislación internacional para poder responsabilizar efectivamente a las empresas cuando éstas cometen violaciones de derechos humanos y para garantizar que el derecho a la tierra se proteja de forma adecuada.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es el principal programa a nivel mundial en materia de protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Desde el año 2013 el Observatorio ha actuado mediante más de 500 llamados urgentes acerca de más de 60 países.
Los 29 países, de los cuales se aborda su situación en el informe, son Bangladesh, Birmania/Myanmar, Brasil, Camboya, Camerún, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Kenia, Laos, Liberia, Nigeria, Rusia, México, Nicaragua, Perú, Tailandia, el Territorio Palestino Ocupado, Vietnam, Sudáfrica y Uganda.
Defensoras y defensores del derecho a la tierra
Los defensores del derecho a la tierra son aquellos defensores de derechos humanos que trabajan por la promoción y la protección de los derechos humanos relativos a la tierra. Los defensores del derecho a la tierra forman un grupo heterogéneo que incluye a usuarios de la tierra que se han visto afectados por las prácticas o las políticas que han tenido un impacto negativo en su acceso a la tierra y que se han comprometido con la promoción y la protección del derecho a la tierra de grupos más amplios. Algunos ejemplos son los líderes o miembros de comunidades rurales o los pueblos indígenas que trabajan por el respeto de su derecho colectivo a la tierra, los campesinos, los cazadores, los pastores o los habitantes de zonas urbanas que quieren preservar su derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo la vivienda.
También puede tratarse de profesionales que no se ven afectados personalmente por los litigios por la tierra pero que actúan en calidad de aliados de quienes quieren que se respete su derecho a la tierra y los derechos humanos ligados a ella, como los representantes y los miembros de las organizaciones no gubernamentales (ONG), los abogados, los periodistas y en algunas ocasiones incluso las autoridades gubernamentales, los miembros del sector privado, etc.
Es cierto que en algunos casos el derecho a la tierra se ejerce y se depende de forma colectiva. Así, a veces los defensores del derecho a la tierra pueden ser grupos pertenecientes a las comunidades afectadas que se organizan de manera colectiva para reivindicar el respeto por los derechos humanos de una, varias o todas las comunidades.
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