Por Marvin Palacios | Defensores en LíneaEn la región de Occidente tenemos problemas de criminalización contra defensores y defensoras de derechos humanos y esta problemática se presenta con la actual administración del presidente Juan Orlando Hernández, quien es originario de Lempira, pero que ha permitido una gran militarización en la zona.
Así lo dio a conocer Oscar Henríquez de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Occidente que ejerce su labor bajo la tutela y acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en el foro: “Criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras”, bajo el lema: “Ni héroes ni heroínas, somos defensores y defensoras de la vida”, efectuado en un hotel capitalino el 9 de diciembre de este año, al cumplirse un aniversario del día internacional de los defensores y defensoras de derechos humanos aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1998.
“Esa militarización nos tiene asustados ahí en esa zona, es increíble ver la ciudad de Gracias, en donde a cada media cuadra hay un militar, nunca habíamos visto tantos militares y patrullas que no se ven ni en Tegucigalpa o San Pedro Sula”, continuó expresando Henríquez.
El defensor señaló que debido a la gran militarización es que han surgido grandes violaciones a los derechos humanos en contra de la población.
“Miramos cómo le violan los derechos a los niños, niñas y hasta a los ancianos. Para el caso a un niño de 13 años lo capturaron, lo golpearon brutalmente y lo llevaron a la cárcel en la que están detenidas personas adultas.
Con la red de defensores acudimos a esa posta policial para lograr la liberación del infante y constatamos que al niño lo habían golpeado en la espalda de varios fajazos y tenía sus pies morados porque había sido torturado con la canana (garrote) que usan los policías.
“Nosotros somos testigos de que lo que pasa en cada pueblo de Lempira, los militares que están asignados en estas comunidades también cometen abusos en contra de niñas, las embarazan a las menores de edad, yo he sido testigo de que militares en estado de ebriedad prestan servicios en las postas, y se supone que ellos deben brindar seguridad”, denunció Henríquez.
Por otro lado el defensor también denunció las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de líderes religiosos. “Tenemos el caso del padre Esteban Guzmán, mencionado por varios medios de comunicación, el padre Guzmán en cierta ocasión realizaba una misión pastoral en una aldea de su parroquia, cuando empleados municipales se tomaron la iglesia Santiago Apóstol localizada en Lepaera, Lempira.
Los trabajadores municipales, policías y empleados de salud fueron enviados por órdenes del alcalde municipal de filiación nacionalista, debido a que se señaló al cura Guzmán, como simpatizante del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP); acción que a todas luces se califica como persecución política.
En aquella ocasión activistas nacionalistas le bloquearon la salida al padre Guzmán, mientras este se encontraba predicando el evangelio. “Nosotros los defensores de derechos humanos ahí estuvimos y era exagerado ver como los empleados de la alcaldía municipal le ponían aljabas y candados a la casa cural y tenían secuestradas a otras personas”.
Habrá más bases militares en el Occidente
De hecho el obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, Darwin Andino, que después del golpe de Estado expresó que no había muertos por armas de fuego dentro de la resistencia contra el golpe de Estado, ordenó la reasignación del cargo al sacerdote Guzmán, decisión que el pueblo rechazó.
Otro caso relacionado sucedió en el municipio de La Campa, con el padre Cándido Pineda, también perseguido políticamente, no solo por acompañar al pueblo indígena, sino por expresar simpatía con la resistencia hondureña.
“Los defensores y defensoras de Lempira estuvimos ahí cuando militares rodearon la iglesia de La Campa y capturaron a más de 20 feligreses que fueron encarcelados en la ciudad de Gracias”, expuso Henríquez.
Yo recuerdo ver al padre Cándido que temblaba de miedo cuando los militares intentaban derribar la puerta principal de la casa cural de la iglesia y afuera se escuchaba decir:…”a todo aquel que salte el muro de la casa cural dispárenle y mátenlo, como si fuéramos animales en este país, no nos respetan los derechos humanos”.
Henríquez identificó como una nueva amenaza el anuncio del gobierno de la República de instalar una base militar aérea en Gracias, Lempira y se peguntó: ¿cuáles serán los fines que se persiguen para la instalación de esta base militar?
El foro fue organizado por el Cofadeh con el apoyo de Diakonia, Oxfam, HEKS y Trocaire.
En el evento las redes de defensores y defensoras de derechos humanos del Oriente, Occidente, Sur (REDEHSUR), el Aguán y de Jóvenes, expusieron sus vivencias y realidades como defensores que desarrollan su labor en un contexto de amenazas, persecución y criminalización.
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