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| Foto G. Trucchi | Rel-UITA |
Por Ofraneh
Para el pueblo Garífuna el golpe de Estado del año 2009 y sus réplicas, representa un enorme retroceso en materia de derechos humanos, además de haber incrementado las amenazas sobre nuestro territorio, colocando en duda la sobrevivencia del pueblo Garifuna como cultura diferenciada.
Cuando nos referimos a las replicas del golpe de estado, señalamos el golpe a la corte constitucional (I2-12-12), y la intervención en el Ministerio Público. Estos hechos fueron minimizados por el mismo Estado y los medios de comunicación locales; sin embargo ha generado un debilitamiento trascendental del sistema de justicia, destruyendo además la independencia de poderes, y aferrando a un grupúsculo de la elite de poder, como cuasi propietarios del país.
El golpe a la Corte de lo Constitucional fue una repuesta por parte del Poder Legislativo ante la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), con la cual se pretendió entregar franjas del territorio nacional a inversionistas extranjeros para crear estados-ciudad con sus propias leyes y manejo de la seguridad.
El pleno de la Corte Suprema se pronunció en contra de la Ley RED el 18 de octubre del año 2012, y para el 12 de diciembre el Congreso Nacional defenestro a los magistrados de la Corte Constitucional que se opusieron, siendo excluido de la purga que se llevo a cabo, el Sr. Oscar Chinchilla, quien votó en contra del fallo emitido. En la actualidad Chinchilla ejerce el cargo de Fiscal General de la República.
La Ley RED fue maquillada, reintroducida y aprobada en junio de 2013, con el nombre de Ley de Zonas Especiales para el Desarrollo (ZEDE). La nueva versión incluye la tercerización de Justicia como un aliciente para atraer presuntos inversionistas. Con la Ley RED, se firmó un convenio para que las supuestas ciudades modelo utilizaran las cortes de la isla de Mauricio e incluso las cortes de Londres. Los promotores y supuestos ideólogos de las ZEDE, persisten en promover la tercerización de los tribunales como una vía para lograr una aplicación expedita de la justicia y una supuesta probidad.
Durante el mandato de Porfirio Lobo, además de la Ley RED se aprobarón una serie de leyes, tales como la Ley Hipoteca, la Ley de Minería, y una serie de decretos sobre producción de energía “limpia”, entre otras. Dichas leyes han generado un severo impacto para los pueblos indígenas, los que ven sus territorios transgredidos por empresas extractivas y la construcción de un sinnúmero de represas hidroeléctricas. Cabe señalar que se firmó además de forma inconsulta un Convenio con la empresa Británica BG para la exploración y posible explotación de hidrocarburos en la plataforma continental frente a la Moskitia hondureña.
La mayor problemática que confrontamos como pueblos, es el embate de un desarrollo de corte neoliberal, basado en la acumulación de capital, sin tener en cuenta nuestra comosvisión la íntima relación que existe entre nuestro pueblo y la madre tierra. La mayoría de los proyectos de “desarrollo” que han surgido después del golpe de Estado, se han convertido en intervenciones que no han tomado en cuenta el derecho a la consulta para el consentimiento, previo libre e informado (CPLI), tal como se encuentra consignado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Instrumentos jurídicos que fueron ratificados por el Estado de Honduras en año de 1995 y 2007 respectivamente.
Después de casi dos décadas de haber ratificado el convenio 169, el Estado ha incurrido en una deliberada actitud de ignorar el Pacta Sun Servanda, al no adaptar las leyes nacionales al Convenio 169, tal como lo indica el Tratado de Viena (1969). Es más el Estado viene pretendiendo diluir el Convenio 169 con una Ley indígena, de carácter secundario que se encuentra en discusión desde hace más de una década en el Congreso Nacional, al mismo tiempo que el PND manipula la elaboración de una Ley para la Consultada en el marco de los Programa RED+
La renuencia de las diferentes administraciones gubernamentales para respetar el CPLI, ha dado lugar a múltiples violaciones al Convenio 169 y la UNDRIP, especialmente a partir del golpe de Estado. Desde la inconsulta represa del Patuca, pasando por las represas en el territorio Lenca, y la entrega de la plataforma marítima para la exploración petrolera, y el Programa REDD+, son los más connotados casos de violación al CPLI.
Hasta la fecha el Estado persiste en confundir socialización con la consulta, convirtiendo los procesos en farsas. El caso del petroleó demuestra el entreguismo de funcionarios estatales, al firmar un contrato con la compañía BG en el mes de abril de 2103, ratificado por el Congreso Nacional en el mes de agosto y para septiembre efectúan una consulta en Puerto Lempira, donde el pueblo Miskito manifestó su malestar ante la consulta a posteriori.
De igual manera maniobró el Estado con la Ley de Pesca, la cual fue discutida con empresarios de la pesca industrial y algunas cooperativas de pesca. No obstante la Ley no fue socializada y mucho menos consultada con los pescadores artesanales y de sobrevivencia, mayoritariamente Miskitos y Garífunas. Dicha ley afectará enormemente a los pueblos, al permitir la entrada de los barcos camaroneros en la franja de las tres millas costeras que son reconocidas como santuario del pescador artesanal.
La ofensiva territorial sobre el territorio Garifuna, ha sido presentada por el Estado como una estrategia de “desarrollo”, que incluye desde la implementación de mega proyectos turísticos, hasta la explotación petrolera. El territorio del pueblo Garifuna ha sido objeto en las ultimas décadas de un saqueo incesante, ante los múltiples proyectos turísticos que se vienen gestando desde inicios de la década de los años 90 en la Bahía de Tela y se agudizarón durante el período del denominado intinerato, en los meses posteriores al golpe de Estado, cuando fue demolida la comunidad de Río Negro, Trujillo, a instancias del empresario canadiense Randy Jurgenson, el que construyó un muelle y un centro turístico denominado Banana Coast.
Ante los despojos territoriales en detrimento del pueblo Garífuna, las comunidades con el acompañamiento de la OFRANEH, han presentado una serie de peticiones ante la CIDH, y en la actualidad se ventilan dos casos ante la Corte IDH, en relación a las comunidades de Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra, las que incluyen además de las violaciones al derecho del usufructo a la propiedad colectiva, la transgresión al CPLI.
Al mismo tiempo que la Corte IDH realiza dos audiencias en relación al despojo de las comunidades Garífunas, en el lapso de tres semanas se efectúan tres desalojos de comunidades Garífunas: Barra Vieja, Nueva Armenia y Puerto Castilla, demostrando de esta forma el contubernio existente entre Ministerio Público, empresarios turísticos y de la palma africana.
El estado paralelo que ha impuesto el crimen organizado forma parte del colapso institucional y uno de los factores que ha servido como catalizador de la violencia. Mientras tanto, grupos con un enorme poder financiero han colaborado con el persistente ambiente de terror que ha dado lugar a desplazamientos poblacionales, los que culminaron con la estampida de miles de menores de dad que emigraron en masa hacia los Estados Unidos.
Hablar de la protección a los derechos humanos en Honduras no es más que una mentira en un mar de sangre que a pesar del forzado maquillaje a la crisis existente, no deja de ser un ejercicio de demagogia sin precedentes.
El golpe a la Corte de lo Constitucional fue una repuesta por parte del Poder Legislativo ante la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), con la cual se pretendió entregar franjas del territorio nacional a inversionistas extranjeros para crear estados-ciudad con sus propias leyes y manejo de la seguridad.
El pleno de la Corte Suprema se pronunció en contra de la Ley RED el 18 de octubre del año 2012, y para el 12 de diciembre el Congreso Nacional defenestro a los magistrados de la Corte Constitucional que se opusieron, siendo excluido de la purga que se llevo a cabo, el Sr. Oscar Chinchilla, quien votó en contra del fallo emitido. En la actualidad Chinchilla ejerce el cargo de Fiscal General de la República.
La Ley RED fue maquillada, reintroducida y aprobada en junio de 2013, con el nombre de Ley de Zonas Especiales para el Desarrollo (ZEDE). La nueva versión incluye la tercerización de Justicia como un aliciente para atraer presuntos inversionistas. Con la Ley RED, se firmó un convenio para que las supuestas ciudades modelo utilizaran las cortes de la isla de Mauricio e incluso las cortes de Londres. Los promotores y supuestos ideólogos de las ZEDE, persisten en promover la tercerización de los tribunales como una vía para lograr una aplicación expedita de la justicia y una supuesta probidad.
Durante el mandato de Porfirio Lobo, además de la Ley RED se aprobarón una serie de leyes, tales como la Ley Hipoteca, la Ley de Minería, y una serie de decretos sobre producción de energía “limpia”, entre otras. Dichas leyes han generado un severo impacto para los pueblos indígenas, los que ven sus territorios transgredidos por empresas extractivas y la construcción de un sinnúmero de represas hidroeléctricas. Cabe señalar que se firmó además de forma inconsulta un Convenio con la empresa Británica BG para la exploración y posible explotación de hidrocarburos en la plataforma continental frente a la Moskitia hondureña.
La mayor problemática que confrontamos como pueblos, es el embate de un desarrollo de corte neoliberal, basado en la acumulación de capital, sin tener en cuenta nuestra comosvisión la íntima relación que existe entre nuestro pueblo y la madre tierra. La mayoría de los proyectos de “desarrollo” que han surgido después del golpe de Estado, se han convertido en intervenciones que no han tomado en cuenta el derecho a la consulta para el consentimiento, previo libre e informado (CPLI), tal como se encuentra consignado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Instrumentos jurídicos que fueron ratificados por el Estado de Honduras en año de 1995 y 2007 respectivamente.
Después de casi dos décadas de haber ratificado el convenio 169, el Estado ha incurrido en una deliberada actitud de ignorar el Pacta Sun Servanda, al no adaptar las leyes nacionales al Convenio 169, tal como lo indica el Tratado de Viena (1969). Es más el Estado viene pretendiendo diluir el Convenio 169 con una Ley indígena, de carácter secundario que se encuentra en discusión desde hace más de una década en el Congreso Nacional, al mismo tiempo que el PND manipula la elaboración de una Ley para la Consultada en el marco de los Programa RED+
La renuencia de las diferentes administraciones gubernamentales para respetar el CPLI, ha dado lugar a múltiples violaciones al Convenio 169 y la UNDRIP, especialmente a partir del golpe de Estado. Desde la inconsulta represa del Patuca, pasando por las represas en el territorio Lenca, y la entrega de la plataforma marítima para la exploración petrolera, y el Programa REDD+, son los más connotados casos de violación al CPLI.
Hasta la fecha el Estado persiste en confundir socialización con la consulta, convirtiendo los procesos en farsas. El caso del petroleó demuestra el entreguismo de funcionarios estatales, al firmar un contrato con la compañía BG en el mes de abril de 2103, ratificado por el Congreso Nacional en el mes de agosto y para septiembre efectúan una consulta en Puerto Lempira, donde el pueblo Miskito manifestó su malestar ante la consulta a posteriori.
De igual manera maniobró el Estado con la Ley de Pesca, la cual fue discutida con empresarios de la pesca industrial y algunas cooperativas de pesca. No obstante la Ley no fue socializada y mucho menos consultada con los pescadores artesanales y de sobrevivencia, mayoritariamente Miskitos y Garífunas. Dicha ley afectará enormemente a los pueblos, al permitir la entrada de los barcos camaroneros en la franja de las tres millas costeras que son reconocidas como santuario del pescador artesanal.
La ofensiva territorial sobre el territorio Garifuna, ha sido presentada por el Estado como una estrategia de “desarrollo”, que incluye desde la implementación de mega proyectos turísticos, hasta la explotación petrolera. El territorio del pueblo Garifuna ha sido objeto en las ultimas décadas de un saqueo incesante, ante los múltiples proyectos turísticos que se vienen gestando desde inicios de la década de los años 90 en la Bahía de Tela y se agudizarón durante el período del denominado intinerato, en los meses posteriores al golpe de Estado, cuando fue demolida la comunidad de Río Negro, Trujillo, a instancias del empresario canadiense Randy Jurgenson, el que construyó un muelle y un centro turístico denominado Banana Coast.
Ante los despojos territoriales en detrimento del pueblo Garífuna, las comunidades con el acompañamiento de la OFRANEH, han presentado una serie de peticiones ante la CIDH, y en la actualidad se ventilan dos casos ante la Corte IDH, en relación a las comunidades de Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra, las que incluyen además de las violaciones al derecho del usufructo a la propiedad colectiva, la transgresión al CPLI.
Al mismo tiempo que la Corte IDH realiza dos audiencias en relación al despojo de las comunidades Garífunas, en el lapso de tres semanas se efectúan tres desalojos de comunidades Garífunas: Barra Vieja, Nueva Armenia y Puerto Castilla, demostrando de esta forma el contubernio existente entre Ministerio Público, empresarios turísticos y de la palma africana.
El estado paralelo que ha impuesto el crimen organizado forma parte del colapso institucional y uno de los factores que ha servido como catalizador de la violencia. Mientras tanto, grupos con un enorme poder financiero han colaborado con el persistente ambiente de terror que ha dado lugar a desplazamientos poblacionales, los que culminaron con la estampida de miles de menores de dad que emigraron en masa hacia los Estados Unidos.
Hablar de la protección a los derechos humanos en Honduras no es más que una mentira en un mar de sangre que a pesar del forzado maquillaje a la crisis existente, no deja de ser un ejercicio de demagogia sin precedentes.
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