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| Copinh |
Por Giorgio Trucchi | Opera Mundi
El pasado 20 de septiembre, la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes, del Juzgado Primero de Letras de Intibucá, dio por terminada la audiencia inicial contra tres dirigentes indígenas Lenca del Copinh (Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras). En su resolución, dictó auto de prisión con medidas sustitutivas para Aureliano Molina y Tomás Gómez, y prisión preventiva para Bertha Cáceres, coordinadora nacional y dirigente histórica de esta organización.
Los tres dirigentes populares fueron acusados por las empresas DESA (Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V.) y Sinohydro, de capital hondureño y chino respectivamente, de inducir a pobladores de la zona de Río Blanco, a provocar daños materiales a sus instalaciones por más de 3 millones de dólares. Esta acusación fue tajantemente rechazada por los acusados y por los mismos pobladores.
Desde hace varios meses, las dos empresas están impulsando un proyecto hidroeléctrico (Agua Zarca) sobre el río Gualcarque, encontrando la férrea resistencia de las comunidades indígenas Lenca de la zona, que se oponen al concesionamiento del río, considerado sagrado.
En conversación con Opera Mundi, el abogado defensor de los tres dirigentes indígenas, Víctor Fernández, aseguró que la decisión tomada por la jueza en total apego con la demanda de la Fiscalía, es el inicio de una nueva fase de represión y criminalización generalizada.
Según él, el gran capital nacional e internacional, en alianza con el poder político tradicional, estarían recrudeciendo el ataque contra los principales dirigentes de las organizaciones que se oponen al acaparamiento de territorios y a la explotación de los recursos naturales.
-Opera Mundi: ¿Cuál su evaluación de esta resolución condenatoria?
-Víctor Fernández: Si bien no se trata aún de una sentencia definitiva, marca una tendencia de parte de la justicia hondureña de quererse inclinar hacia los intereses de las empresas. De nada sirvió que presentáramos todas las pruebas que demuestran las irregularidades cometidas en el proceso de concesionamiento de las aguas del río Gualcarque, así como la violación al derecho que tienen las comunidades indígenas de Río Blanco a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, que establece el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
Tampoco tomaron en cuenta los testimonios de muchos pobladores, que afirmaron que la lucha contra el desarrollo del proyecto hidroeléctrico es producto de la decisión autónoma y libre de al menos tres instancias comunitarias, y que non han necesitado de ninguna inducción externa.
En este sentido, es lamentable ver como la justicia decidió hacer caso omiso a toda la documentación y pruebas que presentamos, para inclinarse a satisfacer las peticiones de la parte acusadora.
-OM: ¿Usted cree que hay algo más detrás de esta resolución?
-VF: Lo que se pretende hacer es profundizar la estigmatización de los líderes sociales y comunitarios, pasando ahora a un plano de carácter legal que consiste en criminalizar ese liderazgo y el derecho ciudadano de oponerse a estos proyectos. Una vez más se demuestra que en Honduras el sistema de justicia es instrumentalizado fácilmente para defender los intereses de empresas que, en este caso, han violado y atropellado la dignidad y los derechos del pueblo indígena de Río Blanco.
-OM: ¿Cuál es ahora la situación judicial de Bertha Cáceres?
-VF: Al no presentarse a la audiencia, la jueza no pudo notificarle la sentencia, ni llevar a cabo la detención para llevarla al centro penal. Para los próximos días estamos esperando que se libre una orden de captura contra ella. Nosotros vamos a presentar un recurso de apelación ante la Corte de Apelación de Comayagua, sin embargo esa acción no va a interrumpir el mandato de prisión preventiva para Bertha Cáceres.
-OM: La sentencia dictó también el desalojo inmediato del “lugar donde se han llevado a cabo los hechos”. ¿Qué quiere decir eso?
-VF: Es totalmente incomprensible e inaceptable. ¿Cómo van a desalojar a la gente de sus comunidades y de sus territorios ancestrales? Creemos que la resolución, aunque no lo diga expresamente, va orientada a desalojar la carretera que está siendo controlada por la comunidad indígena, para evitar que la empresa continúe las obras en el río Gualcarque. Eso implicará una mayor militarización de la zona y más violencia.
-OM: ¿La situación que se está dando en Río Blanco es algo excepcional o es parte de una tendencia que se va generalizando en el país?
-VF: Por mi experiencia como profesional del derecho y como ciudadano responsable, integrante de organizaciones que se ocupan de estos temas, creo que es una ruta que las empresas explotadoras de nuestros recursos han estado tomando.
Todo es parte de una estrategia que apunta a atacar a los líderes y lideresas de los movimientos que se oponen a los proyectos y megaproyectos hidroeléctricos, mineros, de expansión de los monocultivos. Quieren atemorizarlos y debilitarlos, criminalizando el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Lamentablemente, constatamos también que la institucionalidad del sector justicia se ha convertido en un instrumento en manos de estas empresas, y que está operando como rehén al servicio del gran capital nacional e internacional.
Fuente original: Opera Mundi (portugués)
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