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| Foto: elciudadano.cl |
Por Daniel Gatti | Rel-UITA
El acuerdo bilateral por el cual Colombia indemnizará a Ecuador por las fumigaciones aéreas con glifosato que realizó en la frontera entre 2000 y 2007 fue visto en primera instancia como un triunfo de las organizaciones y los pobladores que hace años denuncian esas prácticas.
Pero es muy probable que no tenga los efectos esperados.
“Colombia indemniza a Ecuador por glifosato”, titulaban días atrás coincidentemente -palabras más, palabras menos- varios medios de prensa latinoamericanos una vez que la semana pasada se conoció que el gobierno de Juan Manuel Santos había aceptado echar mano a dinerillo para poner fin a un litigio internacional que llevaba más de cinco años.
En abril de 2008, Ecuador había presentado una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por las fumigaciones aéreas llevadas a cabo desde el lado colombiano de la zona limítrofe, en la Amazonia a lo largo de siete años para destruir cultivos ilegales, de coca.
Quito pedía que se condenara a Bogotá por violación de su soberanía, se determinara una zona de exclusión de 10 kilómetros dentro del territorio colombiano para las fumigaciones, se suspendiera las aspersiones “en aplicación del principio de precaución recogido en los acuerdos internacionales” y se indemnizara a los campesinos ecuatorianos afectados.
Decía que como consecuencia de las fumigaciones varios miles de personas (la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos, FORCOFFES, habla de 10 mil personas pertenecientes a 4.000 familias) habían debido ser tratadas por daños físicos y psicológicos y que muchas otras, no cifradas, se habían visto obligadas a abandonar sus tierras contaminadas, y privadas de su medio de vida.
Según la FORCOFFES, al menos 12 personas murieron en estos años como efecto de las aspersiones.
Las alegaciones del gobierno de Rafael Correa fueron respaldadas por el informe de una comisión de siete científicos ecuatorianos que estableció con datos concretos que las plantaciones habían sido fumigadas desde muy elevada altura con un paquete de herbicidas “que incluye un componente tóxico”, el glifosato, provocando daños a la salud física y psicológica de las personas y contaminación de la cadena alimentaria, alterando la biodiversidad y el ecosistema del área.
En la comisión, según recordó por estos días el diario El Comercio, había representantes del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador, el Instituto Izquieta Pérez, la Fundación Natura, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Agricultura y las universidades Católica y San Francisco de Quito.
Titulado “El sistema de las aspersiones aéreas del Plan Colombia y sus impactos sobre el ecosistema y la salud en la frontera ecuatoriana”, el estudio de los científicos determinó “una inobjetable afectación” de “las colectividades de la zona fronteriza y su ecosistema”, visibles, por ejemplo, en “un incremento grande de patologías distribuidas según distancias, las cuales aumentan a mayor proximidad de los sitios asperjados”.
“El paquete herbicida forma parte de un sistema nocivo que, a más de los impactos químicos, desencadena procesos de atemorización, migración y ruptura de los soportes comunitarios, destrucción de fuentes de alimentación y sustento económico, impacto en la biota y especies benéficas”, resumía el documento.
Entre las patologías físicas detectadas figuran afecciones respiratorias y dermatológicas y entre las mentales “el temor ante el volumen y capacidad de daño de los productos usados”, que genera “trastornos de comportamiento, atención y rendimiento en escolares” y “angustia e inseguridad” en el común de los contaminados.
“Extinción de especies, contaminación de agua, suelo, plantas y aire” fueron a su vez algunos de los efectos “constatados” sobre el ecosistema.
La defensa de Colombia estaba basada casi exclusivamente en negar que hubiera “comprobación científica fehaciente” de los daños causados por sustancias como el glifosato, coincidentemente el argumento más manido por las transnacionales productoras de los herbicidas.
Descartaba, en cambio -según subrayaban los científicos ecuatorianos- “otros elementos empíricos comprobatorios, como los argumentos y testimonios de las comunidades”, y desconocía “los estudios nacionales (de las propias instituciones académicas colombianas) e internacionales, que cuestionan el sistema de aspersión aérea con el paquete herbicida de amplio espectro (que incluye el glifosato) por ser de alta destructividad humano-ambiental”.
Cabe recordar que además de intervenir en los “paquetes” utilizados en las fumigaciones de hojas de coca, el glifosato es el ingrediente activo del Roundup Ready, el herbicida fabricado por la estadounidense Monsanto para tratar sus cultivos modificados genéticamente.
Y cabe recordar también, como lo destaca la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) en su último informe, publicado esta misma semana, que Colombia es “el único país en el mundo que permite la fumigación aérea”, a pesar de que existen mucho más que indicios sobre su nocividad.
Las aspersiones masivas con glifosato y otros herbicidas no sólo no han cumplido con el presunto objetivo de la medida (acabar con los cultivos ilegales, impedir que la cocaína llegue al mercado de Estados Unidos e incidir sobre su precio) sino que “han tenido un impacto negativo sobre agricultores de subsistencia pobres”, dice la ONG.
“Con frecuencia, la fumigación aniquila los cultivos legales que rodean las plantas de coca”, apunta la WOLA .Y cita un ejemplo entre muchos: “En enero de 2013 hubo varios reportes de incursiones de fumigación contra cultivos legales, que incluían una realizada contra una cooperativa de mujeres productoras de piña en el departamento sureño de Putumayo, donde los campos de piña fueron destruidos en una región donde no se veían cocales. Las mujeres perdieron sus medios de subsistencia y ahora no pueden cancelar los préstamos en que incurrieron para alquilar la tierra”.
“Ésta es una historia común entre las personas afectadas por la fumigación, la cual a menudo deja a los agricultores sin cultivos, sin medios de vida, y con pocas opciones”, concluye la asociación estadounidense.
Dime quién te defiende…
Ante el tribunal de La Haya Colombia fue defendida y asesorada por abogados y científicos estadounidenses.
No es casual: Es de Washington que proviene el dinero que financia el Plan Colombia, los “técnicos” que asisten a quienes deben aplicarlo, los aviones fumigadores y un largo etcétera.
Según recuerdan la FORCCOFES y otras organizaciones integrantes de un Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones en una carta abierta dirigida pocas semanas atrás al presidente Correa, “funcionarios del gobierno de Estados Unidos llegaron a decir en 2003 que las muertes, enfermedades e impactos en la frontera (de las fumigaciones) eran un ‘costo aceptable’”.
En otras palabras, un mero daño colateral en el marco de su (perdida) “guerra contra las drogas”.
¿Renuncia?
Volviendo al acuerdo ecuatoriano-colombiano: según lo que se conoce del mismo (poco, ya que no fue hecho público), obliga a Bogotá al pago de 15 millones de dólares a su contraparte, a no realizar fumigaciones a una distancia menor a 10 kilómetros de la frontera en el primer año (y a cinco el segundo y a uno el tercero, bajo ciertas condiciones) y a que las aspersiones se hagan a menos de 40 metros de altura. A cambio, Quito retira su demanda ante la Corte de La Haya.
“El problema con este pacto es que si bien por un lado puede interpretarse como una victoria de hecho de quienes denunciamos las fumigaciones con glifosato, por otro se puede decir exactamente lo contrario, porque Colombia termina no reconociendo explícitamente nada y es legítimo considerar que fue el gobierno ecuatoriano el que renunció a sus demandas a cambio de migajas”, comenta Daniel Alarcón, presidente de la FORCOFFES.
Declaraciones de la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, del 27 de agosto, unas pocas semanas antes de la firma del tratado, pueden leerse como una confirmación de los temores del sindicalista: Bogotá, dijo la ministra, “jamás va a indemnizar (a los campesinos ecuatorianos). El glifosato no produce ningún daño, por lo que no hay que indemnizar”.
Una senadora cercana al presidente Santos Alexandra Moreno, había sido anteriormente más clara, y hasta más cínica: “los posibles beneficios de esta política de diálogo (con Ecuador) -dijo- son que las indemnizaciones que se hagan en la comisión de reparación (constituida por el acuerdo) son consideradas 'pagos ex gracia' y no significan admisión de responsabilidad”.
Colombia sostiene que los 15 millones de dólares serán destinados a un “plan de desarrollo” de la zona fronteriza, y son los gobernantes ecuatorianos los que especifican por su lado que parte de esos fondos servirán para indemnizar a los campesinos afectados y sus familias.
El Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones asegura a su vez que, así como está redactado, el acuerdo puede terminar teniendo repercusiones negativas en la demanda que más de 3.000 campesinos de Sucumbíos interpusieron ante la justicia estadounidense para lograr una “justa indemnización por la que han esperado ya más de 12 años”.
Una política integral de reparación -observa el Comité- requeriría que se adoptaran medidas como el regreso de los afectados a la situación original, mediante por ejemplo un programa de recuperación de suelos; una compensación económica ajustada a los daños causados, y no una simple “colaboración”; asistencia psicológica y legal destinada a ayudar a “los afectados a sentirse nuevamente como sujetos con derechos”; garantías de no repetición de los hechos; un conocimiento público de la verdad y la realización de actos concretos en ese sentido.
Nada de eso está previsto. Ni siquiera un pedido de disculpas de parte del gobierno colombiano, que “durante años acusó a toda la gente de la frontera de ser narcotraficante”.
“Ecuador demostró durante los largos años de fumigaciones ser incapaz de conseguir de Colombia la entrega de los registros de vuelo, los avisos de dónde se iba a fumigar (…) El control queda en manos de Colombia y de los Estados Unidos. Si la franja (de exclusión para las fumigaciones) se reduce confiando en la buena fe de Colombia, Ecuador pierde el control de la verificación en la zona”, observa el organismo.
Adolfo Maldonado, ex funcionario de la Defensoría del Pueblo de Ecuador que investigó el caso, coincide con el Comité: Colombia ya prometió una y mil veces respetar zonas de exclusión para las fumigaciones, avisar antes de realizarlas y evaluar sus efectos y nunca lo cumplió, dice. Peor aún: ahora podrá retomar sin problemas las aspersiones.
Daniel Alarcón apunta a otro de los núcleos del problema: “el acuerdo se realizó sin consultar a las poblaciones afectadas”, dice. “Sólo nos convocaron después, cuando ya todo estaba firmado. Ahorita ya no podemos hacer nada. Queremos llegar a un arreglo para que no se vuelvan a repetir los daños y se entregue el dinero a las 4.000 familias afectadas”.
“Se actuó en aras de ‘razones de Estado’ que poco se compadecen de la situación concreta de las personas”, completó un integrante de otra de las organizaciones del Comité contra las Fumigaciones.
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