Por Ernesto Paz Aguilar
La elección amañada de las
máximas autoridades del Ministerio
Público realizada por el Congreso Nacional en la madrugada del 1 de septiembre
de 2013, es un acto de traición al amanecer, que se parece, al menos en el
nombre, con el título en español de la
película Tequila Sunrise (en
inglés) del director Robert Towne.
Si, es un acto de traición y de deslealtad
de once (11) diputados liberales -entre propietarios y suplentes- contra su
propio partido y contra su candidato presidencial.
La elección espurea de los
nuevos funcionarios (un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y el secretario
de Estado de Recursos Naturales y Ambiente) no es una buena noticia para los
partidos de la oposición y menos para la mayoría de los hondureños. También es
un mensaje que genera desconfianza e incertidumbre en la Comunidad
Internacional, copatrocinadora del recién firmado: “Compromiso de garantías mínimas para la ética y
transparencia electoral”.
Para el partido de gobierno
y sus aliados, la elección de los nuevos funcionarios del Ministerio Público,
debe ser por cinco años y no por el resto del periodo actual, es decir, hasta
marzo de 2014. Los partidos de la oposición y las organizaciones de la sociedad civil en cambio,
sostienen que la elección debió realizarla el próximo Congreso Nacional (2014-2018), ya que así lo manda la Constitución y la
propia ley del Ministerio Publico. Sin embargo, las posibilidades de que
prosperen los múltiples recursos de inconstitucionalidad interpuestos son casi
nulas, porque la Corte Suprema de Justicia fue miembro de la Junta Proponente
y, por ende, juez y parte en el asunto.
Es evidente que en la recta
final del actual gobierno, se están sembrando vientos para cosechar tempestades
de impredecibles consecuencias. La delicadísima situación del Ministerio Público
y del sistema de seguridad, sumada a la inminente bancarrota financiera,
anuncia una crisis de gobernabilidad más profunda que la experimentada en el
2009. Lo que está en juego es el futuro de Honduras.
El jaque mate. Lo más
sorprendente y preocupante para el Partido Liberal es que cuatro diputados
propietarios de importantes departamentos
por su volumen electoral (Cortés, Comayagua, Olancho y Choluteca) y siete diputados
suplentes de los principales líderes de varios departamentos (Francisco
Morazán, Olancho, Santa Bárbara, Atlántida, La Paz e Intibucá) desobedecieron
los mandatos de las autoridades de su organización política, poniendo en mal
predicado la disciplina parlamentaria. La magia del poder aumentó milagrosamente
el número de votos favorables para el partido de gobierno. Todo ello es deplorable
porque afecta el nivel de confianza de los ciudadanos en el sistema político y
pone al descubierto los altos niveles de descomposición moral y ética de
algunos diputados.
El Reglamento Interior del
Congreso Nacional. La elección del fiscal y del adjunto ha puesto de manifiesto
nuevamente el carácter primitivo de los mecanismos de funcionamiento del Poder
Legislativo, cuyo reglamento es un conjunto de reglas difusas que datan de la
primera mitad del siglo XX, siendo la característica central la concentración
de poder en la persona del Diputado Presidente. Es un reglamento que huele a
dictadura, cambiarlo es una necesidad impostergable para fortalecer una
democracia participativa y pluralista.
La cohesión y disciplina
partidaria. La elección del fiscal y del adjunto prueban que el Partido Nacional
es la organización más cohesionada y disciplinada en sus cúpulas… El Partido Liberal es el menos
y el más afectado por la crisis del 2009. Los partidos denominados emergentes
(PINU, DC y UD) tampoco escaparon a los efectos de la crisis.
Para los observadores
del acontecer nacional, las grandes preguntas son: ¿Existirían los nuevos
partidos (LIBRE, PAC, Alianza Patriótica) sino se hubiera producido el golpe de Estado del 2009? ¿Fue un error histórico de las elites
tradicionales haber favorecido dicho golpe de Estado?
No hay comentarios:
Publicar un comentario