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Por Sandra Rodríguez | Defensores en Línea
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se pronunciaron este jueves (26/9) por la criminalización que se instrumentaliza desde el Estado hondureño contra Bertha Cáceres, coordinadora general del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (Copinh), y demás defensores y defensoras de DDHH.
Cáceres, junto a Tomás Gómez Membreño y Aureliano Molina Villanueva, integrantes de esta misma organización, ha sido criminalizada por defender el derecho a la tierra y recursos naturales, en Río Blanco, Intibucá, zona indígena del occidente del país.
El 20 de septiembre pasado, el Juzgado de Letras Primero del Departamento de Intibucá dictó prisión preventiva contra Bertha Cáceres, y medidas sustitutivas a la prisión a Tomás Gómez y Aureliano Molina, en la causa que se les sigue por haber presuntamente instigado a cometer los delitos de “usurpación de tierras”, “coacciones” y “daños” continuados en perjuicio de la Sociedad Mercantil Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Es por eso que se realizó un encuentro de defensores y defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellos Wilfredo Méndez, coordinador ejecutivo del Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, ERIC-Sj, Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, Juan Almendares Bonilla, director ejecutivo del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares, CPTRT, y Víctor Fernández, parte de la defensa de Bertha Cáceres.
También participaron, Luis Guillermo Pérez Casas, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, Austra Bertha Flores, madre de Bertha Cáceres, Marcia Aguiluz, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, y Karla Lara, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras.
“No podemos ver este problema sólo como de Bertha Cáceres, Aureliano, Tomás, Río Blanco o del COPINH, sino que es un problemas de todos y todas las defensoras de derechos humanos en Honduras” afirmó Bertha Oliva, coordinadora del COFADEH, quien estuvo a cargo de la moderación del encuentro.
A nombre de las organizaciones y redes defensoras de DDHH, presentes, dijo que el mensaje es para decir públicamente que la solidaridad es plena con Bertha, su mamá, Aureliano y Tomás, afirmó Oliva.
En su intervención, la representante del CEJIL, Marcia Aguiluz, en nombre de 47 organizaciones de DDHH firmantes de un pronunciamiento en solidaridad con la y los defensores acusados, dijo que condenan las prácticas que realiza el Estado de Honduras en el que criminaliza las acciones de los defensores y defensoras de derechos humanos, que no pueden ejercer su libertad de expresión.
“El llamado es para autoridades del Ministerio Público, para que cese ese tipo de persecuciones, ellos deben pensar hacia donde dirigen los recursos y deben estar dirigidos a investigar los numerosos actos de violencia contra defensores y defensoras de DDHH, o los actos de corrupción que también se comenten en este país, al dar este tipo de concesiones”.
“Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo, para que apoye la labor de defensa de los defensores y defensoras de DDHH, para que cese en la estimación”.
“También estamos haciendo un llamado a órganos internacionales de protección, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, oficina de Naciones Unidas para los DDHH, para den un monitoreo cercano a la situación que se está viviendo en Honduras, y por supuesto a la comunidad internacional”.
Afirmó que van a denunciar cuando corresponda, porque una denuncia en contra de un defensor o defensora de DDHH es una denuncia contra todos y todas.
“Este tipo de denuncias esta amenazando nuestra libertad de expresión, y en cualquier momento cualquiera de nosotros que se oponga abiertamente a algo que el gobierno está planteando, puede estar sentado en el banquillo de los acusados; y eso es lo que queremos que cese”.
La abogada Aguiluz, denunció que este no es el único caso, porque ya hay denuncias contra el abogado Víctor Fernández, y otros miembros de patronados, y tienen entendido que hay otra denuncia contra la defensora Magdalena Morales, de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, así que no es un hecho aislado.
“Ahí nuestra preocupación, ya que pareciera ser el inicio de una práctica del Estado y por eso merece toda nuestra condena y estaremos al lado de todos ustedes denunciando ante la comunidad internacional para que esto cese”, manifestó Marcia Aguiluz, del CEJIL.
Por su parte, Luis Guillermo Pérez Casas, secretario general de la FIDH, dijo que cuando se moviliza la sociedad y cuando la humanidad resiste frente a la arbitrariedad siempre es posible encontrar un camino hacia la justicia, y ese camino hacia la justicia es lo que ha representado Bertha Cáceres a lo largo de toda su vida, “agradezco a su madre por haberla traído al mundo”.
Hizo remembranza que es amigo de Bertha Cáceres desde hace muchos años y ha compartido con ella muchos escenarios, en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea y en distintos foros sociales en lo que ella ha llevado la voz de los pueblos indígenas que luchan por la defensa de su territorio, cosmovisión y derechos enfrentados a un modelo de desarrollo de depredación que utiliza distintas formas de represión que va desde amenazas, asesinatos e incluso la utilización del aparato judicial para intentar detener luchas históricas que no pueden ser vencidas por la arbitrariedad de quien pueda ejercer el poder del Estado.
Esta semana, una misión de la FIHD, integrada por Luis Guillermo Pérez Casas y Magdalena Garcés, permanece en Honduras, y ha sostenido un aserie de reuniones con diferentes actores, para documentar sobre la situación de los derechos humanos en el país y entregar un informe ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, para sustentar el examen preliminar solicitado ante esta Corte por la Federación antes mencionada desde el año 2011.
Uno de los abogados defensores de la coordinadora y dos defensores del COPINH, es Víctor Fernández, quien explicó brevemente el proceso jurídico de la y los acusados, en el que se muestra la parcialidad de parte de las autoridades judiciales y estatales a favor de la compañía hidroeléctrica, DESA-SINOHYDRO, y la criminalización a la labor de los y las defensoras de DDHH en Honduras.
Manifestó que es importante establecer de manera contundente el rechazo a los criterios que han vertido funcionarios con respecto a la labor que realizamos todos los defensores de DDHH, como que creemos que tenemos inmunidad para cometer delitos y es que eso es lo que estamos invocando en este caso, rechazamos esas declaraciones”, afirmó el defensor.
También dijo que los acusados no están apelando a cierta inmunidad o a demandar impunidad frente a cosas que pueden ser reprimidas desde el punto legal, “eso es importante hacerlo, porque de lo contrario se disgrega por todos lados, atribuyéndonos a nosotros y a los compañeros y compañera, comportamientos ilícitos que no lo son”.
Y es que el ejercicio de los defensores de DDHH es una labor que supera, por supuesto al papel que medianamente realizan los y las ciudadanas, ya que nosotros nos exponemos a las prácticas represivas del Estado, entre ellas ese discurso que nos viene criminalizando y que hoy se expresa en estos tres compañeros”, declaró Fernández.
No se trata de que nosotros tengamos un planteamiento en el cual estos compañeros simplemente reconozca o que no pueden ser sometidos a un proceso judicial, todos podemos ser sometidos, pero tienen determinadas garantías que son de inexcusable observancia por parte de autoridades del Estado, y no se han observado en este proceso contra los compañeros del COPINH.
Las pruebas que presenta el MP son declaraciones ofrecidas por representantes de la empresa DESA- SINOHYDRO, cuyas operaciones violenta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ya que ni siquiera hubo una consulta con a población que es indígena.
Jamás el MP incorporó un documento sobre el por qué Bertha y demás compañeros tienen presencia en la zona, o por qué el pueblo indígena se opone a la empresa, ni siquiera se tomó en cuenta el testimonio de los pobladores, en las audiencias, explicó la defensa.
Dijo que las pruebas presentadas en favor de los y la defensoras, apenas tiene unas valoraciones, lo que marca un comportamiento tendencioso para favorecer a la empresa que aparece como víctima.
Es un derecho estar en desacuerdo con un proyecto hidroeléctrico que el mismo MP dice que se otorgó violando el derecho de las comunidades, es un deber del COPINH, según sus estatutos, actuar para defender los interés del pueblo indígena Lenca.
Ayer se presentó el Recurso de Apelación en contra de la resolución emitida Lissien Lisseth Knight Reyes, el pasado 20 de septiembre, en contra de Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez, del COPINH.
En la resolución ha inconsistencias, como un mandato de desalojo a las comunidades, ¿no se sabe de dónde?, dijo el abogado Fernández, no es precisa la resolución, dice que está ocupado los predios de la empresa y no es cierto.
No entendemos cómo la jueza determina que unos predios que compró la empresa están ocupados, la comunidad tiene un control territorial sobre la carretera, por tanto hay una contradicción terrible en torno a la resolución, que tiene propósitos asegurar los interés de la empresa, criminalizar a los compañeros y generar miedo al respeto de luchadores que se oponen a este tipo de actividades, afirmó Víctor Fernández.
Las organizaciones que han firmado el pronunciamiento conjunto sobre la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos humano en Honduras, demandan a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante ante la situación de Honduras que aqueja al país, y se condene todo acto que atente contra el derecho, a defender derechos humanos.
El siguiente es parte del comunicado emitido por la FIDH, en torno a este tema
Honduras: Hostigamiento judicial en contra de tres líderes indígenas del pueblo Lenca
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre el hostigamiento judicial en contra de los líderes indígenas del pueblo Lenca la Sra Bertha Isabel Cáceres Flores, Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y los Sres. Tomás Gómez Membreño y Aureliano Molina Villanueva, integrantes de esta misma organización.
De acuerdo con las informaciones recibidas, el 20 de septiembre de 2013, el Juzgado de Letras Primero del Departamento de Intibucá dictó medida cautelar de prisión preventiva contra la Sra. Bertha Cáceres, y medida cautelar sometiendo a régimen de presentación cada quince días a los Sres. Tomás Gómez y Aureliano Molina, en la causa que se les sigue por haber presuntamente instigado a cometer los delitos de “usurpación de tierras”, “coacciones” y “daños” continuados en perjuicio de la Sociedad Mercantil Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). El Juzgado también les prohibió el acercamiento a la zona donde se produjeron los supuestos hechos delictivos. El 25 de septiembre, la defensa apeló la decisión.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:
i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Bertha Isabel Cáceres Flores, de los Sres. Tomás Gómez Membreño, Aureliano Molina Villanueva, Víctor Fernández y Martín Fernández, así como de los demás integrantes del COPINH y de todos los defensores de derechos humanos en Honduras;
ii. Realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno al asesinato del Sr. Tomás García, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iii. Ofrecer una adecuada reparación a la familia del Sr. Tomás García y garantizar su seguridad e integridad física;
iv. Velar por que se ponga fin a todo acto de hostigamiento - incluyendo a nivel judicial - contra la Sra. Bertha Isabel Cáceres Flores, los Sres. Tomás Gómez, Aureliano Molina, Víctor Fernández y Martín Fernández, y más generalmente, contra todos los defensores de derechos humanos en Honduras;
v. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:
Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”
Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional a reunirse o manifestarse pacíficamente.”
Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.”
vi. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre el hostigamiento judicial en contra de los líderes indígenas del pueblo Lenca la Sra Bertha Isabel Cáceres Flores, Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y los Sres. Tomás Gómez Membreño y Aureliano Molina Villanueva, integrantes de esta misma organización.
De acuerdo con las informaciones recibidas, el 20 de septiembre de 2013, el Juzgado de Letras Primero del Departamento de Intibucá dictó medida cautelar de prisión preventiva contra la Sra. Bertha Cáceres, y medida cautelar sometiendo a régimen de presentación cada quince días a los Sres. Tomás Gómez y Aureliano Molina, en la causa que se les sigue por haber presuntamente instigado a cometer los delitos de “usurpación de tierras”, “coacciones” y “daños” continuados en perjuicio de la Sociedad Mercantil Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). El Juzgado también les prohibió el acercamiento a la zona donde se produjeron los supuestos hechos delictivos. El 25 de septiembre, la defensa apeló la decisión.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:
i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Bertha Isabel Cáceres Flores, de los Sres. Tomás Gómez Membreño, Aureliano Molina Villanueva, Víctor Fernández y Martín Fernández, así como de los demás integrantes del COPINH y de todos los defensores de derechos humanos en Honduras;
ii. Realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno al asesinato del Sr. Tomás García, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iii. Ofrecer una adecuada reparación a la familia del Sr. Tomás García y garantizar su seguridad e integridad física;
iv. Velar por que se ponga fin a todo acto de hostigamiento - incluyendo a nivel judicial - contra la Sra. Bertha Isabel Cáceres Flores, los Sres. Tomás Gómez, Aureliano Molina, Víctor Fernández y Martín Fernández, y más generalmente, contra todos los defensores de derechos humanos en Honduras;
v. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:
Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”
Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional a reunirse o manifestarse pacíficamente.”
Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.”
vi. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.
Direcciones:
Sr. Porfirio Lobo Sosa, Presidente de la República, Casa Presidencial, Boulevard Juan Pablo Segundo, Palacio José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras. Fax: +504 2290 5010.
Correo electrónico: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn; info@presidencia.gob.hn
Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Edificio Lomas Plaza II, Tegucigalpa, Honduras. Fax: +504 2221 5667. Correo electrónico: suazog@mp.hn; oscarfernando@me.com
Sra. Ana Pineda, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Correo electrónico: iquintanilla@sjdh.gob.hn
Sr. Arturo Corrales, Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Correo electrónico: doriselsonity@hotmail.com
Sra. Ethel Deras, Procuradora General de la República. Fax: +504 2239 6182. Correo electrónico: ederass@yahoo.com
Sr. Ramón Custodio López, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras C.A. Telefax: +504 2231 0204 / 2231 0882 / 2235 7697 / 2235 3532. Correo Electrónico: custodiolopez@conadeh.hn
Sr. Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. cedij@poderjudicial.gob.hn
Sr. Embajador Efraín Díaz Arrivillaga, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra, Avenue de France 23, 1202 Geneva,, Suiza. Fax: +41 22 710 07 66. Email: mission@hondurasginebra.ch
Embajada de Honduras en Bruselas, 3 av. Des Gaulois, 1040 Etterbeek, Bélgica. Fax: + 32 2.735.26.26. Email: ambassade.honduras@chello.be
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.
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