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| teleSUR |
Por teleSUR
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó este viernes la
militarización de Bogotá (capital) y de todas las zonas donde sea
necesaria la presencia de soldados para evitar las movilizaciones, tras
la jornada de violencia que se vivió la víspera en el onceavo día del
Paro Nacional y que dejó un saldo de 89 personas heridas.
Lea: Heridos durante protesta en Bogotá
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"Apoyamos la determinación de decretar el toque de queda en Bogotá,
del mismo modo que lo haremos en cualquier municipio donde se presenten
disturbios", señaló Santos, al tiempo que anunció que 50 mil efectivos
de la fuerzas militares trabajarán en conjunto con la Policía Nacional
para la restaurar la "movilidad de las carreteras".
El mandatario también sostuvo que "no hay protesta que amerite pérdidas de vidas, no vamos a permitir que unos desadaptados, que se aprovechan de la manifestación, atenten contra la estabilidad del país". "Con los vándalos no habrá ninguna contemplación, desplegaré toda la fuerza militar que sea necesaria", advirtió.
"No vamos a permitir que los vándalos de siempre se salgan con la suya, he dicho que respeto las propuestas, hemos ofrecido soluciones concretas y, cuando estamos a punto del acuerdo, alguien los instiga, no cabe duda de que hay grupos que no quieren que se llegue a ningún acuerdo", aseveró.
En ese sentido, apuntó que "a pesar de las propuestas, no hay intención de acordar", por lo que anunció que "he pedido a los ministros que regresen a Bogotá y dejen en la mesa las propuestas del Gobierno".
Por otro lado, aseguró que se ofrecerán de entre cinco a diez millones de pesos (más de cinco mil dólares) como recompensa para quien dé información que permita judicializar a los agentes de la violencia o capturar a los que "extorsionan para obligar al paro", pues, a juicio del jefe de Estado, "existen movimientos que buscan llevarnos a una situación caótica para imponer su propia agenda".
Finalmente, exhortó a las autoridades gubernamentales a garantizar la seguridad de sus respectivos departamentos, y adelantó que "he convocado a los gobernadores y alcaldes para que coordinemos nuestro trabajo con mayor eficacia por la seguridad de todos los colombianos".
El mandatario también sostuvo que "no hay protesta que amerite pérdidas de vidas, no vamos a permitir que unos desadaptados, que se aprovechan de la manifestación, atenten contra la estabilidad del país". "Con los vándalos no habrá ninguna contemplación, desplegaré toda la fuerza militar que sea necesaria", advirtió.
"No vamos a permitir que los vándalos de siempre se salgan con la suya, he dicho que respeto las propuestas, hemos ofrecido soluciones concretas y, cuando estamos a punto del acuerdo, alguien los instiga, no cabe duda de que hay grupos que no quieren que se llegue a ningún acuerdo", aseveró.
En ese sentido, apuntó que "a pesar de las propuestas, no hay intención de acordar", por lo que anunció que "he pedido a los ministros que regresen a Bogotá y dejen en la mesa las propuestas del Gobierno".
Por otro lado, aseguró que se ofrecerán de entre cinco a diez millones de pesos (más de cinco mil dólares) como recompensa para quien dé información que permita judicializar a los agentes de la violencia o capturar a los que "extorsionan para obligar al paro", pues, a juicio del jefe de Estado, "existen movimientos que buscan llevarnos a una situación caótica para imponer su propia agenda".
Finalmente, exhortó a las autoridades gubernamentales a garantizar la seguridad de sus respectivos departamentos, y adelantó que "he convocado a los gobernadores y alcaldes para que coordinemos nuestro trabajo con mayor eficacia por la seguridad de todos los colombianos".
Este jueves, la policía colombiana ejerció coacción
contra la multitud de manifestantes con gases lacrimógenos y ballenas,
cuando las personas estaban congregadas en la Plaza Bolívar de la
capital, situada al centro de Bogotá.
El reclamo colectivo de obreros, campesinos, estudiantes, médicos,
mineros, maestros y demás trabajadores agrarios, que arrancó el pasado
lunes, es de carácter indefinido y busca rechazar las políticas
antiobreras y antipopulares que coartan y limitan derechos, privatizan
instituciones y entregan recursos naturales a las transnacionales.
Además, los pequeños agricultores buscan garantías para el acceso a
la propiedad de la tierra, la constitución de zonas de reserva
campesinas, una política favorable a los mineros artesanales y mejoras
en las zonas rurales, especialmente en cuanto a salud y acceso al agua
potable.
La represión policial y los enfrentamientos no han cesado, mientras
los restantes campesinos de otros 16 departamentos siguen en pie de
protesta a la espera de ser escuchados y aseguran que “este paro va para
largo”.
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