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Por Ofraneh
La masacre de indígenas de la tribu Tolupan de San Francisco de Locomapa, cometida en Locomapa, Yoro, el pasado 25 de agosto, demuestra una vez más la guerra por la explotación de los bienes comunes que se está librando en Honduras, especialmente en el territorio de los pueblos indígenas, los que nos encontramos a merced de la elite de poder y grupos asociados con el crimen organizado.
Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, fueron asesinados por sicarios al servicio de mafias de mineros ilegales, dedicados a la extracción de antimonio, la destrucción del bosque y la construcción de una represa hidroeléctrica. Los occisos participaban en una toma de la carretera desde hace 12 días, con el objetivo de evitar el saqueo sistemático de su territorio ancestral
En los últimos tres años en Honduras en nombre de un supuesto "desarrollo" se ha intensificado la minería y construcción masiva de represas, muchos de estos proyectos son promovidos por funcionarios estatales asociados con la actual administración; mientras los pueblos indígenas se encuentran totalmente desprotegidos ante el desconocimiento estatal del Derecho a la Consulta previa, libre e informada (CPLI).
Los Tolupanes han padecido de una violencia sistemática, con mas de medio centenar de víctimas en los últimos 20 años, sin que exista hasta la fecha una investigación fehaciente sobre esos crímenes y mucho menos se haya judicializado alguna persona respecto a estos crímenes. Aparentemente los sicarios implicados en la reciente masacre de los herman@s Tolupanes han manifestado que existen otros defensores de los bienes comunes en Locomapa que serán ejecutados.
La Tribu de Locomapa en una carta pública de julio de 2012, dirigida al Misterio de Justicia y la Secretaria de Pueblos indígenas (SEDINAFROH), denunció la intervención del maderero Kenton Landa Úcles, el cual introdujo maquinaria para la destrucción del bosque, además de una serie de arrestos ilegales y amenazas de muerte a los miembros de la comunidad opuestos a la destrucción del bosque y la minería.
En nuestro país se anteponen los derechos individuales a los derechos colectivos, existiendo obvias prerrogativas para la elite de poder y los grupos asociados con el crimen organizado, quienes muchas veces cuentan con el apoyo de diputados, militares y empresarios. El estado fallido inducido que vivimos en Honduras y la inexistencia del derecho al debido proceso, además de la asimetría económica existente, dificulta la defensa de los pueblos sus territorios y culturas.
La enorme vulnerabilidad del pueblo Tolupan ante las agresiones de aquellos que vienen explotando el bosque y los minerales, se agrava con el colapso que padece el país en materia de seguridad y justicia.
El desconocimiento del CPLI viene generando una sistemática violacion a los derechos humanos, sin tener en cuenta las cosmovisiones de nuestro pueblos y el ejercicio de la propiedad comunitaria, el que frecuentemente es pisoteado y violentado por el Estado de Honduras. A pesar de la existencia de una serie de instancias gubernamentales que se suponen defienden los derechos de los pueblos indígenas, estas suelen recaer en un silencio cómplice, permitiendo de esta forma las violaciones a los derechos humanos.
La Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sostenido que "el respeto por los derechos colectivos a la propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales es una obligación de los Estados Miembros de la OEA; el incumplimiento de esta obligación compromete la responsabilidad internacional de los Estados". Agrega además la CIDH, que "el reconocimiento oficial del dominio por los pueblos indígenas sobre sus territorios no es un acto discrecional y libre de la voluntad estatal, sino una obligación. Desafortunadamente el Estado de Honduras no ha adoptado las medidas efectivas para reconocer el derecho de propiedad comunal de los pueblos sobre las tierras que tradicionalmente hemos ocupado y usado; al contrario desde el mismo Estado se esta promoviendo la destrucción de nuestros territorios y de nuestros pueblos, cuando se están aprobando Leyes tales como: Ley RED-ZEDE, Ley de Reconversión de la Deuda (Ley Hipoteca), El convenio con el grupo BG de exploración y explotación de hidrocarburos y el programa REDD+.
En Honduras podemos afirmar que existe una política de estado de apropiarse de los territorios de los pueblos indígenas, para su entrega a empresarios nacionales y el capital extranjero, dando lugar a una estrategia de violencia en contra de los pueblos indígenas. El reciente asesinato el pasado 15 de julio del indígena Lenca Tomas García, a manos de elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, cuando se encontraba en una toma por la defensa del Río Blanco, demuestra la indiscutible protección del Estado a empresarios e inversionistas extranjeros y la criminalización de la protesta social.
Exigimos la protección de los Tolupanes de la Tribu San Francisco Locomapa, sobre todo a los compañer@s Jose Maria Pineda, Vilma Consuelo Soto, Ramon Matute, Sergio Avila, Celso Cabrera y Elvin Enamorado, quienes están sufriendo persecución únicamente por defender los bienes comunes de su pueblo; así mismo exigimos investigación y castigo a los culpables de los hechos acontecidos el 25 de agosto.
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