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Por Marcela González Ricart | Rel-UITA
La decisión del parlamento de dar plenos poderes al
presidente Horacio Cartes para disponer la intervención del ejército
cuando lo considere necesario hace retroceder a Paraguay a los tiempos
de la dictadura de Alfredo Stroessner.
Es terrible esa sensación de impotencia que se siente cuando uno ve que la historia se repite y se vuelve a las épocas de pesadilla en que el simple hecho de estar en desacuerdo con el gobierno era suficiente argumento para que una persona desapareciera y no se volviera a saber de ella.
Asusta y sorprende ver cómo la sociedad se encuentra estupefacta, observando o simplemente dormida, mientras los dirigentes se encuentran con la delirante propuesta de facultar a las fuerzas armadas a la acción directa contra los que llaman “terroristas”.
Sorprende ver a un diputado de la Nación, Edgar Ortiz, proponer, de manera demencial, que nos olvidemos de los derechos humanos por un tiempo, y a un senador de la Nación, Oviedo Matto, manifestar que a aquel soldado que hiera o mate a un “terrorista” no se lo someterá a la justicia ordinaria.
Espanta ver que solo un sector de la sociedad se indigna por estas declaraciones. Las demás personas simplemente callan, por desconocimiento de la realidad o porque no dimensionan la gravedad del asunto.
Con la aprobación de la ley que militariza la represión a los “terroristas”, a los que conocemos un poco de historia nos vienen a la memoria las famosas leyes 294/55, de “Defensa de la democracia”, y 209/70, de “Defensa de la paz pública y la libertad de las personas”, que dotaban al dictador Alfredo Stroessner de súper poderes y otorgaban plenas libertades a la policía para aprehender sin necesidad de orden de captura a las personas consideradas “subversivas” o que perturbaban la “paz pública”.
Todos conocemos las consecuencias de esas leyes que daban ropaje democrático a una clara dictadura que secuestró, torturó y mató a paraguayos y extranjeros, en el marco de un plan regional de cooperación entre regímenes totalitarios que la historia recuerda como Plan Cóndor.
Con la modificación de la ley de las fuerzas armadas, los congresistas han dotado nuevamente de súper poderes al presidente de la República Horacio Cartes, y en tan solo siete días de gobierno habilitaron al Ejecutivo a que disponga de los militares en los casos que considere necesario, y sin necesidad de justificarlo ante el Senado hasta luego de realizada la acción.
Ni siquiera el mismísimo Stroessner actuó con tal celeridad: al general le costó unos meses promulgar la ley 294/55, usada para mantener presas a personas disidentes con el régimen.
Dicen los actuales gobernantes que el “socialismo del siglo XXI” es lo peor que le podía pasar a la región, que hablar de la Patria Grande es una locura, cuando lo que pretende el bolivarianismo es la autonomía de los pueblos, garantizar los derechos humanos y consolidar la soberanía regional, dejando de depender de las corporaciones y pasando a ser nosotros los actores de nuestras propias economías.
Me pregunto en cambio si acaso estas acciones delirantes de renuncia a que el Estado garantice los derechos humanos no abonan el camino hacia la “dictadura del siglo XXI” en Paraguay.
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