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Por Emilio Chuah - Rebelión
(...) En Guatemala se vislumbra el regreso, al
frente del Estado guatemalteco, del general Otto Pérez Molina del
Partido Patriota (PP), que de acuerdo a las encuestas tiene alrededor
del 35% de intención de voto, una ventaja importante sobre sus
competidores más cercanos que se encuentran entre el 17% y 8% de la
preferencia electoral.
El militar que ahora domina la contienda
electoral, fue conocido en los tiempos de guerra como el “Comandante
Tito” y por haber dirigido los planes de contra-insurgencia en la
tierras mayas del altiplano, los mismos territorios que conocieron las
masacres, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y otros actos de
barbarie que sólo pueden compararse con los actos de genocidio
cometidos en Ruanda o Camboya. [1]
La debilidad del sistema electoral y la volatilidad de los partidos
políticos también ha sido aprovechada por estos sectores, las elecciones
del 6 septiembre son un claro ejemplo: 20 partidos políticos participan
en la contienda electoral, los cargos públicos se definen a través de
relaciones clientelares, se desconocen las fuentes de financiamiento de
los partidos políticos y la mayoría de ellos se han visto implicados en
problemas de narcotráfico o contrabando.
En este sentido, la
posible llegada al gobierno de Pérez Molina no cambia sustancialmente el
sistema social y económico del país, pues al igual que el partido
oficial, el Partido Patriota está estrechamente ligado al sector
económico tradicional. Por un lado, varios de sus candidatos y
principales financistas provienen de las filas de la oligarquía, los
empresarios Ricardo Castillo, Dionisio Gutiérrez y el Grupo Grupo Multi
Inversiones, son un claro ejemplo. Por otro lado, la alianza entre la
oligarquía y el sector militar no es nueva, inició con el golpe de
Estado de 1954 contra el presidente Jacobo Arbenz [3] y se consolidó durante más de 36 años de conflicto armado interno. [4]
Otra característica del sistema lectoral y de partidos políticos es la
fuerte presencia de partidos de derecha y su indefinición ideológica:
tres partidos de derecha y uno de centro detentan cerca de 80% el poder
legislativo (PP, GANA, LIDER y UNE), mientras que de 158 diputados
únicamente 3 pertenecen a partidos de izquierda (URNG y MNR).
Dado el deterioro de la izquierda guatemalteca en los últimos ocho años,
diversas organizaciones sociales y partidos políticos lograron crear el
Frente Amplio, con Rigoberta Menchú (Premio Nobel de la Paz) y del
diputado independiente Aníbal García como candidatos a la presidencia y a
la vicepresidencia, respectivamente. Sin embargo, las diferencias
políticas e ideológicas han distanciado a ciertas organizaciones
fundadoras, como El Frente Nacional de Lucha (FNL) y el Movimiento Tzuk
Kim Pop.
No obstante, estos problemas distan del pragmatismo y
oportunismo político de algunos partidos políticos considerados
democráticos y de izquierda, tales como Encuentro por Guatemala (EG) de
Nineth Montenegro, que lejos de construir un programa político y alianza
con sectores sociales, prefirió aliarse con el partido liberal Visión
con Valores (VIVA) del ex líder neo-pentecostal Haroll Caballeros.
Un comportamiento que, también es compartido por supuestos líderes
sociales y de izquierda, que se reciclan en cada período gubernamental,
innumerables son los casos y, por tanto, dos de ellos pueden ser
ilustrativos. El primero, es el de Orlando Blanco y sus más cercanos
colaboradores, que después de haber dirigido el Colectivo de
Organizaciones Sociales (COS), y de haber trabajado con organizaciones
de “víctimas” del conflicto armado, negociaron con el gobierno de turno
para acceder a cargos públicos como secretarías y viceministerios. El
segundo caso lo podemos encontrar en Edgar Ajcip, líder maya que después
de haber dirigido el programa asistencialista del Fondo Nacional para
la Paz durante el gobierno anterior, cambia de partido político y ahora
se postula como diputado nacional.
En este sentido, los Comités
Cívicos siguen siendo una posibilidad real de organización política y
social en Guatemala, puesto que son organizaciones políticas locales y
regionales que pueden postular y elegir alcaldes municipales, el apoyo
de las comunidades indígenas y populares es directo y lejos de buscar
hacer de la política una profesión y una forma de ganarse la vida; son
un medio para organizar y politizar a las comunidades y trasformar la
realidad en que viven.
El amanecer y despertar político que
durante siglos han buscado los pueblos mayas sigue siendo distante y
parece que un período obscuro y violento se avecina y, por ello, el
trabajo organizativo del pueblo, la búsqueda de unidad de las
organizaciones populares y la superación el sectarismo de la izquierda
tradicional y el culturalismo de gran parte de las organizaciones mayas
del país, así como la incorporación de las nuevas generaciones de
hombres y mujeres sigue siendo una tarea pendiente.
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Notas
[1] Para mayor información se pueden consultar el Informe de Recuperación de la Memoria HistóricaGuatemala memoria del silencio, tomo III – Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia. Guatemala, 1999. (REMHI), Guatemala, 1998 y los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH),
[2] Véase. Los grupos ilegales en Guatemala después del conflicto armado, de La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
[3] Orquestado por el Departamento de Estado norteamericano y con el beneplacito de la Iglesia católica guatemalteca de la época.
[4] Período en que eliminaron 600 comunidades mayas y se asesinaron a miles de niños, mujeres y ancianos.
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