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Por Vicent Boix - El parque de las hamacas
En el año
2010, cerca de 900.000 personas y entidades del estado español, se beneficiaron
de los más de 5.000 millones de euros en ayudas económicas enmarcadas dentro de
la Política Agraria
Común (PAC).
Sin embargo, estas espectaculares cifras no deben confundir, pues
una cosa es repartir y otra muy distinta es hacerlo con justicia y equidad.
Según
el informe “Una injusticia llamada PAC”, editado recientemente por la
organización Veterinarios Sin Fronteras, el 16% de los favorecidos por las
subvenciones en el estado español lograron hacerse con el 75% del monto total.
Los 58.000 mayores beneficiarios (7% del conjunto) se embolsaron cerca de 2.600
millones de euros, es decir la mitad.
Leer: - Dame pan y dime tonto y Dos siglos de ceguera (del mismo autor)
Entre los
agraciados se encuentran terratenientes, hacendados y aristócratas, como la
familia “Osborne”, que recibió más de un millón de euros. Pero también hay grandes
empresas del agronegocio, que suelen adquirir productos de agricultores y
ganaderos para manufacturarlos y venderlos después. Por ejemplo, “Azucarera
Ebro” -que percibió 61 millones de euros de las ayudas de la PAC- controla la mitad del
mercado del azúcar en el estado español y tiene intereses en los
agrocombustibles. Según este informe, pertenece a la British Sugar Company, una de
las mayores corporaciones a nivel mundial en el sector y que además posee
inversiones en África. Esta transnacional ha recibido más capital de la PAC, que la Xunta de Galicia o la Junta de Castilla León para
sus programas de desarrollo rural. Dicha cantidad es mucho más elevada que la
destinada en 2010 por el Ministerio de de Medio Ambiente, Rural y Marino, a su
Plan Integral de actuación para el fomento de la Agricultura ecológica.
Han existido
otras compañías españolas relacionadas con la alimentación, beneficiadas por
las subvenciones públicas de la
PAC. Aunque favorecidas por cantidades menores, no deja de
ser llamativo que reciban dinero público ciertas empresas de la alimentación que,
al adquirir productos del agricultor y ganadero, se aprovechan de su situación
de dominio para pagarles cantidades irrisorias que a veces no permiten cubrir
los costos de producción. También es llamativo que reciban ayudas corporaciones
como “Mercadona”, “Carrefour” y “Lactalis”, que según este informe de Veterinarios
Sin Fronteras, sumaron en 2010 más de 1.000 millones de euros en beneficios.
Esta bonanza
económica empresarial dista mucho de la paupérrima situación económica que vive
la agricultura y la ganadería en España, donde cientos de miles de personas
pasan momentos agónicos para mantener sus trabajos. Frente a las esplendorosas
cifras de las grandes empresas, la renta agraria ha descendido un 27% desde
2003. Y tanto en ministerios como en despachos ejecutivos, saben que el
problema principal deriva de un mercado libre que ha favorecido que unas pocas
empresas del agronegocio monopolicen la transformación, la intermediación y la
venta de alimentos, imponiendo sus reglas y precios a agricultores, ganaderos y
consumidores.
Por eso es ridículo
e indignante que reciban ayudas los que luego asfixian al agricultor y le
obligan a dejar el campo para engrosar las listas del paro. Porque con unas
ayudas destinadas a promocionar el sector primario se está premiando a los
verdugos que lo torturan sin cesar. Y que esto suceda año tras año, huele ya
demasiado. También es curioso, muy curioso, que aquellos que claman al cielo
por un comercio libre de ataduras y por un estado ausente del mercado, sean los
primeros en parar las manos y llenarse los bolsillos.
En otra
coyuntura comercial más ecuánime, el campo no requeriría ayudas porque durante
mucho tiempo no las recibió y fue rentable y generoso. Más que subvenciones, lo
que se necesita urgentemente es legislación y normas que confieran dignidad y
un trato justo, sobre todo, en los precios de compra a ganaderos y agricultores.
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