Por Giorgio Trucchi | Opera Mundi |
Por Giorgio Trucchi | Opera Mundi
El conflicto bélico interno que, entre 1980 y 1992, sacudió los cimientos del pequeño país centroamericano, no sólo dejó un saldo de 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos, sino también a unas 40 mil personas lisiadas de guerra, según la Comisión de Verdad que se creó a raíz de los Acuerdos de Paz firmados en 1992 en el Castillo de Chapultepec, en México.
Los Acuerdos dispusieron, por medio del decreto 416 - Ley de Beneficio para la Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del Conflicto Armado -, la creación del FOPROLYD (Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado), cuyo objetivo era atender y dar los beneficios necesarios para que los lisiados de guerra y los familiares de los combatientes caídos pudiesen reincorporarse a la vida social y laboral. Lamentablemente, estos objetivos quedaron en papel mojado por más de 16 años.
Israel Quintanilla es presidente de ALGES (Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador “Héroes de noviembre del 89”). Ex combatiente de las FPL (Fuerzas Populares de Liberación), una de las cinco organizaciones guerrilleras que integraban al FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), fuerza político-militar que en 1992 se convirtió en partido político, Quintanilla sufrió la amputación de una pierna a raíz de una mina que pisó de forma accidental en la localidad de Berlín, departamento de Usulután.
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Fue detenido y encarcelado por más de un año con la acusación de terrorismo y de atentar contra la paz social y sucesivamente liberado. En 1989, junto con otros ex combatientes lisiados, inició una protesta frente a la Catedral de San Salvador, exigiendo atención médica, y finalmente logró salir del país rumbo a Cuba, donde fue curado y obtuvo su primera prótesis.
“Después de la firma de los Acuerdos de Paz regresé al país y me involucré en la lucha para que se diera cumplimiento al decreto 416. En 1997, con el apoyo de 400 compañeros y compañeras, fundamos ALGES y comenzamos a movilizarnos, sufriendo la represión policial que acabó con la vida de tres compañeros”, dijo Quintanilla a Opera Mundi.
Entre los ejes principales de ALGES, que aglutina a lisiados y lisiadas de la ex fuerza guerrillera FMLN, en proporción de un 86%, de las fuerzas armadas salvadoreñas y de la población civil afectada por el conflicto armado, el restante 14%, Quintanilla destaca ”la lucha por los intereses de los lisiados y discapacitados de guerra y el verdadero cumplimiento de la legislación que nos protege”. Actualmente, ALGES tiene a 7,200 personas afiliadas - 83% hombres y 17% mujeres -, es decir casi la mitad de las personas que está atendiendo el FOPROLYD, y cuenta con delegaciones en los 14 departamentos del país.
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“La cantidad de personas atendidas es mínima con respecto a la realidad que vive El Salvador. Durante los gobiernos de Arena (Alianza Republicana Nacionalista), con la excusa de que se habían rehabilitado o que no eran lisiados en cuanto no consideraban como discapacidad las graves secuelas psicológicas de las torturas, a miles de personas se les suspendió el beneficio de pensión o se les redujo el monto. Además, la atención era pésima y nos trataban peor que animales, como si ya no sirviéramos para nada en esta sociedad”, explicó Quintanilla.
Ante la falta de alternativas y el silencio de las instituciones sobre la reinserción en la sociedad de decenas de miles de lisiados y lisiadas de guerra, ALGES comenzó a explorar alternativas posibles. A partir de 2001, firmó convenios con cinco alcaldías, incluyendo la capital San Salvador, para la administración de los servicios sanitarios públicos, y actualmente está garantizando el empleo formal a unas 200 personas. También ha iniciado pequeños proyectos rurales con fondos de la cooperación internacional.
Lucha y reforma
Entre 2004 y 2006, 700 afiliados a ALGES sufrieron los embates de esta medida de Arena, lo cual vino a arreciar la lucha. ALGES preparó e introdujo en la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma a la legislación, donde exigía que cesaran las suspensiones o recortes de las pensiones ya aprobadas, pedía la reforma de la comisión encargada de cuantificar el grado de discapacidad. Asimismo, pedían la incorporación de los beneficiarios de la ley al sistema de salud nacional, para ser atendidos en caso de sufrir secuelas de la lesión, y el reajuste de las pensiones.
“En 2008, ya al final del gobierno de Elías Antonio Saca, la Asamblea Legislativa reformó 49 de los 57 artículos que conforman la ley. Aunque no fue posible lograr nuestra demandas principales, el resultado de nuestra lucha fue muy positivo”, afirmó el presidente de ALGES.
Con la reforma se logró realizar un nuevo censo de madres y padres de combatientes caídos incorporando a unas 500 personas entre los beneficiarios, se modificó el rango de la discapacidad para tener acceso a la pensión, reduciéndolo del 10% al 6%. Con esta medida se logró que 3,500 personas tuvieran acceso a una pensión.
La atención mejoró, el proceso de revisión de los casos se hizo más expedito, se amplió a un 100% de la pensión el monto de la pensión de supervivencia, el grado de parentesco de los beneficiarios, y se abrió una cartera de crédito en el FOPROLYD con intereses favorables. “Somos estigmatizados. Nos consideran viejos, somos lisiados y recibimos una pensión baja. Los lisiados de guerra ya no somos sujeto de crédito en la banca y esta reforma nos está permitiendo resolver algunos de nuestros problemas, como por ejemplo el acceso a una vivienda”, agregó Quintanilla.
Demandas para el nuevo gobierno
Este domingo, 9 de marzo, las y los salvadoreños designarán en las urnas al sucesor del presidente Mauricio Funes. Para ALGES mucho está en juego. “Mientras estuvo al poder, Arena no mostró ningún interés hacia las víctimas del conflicto. Nos reprimieron en las manifestaciones, nunca quisieron aplicar la ley y nos atendían con desprecio”. Quintanilla recuerda como les suprimieron o redujeron las pensiones a miles de lisiados, suspendieron la entrega de ayuda técnicas como medicamentos, bastones, prótesis, sillas de rueda, y estuvieron a punto de cerrar el FOPROLYD, porque no era rentable para el Estado. “Fue una barbaridad lo que nos hicieron”, dijo el dirigente.
Según él, la actitud de estos gobiernos responde a los intereses de los sectores de la oligarquía empresarial que los ha apoyado, de no querer respetar los Acuerdos de Paz. “Fueron los mayores violadores de los Acuerdos y nunca quisieron cumplir con nuestros derechos, porque su único interés es administrar el país como si fuera su propia finca y garantizar sus ganancias”, agregó.
Si bien Quintanilla reconoce los avances logrados con el gobierno de Mauricio Funes, entre otros, la implementación de las reformas de 2008, el mejoramiento de la atención a las personas lisiadas y la descentralización de las oficinas, el pago de 9 millones de dólares en concepto de falta de pago de las pensiones durante dos años, así como la incorporación de unas 7 mil nuevas personas al FOPROLYD y el pago del aguinaldo, él asegura que falta mucho por hacer.
“Gane quien gane este domingo, el nuevo gobierno tendrá que reconocer que somos un sector importante y emblemático del país, testimonio vivo y víctimas de algo que nunca más debe repetirse en El Salvador. En este sentido, no vamos a parar de luchar para que nuestros derechos sean respetados”, concluyó el ex combatiente.
Entre las principales demandas, ALGES destaca el acceso a la salud integral, la revalorización de las pensiones y mayor presupuesto para el FOPROLYD, para que pueda solventar las necesidades que las personas lisiadas demandan. Además, propone una reforma total de la Ley de Beneficio para la Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del Conflicto Armado, para actualizarla en base a la nueva situación del país y las nuevas exigencias de los beneficiarios.
Fuente original: Opera Mundi (portugués)
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