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| Foto G. Trucchi | Opera Mundi |
David Morales habló sobre las heridas provocadas por la guerra civil, que permanecen abiertas más de dos décadas después
Por Giorgio Trucchi | Opera Mundi
El conflicto armado interno que sacudió la sociedad salvadoreña entre 1980 y 1992, año en que se firmaron los Acuerdos de Paz en el Castillo de Chapultepec, en México, dejó un saldo dramático de 75 mil muertos, 8 mil desaparecidos, de acuerdo con la FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho) y 40 mil personas lisiadas de guerra, según el Informe de la Comisión de la Verdad.
Las Fuerzas Armadas salvadoreña, con la creación de los BIRI (Batallones de Infantería de Reacción Inmediata), una de las principales herramientas de exterminio de la guerra contrainsurgente, así como el uso de fuerzas combinadas y de grupos paramilitares - escuadrones de la muerte -, fueron responsables de decenas de matanzas que dejaron miles de civiles muertos. Tristemente famosas son las masacres de El Sumpul (1980), El Mozote y La Quesera (1981), donde, en menos de 48 horas, los militares asesinaron a casi 2 mil personas, incluyendo a mujeres, niños, niñas y ancianos.
“Nunca se cumplieron las recomendaciones de la Comisión de Verdad. Ante el clamor de las víctimas, se prefirió decretar una amnistía general e ignorar el llamado a una seria y profunda reforma del sistema de procuración e impartición de justicia. El Estado tiene todavía una deuda enorme con la población”, dijo el Procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales, durante una entrevista en exclusiva con Opera Mundi.
Opera Mundi: En víspera de las elecciones, se percibe claramente que El Salvador no está todavía reconciliado, y que, entre la población, entre las víctimas, hay todavía algo que no está resuelto. ¿Es así?
David Morales: Es una deuda histórica que no ha sido saldada por el Estado, y representa uno de los más graves incumplimientos de los Acuerdos de Paz. Esto, no sólo ha generado una profunda discriminación y nuevas formas de violencia institucionalizada hacia las víctimas, en la medida en que se les ha abandonado y revictimizado, sino que ha afectado el adecuado desarrollo democrático e institucional que previeron los Acuerdos de Paz de 1992.
OM: ¿Qué preveían los Acuerdos de Paz?
DM: La agenda preveía una primera etapa para realizar el desmontaje del conflicto y la desmilitarización, incluyendo una profunda reforma militar y policial, y una etapa transicional que conllevaba el enfrentamiento con la verdad.
En esta segunda fase, se creó una Comisión de la Verdad, que presentó un informe muy contundente y que trazó una ruta de cambios para la aplicación de la justicia a los graves crímenes de guerra y el resarcimiento de las víctimas. Además, sentaba bases más objetivas para una verdadera reconciliación.
La tercera etapa de la agenda era la democratización de las instituciones, donde ya se prefiguraba una reforma del sistema de justicia, una profunda reforma electoral y la creación de un espacio de debate para enfrentar las graves causas de la injusticia económico- estructural que dieron lugar al conflicto.
Si bien la primera etapa se llevó a cabo muy exitosamente, las fases siguientes sufrieron un verdadero bloqueo de parte de los sectores de mayor poder político que controlaban el Estado. El reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas fueron prácticamente negados, y la mayoría de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad fueron desatendidas por los tres poderes del Estado.
Cinco días después de que la Comisión diera a conocer su informe, que incluía nombres y apellidos de los represores y genocidas salvadoreños, el Parlamento aprobó una Ley de Amnistía que cerró todas las puertas al juzgamiento de los criminales. Además, nunca se dio una profunda reforma del sistema de justicia, que fue el gran cómplice de la política de masacre, de exterminio sistemático, de tortura y desaparición forzada de la población civil durante la guerra.
Todas estas medidas de protección a los criminales de guerra garantizó una total impunidad y evitó que, en El Salvador, se diera una verdadera reconciliación.
OM: ¿Qué hicieron las víctimas ante tanta impunidad?
DM: Las víctimas y las organizaciones de derechos humanos han luchado contra la impunidad institucionalizada y han tenido victorias jurídicas importantes. La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ya dijo que la amnistía violenta la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana le ha ordenado a El Salvador que no aplique esta ley en caso de graves violaciones. En el año 2000, la Sala de lo Constitucional declaró que la Ley de Amnistía no era aplicable a graves violaciones de derechos humanos.
Como PDDH (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) ya hemos dicho que varias disposiciones de la Ley de Amnistía son inconstitucionales, porque pretenden derogar derechos de las víctimas que son, por naturaleza, inderogables.
Lamentablemente, el sistema de justicia salvadoreño se sigue negando a impulsar procesos, y hay fuerzas políticas que siguen manipulando esta temática, diciendo que atender los requerimientos de las víctimas generaría crisis a la gobernabilidad democrática y a la paz del país, generando una secuela de venganzas. Esto es totalmente falso y hay que comenzar a desmontar esta manipulación de la realidad.
OM: ¿Existen espacios para que se pueda garantizar justicia y reparación a las víctimas?
DM: Han habido avances muy positivos. Durante la gestión del último gobierno se creó una dinámica que rompe con la tradición de negacionismo de los gobiernos anteriores, aceptando que, durante la guerra civil, se produjeron gravísimos crímenes contra la humanidad y que el Estado y sus estructuras paramilitares fueron responsables de ellos.
En varias ocasiones, el propio Presidente de la República (Mauricio Funes) pidió perdón y promovió una serie de medidas de reparación, legitimando la demanda por acceso a la justicia de parte las víctimas. Ahora, el nuevo gobierno deberá continuar por este camino y profundizar esta política.
Además, el Instituto de Acceso a la Información Pública ya pidió a las Fuerzas Armadas tener acceso a sus archivos y registros para investigar informaciones relativas a masacres comprobadas, y cuya existencia es innegable. Lamentablemente, el Ministro de la Defensa prohibió el acceso a dicha información, afectando el derecho de las víctimas.
Como PDDH ya estamos implementando una política institucional que retome el tema de la memoria histórica, demandando a las instituciones del Estado la continuidad, ampliación y profundización de las medidas de reparación, acompañando también la agenda de dignificación simbólica que impulsan las víctimas para recordar a sus muertos.
Es nuestro deber medir el estado y la situación de la impunidad en El Salvador, activando nuestras facultades recomendatorias hacia las autoridades del sistema de justicia, que siguen negándose a impulsar investigaciones y a avanzar en casos resonados como, por ejemplo, el asesinato de Monseñor Romero, las masacres de El Mozote, de El Sumpul y de tantos otros.
OM: ¿Qué peso ha tenido el tema de los derechos humanos en el proceso electoral?
DM: En general, es un proceso que se está desarrollando sin mayores problemas y con poca violencia electoral. No obstante, lamentamos el abordaje que algunos partidos le han dado a la agenda de seguridad pública, queriendo volver a esquemas de militarización, como si el combate a la delincuencia fuera un conflicto armado.
La estrategia de la “mano dura” ya fue intentada por los gobiernos pasados, sin tomar en cuenta otros aspectos como la prevención, la capacidad de investigación, de articulación con la parte judicial, la participación ciudadana y la depuración policial. El resultado fue el fracaso total de estas políticas represivas, el fortalecimiento de la delincuencia y el aumento de la violencia en el país.
“Nunca se cumplieron las recomendaciones de la Comisión de Verdad. Ante el clamor de las víctimas, se prefirió decretar una amnistía general e ignorar el llamado a una seria y profunda reforma del sistema de procuración e impartición de justicia. El Estado tiene todavía una deuda enorme con la población”, dijo el Procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales, durante una entrevista en exclusiva con Opera Mundi.
Opera Mundi: En víspera de las elecciones, se percibe claramente que El Salvador no está todavía reconciliado, y que, entre la población, entre las víctimas, hay todavía algo que no está resuelto. ¿Es así?
David Morales: Es una deuda histórica que no ha sido saldada por el Estado, y representa uno de los más graves incumplimientos de los Acuerdos de Paz. Esto, no sólo ha generado una profunda discriminación y nuevas formas de violencia institucionalizada hacia las víctimas, en la medida en que se les ha abandonado y revictimizado, sino que ha afectado el adecuado desarrollo democrático e institucional que previeron los Acuerdos de Paz de 1992.
OM: ¿Qué preveían los Acuerdos de Paz?
DM: La agenda preveía una primera etapa para realizar el desmontaje del conflicto y la desmilitarización, incluyendo una profunda reforma militar y policial, y una etapa transicional que conllevaba el enfrentamiento con la verdad.
En esta segunda fase, se creó una Comisión de la Verdad, que presentó un informe muy contundente y que trazó una ruta de cambios para la aplicación de la justicia a los graves crímenes de guerra y el resarcimiento de las víctimas. Además, sentaba bases más objetivas para una verdadera reconciliación.
La tercera etapa de la agenda era la democratización de las instituciones, donde ya se prefiguraba una reforma del sistema de justicia, una profunda reforma electoral y la creación de un espacio de debate para enfrentar las graves causas de la injusticia económico- estructural que dieron lugar al conflicto.
Si bien la primera etapa se llevó a cabo muy exitosamente, las fases siguientes sufrieron un verdadero bloqueo de parte de los sectores de mayor poder político que controlaban el Estado. El reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas fueron prácticamente negados, y la mayoría de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad fueron desatendidas por los tres poderes del Estado.
Cinco días después de que la Comisión diera a conocer su informe, que incluía nombres y apellidos de los represores y genocidas salvadoreños, el Parlamento aprobó una Ley de Amnistía que cerró todas las puertas al juzgamiento de los criminales. Además, nunca se dio una profunda reforma del sistema de justicia, que fue el gran cómplice de la política de masacre, de exterminio sistemático, de tortura y desaparición forzada de la población civil durante la guerra.
Todas estas medidas de protección a los criminales de guerra garantizó una total impunidad y evitó que, en El Salvador, se diera una verdadera reconciliación.
OM: ¿Qué hicieron las víctimas ante tanta impunidad?
DM: Las víctimas y las organizaciones de derechos humanos han luchado contra la impunidad institucionalizada y han tenido victorias jurídicas importantes. La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ya dijo que la amnistía violenta la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana le ha ordenado a El Salvador que no aplique esta ley en caso de graves violaciones. En el año 2000, la Sala de lo Constitucional declaró que la Ley de Amnistía no era aplicable a graves violaciones de derechos humanos.
Como PDDH (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) ya hemos dicho que varias disposiciones de la Ley de Amnistía son inconstitucionales, porque pretenden derogar derechos de las víctimas que son, por naturaleza, inderogables.
Lamentablemente, el sistema de justicia salvadoreño se sigue negando a impulsar procesos, y hay fuerzas políticas que siguen manipulando esta temática, diciendo que atender los requerimientos de las víctimas generaría crisis a la gobernabilidad democrática y a la paz del país, generando una secuela de venganzas. Esto es totalmente falso y hay que comenzar a desmontar esta manipulación de la realidad.
OM: ¿Existen espacios para que se pueda garantizar justicia y reparación a las víctimas?
DM: Han habido avances muy positivos. Durante la gestión del último gobierno se creó una dinámica que rompe con la tradición de negacionismo de los gobiernos anteriores, aceptando que, durante la guerra civil, se produjeron gravísimos crímenes contra la humanidad y que el Estado y sus estructuras paramilitares fueron responsables de ellos.
En varias ocasiones, el propio Presidente de la República (Mauricio Funes) pidió perdón y promovió una serie de medidas de reparación, legitimando la demanda por acceso a la justicia de parte las víctimas. Ahora, el nuevo gobierno deberá continuar por este camino y profundizar esta política.
Además, el Instituto de Acceso a la Información Pública ya pidió a las Fuerzas Armadas tener acceso a sus archivos y registros para investigar informaciones relativas a masacres comprobadas, y cuya existencia es innegable. Lamentablemente, el Ministro de la Defensa prohibió el acceso a dicha información, afectando el derecho de las víctimas.
Como PDDH ya estamos implementando una política institucional que retome el tema de la memoria histórica, demandando a las instituciones del Estado la continuidad, ampliación y profundización de las medidas de reparación, acompañando también la agenda de dignificación simbólica que impulsan las víctimas para recordar a sus muertos.
Es nuestro deber medir el estado y la situación de la impunidad en El Salvador, activando nuestras facultades recomendatorias hacia las autoridades del sistema de justicia, que siguen negándose a impulsar investigaciones y a avanzar en casos resonados como, por ejemplo, el asesinato de Monseñor Romero, las masacres de El Mozote, de El Sumpul y de tantos otros.
OM: ¿Qué peso ha tenido el tema de los derechos humanos en el proceso electoral?
DM: En general, es un proceso que se está desarrollando sin mayores problemas y con poca violencia electoral. No obstante, lamentamos el abordaje que algunos partidos le han dado a la agenda de seguridad pública, queriendo volver a esquemas de militarización, como si el combate a la delincuencia fuera un conflicto armado.
La estrategia de la “mano dura” ya fue intentada por los gobiernos pasados, sin tomar en cuenta otros aspectos como la prevención, la capacidad de investigación, de articulación con la parte judicial, la participación ciudadana y la depuración policial. El resultado fue el fracaso total de estas políticas represivas, el fortalecimiento de la delincuencia y el aumento de la violencia en el país.
Las prácticas de campaña sucia también afectan el derecho debidamente informado de la población. Se está tratando de abordar el problema de manera simplista, utilizando el populismo punitivo con fines electorales. Todo esto es un irrespeto a las miles de víctimas de la delincuencia y a sus familiares. Como Procurador rechazo esta actitud de alguno partidos y creo que no es responsable. El reto para el próximo gobierno es dar respuestas e implementar políticas más integrales.
Fuente original: Opera Mundi (portugués)
Fuente en español: LINyM
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