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| Foto: Prometeo Lucero |
Por Revista Proceso
Cuando el 11 de febrero de 2011 el gobierno del presidente de Panamá Ricardo Martinelli reformó el Código de Recursos Naturales, los indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé lo vieron como la luz verde para la explotación del yacimiento de cobre del Cerro Colorado, ubicado en su territorio.
Durante cuatro días cerraron la carretera Interamericana, que atraviesa el país del norte a sur, conectando las fronteras con Costa Rica y Colombia. Denunciaban que la reforma retiraba a la autoridad de monitoreo ambiental la capacidad de realizar inspecciones. En paralelo, eliminaba la obligación de las empresas extranjeras a presentar su material y su equipo de uso minero. También suprimía la publicación en la gaceta oficial de los pagos y las condiciones en el otorgamiento de las concesiones mineras.
El conflicto se resolvió el 27 de febrero de 2011 con la firma de los llamados acuerdos de San Félix. El gobierno derogó su reforma y empezó a negociar una nueva ley minera con los indígenas.
Omayra Silvera, activista Ngäbe, recuerda en entrevista con Apro que los indígenas redactaron su propia propuesta de ley minera y emprendieron la fastidiosa tarea de discutir el texto con los legisladores, punto por punto.
La mayoría de los diputados era afín al partido del presidente y acordaba no entregar nuevas concesiones, pero permitía la explotación de las concesiones existentes hasta ese momento: 25 mineras y 147 hidroeléctricas.
En enero de 2012 el Parlamento aprobó la ley que proponían los indígenas, pero le amputó su artículo quinto, en el que se encontraba su “espíritu”, dice Silvera: cancelaba todas las concesiones a empresas nacionales y extranjeras y suspendía “de inmediato” los trabajos que llevaban a cabo estas empresas en la comarca, zona con autonomía política desde 1997.
Cuando se enteró del acontecimiento, Omayra Silvera decidió, junto con cientos de indígenas, salir de nuevo a protestar. A inicios de febrero de 2012 volvieron a bloquear varios puntos de la carretera Interamericana.
Los bloqueos “tuvieron un gran impacto en la economía de Panamá. El gobierno perdió millones en cinco días. Llegó a transportar a los extranjeros en avión”, revive Silvera. “La capital estaba paralizada, empezó a faltar la comida y el combustible”, añade.
El 2 de febrero el presidente propuso a los indígenas trasladarse a la capital para negociar. Afirmó que abandonaba los proyectos mineros, pero rechazó incluir los hidroeléctricos en las restricciones. Los indígenas se negaron, y en respuesta lo invitaron a ir a la Comarca.
El 3 de febrero por la noche el gobierno cortó la luz y las líneas telefónicas en la región de San Félix, lo que difundió temor entre los indígenas, rememora la activista.
La crisis alcanzó su clímax el 5 de febrero, a tal punto que la tensión provocó el brote de violencia entre policías e indígenas. Un poblador cayó muerto tras recibir un disparo en el pecho, 47 resultaron heridos y 200 desaparecidos, según la Comisión de la Verdad, establecida meses después del acontecimiento.
“Fue darle la puñalada a todos los originarios: salieron caminando, cruzando montañas, nos mandaban comida, transporte, lo que sea, aportando un granito de arena”, analiza la activista, quien añade que la Iglesia católica apoyó al movimiento.
El 7 de febrero falleció un indígena menor de edad debido a la explosión de un vehículo en la provincia Chiríqui, donde se realizaban las protestas. El presidente se decidió finalmente desplazarse hacia la Comarca.
Ese día firmó con los indígenas los acuerdos de San Lorenzo. “Nos restituyeron el artículo quinto y se cancelaron las concesiones”, se felicita Silvera. “Las organizaciones de Panamá se sorprendieron porque nadie se había levantado así frente al gobierno”, subraya.
Silvera representó a Panamá en el Encuentro de Pueblos en Resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, realizado del 14 al 16 de marzo en Tlamanca, comunidad del municipio de Zautla, en la Sierra Norte de Puebla. En 2012 Tlamanca detuvo los trabajos de la empresa china JDC Minerales.
Al evento acudieron delegados de Guatemala, El Salvador y Honduras; de estados mexicanos como Oaxaca, Chiapas, Colima, y municipios poblanos como Ixtacamaxtitlán, Tetela de Ocampo, Olintla, Cuetzalan, Zacatlán, Teziutlán, Huauchinango y Libres. Todos con testimonios sobre lo que las mineras, predominantemente extranjeras, han causado en sus comunidades.
La activista compartió que, a pesar de haber detenido el avance de la minería, los indígenas continúan vigilantes, ya que “nuevamente las empresas y el gobierno tratan de entrar a la Comarca”. Su estrategia, explica, reside en dividir al pueblo: ofrecen dinero a unos pobladores de las comunidades para propagar la idea que la minería trae beneficios. “Un grupo minoritario se deja llevar”, lamenta.
“Por la vida, con la vida”
En El Salvador “usan las mismas estrategias. Las empresas son mañosas”, comenta Rina Navarrete, integrante de Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), asociación que en El Salvador se opone a la construcción de la minera que lleva el nombre de la ciudad ficticia que los españoles buscaron en América: El Dorado.
“Le propusieron a la gente volverse accionistas de la empresa. La gente pagaba 5 dólares de membresía”, compartió Navarrete, al agregar que la minera financió campañas políticas de candidatos locales.
El Dorado operó de forma subterránea de 1948 a 1953, dejando a su paso contaminación del subsuelo, comenta Navarrete. Pacific Rim, compañía canadiense, comenzó en 2002 los trabajos de exploración para buscar oro y plata mediante los permisos que le dio el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), cuando gobernaba el país Francisco Flores, hoy prófugo por no aclarar el destino de 20 millones de dólares donados por Taiwán para programas sociales.
En 2004, los integrantes de ASIC se enteraron del proyecto minero “por mera casualidad”, comenta Rina, pues buscaban información de un relleno sanitario y una porqueriza en el río Titihuapa. Dos años después, diversas organizaciones sociales y ambientalistas, ya congregadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería, hicieron propuestas para una nueva Ley Minera en 2006 y 2013. Hasta la fecha siguen congeladas en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Lo que sí lograron fue el compromiso público firmado por el expresidente Mauricio Funes de no permitir concesiones mineras durante su administración. En febrero pasado obtuvieron el compromiso público del presidente electo Salvador Sánchez Cerén para no permitir la minería.
Estos compromisos y el cierre de las concesiones hicieron que la Pacific Rim interpusiera una demanda contra El Salvador por un monto de 315 millones de dólares debido a la garantía de inversiones que la empresa tiene en el Capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio. Y aunque la Pacific Rim es canadiense, reactivó una subsidiaria inactiva en territorio estadunidense para poder presentar la demanda.
Ahora, a pesar de que se declaró en bancarrota y que la absorbió la compañía Oceana Gold, de origen australiano, los tribunales consideran que la demanda sigue vigente. En septiembre próximo será la última audiencia para determinar si El Salvador pagará esa cantidad ante un tribunal internacional auspiciado por el Banco Mundial.
“Nos dicen que estamos en contra de desarrollo, pero nuestra lucha es por la vida”, dice Navarrete, “incluso con la vida”.
Cuenta que durante los primeros seis meses de la presidencia de Funes (2009), tres de los integrantes de su organización fueron asesinados: en junio, Marcelo Rivera, fundador y director de ASIC, y en diciembre Ramiro Rivera y Dora Alicia Sorto, embarazada de ocho meses. La Fiscalía General de la República relaciona los tres casos con la delincuencia común.
“Los muertos no provienen de las empresas mineras, los ponemos los mismos de siempre”, deplora Navarrete, al referirse a las comunidad más vulnerable y pobre. Pero advierte: “es muy distinto ser humilde a ser tonto”.
“Hasta la fecha no hemos dejado entrar a la Pacific Rim, que como el rey Midas quiere transformar en oro todo lo que toca”, comenta la salvadoreña, para remarcar luego que el metal, a final de cuentas, no se come. Y agrega: “El éxito ha sido el empoderamiento de las comunidades”.
“Los derechos humanos no son naturales, los tenemos porque mucha gente luchó por ellos”, asevera por su parte el abogado mexicano Gustavo Lozano.
“En el caso de la minería los indígenas mexicanos gozan del derecho a aprovechar de sus recursos y territorios naturales; a la consulta previa, libre e informada; a la integridad cultural, así como a adoptar sus formas propias de gobierno”, precisa.
Muchas veces los pueblos no saben en qué momento la Secretaría de Economía otorga la concesión, ya que el gobierno no los consulta –a pesar de que sea su obligación–, explica a Apro la abogada Maribel González Pedro, indígena Me’phaal de San Miguel del Progreso, Guerrero.
Fue precisamente esta falta de consulta indígena que permitió a la comunidad Me’phaal detener la concesión minera en su territorio, mediante un amparo que interpuso el 15 de julio de 2013.
Como documentó Proceso (No.1935), el amparo también apela la cancelación de los artículos 6, 10, 15 y 19 de la Ley Minera, debido a que violan los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que firmó y elevó a rango constitucional México.
“Estamos concientes que muy pocos jueces entran al tema de la anticonstitucionalidad, además de que son escasas las demandas en amparos que aleguen la falta de respeto a los derechos indígenas. De cierta manera esto es nuevo en la justicia y para nosotros”, reconoce González Pedro.
Fiebre del oro
“El modelo extractivo es la actividad industrializada que va por los bienes comunes naturales de manera irresponsable”, explica en entrevista Gustavo Castro, miembro fundador de la Red Mexicana Contra la Minería (Rema), M4 e integrante de Otros Mundos Chiapas AC.
“Importa entregar a los centros de consumo las mayores cantidades de recursos naturales a bajo costo, sin importar las consecuencias naturales, la contaminación, los problemas de salud o la sobreexplotación del agua”, agrega.
Y deplora: “La empresa se lleva el oro a Canadá, pero no se lleva con ella a ese país los millones de litros de agua contaminada con cianuro que deja aquí”.
Según el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2013, que publicó la Secretaría de Economía (SE), la industria minera creció a una tasa real de 4.3% en la última década, más del doble que el resto de la economía del país.
“Cuando estalló la crisis económica en 2008, los gobiernos y muchos pequeños inversionistas convirtieron sus monedas de papel en oro, mientras que China acentuó su demanda por metales”, asevera Castro.
Si bien en 2006 las inversiones en el sector minero mexicano alcanzaban 2 mil millones de dólares, en 2013 se dispararon a 8 mil 145 millones de dólares; es decir, se multiplicaron por cuatro, asevera el Reporte de Coyuntura de la SE.
Estas inversiones alcanzaron niveles de rentabilidad inéditos: el valor de la producción minera en México se triplicó entre 2006 y 2012, al pasar de 100 mil millones de pesos a 234 mil millones de pesos –una cifra superior de 9.1% a la de 2011–. Más de la mitad de la producción la conformaron el oro y la plata.
Según la auditoría DE-089 de la Auditoría Superior de la Federación, la minería pesa 8.3% en el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano. Sin embargo, en 2012 el pago de derechos por concesiones y asignaciones se elevó a 3 mil 246 millones de pesos, “tan solo 1.4% del valor extraído”, denuncia el órgano fiscalizador.
La demanda frenética de oro incentivó la extracción minera a un ritmo “pavoroso”, estima Castro, al añadir que sólo durante el gobierno de Felipe Calderón la Secretaría de Energía vendió 56 millones de hectáreas en concesiones a “las mismas empresas mineras de siempre”. A la fecha solo una parte de estas concesiones permanecen vigentes.
El precio del oro, cuya onza se negociaba a 603.8 dólares en promedio en 2006, se disparó durante el sexenio de Calderón: la onza alcanzó mil 669 dólares en 2012.
El precio del metal dorado alcanzó su récord, mil 921 dólares por onza, el 6 de septiembre de 2011, un mes después que la agencia de calificación Standard and Poor’s degradara su estimación de la deuda soberana de Estados Unidos. Durante este periodo cada día el valor del oro superaba al de la víspera.
La onza de plata pasó de 11.6 dólares promedio en 2006 a 35.1 dólares en 2011, para disminuir luego a 20.5 dólares en 2014. El precio del cobre siguió una tendencia similar: la libra se compraba en mil 670 dólares durante 2005 y hoy se intercambia por 3 mil 237 dólares.
Por lo tanto, según la Cámara Minera de México (Camexi), la cantidad de oro extraída en el país se multiplicó por cuatro entre 2005 y 2012, al pasar de 26 a 96 toneladas. Las empresas mineras sacaron 2 mil 413 toneladas de plata en 2005 y 4 mil 496 toneladas en 2012.
Estos fenómenos se producen durante un periodo de crisis, añade Castro. “Cuando no es así, 75% del oro en el mundo es joyería, pero para un gramo de oro la devastación es inmensa”, deplora.
Fuente: Revista Proceso
El conflicto se resolvió el 27 de febrero de 2011 con la firma de los llamados acuerdos de San Félix. El gobierno derogó su reforma y empezó a negociar una nueva ley minera con los indígenas.
Omayra Silvera, activista Ngäbe, recuerda en entrevista con Apro que los indígenas redactaron su propia propuesta de ley minera y emprendieron la fastidiosa tarea de discutir el texto con los legisladores, punto por punto.
La mayoría de los diputados era afín al partido del presidente y acordaba no entregar nuevas concesiones, pero permitía la explotación de las concesiones existentes hasta ese momento: 25 mineras y 147 hidroeléctricas.
En enero de 2012 el Parlamento aprobó la ley que proponían los indígenas, pero le amputó su artículo quinto, en el que se encontraba su “espíritu”, dice Silvera: cancelaba todas las concesiones a empresas nacionales y extranjeras y suspendía “de inmediato” los trabajos que llevaban a cabo estas empresas en la comarca, zona con autonomía política desde 1997.
Cuando se enteró del acontecimiento, Omayra Silvera decidió, junto con cientos de indígenas, salir de nuevo a protestar. A inicios de febrero de 2012 volvieron a bloquear varios puntos de la carretera Interamericana.
Los bloqueos “tuvieron un gran impacto en la economía de Panamá. El gobierno perdió millones en cinco días. Llegó a transportar a los extranjeros en avión”, revive Silvera. “La capital estaba paralizada, empezó a faltar la comida y el combustible”, añade.
El 2 de febrero el presidente propuso a los indígenas trasladarse a la capital para negociar. Afirmó que abandonaba los proyectos mineros, pero rechazó incluir los hidroeléctricos en las restricciones. Los indígenas se negaron, y en respuesta lo invitaron a ir a la Comarca.
El 3 de febrero por la noche el gobierno cortó la luz y las líneas telefónicas en la región de San Félix, lo que difundió temor entre los indígenas, rememora la activista.
La crisis alcanzó su clímax el 5 de febrero, a tal punto que la tensión provocó el brote de violencia entre policías e indígenas. Un poblador cayó muerto tras recibir un disparo en el pecho, 47 resultaron heridos y 200 desaparecidos, según la Comisión de la Verdad, establecida meses después del acontecimiento.
“Fue darle la puñalada a todos los originarios: salieron caminando, cruzando montañas, nos mandaban comida, transporte, lo que sea, aportando un granito de arena”, analiza la activista, quien añade que la Iglesia católica apoyó al movimiento.
El 7 de febrero falleció un indígena menor de edad debido a la explosión de un vehículo en la provincia Chiríqui, donde se realizaban las protestas. El presidente se decidió finalmente desplazarse hacia la Comarca.
Ese día firmó con los indígenas los acuerdos de San Lorenzo. “Nos restituyeron el artículo quinto y se cancelaron las concesiones”, se felicita Silvera. “Las organizaciones de Panamá se sorprendieron porque nadie se había levantado así frente al gobierno”, subraya.
Silvera representó a Panamá en el Encuentro de Pueblos en Resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, realizado del 14 al 16 de marzo en Tlamanca, comunidad del municipio de Zautla, en la Sierra Norte de Puebla. En 2012 Tlamanca detuvo los trabajos de la empresa china JDC Minerales.
Al evento acudieron delegados de Guatemala, El Salvador y Honduras; de estados mexicanos como Oaxaca, Chiapas, Colima, y municipios poblanos como Ixtacamaxtitlán, Tetela de Ocampo, Olintla, Cuetzalan, Zacatlán, Teziutlán, Huauchinango y Libres. Todos con testimonios sobre lo que las mineras, predominantemente extranjeras, han causado en sus comunidades.
La activista compartió que, a pesar de haber detenido el avance de la minería, los indígenas continúan vigilantes, ya que “nuevamente las empresas y el gobierno tratan de entrar a la Comarca”. Su estrategia, explica, reside en dividir al pueblo: ofrecen dinero a unos pobladores de las comunidades para propagar la idea que la minería trae beneficios. “Un grupo minoritario se deja llevar”, lamenta.
“Por la vida, con la vida”
En El Salvador “usan las mismas estrategias. Las empresas son mañosas”, comenta Rina Navarrete, integrante de Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), asociación que en El Salvador se opone a la construcción de la minera que lleva el nombre de la ciudad ficticia que los españoles buscaron en América: El Dorado.
“Le propusieron a la gente volverse accionistas de la empresa. La gente pagaba 5 dólares de membresía”, compartió Navarrete, al agregar que la minera financió campañas políticas de candidatos locales.
El Dorado operó de forma subterránea de 1948 a 1953, dejando a su paso contaminación del subsuelo, comenta Navarrete. Pacific Rim, compañía canadiense, comenzó en 2002 los trabajos de exploración para buscar oro y plata mediante los permisos que le dio el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), cuando gobernaba el país Francisco Flores, hoy prófugo por no aclarar el destino de 20 millones de dólares donados por Taiwán para programas sociales.
En 2004, los integrantes de ASIC se enteraron del proyecto minero “por mera casualidad”, comenta Rina, pues buscaban información de un relleno sanitario y una porqueriza en el río Titihuapa. Dos años después, diversas organizaciones sociales y ambientalistas, ya congregadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería, hicieron propuestas para una nueva Ley Minera en 2006 y 2013. Hasta la fecha siguen congeladas en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Lo que sí lograron fue el compromiso público firmado por el expresidente Mauricio Funes de no permitir concesiones mineras durante su administración. En febrero pasado obtuvieron el compromiso público del presidente electo Salvador Sánchez Cerén para no permitir la minería.
Estos compromisos y el cierre de las concesiones hicieron que la Pacific Rim interpusiera una demanda contra El Salvador por un monto de 315 millones de dólares debido a la garantía de inversiones que la empresa tiene en el Capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio. Y aunque la Pacific Rim es canadiense, reactivó una subsidiaria inactiva en territorio estadunidense para poder presentar la demanda.
Ahora, a pesar de que se declaró en bancarrota y que la absorbió la compañía Oceana Gold, de origen australiano, los tribunales consideran que la demanda sigue vigente. En septiembre próximo será la última audiencia para determinar si El Salvador pagará esa cantidad ante un tribunal internacional auspiciado por el Banco Mundial.
“Nos dicen que estamos en contra de desarrollo, pero nuestra lucha es por la vida”, dice Navarrete, “incluso con la vida”.
Cuenta que durante los primeros seis meses de la presidencia de Funes (2009), tres de los integrantes de su organización fueron asesinados: en junio, Marcelo Rivera, fundador y director de ASIC, y en diciembre Ramiro Rivera y Dora Alicia Sorto, embarazada de ocho meses. La Fiscalía General de la República relaciona los tres casos con la delincuencia común.
“Los muertos no provienen de las empresas mineras, los ponemos los mismos de siempre”, deplora Navarrete, al referirse a las comunidad más vulnerable y pobre. Pero advierte: “es muy distinto ser humilde a ser tonto”.
“Hasta la fecha no hemos dejado entrar a la Pacific Rim, que como el rey Midas quiere transformar en oro todo lo que toca”, comenta la salvadoreña, para remarcar luego que el metal, a final de cuentas, no se come. Y agrega: “El éxito ha sido el empoderamiento de las comunidades”.
“Los derechos humanos no son naturales, los tenemos porque mucha gente luchó por ellos”, asevera por su parte el abogado mexicano Gustavo Lozano.
“En el caso de la minería los indígenas mexicanos gozan del derecho a aprovechar de sus recursos y territorios naturales; a la consulta previa, libre e informada; a la integridad cultural, así como a adoptar sus formas propias de gobierno”, precisa.
Muchas veces los pueblos no saben en qué momento la Secretaría de Economía otorga la concesión, ya que el gobierno no los consulta –a pesar de que sea su obligación–, explica a Apro la abogada Maribel González Pedro, indígena Me’phaal de San Miguel del Progreso, Guerrero.
Fue precisamente esta falta de consulta indígena que permitió a la comunidad Me’phaal detener la concesión minera en su territorio, mediante un amparo que interpuso el 15 de julio de 2013.
Como documentó Proceso (No.1935), el amparo también apela la cancelación de los artículos 6, 10, 15 y 19 de la Ley Minera, debido a que violan los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que firmó y elevó a rango constitucional México.
“Estamos concientes que muy pocos jueces entran al tema de la anticonstitucionalidad, además de que son escasas las demandas en amparos que aleguen la falta de respeto a los derechos indígenas. De cierta manera esto es nuevo en la justicia y para nosotros”, reconoce González Pedro.
Fiebre del oro
“El modelo extractivo es la actividad industrializada que va por los bienes comunes naturales de manera irresponsable”, explica en entrevista Gustavo Castro, miembro fundador de la Red Mexicana Contra la Minería (Rema), M4 e integrante de Otros Mundos Chiapas AC.
“Importa entregar a los centros de consumo las mayores cantidades de recursos naturales a bajo costo, sin importar las consecuencias naturales, la contaminación, los problemas de salud o la sobreexplotación del agua”, agrega.
Y deplora: “La empresa se lleva el oro a Canadá, pero no se lleva con ella a ese país los millones de litros de agua contaminada con cianuro que deja aquí”.
Según el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2013, que publicó la Secretaría de Economía (SE), la industria minera creció a una tasa real de 4.3% en la última década, más del doble que el resto de la economía del país.
“Cuando estalló la crisis económica en 2008, los gobiernos y muchos pequeños inversionistas convirtieron sus monedas de papel en oro, mientras que China acentuó su demanda por metales”, asevera Castro.
Si bien en 2006 las inversiones en el sector minero mexicano alcanzaban 2 mil millones de dólares, en 2013 se dispararon a 8 mil 145 millones de dólares; es decir, se multiplicaron por cuatro, asevera el Reporte de Coyuntura de la SE.
Estas inversiones alcanzaron niveles de rentabilidad inéditos: el valor de la producción minera en México se triplicó entre 2006 y 2012, al pasar de 100 mil millones de pesos a 234 mil millones de pesos –una cifra superior de 9.1% a la de 2011–. Más de la mitad de la producción la conformaron el oro y la plata.
Según la auditoría DE-089 de la Auditoría Superior de la Federación, la minería pesa 8.3% en el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano. Sin embargo, en 2012 el pago de derechos por concesiones y asignaciones se elevó a 3 mil 246 millones de pesos, “tan solo 1.4% del valor extraído”, denuncia el órgano fiscalizador.
La demanda frenética de oro incentivó la extracción minera a un ritmo “pavoroso”, estima Castro, al añadir que sólo durante el gobierno de Felipe Calderón la Secretaría de Energía vendió 56 millones de hectáreas en concesiones a “las mismas empresas mineras de siempre”. A la fecha solo una parte de estas concesiones permanecen vigentes.
El precio del oro, cuya onza se negociaba a 603.8 dólares en promedio en 2006, se disparó durante el sexenio de Calderón: la onza alcanzó mil 669 dólares en 2012.
El precio del metal dorado alcanzó su récord, mil 921 dólares por onza, el 6 de septiembre de 2011, un mes después que la agencia de calificación Standard and Poor’s degradara su estimación de la deuda soberana de Estados Unidos. Durante este periodo cada día el valor del oro superaba al de la víspera.
La onza de plata pasó de 11.6 dólares promedio en 2006 a 35.1 dólares en 2011, para disminuir luego a 20.5 dólares en 2014. El precio del cobre siguió una tendencia similar: la libra se compraba en mil 670 dólares durante 2005 y hoy se intercambia por 3 mil 237 dólares.
Por lo tanto, según la Cámara Minera de México (Camexi), la cantidad de oro extraída en el país se multiplicó por cuatro entre 2005 y 2012, al pasar de 26 a 96 toneladas. Las empresas mineras sacaron 2 mil 413 toneladas de plata en 2005 y 4 mil 496 toneladas en 2012.
Estos fenómenos se producen durante un periodo de crisis, añade Castro. “Cuando no es así, 75% del oro en el mundo es joyería, pero para un gramo de oro la devastación es inmensa”, deplora.
Fuente: Revista Proceso
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