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Se cayó la cúpula de gobierno ¿y ahora qué?
Por Giorgio Trucchi | LINyM
Con 132 votos a favor y ninguno en contra -difícil para los diputados enfrentarse a una pasada de cuenta política que les propinaría el pueblo el próximo domingo electoral- el Congreso retiró ayer la inmunidad parlamentaria al presidente Otto Pérez Molina, abriendo el camino para que los órganos impartidores de justicia procedan penalmente contra él por delitos de corrupción. Las calles de Guatemala explotaron en júbilo.
Para el Ministerio Público (MP) y la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig) no hay duda alguna de la relación directa entre Pérez Molina, su vicepresidenta dimisionaria -ya detenida- Roxana Baldetti, decenas de funcionarios públicos, y el sistema de corrupción de La Línea.
Una red paralela -liderada por el mismo Pérez Molina y Baldetti- que operaba en siete aduanas del país, y que ofrecía a los importadores de bienes la posibilidad de simular documentos y pagar menos impuestos, a cambio de jugosas coimas.
El desfalco aduanero amontaría a unos 130 millones de dólares anuales, en un país que es entre los más pobres de la región.
Pobreza profunda
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la FAO y el PNUD, Guatemala es el tercer país de Latinoamérica con más porcentaje de la población bajo la línea de pobreza (54,8%), y el primero en cuanto a desnutrición crónica. La pobreza multidimensional alcanza casi el 71% de la población.
Actualmente, más de 3 millones de personas viven en situación de hambre. La población indígena-campesina es la que presenta los mayores niveles de desnutrición, alcanzando niveles casi del 80%. Según la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) del 49,8% de niñez desnutrida crónica total a nivel nacional, el 65,9% es indígena y el 58,6% se encuentra en el área rural.
Después de Paraguay, El Salvador y Bolivia, Guatemala es el país más desigual de Latinoamérica con un Índice de Gini de 0,628. Más de la mitad de la población del país es campesina, pero solamente el 2% de los productores concentra el 56,6% de la tierra, mientras que el 45,2% de productores solo accede al 3%. Desde hace décadas, Guatemala mantiene un Gini de acceso a tierra de 0.84, cercano a la exclusión total.
La Tercera Misión Internacional sobre el derecho a la alimentación en Guatemala (noviembre 2014) detalló, en su informe preliminar, que “la tendencia de la agudización del hambre se enlaza con la imposición de un modelo económico dependiente y orientado a la expulsión de la población indígena-campesina en el medio rural, con el objetivo de implantar proyectos agrícolas enfocados a la exportación y/o proyectos extractivos”.
¿Qué viene ahora?
La noticia de que el Congreso había despojado a Pérez Molina de su inmunidad fue recibida con júbilo por las miles de personas que, una vez más, llenaron el Parque Central de la capital guatemalteca y las calles del país.
El 21 de agosto pasado, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti -había renunciado a su cargo en mayo- fue capturada por orden del juzgado de Mayor Riesgo B, por los delitos de asociación ilícita, caso especial de estafa, defraudación aduanera y cohecho pasivo.
Ese mismo día, por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo, el Ministerio Público y la Cicig presentaron una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina.
El 27 de agosto, 16 estados de los 22 que integran Guatemala se sumaron a una jornada de Paro Cívico Nacional convocada por la Asamblea Social y Popular y otros espacios.
Días después, los integrantes de la Comisión Pesquisidora recomendaron al pleno del Congreso retirarle la inmunidad al presidente Pérez Molina, por considerar que existían suficientes indicios de su participación en la estructura criminal de la “La Línea”.
El voto de ayer de los 132 diputados ratificó la intención de someter al presidente guatemalteco a los tribunales de justicia.
“Lo que ocurrió ayer es el resultado de una movilización y un levantamiento social y popular que tiene muy pocos precedentes en la historia de Guatemala, y que ha sabido reunir tanto a los pueblos indígenas y campesinos, como al sector urbano y la clase media guatemalteca”, dijo a la LINyM, Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC).
“Y no se trata solamente de haber retirado la inmunidad a un presidente responsable de actos de corrupción, sino también a un ex general del ejército que encabezó el genocidio en el norte del país y al jefe de un gobierno que no ha parado de entregar nuestro territorio y nuestros recursos a las transnacionales, criminalizando y reprimiendo la resistencia popular”, agregó.
Si bien Guatemala está celebrando “una nueva Primavera”, para Pascual eso no es suficiente. Ni las elecciones del próximo domingo (6/9) resolverían la grave crisis social, económica y política que enfrenta el país.
“El Estado está en bancarrota, los partidos políticos están totalmente deslegitimados y la victoria electoral está siendo disputada por partidos de extrema derecha que representan a la oligarquía criolla. Con las elecciones quieren oxigenar a este sistema y apagar el descontento social”, explicó Pascual.
Es por eso que un nutrido grupo de organizaciones está exigiendo que el nuevo gobierno sea de transición, y que lleve a Guatemala hacia un proceso constituyente.
Proceso electoral
Más de 7.5 millones de guatemaltecos serán llamados a renovar los cargos de presidente, vicepresidente, 158 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 338 corporaciones municipales para el periodo 2016-2020.
De acuerdo con las últimas encuestas, ningún candidato lograría una victoria en primera vuelta. Los dos primeros estarían enfrentándose en un balotaje previsto para el 25 de octubre.
Manuel Baldizón, del partido Libertad Democrática Renovada (LÍDER), encabeza las encuestas con un 25% de las preferencias, seguido por Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN) con el 16% y la ex primera dama Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con el 14%. Muy rezagado con un 2,5% queda el candidato oficialista Mario David García.
“La Asamblea Constituyente que queremos debe ser multisectorial y plurinacional, y debe promover una reforma profunda del Estado, la creación de una nueva Constitución y la fundación de un Estado Plurinacional, por la naturaleza y las características de nuestro país”, dijo el coordinador nacional del CUC.
“El pueblo estaba hundido en un sueño que parecía eterno, pero el despertar de la gente, de la juventud, de las mujeres, ha generado una gran esperanza. El país está viviendo un gran momento político en términos de fundar un Estado que sea para todos y todas.
Ahora necesitamos que se castiguen los responsables de la corrupción, que se recuperen los miles de millones robados, y que se reforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Vamos a necesitar de mucha energía para continuar la batalla”, concluyó Pascual.
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