Por Pasos de Animal Grande
Honduras ha registrado en los últimos cinco años 174 crímenes de odio contra la comunidad lésbico-gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI), pero de acuerdo al informe publicado a finales de 2014 por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el 92% de estos delitos quedaron en la impunidad.
Del universo de casos, el organismo gubernamental registra que solo 42, equivalentes al 24% han sido judicializados. Sin embargo, eso no significa que los responsables hayan sido condenados a prisión por estos delitos. Las estadísticas señalan que la mayoría de hechos en contra de la comunidad LGTBI se registraron en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, Islas de la Bahía, Copán, Yoro, Olancho y Atlántida.
Del universo de casos, el organismo gubernamental registra que solo 42, equivalentes al 24% han sido judicializados. Sin embargo, eso no significa que los responsables hayan sido condenados a prisión por estos delitos. Las estadísticas señalan que la mayoría de hechos en contra de la comunidad LGTBI se registraron en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, Islas de la Bahía, Copán, Yoro, Olancho y Atlántida.
En el caso particular de los homosexuales, sus crímenes se cometieron generalmente en hoteles, casas de habitación y otros lugares privados, con armas punzocortantes, mientras que la mayoría de las transexuales fueron ejecutadas en la vía pública y con armas de fuego.
Previo a desarrollarse el Examen Periódico Universal (EPU 2014), la sociedad civil hondureña informó que de cada cinco personas LGTBI que habían sido ejecutadas en Centroamérica, tres eran de Honduras y que las muertes no eran investigadas, a pesar de los llamados de atención que comunidad internacional les ha girado a las autoridades.
A partir de junio de 2009, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, ha decretado medidas cautelares para varios miembros de la comunidad LGTBI por el grado de impunidad que rodea estos crímenes. No obstante, los informes indican que la policía de este país centroamericano, sigue amenazando, deteniendo, acosando, abusando sexualmente, discriminando y torturando a las personas LGTBI.
El CONADEH y la sociedad civil comparten que la Policía Nacional y los militares que patrullan en las calles de Honduras constituyen el principal riesgo de quienes forman parte de la comunidad LGTBI.
Derivado de ese contexto, pueblos y gobiernos de diversos países del mundo, participantes en el EPU recomendaron a Honduras investigar y castigar a los responsables de los crímenes de odio. Además, solicitaron al Congreso Nacional tipificar estos crímenes en el Código Penal y promulgar la Ley de Identidad de Género para eliminar la discriminación que sufren las mujeres y hombres transexuales, pero a juicio de los líderes y lideresas LGTBI a las autoridades no les interesa cumplir las recomendaciones.
“En el gobierno de Porfirio Lobo sí avanzamos, cuando Ana Pineda estaba en la Secretaría de Derechos Humanos”, dijo Arely Victoria Gómez Cruz, líder del colectivo LGTBI en Tegucigalpa. Ella es una mujer transexual, que en el marco del proyecto, Defensoría y Promoción de los Derechos Humanos, desarrollado a través del Foro Sida, trabaja para lograr la tipificación de los crímenes de odio.
Para ella es lamentable que el titular de la Secretaría de Derechos Humanos Justicia y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo, le reste importancia a las recomendaciones que provienen del EPU.Gómez Cruz destacó la importancia que tiene para la comunidad LGTBI la promulgación de la Ley de Identidad de Género, pues según ella, eso les permitiría identificarse social y legalmente de acuerdo a la imagen adoptada. Reiteró que también trabajan temas relacionados con la salud reproductiva y la incidencia política, entre otros.
Además, habló de la importancia que tiene para la comunidad LGTBI lograr desvincularse del virus del VIH-Sida, sobre todo, porque la misma Secretaría de Salud los relaciona a ellos y ellas con la enfermedad. De igual manera, uno de los capítulos del informe anual que emite el CONADEH siempre es titulado VIH y LGTBI.
Previo a desarrollarse el Examen Periódico Universal (EPU 2014), la sociedad civil hondureña informó que de cada cinco personas LGTBI que habían sido ejecutadas en Centroamérica, tres eran de Honduras y que las muertes no eran investigadas, a pesar de los llamados de atención que comunidad internacional les ha girado a las autoridades.
A partir de junio de 2009, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, ha decretado medidas cautelares para varios miembros de la comunidad LGTBI por el grado de impunidad que rodea estos crímenes. No obstante, los informes indican que la policía de este país centroamericano, sigue amenazando, deteniendo, acosando, abusando sexualmente, discriminando y torturando a las personas LGTBI.
El CONADEH y la sociedad civil comparten que la Policía Nacional y los militares que patrullan en las calles de Honduras constituyen el principal riesgo de quienes forman parte de la comunidad LGTBI.
Derivado de ese contexto, pueblos y gobiernos de diversos países del mundo, participantes en el EPU recomendaron a Honduras investigar y castigar a los responsables de los crímenes de odio. Además, solicitaron al Congreso Nacional tipificar estos crímenes en el Código Penal y promulgar la Ley de Identidad de Género para eliminar la discriminación que sufren las mujeres y hombres transexuales, pero a juicio de los líderes y lideresas LGTBI a las autoridades no les interesa cumplir las recomendaciones.
“En el gobierno de Porfirio Lobo sí avanzamos, cuando Ana Pineda estaba en la Secretaría de Derechos Humanos”, dijo Arely Victoria Gómez Cruz, líder del colectivo LGTBI en Tegucigalpa. Ella es una mujer transexual, que en el marco del proyecto, Defensoría y Promoción de los Derechos Humanos, desarrollado a través del Foro Sida, trabaja para lograr la tipificación de los crímenes de odio.
Para ella es lamentable que el titular de la Secretaría de Derechos Humanos Justicia y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo, le reste importancia a las recomendaciones que provienen del EPU.Gómez Cruz destacó la importancia que tiene para la comunidad LGTBI la promulgación de la Ley de Identidad de Género, pues según ella, eso les permitiría identificarse social y legalmente de acuerdo a la imagen adoptada. Reiteró que también trabajan temas relacionados con la salud reproductiva y la incidencia política, entre otros.
Además, habló de la importancia que tiene para la comunidad LGTBI lograr desvincularse del virus del VIH-Sida, sobre todo, porque la misma Secretaría de Salud los relaciona a ellos y ellas con la enfermedad. De igual manera, uno de los capítulos del informe anual que emite el CONADEH siempre es titulado VIH y LGTBI.
Discriminación
Históricamente la comunidad LGTBI en Honduras ha sido víctima de un lenguaje homofóbico que provoca descalificación, exclusión social y odio, que muchas veces concluye en acoso, agresiones físicas y hasta en la muerte de algunos de sus miembros.
Esa situación difícil que a diario viven las personas LGTBI, se ha derivado de sendas campañas montadas en algunos medios de comunicación y las iglesias, que ven como una amenaza el establecimiento del matrimonio igualitario y la adopción, a pesar de que en Honduras esta comunidad no muestra interés en estos temas.
“Son cortinas de humo que lanzan para desprestigiarnos, no es prioridad para nosotras, ni el matrimonio, ni las adopciones”, sostuvo Arely Victoria, quien a renglón seguido lamentó que los líderes de las iglesias se presten a cambiar el mensaje de un Dios amor por predicas de odio.
“Y eso es lo que predica Evelio Reyes”, expresó, en alusión al Pastor de la Iglesia Evangélica Vida Abundante, quien en diciembre de 2012 llamó a la feligresía a no votar por candidatos LGTBI, sin importar su capacidad y que de repente sean más honestos que los del Partido Nacional, instituto político al que pertenece él y su familia, han señalado desde la comunidad de la diversidad sexual.
Todo ocurrió cuando el recién fundado Partido Libertad y Refundación (LIBRE), abrió sus puertas para que algunos miembros del movimiento LGTBI se inscribieran como precandidatos a elección popular. De allí surgieron cuatro candidaturas a diputados, y Arely Victoria era una de ellas.
Cuando Reyes se dio cuenta de lo que sucedía en LIBRE, comenzó predicar en su contra, “no voten por homosexuales y lesbianas que corrompen los modelos de Dios, no voten por los enemigos de Dios”, sentenció, en un culto donde según él, le pedía a Dios iluminar a los hondureños de cara a las elecciones internas.
El Código Penal en su artículo 321 tipifica la discriminación con penas de 3 a 5 años de reclusión, más una multa de 30 mil a 50 mil Lempiras “quien haga objeto de discriminación a otra persona por motivo de sexo, raza, edad, clase, religión, militancia partidista o política, adolecimiento de alguna discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana”.
Lo anterior indica que de acuerdo a la norma jurídica el Pastor Evelio Reyes cometió delito y por esa razón varios miembros de la comunidad LGTBI denunciaron al religioso en el Ministerio Público, por lo que este organismo, después de investigar el caso presentó el correspondiente requerimiento fiscal y lo acusó discriminación sexual.
De acuerdo al relato de hechos comprendido en el requerimiento fiscal, el pastor Reyes violentó los derechos de identidad, respeto, tolerancia y menoscabó la libertad de expresión de los cuatro miembros LGTB que aspiraban ser electos candidatos de su partido, sin embargo, el juez penal que conoció la causa benefició al líder religioso con un sobreseimiento definitivo.
A lo anterior se suma que días antes de que el Juzgado realizara la segunda audiencia del juicio contra el pastor Reyes, hombres encapuchados agredieron físicamente a Arely Victoria, una de las firmantes de la denuncia interpuesta contra él. Las amenazas continuaron y por ese motivo la mujer transexual tuvo que huir y refugiarse en otro país, mientras pasaban las elecciones.
La comunidad LGTBI conoció extraoficialmente que días antes de ser sobreseído el caso, el Pastor Reyes se reunió con el Fiscal General del Estado, Oscar Chinchilla y otras autoridades del Ministerio Público, donde supuestamente negociaron la no continuación del caso.
Lo anterior sumado a que según han denunciado las personas LGTBI, la Confraternidad Evangélica, ejerce presión para que el Congreso Nacional reforme el contenido del artículo 321 del Código Penal, mediante el cual el Ministerio Público acusó al Pastor Reyes. La coalición religiosa argumenta que ese precepto vulnera el derecho de libertad de expresión de los pastores.
Educación
La coordinadora del Proyecto para la Promoción de los Derechos Humanos de las personas LGTBI, del Foro Sida, Carmen María Flores Valle, explicó que cuando los muchachos y muchachas comienzan a visibilizar su inclinación sexual, son obligadas en los centros de estudio a comportarse como nacieron biológicamente y a ocultar la identidad de género que han adoptado.
Sostuvo que las muchachas lesbianas son obligadas a “comportarse como señoritas utilizando uniforme con falda y no con pantalón, como ellas quisieran”, indicó. Además dijo, que situación similar sufren los muchachos transexuales que desean vestirse de mujer, razón suficiente para que muchos de estos jóvenes opten por retirarse de los centros de estudio.
Y “la única opción que tenemos es ir a estudiar en la noche”, dijo Arely Victoria, agregando, que también en la universidad no les permiten utilizar el nombre social sino que deben identificarse con los documentos oficiales.
Trabajo
Los centros de trabajo tampoco son la excepción, porque los hombres y mujeres transexuales encuentran dificultades de empleo debido a que su apariencia biológica es distinta a su identidad de género. Y en ese sentido se vuelve difícil que un empresario o gerente contrate a una mujer transexual como recepcionista, por ejemplo.
“A Arely Victoria que biológicamente es hombre, pero con identidad de mujer no la contrataría nadie para que conteste el teléfono”, dice la coordinadora del Proyecto para la Promoción de los Derechos Humanos del Foro Sida. “O un hombre gay no lo contratarían para trabajar con niños por el paradigma de que puede abusar de ellos, pero las estadísticas dicen que los mayores abusadores son los heterosexuales”, continuó diciendo.
Salud
Los centros de salud tratan a las mujeres lesbianas en las clínicas normales, como si se tratara de heterosexuales. Sin embargo, ellas necesitan atención especializada porque sus relaciones sexuales son con otras mujeres. Caso contrario ocurre con los hombres transexuales porque a ellos si los atienden en las clínicas especializadas para hombres que tienen sexo con otros hombres.
Quienes trabajan el tema, son del criterio que las mujeres lesbianas deben recibir atención médica en las mismas clínicas donde son atendidos los hombres transexuales.
Política
Tal como ha quedado demostrado, cuando las y los transexuales han tratado de incursionar en la política la principal oposición viene de los grupos religiosos y sobre todo de las sectas evangélicas y de los sectores más conservadores del catolicismo. Hasta hoy la sociedad lo mira normal, porque lo que siempre ha predominado es la cultura del machismo. Honduras todavía no está educada para votar por una mujer, y mucho menos por alguien que siendo hombre adopte el papel de ella.
No obstante, en una mujer lesbiana no se ve como defecto y lo mismo ocurre con los hombres gay. De ellos ya se han mencionado los nombres de varios que han ocupado y siguen ocupando puestos relevantes en el gobierno.
Malena Manzato, una psicóloga social, de nacionalidad argentina, que recientemente visitó Honduras para capacitar a hombres y mujeres de varias organizaciones en el tema de género, dijo que en Honduras ocurre eso “porque en términos de pluralismo sexual todavía falta mucho que hacer”.
Ella es especialista en violencia doméstica y aplicación de políticas públicas del gobierno de Buenos Aires. Sostuvo que en su país la comunidad LGTBI ha tenido que luchar y debatir para conseguir cierta equidad, incluyendo el matrimonio igualitario, una situación que en Honduras los miembros de esta comunidad están lejos de alcanzar.
Pero con la situación que vive el país, muchos se preguntan: ¿qué le podría importar a la gente con quién se acuesta o no el funcionario? Si al final lo que interesa es que en su cargo se desempeñe con capacidad y transparencia. No obstante, para los grupos conservadores del país, es más importante la corbata o el buen vestido, que el manejo de los recursos públicos y los proyectos de interés general.
Para los religiosos de Honduras, comete más pecado un hombre que se viste de mujer, que un político o funcionario que se roba las medicinas y el dinero que podría servir en mejoras de la educación, la seguridad y demás derechos que desde tiempos de la colonia española se le vienen negando a los hondureños, según el parecer de la comunidad de la diversidad sexual.
Es por eso que el colectivo LGTBI ha mantenido una lucha permanente por reconocimiento de la igualdad que les otorgan los convenios internacionales, la Constitución de la República y demás legislación nacional. Sus luchas se remontan a la década de los 80´s cuando apareció en el país el primer caso de VIH y que las autoridades vincularon a esta población con la transmisión del virus.
Es ahí donde surgen los primero grupos organizados para hacerle frente a la estigmatización desatada en su contra, donde los medios de comunicación, las iglesias, colegios y universidades, han tenido mucho que ver, sobre todo, porque sus manifestaciones han sido reducidas a la actividad sexual.
Crimen y justicia
El Ministerio Público ha creado la Unidad de Investigaciones de Alto Impacto, adscrita a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, organismo que mantiene a su cargo la investigación de los homicidios de la comunidad LGTBI, periodistas, operadores de justicia, niños y jóvenes, sin embargo, hasta hoy, son mínimos los resultados que esta entidad le ha mostrado a la población.
El 06 de agosto de 2014 la Sala II del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa dictó sentencia absolutoria a favor de Gustavo Adolfo Aguilar Sánchez, acusado por la Fiscalía de darle muerte a Erick Alexander Martínez, encargado de monitoreo, evaluación y relaciones públicas de la Asociación Kukulcán, organismo defensor los derechos de la comunidad LGTBI.
Martínez era un destacado defensor de los derechos humanos que estudiaba periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, y miembro activo del Movimiento Independiente de Periodismo, MIP, adscrito al Frente de Reforma Universitaria (FRU). Militó en el Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, y aspiraba a una diputación en representación del Partido Libre.
Era miembro de la Mesa de Diversidad Sexual, residía en la colonia Hato de En medio de Tegucigalpa y fue encontrado muerto el 07 de mayo de 2012 en la aldea Guasculile, carretera que conduce a Olancho. El Tribunal de sentencia determinó que el Ministerio Público no pudo acreditar los elementos probatorios en contra de un supuesto imputado y por tal razón la muerte de Martínez ha quedado en la impunidad.
Walter Tróchez
El crimen de este defensor de derechos humanos de la comunidad LGTBI es otro que se mantiene impune luego que el Tribunal de Sentencia absolviera a German Eduardo Mendoza, presunto responsable de su muerte. El Tribunal en su fallo estableció que la carga probatoria presentada por el Ministerio Público fue insuficiente para declararlo culpable, sobre todo, porque la defensa alegó que el imputado no se encontraba en el país en la fecha que ocurrió el delito.
Walter Tróchez fue asesinado la noche del 13 de diciembre de 2009 en pleno centro de la capital hondureña. Era un destacado defensor de los derechos de la comunidad LGTBI y trabajaba como procurador de los derechos humanos en el Centro de Investigación Promoción e Investigación de los Derechos Humanos (CIPRODEH). Testigos oculares manifestaron que Tróchez murió a consecuencia de un disparo de arma de fuego que le propinó un agente de la Policía Nacional.
Cuatro días antes, Walter Tróchez había denunciado en medios de comunicación y ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), que en horas de la noche, en el parque El Obelisco lo secuestraron agentes encapuchados de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), en una patrulla sin placas.
Informó que cuando lo llevaban detenido, por temor a ser ejecutado como había sucedido con varios miembros de FNRP, se tiró del vehículo y que sus captores lo amenazaron diciéndole que lo conocían bien y que lo iban a matar. También dijo que le hicieron preguntas acerca del quehacer de los líderes de la resistencia.
En los días más álgidos del Golpe de Estado, Walter Tróchez se destacó por sus acciones para liberar a los detenidos en los operativos militares de represión a los manifestantes.
“Walter fue un líder, y por eso lo mataron”, dijo al periódico digital, Honduras Tierra Libre, la doctora Adrienne Pine, investigadora sobre las políticas de mano dura en Honduras y profesora de la American University de Washington.
Sostuvo que el asesinato de Tróchez develó la homofobia como elemento político del golpe de Estado en Honduras y que su crimen fue conocido mundialmente.
Con las muertes impunes de Walter Tróchez y Erick Martínez, basta para demostrar la poca importancia que los operadores de justicia le dan a la criminalidad que campea en el país. Las cifras de impunidad son altas y más aún, cuando se trata de un sector estigmatizado no solo por su condición de género, sino también por su lucha social por los derechos de los hondureños.
El 29 de junio pasado, pasosdenimalgrande.com informó sobre la muerte violenta de Angy Ferreira Midence, una joven transexual, asesinada por sujetos que le dispararon desde un vehículo, cuando ella y cuatro amigas departían en un lugar de Comayagüela. El crimen ocurrió el jueves 25 de junio a las 12:30 de la noche.
Las amigas de Angy, también transexuales, se refugiaron en la ribera del río Choluteca mientras el vehículo abandonaba la escena del crimen, después la auxiliaron, pero ella murió. Un comunicado de las organizaciones LGTBI plantea que a la escena del crimen llegó la patrulla policial MI-95 de Comayagüela y que los agentes se negaron a llevarla a un centro asistencial, cuando todavía estaba con vida.
Angy tenía 26 años, era maestra de educación primaria y coordinaba el grupo de mujeres trans Las Muñecas, de la organización Arcoíris con de Tegucigalpa.
Impunidad
A pesar de que en el Ministerio Público hace más de un año crearon la Unidad de Investigación de Muertes de Alto Impacto, los resultados son mínimos frente a la gran cantidad de homicidios que esta sección investigativa debe resolver.
Esa Unidad es la responsable de investigar los crímenes contra periodistas, jueces, fiscales y los de las personas LGTBI, entre otros. Sin embargo, a ninguno de estos sectores le han podido dar respuesta ni muestras de que las autoridades quieren acabar con la impunidad.
En diversas manifestaciones públicas la comunidad LGTBI ha exigido al Ministerio Público explicaciones del tortuguismo institucional, pero siempre les responden que están trabajando y que no pueden dar detalles para no entorpecer las investigaciones.
Pero es que en la Fiscalía nadie se atreve a decir que trabajan con las uñas, que el personal no es suficiente y que tampoco cuentan con la logística necesaria, a pesar de que todos saben que esas deficiencias provocan que los imputados fácilmente queden libres porque al final los fiscales no logran probar la culpabilidad de los supuestos hechores. Pero para las organizaciones de derechos humanos, ese argumento es desgastado, porque lo que campea es una impunidad sin precedentes.
Ante tal situación, el 29 de junio pasado, diversas organizaciones LGTBI se reunieron con representantes del Ministerio Público, el CONADEH y la Secretaría de Justicia, Derechos Humanos y Descentralización, para conformar la Plataforma Nacional de Seguimiento a las Muertes Violentas. Kukulcan, APUVIMEH, Cozumel Trans, Grupo Lésbico y Bisexual Ixchel, Asociación Colectivo Violeta, Asociación Arco Iris de Honduras y Colectivo Unidad Color Rosa, forman parte de esta estructura.
Las organizaciones LGTBI registran 186 delitos de odio, entre tentativas, ataques, actos de discriminación y los 174 asesinatos, pendientes de resolver en la Fiscalía y tribunales jurisdiccionales.
¿Y los defensores LGTBI?
Con el golpe de Estado, en junio de 2009 se recrudeció la represión que ya venían sufriendo las organizaciones sociales y populares. La comunidad LGTBI, no fue la excepción y a partir de ese momento muchos de sus líderes han tenido que enfrentar situaciones difíciles, que van desde un simple grito discriminatorio, hasta violaciones y la muerte.
En ese contexto, se puede mencionar a Donny Reyes, un reconocido luchador social y líder del Colectivo Arcoiris, que por las amenazas que venía enfrentando, tuvo que abandonar el país a finales de 2013 y refugiarse en Alemania con el patrocinio de la Fundación para Perseguidos Políticos de Hamburgo.
En el 2007 fue detenido arbitrariamente y sometido por la policía a vejámenes al interior de una celda donde también había otros hombres, denunció el hecho en la Fiscalía, pero Donny Reyes perdió el caso y además fue puesto en la mira de los agentes del Estado, situación que se agravó en los años subsiguientes.
Arcoíris, dirigida por Donny Reyes, se sumó al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) a condenar el derrocamiento del ex presidente Manuel Zelaya Rosales en 2009. Esta organización fue la que también denunció internacionalmente los crímenes de odio perpetrados en el marco del rompimiento del orden constitucional, delitos cometidos con la participación directa o indirecta de la policía y del Ejército.
En el marco del golpe de Estado todos los hondureños vieron restringidos sus derechos fundamentales. No obstante, fueron los periodistas, defensores de derechos humanos y las personas LGTBI, quienes soportaron con mayor fuerza la represión.
En el 2012, Donny Reyes había recibido amenazas de muerte y por esa razón se refugió en Nicaragua, de donde regresó al poco tiempo. Al año siguiente, dos personas muertas aparecieron en la puerta de la Asociación Arcoíris y poco después, les robaron la computadora donde manejaban la documentación para redactar el segundo informe sobre crímenes de odio.
El 19 marzo pasado, la directora de Arcoíris, Esdra Yaveth Sosa Sierra, también denunció ser víctima de persecución e intimidaciones, cuando tres hombres desconocidos y con actitud sospechosa llegaron a buscarla a su oficina. El día anterior, ella y demás miembros de la organización recibieron amenazas de muerte a través de una carta anónima.
En enero de 2011 Amnistía internacional alertó sobre el peligro que corría Alexander David Sánchez Álvarez, quien fue amenazado de muerte por desconocidos empistolados. El organismo internacional sostuvo que el hecho se produjo por el trabajo que el defensor LGTBI, realiza a favor de su comunidad.
Sánchez Álvarez, estaba con otro activista LGTBI frente a las oficinas del Colectivo Violeta, cuando de repente se acercó un carro blanco del que bajó un hombre que caminando hacia ellos, sacó una pistola y le apuntó diciendo: “Ustedes nos faltan” y luego se alejó. El hecho fue denunciado a la policía, pero como de costumbre no se investigó.
En otro incidente, el 19 de ese mes, Sánchez Álvarez caminaba por una calle de Tegucigalpa, con rumbo a su puesto de trabajo y de pronto se le acercó una motocicleta donde viajaban dos hombres, uno de ellos lo golpeó en la cara con una pistola. Ese mismo día denunció el hecho en la Fiscalía Especial para los Derechos Humanos, pero tampoco hubo investigación.
En julio de 2011 Sánchez Álvarez también tuvo que a abandonar el país, refugiándose en Madrid, España, donde fue acogido por el programa de defensores y defensoras de derechos humanos de Amnistía Internacional.
La trayectoria de Sánchez Álvarez se remonta al 2007, cuando entró a formar parte del Colectivo Violeta, como educador de derechos humanos. También trabajó de enfermero en la Asociación Arcoíris y en el área de salud integral del Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación para las Víctimas de la Tortura (CPTRT).
Otro defensor LGTBI que ha sido víctima de atropellos, es Nelson Arambú, quien en septiembre de 2011, después de una marcha del FNRP, fue perseguido por hombres que se conducían en carros sin placas, quienes trataron de secuestrarlo.
Es de mencionar que la comunidad LGTBI tuvo una importante participación en la fundación y sostenimiento del Partido Libertad y Refundación (Libre), donde además varios de sus miembros participaron como candidatos en las elecciones internas de 2012.
Su participación en política desató la furia de líderes tradicionales, no solo políticos, sino también religiosos, una situación que llamó la atención de los organismos internacionales, como sucedió en octubre 2013, cuando la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,CIDH, expresó su preocupación por la violencia contra personas LGTBI. Este organismo convocó a los estados miembros a adoptar medidas para prevenir y sancionar los crímenes.
Además, en noviembre de ese año la CIDH abrió la Relatoría de los Derechos de las Personas LGTBI, para darle atención especializada a este sector.
En diciembre de 2014 al visitar in loco a Honduras para monitorear la situación general de derechos humanos, la CIDH sostuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado y de organizaciones de la sociedad civil.
La sociedad civil denunció que desde del 2009 al 01 de diciembre de 2014, se habían registrado 174 muertes violentas, de las cuales, 90 eran gays, 15 lesbianas y 69 transexuales, crímenes que por falta de investigación se mantienen impunes.
El 13 de mayo pasado, previo a la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y Transfobia, expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas llamaron a las autoridades a ponerle fin a la discriminación y a la violencia contra las personas LGTBI. A esa petición también se unieron, la Relatora Especial de Derechos de Defensores y Defensoras de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
En diciembre de 2014, la CIDH le dio seguimiento a la situación de violencia contra personas LGBTI y documentó que entre enero de 2013 y marzo de 2014 en América se registraron 594 asesinatos y 176 agresiones físicas supuestamente relacionadas con la orientación sexual o su identidad de género.
“La gran mayoría de los asesinatos fueron de hombres gay y mujeres trans o de personas percibidas como tales”, indica el informe de la CIDH, organismo que reitera su preocupación e insta a los Estados a tomar medidas urgentes y efectivas de prevención y respuesta frente a estas violaciones de derechos humanos y a garantizar que las personas LGBTI puedan gozar efectivamente de su derecho a una vida libre.
Más de 10 mil personas se movilizan en Alemania en apoyo
La grave situación por la que pasa esta comunidad llamó la atención en Alemania que llevó a más que 10 mil personas a unirse el 11 de julio de este año, en las calles de Múnich, para protestar y celebrar el "Christopher Street Day“ en favor de los derechos de la la comunidad Lesbiana Gay Bi y Transgénero, LGBT.
El diputado del Volker Beck y la vicepresidenta del Parlamento alemán Claudia Roth en el Christopher Street Day de Munich, Alemania, mostraron su solidaridad con la comunidad LGBTI de Honduras.
El diputado del Parlamento de Alemania, Kai Gehring de la ciudad de Essen y la concejala del ayuntamiento de Munich, Lydia Dietrich, exigieron el esclarecimiento del asesinato de Angy Ferreira de la Asociación LGBT de Honduras Arcoíris. Sin embargo, la situación no cambia.
El 26 de abril de 2015, las activistas LGTBI, Ruby Ferreira, Kendry Sayury y Fabiola Yescas salieron de Arcoíris y se conducían a una tienda cercana. De pronto, un vehículo se estacionó frente a ellas y uno de los pasajeros les apuntó con una pistola, a casi un mes, el 17 de mayo, Ruby fue atacada brutalmente por desconocidos.
Asimismo, el 23 de junio de 2015, en Puerto Cortés fue asesinado de 15 puñaladas, el defensor LGTBI y comunicador social, Juan Carlos Cruz Andara. La víctima era presentador de un programa de noticias del canal local Puerto Visión.
El 01 de agosto de 2015, al salir de una celebración del aniversario de la Asociación Arcoiris, la policía detuvo el taxi en que viajaban los defensores de derechos humanos, Wilmer Rodas y Donny Reyes. Les hablaron de manera amenazante y les preguntaron de dónde venían y qué estaban haciendo y luego indagaron al taxista para saber si los conocía.
Los ataque continuaron el 15 de agosto de 2015, cuando la defensora de derechos humanos y mujer trans, Paola Barraza, fue tiroteada por desconocidos en las inmediaciones de la Asociación Arcoiris. Uno de los disparos le impactó en la cara y tuvo que ser hospitalizada de emergencia. El día anterior y en este mismo lugar, hombres con características militares agredieron físicamente, Jlo Córdoba, ella fue golpeada en la cara y otras partes del cuerpo con un tubo de metal, puñetazos y patadas.
El 20 de agosto de 2015, el defensor de derechos humanos y director de la Asociación Manos Amigas - LGBT AMAS de Ceiba, Atlántida, Marco Aurelio López, al salir de una reunión en las oficinas de la Asociación Arcoiris fue interceptado por agentes de la policía militar que lo condujeron al norte de la ciudad donde fue golpeado y violado salvajemente.
La agresión sufrida lo mantiene hospitalizado y mientras tanto, los representantes de Arcoiris han denunciado el incidente ante las autoridades.
El 23 de agosto de 2015, Violeta R, mujer trans y defensora de derechos humanos fue asesinada en el barrio El Carrizal en Tegucigalpa. Ese mismo día, los elementos de la Policía Nacional visitaron las oficinas de la Asociación Arcoíris y trataron de entrar para fotografiar a los empleados.
Ocho días después, el 31 de agosto, Jlo Córdoba, también defensora de derechos humanos y mujer trans de la Asociación Arcoíris, recibió amenazas de parte de desconocidos que le informaron que su nombre aparece en una lista, junto al de otras personas que podrían ser víctimas de situaciones difíciles.
La situación que vive la comunidad LGTBI en Honduras no es más que una muestra de la vulnerabilidad de los derechos humanos de todos los hondureños y hondureñas, una situación difícil de cambiar mientras las autoridades no tomen conciencia de que Honduras es de todos y todas y no de unos pocos.
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