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Los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa presentaron ayer al presidente Enrique Peña Nieto ocho exigencias. El mandatario instruyó a las secretarias de Gobernación, de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República analizar la vialidad de cada punto.
Estas son las exigencias de los familiares de los 43 normalistas:
Reconocimiento de la legitimidad de nuestra búsqueda de justicia y de que el caso se encuentra abierto
Demandamos que como jefe del Ejecutivo reconozca que nuestra lucha es legítima y exprese públicamente, de manera clara, que la investigación está abierta. Ya no queremos escucharlo decir que debemos superar este dolor y seguir adelante, como si la verdad hubiese sido esclarecida, cuando se nos pretende engañar con mentiras y falsedades; ya no queremos que sus funcionarios se expresen negativamente de nuestro movimiento y cuestionen dolosamente nuestras intenciones.
Permanencia del GIEI, aceptación plena del informe del GIEI y sus recomendaciones
Exigimos que públicamente se comprometa a cumplir el Informe del GIEI. Demandamos que se acate, no que se analice. No es posible que algunos de sus funcionarios digan que revisarán el informe y otros salgan públicamente a descalificarlo. Para ello, exigimos que así se señale públicamente, que el Gobierno Federal publique en el Diario Oficial de la Federación el resumen ejecutivo del Informe, y que se haga una nueva edición con amplia distribución en todo el país de dicho reporte. Además, demandamos que al cumplirse un año del mandato del GIEI reciba de ellos mismos y con nuestra participación, el informe a un año de sus labores, con base al cual se evaluará su permanencia para continuar monitoreando la implementación de todas sus recomendaciones.
Sabemos que su gobierno ha propuesto que el GIEI continúe durante 6 meses más. Nosotros demandamos que su mandato se prorrogue durante un año más, pues consideramos que sería el tiempo suficiente para que los expertos verifiquen la reestructuración de la investigación, la implementación de una estrategia de búsqueda profesional de nuestros hijos, pero además la implementación de una política pública integral que evite que estos hechos se vuelvan a repetir. Es momento Presidente de comprometerse a que este país cambie y se asegure la verdad y la justicia en Ayotzinapa.
Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar.
Exigimos que la indagatoria:
a) Salga de la SEIDO y sea ubicada directamente en la Oficina de la Procuradora;
b) Sea conducida por un fiscal que tenga el visto bueno del Grupo de Expertos;
c) Se guíe en función de un plan de investigación que deberá diseñarse conjuntamente con los expertos y la coadyuvancia;
d) Pida apoyo externo a la Procuraduría cuando requiera dictámenes periciales, con el visto bueno del Equipo Argentino de Antropología Forense;
e) Presente periódicamente los avances de la investigación;
f) Cuente con los recursos y facultades para incentivar la cooperación de testigos e informantes, previo visto bueno del Grupo de Expertos;
g) Haga suyo el peritaje generado por el Grupo de Expertos respecto del supuesto fuego de Cocula;
h) Agote todas las líneas de investigación, incluyendo las relativas al Ejército y a los políticos corruptos de Guerrero; y
j) Parta de la base fáctica de hechos comprobados por el GIEI.
La unidad especial de investigación que demandamos deberá también investigar a quienes por acciones u omisiones pueden tener responsabilidad en la obstrucción de la justicia fabricando versiones carentes de prueba. En particular, exigimos que se investigue la responsabilidad del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; del ex procurador de Guerrero, Iñaky Blanco; del ex procurador, Jesús Murillo Karam; del titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio; y de la responsable de los servicios periciales de la Procuraduría, Sara Mónica Medina Alegría.
Relanzamiento y concentración de la búsqueda a partir del uso inmediato de tecnología
Hoy exigimos que, bajo la conducción de la unidad especial de investigación, se reconcentren los trabajos de búsqueda para que estos se conduzcan con base en análisis de inteligencia, con uso de toda la tecnología disponible. En particular, exigimos que se instale una mesa para la planeación de operativos regionales de búsqueda y que se use a la brevedad la tecnología recomendada por el Grupo de Expertos desde su primer informe, incluyendo lo relacionado con la telefonía, la georreferenciación de los puntos de búsqueda y el empleo de la técnica LIDAR para el uso de georradares aéreos. Para ello se requiere que Usted desde la Presidencia impulse estas medidas.
Atención digna e inmediata a los heridos y familiares de nuestros compañeros ejecutados extrajudicialmente. Trato digno a las víctimas
A un año de los hechos, siguen habiendo fallas en la atención de los heridos y de las familias de los fallecidos. Segundas opiniones internacionales que no se realizan; operaciones que se posponen; derechos que se niegan. Las instancias de atención de víctimas actúan descoordinadas y se guían por criterios burocráticos. Por otro lado, en todo momento se privilegia lo mediático y lo político cuando hay un anuncio relevante en la investigación, por encima de nuestros derechos, sin ningún respeto por el dolor que sentimos y sin ninguna humanidad. Ya no toleraremos más tratos indignos.
Respeto a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y cese a los intentos de criminalización de los normalistas
A lo largo de todo este año, hemos visto cómo su Gobierno pone más recursos y destina más personal en contener y reprimir las legítimas actividades de la Normal que en buscar a nuestros desaparecidos. Mientras que a los estudiantes se les vigile y se les monitorea, como ocurrió con nuestros muchachos por medio del C4, a los delincuentes que operan y que gobiernan en Guerrero se les permite actuar en la impunidad. Mientras que se protege a los narcotraficantes, se confunde permanentemente a la opinión pública a través de la estigmatización dolosa de la Normal. Demandamos respeto a la dignidad de nuestros hijos, de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de todos los normalistas de México.
Mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a nuestros derechos
Durante un año hemos tenido que enfrentar noticias muy duras en soledad, sin poder comunicarnos con nuestras familias, sin conocer la información de primera mano, todo porque su gobierno ha priorizado sus tiempos y estrategias políticas, por encima del dolor de las familias y sus derechos como víctimas. Hace solo un par de semanas confirmamos su desdén por nuestro dolor, por lo que puedan sentir nuestras familias en casa, cuando volvieron a mentirnos a nosotros y a la sociedad mexicana tergiversando verdades. No podemos permitir que sigan causándonos más dolor, por lo que es necesario que se establezca un mecanismo claro y respetuoso de información relativa a la investigación y búsqueda de nuestros hijos en el que se garantice el respeto a nuestros derechos como víctimas y a nuestra privacidad.
Reconocimiento y acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que vive México
Para responder a esta grave crisis que vive el país, el primer paso es escucharnos, escuchar a quienes sabemos lo que es buscar a nuestros desaparecidos, escuchar a quienes enfrentamos la indiferencia de las instituciones día a día. Las políticas y leyes para enfrentar esta situación deben ajustarse a las exigencias de quienes enfrentamos esta vivencia atroz; como lo han dicho las familias que comparten nuestra rabia y nuestro dolor en el marco de la discusión de la Ley General de Desaparición Forzada: ¡Sin las familias NO!
En el marco de su visita a las Naciones Unidas a partir de este domingo 27 de septiembre, en donde incluso se reunirá con el secretario general Ban Ki-moon, demandamos que requiera formalmente y por la colaboración de la ONU para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México, que investigue y coadyuve en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, conflicto de interés y macrocriminalidad.
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